Contribución (para el combate) a la pobreza
Miguel Ángel Granados Chapa
10 Sep. 09
A pesar de sus inconvenientes, si la sociedad a través de sus representantes aprueba el nuevo impuesto de 2 por ciento debe contar con suficientes garantías de que todo peso recaudado para ese fin se gaste claramente
Es tan vasto y ambicioso el paquete de gravámenes presentado por el Ejecutivo, que parece ideado, en el todavía no abandonado del todo lenguaje del regateo comercial, "para ofrecer", esto es, como punto de partida de una negociación al cabo de la cual la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos resulten obra de todas las fuerzas en presencia. Y responsabilidad de todos también.
Sobresale en la iniciativa fiscal de la Presidencia un impuesto nuevo, llamado Contribución para el Combate a la Pobreza. Es una propuesta hábil, por su monto a primera vista moderado, por su extensión y porque en su denominación incluye la promesa de que no alimentará la enfermiza manía derrochadora que afecta a los gobernantes, que se pagan a sí mismos sueldos cuantiosos y consumos conspicuos. El caudal recaudado por esa vía será etiquetado, es decir, dirigido ineludiblemente a financiar los programas de asistencia social que mitigan la pobreza, cuyo monto será incrementado, un propósito al que sólo con mezquindad no se querrá contribuir.
Con todo y los atavíos con que se le quiera vestir, la CCP o Concompo abre el riesgo de convertirse en su contrario. En vez de servir para el combate a la pobreza pudiera incrementar y ampliar los efectos de las carencias que se busca remediar. Es que el diseño todo de la política fiscal para el próximo año se dirige a metas opuestas a las que son necesarias en este momento de grave y veloz declinación económica. En vez de que el gobierno alentara el consumo, que a su vez estimule la producción y el empleo, lo lastra con este nuevo gravamen o aumentando las tasas de los que ya se han establecido. El resultado puede ser la disminución del consumo y su cauda de implicaciones descendentes.
Se dirá que no es para tanto, que un 2 por ciento como quiera pueden absorberlo los consumidores. Pero considérese que puede provocar una alza generalizada de precios, superior al 2 por ciento en que aumentan los costos debido a este gravamen. Si bien no es un oculto Impuesto al Valor Agregado, como proponen algunos de sus críticos, siendo sí un impuesto al consumo, como el IVA, su repercusión en los precios abatirá la adquisición de insumos no estrictamente necesarios. Y aun los indispensables serán afectados, pues puede bajar el volumen de la compra diaria, la necesaria para la subsistencia, y se prolongará la vida de bienes como la ropa. Y si el país se distancia del "aroma del estreno" la economía se achica. Ya es una contradicción obvia que los pobres ayuden a pagar los programas que los beneficien, pues aun sus escuálidos presupuestos se verán mermados por la predecible alza universal de los precios.
Puesto que la CCP o Concompo es de aplicación general, gravaría a renglones delicados como los medicamentos, la comida y los libros, a los que ahora se aplica tasa cero o están exentos del IVA. Y ese 2 por ciento de impuesto al consumo podría ser el primer escalón, tal como habían sugerido los organismos patronales, para incluir esa mercancía en el régimen fiscal del valor agregado, susceptible de incrementos anuales. En tal sentido sí sería un IVA disfrazado. Por lo demás, el IVA ya establecido pasará, aunque técnicamente no sea así, a una tasa de 17 por ciento.
Con todo, es difícil sustraerse al deber social de contribuir a paliar y abatir en el mejor de los casos la pobreza, un fenómeno dinámico rebelde a los esfuerzos destinados a combatirla. En vez de disminuir, ha aumentado el número de pobres, cualquiera que sea el instrumento empleado para medir ese mal social y cualquiera que sea el área en que se manifiesta la carencia (patrimonial o alimentaria). Para que la contribución fuera pagada con clara conciencia de su destino y se garantizara su aplicación correcta, será preciso que se explique a los legisladores el funcionamiento de los mecanismos a través de los cuales los recursos obtenidos cumplan su finalidad.
