Paquetes de Pandora
No ha sido posible destruir los paquetes electorales de la elección de 2006, como lo marca la ley (aunque no especifica fechas límite para ello). Y es que mientras haya litigio en torno a la posibilidad de que sean entregados a ciudadanos que los solicitan —para intentar una reconstrucción histórica sin efectos legales— no serán destruidos. Los amparos frente a la decisión de las autoridades electorales, de no dar a conocer esos paquetes, se han dado en serie. El pasado jueves 10, el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el DF, Álvaro Tovilla, ordenó suspender temporalmente la destrucción de la paquetería electoral, ante el amparo interpuesto por la organización Fundar, que encabeza Sergio Aguayo. Esos paquetes evocan la famosa caja de Pandora, no porque de su interior pudieran salir males y enfermedades, sino debido a que —peor aún— pueden contener una verdad documental e histórica que contradiga a la verdad jurídica emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en septiembre de 2006. Las boletas electorales no tienen validez legal. Sólo lo tienen las actas de escrutinio y cómputo. De estas últimas emanan el cómputo final y el veredicto oficial. Por ello, las boletas tendrían sólo un valor histórico, si eventualmente pudieran ser consultadas. Pero eso es precisamente lo que podrían temer todos aquellos que se han opuesto al recuento, antes y después del dictamen final del Tribunal.
Recordemos que, ante la propuesta de Andrés López Obrador para realizar un recuento amplio de los paquetes, respaldada por al menos 70% de la ciudadanía (Excélsior-Parametría, 28/Jul/06), la respuesta oficial de Felipe Calderón fue la negativa, según lo declaró al Washington Post, en virtud de que dicho ejercicio sería “absurdo e ilegal”. Ilegal, al menos, no. Al contrario, que el IFE no hiciera ese recuento en el caso de 96% de los paquetes cuyas actas registraban inconsistencias, implicó una omisión legal, pues el Cofipe estipulaba —según el propio Tribunal— que eso debía hacerse de oficio. El TEPJF pudo y debió reponer ese mandato legal, a partir de facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de la jurisprudencia respectiva. Pero no lo hizo. Era claro que tanto el IFE como el Tribunal tomaron decisiones compatibles con la estrategia del PAN, de no abrir los paquetes más allá de lo que la ley dijera al respecto. Y que ambas autoridades se nieguen a permitir ahora la revisión posjurídica de los paquetes sugiere que le siguen teniendo resquemor a su enigmático contenido.
Resquemor que también experimentaba Calderón, en pleno debate sobre la eventual apertura. Su negativa a aprobar un recuento amplio no se debía, como lo dijo públicamente, a que sería “absurdo e ilegal”. A los pocos días del cómputo del IFE consultó a su equipo cercano sobre la conveniencia de declararse a favor del recuento, pues estaba seguro de haber ganado la elección, por lo cual, en su cálculo, una revisión amplia le agregaría legitimidad, sin arrebatarle el triunfo. Pero su equipo le metió la duda sobre el verdadero contenido de esos paquetes. Su apertura y recuento podrían significar el escape de fantasmas y espectros propios de la caja de Pandora, tales como irregularidades, confusión, incertidumbre, la no correspondencia con las actas de escrutinio, y la consecuencia de todo ello: que la victoria se les escurriera de las manos. “Abrir es anular”, escribía por esos días Jorge Castañeda, pues “probablemente todos fueron menos que 100% escrupulosos en las casillas donde pudieron despacharse con la cuchara grande” (Reforma, 20/Jul/06). Percepción compartida por el equipo de Calderón, según narra uno de sus miembros: la apertura era “lo único que podría darle argumentos al Tribunal… para anular la elección (pues) iba a haber errores, inconsistencias, incluso algunas casillas donde seguramente, con dolo, se hizo trampa de un lado y otro… y (quizá) a alguien se le pasó la mano” (Salvador Camarena: El presidente electo, 2007). Dudas razonables, sin duda alguna, sobre todo por el estrecho margen con que oficialmente ganaba Felipe.
En el equipo cercano de Calderón estaba también Juan Molinar, experto en cuestiones electorales, quien había estudiado con detalle los comicios de 1988 y sobre los cuales concluyó —en coautoría con Alberto Aziz— que la falta de credibilidad en su resultado se debió en buena parte a que los priistas “se dedicaron a rechazar cualquier método de limpieza electoral. El punto del debate era si la legislación autorizaba a los diputados para abrir los paquetes electorales. La oposición demostró que sí era factible (se hizo tanto en 1976 como en 1982)… pero ahora la situación era muy diferente: estaba en cuestión el triunfo de Salinas de Gortari y los priistas se obsesionaron por la negativa” (en Pablo González Casanova (Coord), II Informe sobre la democracia en México, 1990). Situación no muy distinta a la de 2006, por lo que tocó a los panistas su turno para “obsesionarse por la negativa”. Bien sabían del riesgo que implicaba para Calderón el recuento amplio de los paquetes.
