Ernesto Villanueva
En nuestro país hay procesos y avances desiguales en los más distintos rubros, y en ello influye el contenido de la ley y el grado de cumplimiento de la misma. Puede observarse esto en uno de los aspectos del más prestigiado instrumento de evaluación de la calidad académica del país: el diseño normativo de la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Veamos por qué.
Primero. Una de las más plausibles iniciativas del Estado mexicano –sin mayores referentes en el extranjero– es la creación del SIN de Conacyt por, al menos, tres razones: a) crea incentivos para los científicos y tecnólogos del país; b) establece un estructurado sistema de niveles de reconocimiento que se expresan en distinciones (del nombramiento de candidat@ a los niveles progresivos de I, II y III, constituyendo este último la máxima distinción) y en estímulos económicos previstos en el reglamento respectivo, y c) alienta la formación de recursos humanos de alto nivel académico, así como la creación de conocimiento científico y/o tecnológico para el desarrollo del país. El sistema descansa en la evaluación por pares bajo criterios objetivables que conoce la comunidad académica. Debo reconocer que es un “club” de élite. Por ello mismo es altamente selectivo, y privilegia la competencia, el esfuerzo y el quehacer de alta calidad académica. Por supuesto, el sistema no es perfecto, sino perfectible, como toda obra humana. De ahí que tiene urgentes oportunidades de mejora normativa.
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