Felipe Calderón enfrenta una demanda penal ante la PGR, por el supuesto delito de peculado, interpuesta por diputados perredistas; éstos argumentan que en los primeros 10 meses de gobierno se gastaron 2 mil 650 millones de pesos para promocionar la imagen del presidente, en diferentes medios de comunicación Yenise Tinoco El presidente Felipe Calderón Hinojosa enfrenta una denuncia penal por el delito de peculado ante la Procuraduría General de la República (PGR), presentada por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Los diputados aseguran que, en los primeros 10 meses de esta administración, el gobierno federal pagó facturas por 2 mil 650 millones de pesos a diferentes medios de comunicación, por concepto de promoción de la imagen del presidente de la República. Los perredistas afirman que la administración federal erogó 861 millones 836 mil 99 pesos a favor de las televisoras; a cesionarios de radio, mil 167 millones 466 mil 298 pesos, y a prensa escrita, 10 millones 937 mil 750 pesos. Contralínea solicitó a la Presidencia de la República una entrevista para fijar la posición de Calderón y del gobierno federal acerca de la demanda interpuesta contra el presidente; sin embargo, la subdirectora de la sala de prensa, Norma Díaz, sugirió tratar el tema "con los perredistas o con PGR, porque nosotros no tenemos información jurídica al respecto". Otras secretarías de Estado realizaron erogaciones en medios de comunicación: Seguridad Pública costeó promocionales por 209 millones 263 mil 163 pesos; Educación Pública, 124 millones 491 mil 553 pesos; Hacienda, 241 millones 604 mil 927 pesos; Agricultura, Ganadería y Pesca, 12 millones 62 mil 602 pesos; Comunicaciones y Transportes, 13 millones 521 mil 846 pesos, y Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, 8 millones 750 mil 305 pesos. En la exposición de hechos, la denuncia presentada el pasado 6 de noviembre, señala: “Con desmesura desproporcionada y un ilegal abuso en la utilización de los recursos públicos, este personaje, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de enero a octubre de 2007, ha gastado en la promoción de su imagen personal más de 2 mil 650 millones 384 mil 543 pesos. Con esta cantidad ha gastado más de lo que en el mismo periodo había gastado, por el mismo concepto, Vicente Fox Quesada”. La demanda por peculado está firmada por Andrés Lozano, Valentina Batres, Faustino Soto y Gerardo Villanueva, diputados federales de la fracción perredista, y por el congresista local, Ramón Jiménez. Los legisladores dicen apegarse al Código Penal Federal que tipifica la utilización de recursos públicos para la promoción de la imagen personal de un servidor público como un delito. El artículo 223, en su fracción II, dice que “comete el delito de peculado el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”. El diputado Andrés Lozano dice que, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, el presidente invertiría en 2007 alrededor de 3 mil 700 millones de pesos en la compra de espacios publicitarios para promover las acciones del gobierno federal. Agrega que durante el gobierno de Vicente Fox se erogaron 15 mil 776 millones de pesos en publicidad y que al final de la administración de Calderón se calcula se habría gastado aproximadamente 22 mil millones de pesos, es decir, casi 8 millones más. Lozano detalla que, de acuerdo con la empresa Ibope, especialista en medición de audiencias, entre el 1 de diciembre de 2006 y el 24 de junio de 2007 los diferentes medios de comunicación nacionales transmitieron 19 mil 951 espot del gobierno federal y de la Presidencia de la República, es decir 93 diarios. Dinero mejor invertido El legislador del PRD considera que dichos recursos podrían ser destinados a otros rubros que requieren más atención. De acuerdo con Lozano, con ese dinero se podrían comprar 7 mil computadoras para cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal. Dicha cantidad, dice el legislador, es superior a la que se destina a 28 estados para la compra de vacunas, realización de mastografías, detección de enfermedades y demás servicios de salud. También, agrega, se pudieron destinar para disminuir 50 centavos al litro de leche Liconsa o que éstos se distribuyeran de manera gratuita en todo el país. Liconsa entrega alrededor de tres millones de litros diarios en mil 813 municipios, cada uno con valor de 3.88 pesos, lo que genera gastos por 11 millones 640 mil pesos al día, según datos de la propia dependencia. Lozano agrega que con ese dinero se podría cubrir un año completo el programa de vivienda del gobierno del Distrito Federal. “Es decir, es un gasto desmedido, insultante, que tiene como único objetivo la promoción de una imagen personal”, dice. Agrega que en las labores de rescate de Tabasco no se ha empleado ni una cuarta parte de los más de 2 mil 600 millones de pesos gastados en la promoción de la imagen personal de Calderón. Es más, dice, la Secretaría de Desarrollo Social ha informado que para atender el desastre cuenta con tan sólo 2 millones 500 mil pesos. Antecedente El pasado 5 de julio de 2007, los diputados