 La ejecución del dirigente campesino Armando Villarreal revela hasta qué punto se entreverán los mayores problemas del país: la crisis del campo, la política energética y la impunidad criminal. Otros líderes, acosados judicialmente, consideran que el gobierno federal pretende intimidarlos con el asesinato, pero advierten que no dejarán de luchar por precios más justos en electricidad, diesel y fertilizantes.
Patricia DávilaEl asesinato del dirigente de la organización campesina Agrodinámica Nacional A.C., Armando Villarreal Martha, cometido el pasado 14 de marzo en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, fue sólo el inicio de una escalada represiva en el estado, pues desde entonces han sido detenidos otros 12 dirigentes, 11 más han tenido que ampararse y sobre otros 40 pesan órdenes de aprehensión. Con esa ofensiva el gobierno federal pretende intimidar a la organización para que no retome la denuncia que Villarreal Martha iba a interponer días antes de su muerte en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señalan otros representantes de la organización, como Pedro Vázquez, de Guanajuato, y Clemente Márquez, de Zacatecas. Sin embargo, sostienen que no les queda otra salida, ya que PEMEX vende 298 dólares la tonelada de amoniaco –sustancia que se utiliza en la fabricación de fertilizantes– a grandes empresas distribuidoras como Masagro, Tepeyac y Aprodifer, para que éstas lo revendan a los campesinos en 830 dólares por tonelada.
"El alto costo de los fertilizantes no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque él mantiene su decisión en cuanto a que PEMEX mantenga paradas casi todas sus plantas para la elaboración de amoniaco", escribió el dirigente en un documento titulado El amoniaco en México: una concesión a particulares sin reforma energética. Gran fraude al campo. Antes de esta protesta, Villarreal Martha ya había impugnado la política energética federal al impulsar la suspensión de pagos por energía eléctrica en más de 5 mil pozos de agua en el país, en protesta contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y participó en movilizaciones contra los altos precios del diesel. A consecuencia de estas acciones, el dirigente enfrentó 16 procesos judiciales, por los cuales estuvo encarcelado en total un año y ocho meses.
Después del asesinato, los integrantes de su organización han sufrido intentos de secuestro, demandas judiciales y detenciones policiacas al margen de la ley, sobre todo en los estados en que el movimiento se ha consolidado, como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila y Durango. Por todos estos factores, los dirigentes de Aerodinámica Nacional y el diputado local perredista Víctor Quintana, dirigente del Frente Democrático Campesino (FDC) en Chihuahua, señalan que la ejecución de Armando Villarreal es un crimen político cuyo autor intelectual es el gobierno federal. Consideran que el asesinato a tiros del dirigente de 50 años de edad es un "mensaje intimidatorio" para los campesinos que participan en el movimientos de resistencia civil en contra de la política federal en las materias agrícola y energética.
Cerco judicial
El 10 de abril del 2001, pocos meses después de que Vicente Fox asumiera la Presidencia de la República, Villarreal Martha encabezaba el Comité Pro Mejoramiento del Agro, que nació para defender los intereses de los campesinos en los temas de la electricidad y el diesel. En ese entonces inició la suspensión de pagos a la CFE en 2 mil 800 pozos de agua ubicados en Chihuahua, lo que implicó dejar de cubrir un adeudo de un millón 600 mil pesos. El mismo año, el líder campesino denunció públicamente la política federal hacia el campo y organizó la toma de aduanas y puentes internacionales. Por esos actos, en el Juzgado Sexto de Distrito se le fincaron los delitos de motín, lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas cumplidas y robo calificado.