En efecto, de haber plena correspondencia entre actas y paquetes, según dicen las autoridades electorales que la hay, no hubiera habido temor por su apertura y recuento, pues se hubiera confirmado la victoria de Calderón, brindándole la certeza y la legitimidad que no tuvo. Pero como ni los calderonistas (incluido el propio Felipe) ni las autoridades electorales saben en realidad lo que contienen esos paquetes, conviene no abrirlos, y destruirlos en cuanto sea jurídicamente posible. Para ellos, esos paquetes son auténticas cajas de Pandora, cuyo principal espantajo —la verdad histórica— más vale no dejar escapar.
Recordemos que, ante la propuesta de Andrés López Obrador para realizar un recuento amplio de los paquetes, respaldada por al menos 70% de la ciudadanía (Excélsior-Parametría, 28/Jul/06), la respuesta oficial de Felipe Calderón fue la negativa, según lo declaró al Washington Post, en virtud de que dicho ejercicio sería “absurdo e ilegal”. Ilegal, al menos, no. Al contrario, que el IFE no hiciera ese recuento en el caso de 96% de los paquetes cuyas actas registraban inconsistencias, implicó una omisión legal, pues el Cofipe estipulaba —según el propio Tribunal— que eso debía hacerse de oficio. El TEPJF pudo y debió reponer ese mandato legal, a partir de facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de la jurisprudencia respectiva. Pero no lo hizo. Era claro que tanto el IFE como el Tribunal tomaron decisiones compatibles con la estrategia del PAN, de no abrir los paquetes más allá de lo que la ley dijera al respecto. Y que ambas autoridades se nieguen a permitir ahora la revisión posjurídica de los paquetes sugiere que le siguen teniendo resquemor a su enigmático contenido.
Resquemor que también experimentaba Calderón, en pleno debate sobre la eventual apertura. Su negativa a aprobar un recuento amplio no se debía, como lo dijo públicamente, a que sería “absurdo e ilegal”. A los pocos días del cómputo del IFE consultó a su equipo cercano sobre la conveniencia de declararse a favor del recuento, pues estaba seguro de haber ganado la elección, por lo cual, en su cálculo, una revisión amplia le agregaría legitimidad, sin arrebatarle el triunfo. Pero su equipo le metió la duda sobre el verdadero contenido de esos paquetes. Su apertura y recuento podrían significar el escape de fantasmas y espectros propios de la caja de Pandora, tales como irregularidades, confusión, incertidumbre, la no correspondencia con las actas de escrutinio, y la consecuencia de todo ello: que la victoria se les escurriera de las manos. “Abrir es anular”, escribía por esos días Jorge Castañeda, pues “probablemente todos fueron menos que 100% escrupulosos en las casillas donde pudieron despacharse con la cuchara grande” (Reforma, 20/Jul/06). Percepción compartida por el equipo de Calderón, según narra uno de sus miembros: la apertura era “lo único que podría darle argumentos al Tribunal… para anular la elección (pues) iba a haber errores, inconsistencias, incluso algunas casillas donde seguramente, con dolo, se hizo trampa de un lado y otro… y (quizá) a alguien se le pasó la mano” (Salvador Camarena: El presidente electo, 2007). Dudas razonables, sin duda alguna, sobre todo por el estrecho margen con que oficialmente ganaba Felipe.
En el equipo cercano de Calderón estaba también Juan Molinar, experto en cuestiones electorales, quien había estudiado con detalle los comicios de 1988 y sobre los cuales concluyó —en coautoría con Alberto Aziz— que la falta de credibilidad en su resultado se debió en buena parte a que los priistas “se dedicaron a rechazar cualquier método de limpieza electoral. El punto del debate era si la legislación autorizaba a los diputados para abrir los paquetes electorales. La oposición demostró que sí era factible (se hizo tanto en 1976 como en 1982)… pero ahora la situación era muy diferente: estaba en cuestión el triunfo de Salinas de Gortari y los priistas se obsesionaron por la negativa” (en Pablo González Casanova (Coord), II Informe sobre la democracia en México, 1990). Situación no muy distinta a la de 2006, por lo que tocó a los panistas su turno para “obsesionarse por la negativa”. Bien sabían del riesgo que implicaba para Calderón el recuento amplio de los paquetes.
En efecto, de haber plena correspondencia entre actas y paquetes, según dicen las autoridades electorales que la hay, no hubiera habido temor por su apertura y recuento, pues se hubiera confirmado la victoria de Calderón, brindándole la certeza y la legitimidad que no tuvo. Pero como ni los calderonistas (incluido el propio Felipe) ni las autoridades electorales saben en realidad lo que contienen esos paquetes, conviene no abrirlos, y destruirlos en cuanto sea jurídicamente posible. Para ellos, esos paquetes son auténticas cajas de Pandora, cuyo principal espantajo —la verdad histórica— más vale no dejar escapar.
Kikka Roja
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