En esa materia hay opacidad que, si es inadmisible en cualquier área donde se maneje dinero público, no debe tolerarse en modo alguno en el ámbito donde se busca mejorar la suerte de los menesterosos. Aunque funciona un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una suerte de contraloría ciudadana en la materia, a la autoridad ejecutiva parecen tenerla sin cuidado las recomendaciones de ese órgano. El Observatorio de Política Social ha revisado los anexos al Tercer Informe presentado el 1o. de septiembre por el presidente de la República y no encontró información sobre el modo en que las medidas aconsejadas por el Coneval tienen eficacia en la operación de los programas. Hay graves problemas en la información relacionada con esos programas: "en 74 padrones de programas hay 137 millones de registros" y en el cotejo de únicamente los listados "del sector salud se identificaron 334 mil 304 duplicidades, lo que podría representar 402.9 millones de pesos potencialmente distribuibles" (La Jornada, 9 de septiembre).
Si es preciso arrostrar los riesgos de un impuesto nuevo al consumo, cuando lo preciso es estimularlo, el costo social y económico de tal medida debe ser compensado con la certidumbre de que cada peso recaudado se aplique con esmero y escrúpulo extremo. En la negociación presupuestal los legisladores podrían, deberían, condicionar el ejercicio de las partidas financiadas con la CCP o Concompo a la afinación de los mecanismos correspondientes y a una estricta rendición de cuentas.
Cajón de Sastre
Si la cordura se impone a los intereses personales y partidarios que buscan, en su provecho, enredar el proceso de designación del ombudsman nacional, que debe concluir el próximo mes, la Junta de Coordinación Política del Senado se abstendrá de presentar hoy al pleno un acuerdo para que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos se entrometan en dicho proceso, que debe correr a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la propia cámara, como lo disponen la Constitución y las leyes, y que deberá ser público en todos sus extremos. De lo contrario, el órgano senatorial de gobierno inducirá a los senadores a infringir las disposiciones respectivas, lo cual es inadmisible en todas partes y con mucho mayor razón en la casa donde se hacen las leyes. Es innecesaria e ilegal la intervención de otras comisiones.
Es tan vasto y ambicioso el paquete de gravámenes presentado por el Ejecutivo, que parece ideado, en el todavía no abandonado del todo lenguaje del regateo comercial, "para ofrecer", esto es, como punto de partida de una negociación al cabo de la cual la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos resulten obra de todas las fuerzas en presencia. Y responsabilidad de todos también.
Sobresale en la iniciativa fiscal de la Presidencia un impuesto nuevo, llamado Contribución para el Combate a la Pobreza. Es una propuesta hábil, por su monto a primera vista moderado, por su extensión y porque en su denominación incluye la promesa de que no alimentará la enfermiza manía derrochadora que afecta a los gobernantes, que se pagan a sí mismos sueldos cuantiosos y consumos conspicuos. El caudal recaudado por esa vía será etiquetado, es decir, dirigido ineludiblemente a financiar los programas de asistencia social que mitigan la pobreza, cuyo monto será incrementado, un propósito al que sólo con mezquindad no se querrá contribuir.
Con todo y los atavíos con que se le quiera vestir, la CCP o Concompo abre el riesgo de convertirse en su contrario. En vez de servir para el combate a la pobreza pudiera incrementar y ampliar los efectos de las carencias que se busca remediar. Es que el diseño todo de la política fiscal para el próximo año se dirige a metas opuestas a las que son necesarias en este momento de grave y veloz declinación económica. En vez de que el gobierno alentara el consumo, que a su vez estimule la producción y el empleo, lo lastra con este nuevo gravamen o aumentando las tasas de los que ya se han establecido. El resultado puede ser la disminución del consumo y su cauda de implicaciones descendentes.