El 8 de julio de 2002 fue recluido en el penal de Ciudad Juárez, donde permaneció un año y ocho meses. Quedó en libertad en enero del 2004. En entrevista, Sergio Conde Varela, abogado defensor de Armando Villarreal, dice que "los levantamientos campesinos incomodaban al gobierno; lo consideraban enemigo y sentían que atentaba contra la seguridad interior de la nación, contemplada en el artículo 20 fracción VI de la Constitución". La presión política era tal, prosigue, que él "ya le daba enter a la computadora para que salieran los amparos. Después del asesinato de Armando se tramitaron 13 amparos de campesinos contra acusaciones de ataques a las vías generales de comunicación, derivadas de las manifestaciones públicas que hacen". Esos 13 juicios a los que se refiere Conde involucran a campesinos originarios del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde radicaba y fue asesinado Villarreal.
El 12 de noviembre de 2007, prosigue el abogado, la PGR inició la averiguación previa por delitos "contra el consumo y la riqueza nacional" en contra de Jorge Armando Vega Carvajal, los hermanos Leopoldo y Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Baltazar Prieto Piñón, Héctor Prieto Baca, Imelda Morales Lozano y Leobardo Prieto Baz. Para evitar que los encarcelaran, Conde Varela interpusieron varios recursos de amparo: el 90/2008 ante el Juzgado Noveno de Distrito de Ciudad Juárez, a favor de Alfredo Quezada Chávez; el 89/2008 en el mismo juzgado para Eloy Baca Prieto; y otro ante el Juzgado Séptimo de Distrito contra la orden de detención de Leobardo Prieto Baz. A pesar de esto se dictaron órdenes de aprehensión contra Eloy Baca Prieto, Alfredo y Humberto Quezada Chávez, Leopoldo Baca Prieto y Jorge Armando Vega Carvajal, todos por robo (uso y aprovechamiento de energía eléctrica). A ellos, se les sigue el juicio 58/2008, excepto a Jorge Armando Vega Carbajal, a quien se le fijó una caución de 35 mil pesos.
El abogado Sergio Conde afirma que el antecedente de estos juicios fue el instaurado contra Armando Villarreal en 2002 ante el Juzgado Sexto de Distrito (el número 8/2002, por robo de energía eléctrica), del cual salió absuelto. Además de los anteriores juicios, el abogado enfrentó las averiguaciones previas contra los campesinos Víctor Gaytán Aguilar, David Gómez Orrantia y Jorge Porras Loya, a quienes se les instruye proceso por lesiones inferidas a Moisés Ricardo Caraveo, empleado de la CFE. El caso, registrado con el número de expediente 160/2007, se lleva en el Juzgado Noveno de Distrito, donde se les dictó auto de formal prisión a los acusados. Además, prosigue Conde, en diciembre del 2007 el campesino Ismael González Escárcega, del ejido Monterde, municipio de Guazapares fue procesado por oponerse a la ejecución de cortes de luz (expediente 144/005), pero fue liberado por falta de elementos en enero pasado.
Dentro del expediente judicial (240/2005-V) de la Policía Federal Preventiva contra Villarreal se enjuició también al ex presidente del Comisariado Ejidal del municipio de Ascensión, Chihuahua, Mario Armendáriz, quien está sujeto a proceso ante el Cuarto Tribunal Unitario en Chihuahua por ataques a las vías generales de comunicación. El pasado 14 de marzo a las 11 de la mañana el abogado Sergio Conde presentó la solicitud de amparo a favor de Armando Villarreal por una demanda referente a la movilización que realizó el 28 de octubre del 2006. Seis horas después del trámite, el dirigente campesino fue emboscado y acribillado cuando iba en su camioneta, que manejaba uno de sus hijos. Para Conde Varela –quien fue secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez cuando Francisco Barrio fue presidente municipal– la represión campesina inició durante el sexenio de Vicente Fox, con la detención de Armando Villarreal en el 2001.
Agrega que cuando el PAN cerraba los puentes cada tres días en 1986, para este partido se trataba de "mítines democráticos", pero cuando Villarreal hizo lo mismo fue acusado por el gobierno panista de "motín criminal".
La diferencia entre mitin y motín es una letra y muchos años de cárcel, señala. En su opinión, el propósito del gobierno federal era acabar con Villarreal a como diera lugar, como puede comprobarse por las numerosas irregularidades jurídicas en los expedientes que le abrían las autoridades. Y da un ejemplo: El 4 de marzo de 2005 el agente del Ministerio Público federal José Luis Barra Limón envió a la delegación de la PGR en el estado un oficio en el que señala que se le aseguró a Armando Villarreal "un costal dentro del cual se encuentran cuatro paquetes en forma rectangular y de tamaño similar, elaborados éstos con cinta color gris, conteniendo cada uno de ellos un vegetal verde y seco, el cual cuenta con las características propias de la marihuana". Conde Varela se hizo cargo. "Cuando llegué al juzgado –relata– les dije que me enseñaran el costal. El juez no lo encontró, dijo que había sido un error. Se lo estaban cargando".
Cacería
Después del asesinato del líder, las órdenes de aprehensión contra campesinos se multiplicaron. El 3 de abril a las 6 de la tarde, Cipriana Jurado Herrera, dirigente del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, fue interceptada prácticamente a las puertas de su casa de Ciudad Juárez por tres elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que iban a bordo de dos vehículos. Ella cuenta en entrevista: "Yo pedía las identificaciones (de los agentes) y me acusaron de resistirme al arresto. Me agarraron y me subieron por la fuerza al carro. Ahí escuché que iban a detener a Carlos Chávez, igual que a mí, por el delito de ataques a las vías de comunicación en una manifestación del 8 de octubre del 2005". Alcanzó a comunicarse con el diputado perredista Víctor Quintana por teléfono celular. "Le dije que me llevaban detenida y que iban por Carlos" (otro activista campesino), recuerda. El legislador le avisó a Chávez, y éste, que vive en Casas Grandes, relata: Quintana "me dijo que no saliera, pero tuve miedo de que me fueran a asesinar igual que a Armando Villarreal y que fueran a buscarme a mi casa, poniendo en riesgo a mi familia. La mañana del viernes salí solo y, efectivamente, me estaban esperando. Antes de subir me preguntaron si yo iba a sustituir a Armando en el movimiento. Les dije que no. En ese momento me quedó claro que su asesinato fue un crimen político".
Villarreal Martha, igual que Chávez, era originario de Casas Grandes y ambos iniciaron el movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, así como los precios del diesel y los fertilizantes. Días después, en el ejido Aldama de la misma entidad, fueron detenidos los campesinos Carlos Sergio Rubio Tarín, Roque y Jesús Rubio Márquez, Luis Rivas Rubio y Salvador Sinecio Porras, acusados de "robo a la nación" al negarse a pagar la electricidad a la CFE. La orden de aprehensión también era para Miguel Rubio, quien falleció hace dos años, y para Rafael Candia, actualmente recluido en un asilo. "Yo andaba en el rancho. Llegaron dos hombres y me dijeron que eran de la Sagarpa, que andaban buscando a Luis Rivas, que los llevara con él. Paré el tractor y me fui con ellos. Cuando llegamos con él, también lo subieron. Ahí ya sacaron las armas", recuerda Roque Rubio: Por su parte, Salvador Sinecio cuenta: "Eran como las 2:30 de la tarde, acababa de llegar del campo. Andaba ya en pantuflas. Llegó un compañero a preguntarme por qué una troca blanca traía a Luis. Estábamos platicando cuando llegan los policías. Me dijeron: ¡súbete! Pregunté cual era el delito y (les pedí) que me dejaran poner mis zapatos y el sombrero, pero me suben a la camioneta y me mancuernan (esposan) con Chuy".
Los agentes trasladaron a los tres hasta una gasolinera, donde ya los esperaban vehículos de la PGR con 15 encapuchados a bordo. Entrevistados en Aldama, Roque, Luis y Salvador, coinciden: "Nosotros no nos negamos a pagar la luz a la CFE, simplemente pedimos que nos cobren lo justo, a 14 centavos el kilowatt/hora, como lo proponía Armando Villarreal.