Se dirá que no es para tanto, que un 2 por ciento como quiera pueden absorberlo los consumidores. Pero considérese que puede provocar una alza generalizada de precios, superior al 2 por ciento en que aumentan los costos debido a este gravamen. Si bien no es un oculto Impuesto al Valor Agregado, como proponen algunos de sus críticos, siendo sí un impuesto al consumo, como el IVA, su repercusión en los precios abatirá la adquisición de insumos no estrictamente necesarios. Y aun los indispensables serán afectados, pues puede bajar el volumen de la compra diaria, la necesaria para la subsistencia, y se prolongará la vida de bienes como la ropa. Y si el país se distancia del "aroma del estreno" la economía se achica. Ya es una contradicción obvia que los pobres ayuden a pagar los programas que los beneficien, pues aun sus escuálidos presupuestos se verán mermados por la predecible alza universal de los precios.
Puesto que la CCP o Concompo es de aplicación general, gravaría a renglones delicados como los medicamentos, la comida y los libros, a los que ahora se aplica tasa cero o están exentos del IVA. Y ese 2 por ciento de impuesto al consumo podría ser el primer escalón, tal como habían sugerido los organismos patronales, para incluir esa mercancía en el régimen fiscal del valor agregado, susceptible de incrementos anuales. En tal sentido sí sería un IVA disfrazado. Por lo demás, el IVA ya establecido pasará, aunque técnicamente no sea así, a una tasa de 17 por ciento.
Con todo, es difícil sustraerse al deber social de contribuir a paliar y abatir en el mejor de los casos la pobreza, un fenómeno dinámico rebelde a los esfuerzos destinados a combatirla. En vez de disminuir, ha aumentado el número de pobres, cualquiera que sea el instrumento empleado para medir ese mal social y cualquiera que sea el área en que se manifiesta la carencia (patrimonial o alimentaria). Para que la contribución fuera pagada con clara conciencia de su destino y se garantizara su aplicación correcta, será preciso que se explique a los legisladores el funcionamiento de los mecanismos a través de los cuales los recursos obtenidos cumplan su finalidad.
En esa materia hay opacidad que, si es inadmisible en cualquier área donde se maneje dinero público, no debe tolerarse en modo alguno en el ámbito donde se busca mejorar la suerte de los menesterosos. Aunque funciona un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una suerte de contraloría ciudadana en la materia, a la autoridad ejecutiva parecen tenerla sin cuidado las recomendaciones de ese órgano. El Observatorio de Política Social ha revisado los anexos al Tercer Informe presentado el 1o. de septiembre por el presidente de la República y no encontró información sobre el modo en que las medidas aconsejadas por el Coneval tienen eficacia en la operación de los programas. Hay graves problemas en la información relacionada con esos programas: "en 74 padrones de programas hay 137 millones de registros" y en el cotejo de únicamente los listados "del sector salud se identificaron 334 mil 304 duplicidades, lo que podría representar 402.9 millones de pesos potencialmente distribuibles" (La Jornada, 9 de septiembre).
Si es preciso arrostrar los riesgos de un impuesto nuevo al consumo, cuando lo preciso es estimularlo, el costo social y económico de tal medida debe ser compensado con la certidumbre de que cada peso recaudado se aplique con esmero y escrúpulo extremo. En la negociación presupuestal los legisladores podrían, deberían, condicionar el ejercicio de las partidas financiadas con la CCP o Concompo a la afinación de los mecanismos correspondientes y a una estricta rendición de cuentas.
Cajón de Sastre
Si la cordura se impone a los intereses personales y partidarios que buscan, en su provecho, enredar el proceso de designación del ombudsman nacional, que debe concluir el próximo mes, la Junta de Coordinación Política del Senado se abstendrá de presentar hoy al pleno un acuerdo para que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos se entrometan en dicho proceso, que debe correr a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la propia cámara, como lo disponen la Constitución y las leyes, y que deberá ser público en todos sus extremos. De lo contrario, el órgano senatorial de gobierno inducirá a los senadores a infringir las disposiciones respectivas, lo cual es inadmisible en todas partes y con mucho mayor razón en la casa donde se hacen las leyes. Es innecesaria e ilegal la intervención de otras comisiones.
miguelangel@granadoschapa.com
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