Tenemos recibos en donde se nos cobra hasta 250 mil pesos al mes. Esto es inaudito". Sin embargo, los trasladaron al Centro de Readaptación Social de Chihuahua, en donde los obligaron a desnudarse y a hacer cinco lagartijas cada uno, a pesar de que los tres son mayores de 70 años. El movimiento contra los altos costos de la electricidad, el diesel y los fertilizantes, que Villarreal Martha impulsó en Chihuahua, se expandió rápidamente a otros Estados. En Zacatecas, por ejemplo, se mantienen suspendidos los pagos por la energía eléctrica en mil 500 pozos. Clemente Márquez, representante de Agrodinámica en esta entidad, afirma que los campesinos no esperan a ningún dirigente para reconectarse a los cables de alta tensión después de los cortes de la CFE, por lo que hace tres años también aquí se giraron órdenes de aprehensión por ataques a las vías generales de comunicación. Entre otros, fueron detenidos el propio Márquez, así como el tesorero y el secretario de Agrodinámica, respectivamente Javier Romo Hernández y Lino López de la Cruz.
Había más órdenes por el mismo motivo, pero la organización negoció que se suspendieran con Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación.
Márquez también representa a campesinos de San Luis Potosí y Aguascalientes. En esta última entidad fue detenido José Rico, quien estuvo sujeto a proceso federal en dos ocasiones por reconectar la electricidad para su pozo.
Sin embargo, explica Márquez, en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, el dirigente Pedro Vázquez adoptó otra forma de resistencia civil: los campesinos se ampararon ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ni la CFE ni la Secretaría de Hacienda pueden cobrarles.
Otro de los estados a los que el movimiento se difundió con mayor rapidez fue Guanajuato, donde la resistencia civil consiste en la suspensión de pagos por electricidad correspondientes a mil 200 pozos.
En abril del 2003, 99% de los productores firmaron convenios de pago como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, pero en menos de un año ya había nuevamente 9 mil deudores. Ahí Pedro Vázquez tiene en contra tres órdenes de aprehensión por extorsión (supuestamente al obligar al personal de la CFE a reconectar pozos) y por obstaculizar la realización de obra pública. Con estos son seis los procesos judiciales que ha enfrentado. Además, en marzo de 2006 intentaron secuestrar a su hija Teresa, quien estaba a bordo de una camioneta en Salamanca. Tres hombres la bajaron y la encañonaron con una pistola en el abdomen, pero la esposa de Vázquez, María Elena Ramírez, se encontraba cerca y logró impedir que se la llevaran. Posteriormente, en octubre del año pasado, Pedro Vázquez iba a una reunión en Dolores Hidalgo cuando fue interceptado por agentes de la AFI, quienes lo subieron a una camioneta Suburban.
"Conocí a uno de ellos –continúa–, era Ulises, delegado de la PGR en Salamanca. No me presentaron ninguna orden de aprehensión y yo les di el amparo que llevaba, pero él (Ulises) lo tiró por la ventana". En entrevista con la corresponsal en Guanajuato, Verónica Espinosa, Vázquez Martínez dijo que se reunió con Armando Villarreal un par de días antes de que fuera ejecutado en Nuevo Casas Grandes.
Ambos asistieron a un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey en su campus de la ciudad de México, al que también asistió la senadora Yeidckol Polevnsky. A ella, Villarreal entregó la información que demuestra la dañina política de PEMEX con el amoniaco para privilegiar a cuatro grandes empresas.
"Polevnsky le aseguró a Armando Villarreal que lo destaparían muy fuerte, pero a los dos días Armando fue asesinado. Intenté ponerme en contacto con la senadora, pero no me respondió", asegura Vázquez. Pedro Vázquez recuerda que un par de semanas después de la "megamarcha" de organizaciones campesinas que desde diversos puntos del país arribaron al Zócalo capitalino el 31 de enero pasado, Villarreal le dijo por teléfono: "Las cosas se están poniendo de la chingada. Todas las puertas están cerradas".
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