del PRD en la Cámara de Baja, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a Felipe Calderón entregará un informe detallado sobre los contratos realizados con los diferentes medios de comunicación, para la promoción de su imagen. Los perredistas afirmaban que desde la entrada de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) el gasto en la compra de espacios publicitarios ha ido en aumento, además de ser utilizada dicha partida presupuestal en forma discrecional, “como premio a medios afines o castigo a los que simplemente expresan sus punto de vista sobre acciones públicas”. El punto de acuerdo también solicitaba al titular de la Secretaría Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, presentarse ante el Congreso y explicar cómo maneja el gobierno federal la partida 3700, destinada a cubrir los gastos de publicidad y promoción; pero el secretario omitió comparecer. Contralínea solicitó a la Presidencia de la República una entrevista para fijar la posición de Calderón acerca de la demanda interpuesta contra el presidente; sin embargo, la subdirectora de la sala de prensa, Norma Díaz, sugirió tratar el tema “con los perredistas o con PGR, porque nosotros no tenemos información jurídica al respecto”. En Gobernación, Comunicación Social dijo a esta revista que éste es un tema “delicado”, por lo que el subsecretario de Normatividad de Medios, Juan María Naveja de Anda, tampoco podía acceder a la solicitud. Ley de Adquisiciones El senador del PRD, Graco Ramírez Abreu, presentó un proyecto de ley para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de regular el gasto en materia de publicidad gubernamental. Ramírez Abreu considera que la manipulación del gasto en comunicación social por parte del gobierno federal, con el objeto de favorecer o perjudicar a algunos medios de comunicación, es ampliamente conocida. “Recordemos el boicot publicitario ejercido desde la Presidencia contra el semanario Proceso, por la disputa que prevaleció durante el mandato de Vicente Fox, entre la revista y la primera dama”, dice el senador. En la propuesta perredista se establece la obligatoriedad de observar en el gasto destinado a comunicación social, las disposiciones de austeridad y racionalidad contenidas en el Presupuesto. Todo con el fin de que la asignación de contratos publicitarios a los diferentes medios de comunicación, no se convierta en un mecanismo moderno de censura. La contradicción La diputada Valentina Batres asegura que la demanda interpuesta contra Felipe Calderón está sustentada en una investigación que realizó la revista Etcétera, donde supuestamente se dice que el titular del Ejecutivo gastó en los primeros 10 meses de gobierno 2 mil 600 millones de pesos. La legisladora sostiene que en la investigación de la publicación está sustentada en facturas que obran en poder de los reporteros que firman el reportaje, Luis Miguel Carreño y Laura Islas Reyes. “Ante tales aseveraciones a nosotros no nos corresponde más que actuar, y lo hicimos demandando penalmente a Calderón”, dice la congresista. Batres afirma que de la suma de las facturas que obran en poder de Etcétera resulta la cantidad de 2 mil 650 millones 384 mil 543 pesos. Sin embargo, los reportajes referidos por la diputada difieren de las acusaciones que se enlistan en la demanda. Con el título de Publicidad oficial, inexplicable subejercicio, Etcétera da cuenta de la existencia de 2 mil 659 millones 893 mil 280 pesos que el gobierno federal no ha gastado de la partida 3700, y tendrá que “dilapidar” si quiere mantener el techo presupuestal en este rubro. “En los primeros ocho meses de administración, el gobierno federal sólo gastó el 29 por ciento de los 3 mil 700 millones de pesos autorizados para publicidad en medios, lo que implica hasta agosto un subejercicio del 71 por ciento del gasto programado. “Las dependencias gubernamentales tendrán que deshacerse de los recursos, literalmente, y gastar dos terceras partes del total en apenas cuatro meses, lo que significa 2 mil 659 millones 893 mil 280 pesos. Esto, si es que no se quieren perder el techo presupuestal proyectado por el mismo gobierno y que por ley se vería afectado para el próximo ejercicio fiscal al no comprobarse el gasto total de los recursos aprobados en 2007”, indica el reportaje de Etcétera, publicado en noviembre pasado. APARTADO Ni una esquela: nueva disposición El pasado 28 de diciembre, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal, para el ejercicio fiscal 2008. En dicho documento se advierte de la obligatoriedad que tendrán las diferentes dependencias de informar de manera oportuna sobre sus principales acciones publicitarias, explicando las razones a las que responden y los valores que las inspiran. Por lo cual, será imprescindible contar con una estrategia de comunicación social del gobierno federal que difunda las políticas públicas e involucre a la población en la consecución de sus objetivos. Todo lo anterior es para “transparentar el uso de los recursos en materia publicitaria”. Por lo que las dependencias federales “no realizan erogaciones por concepto de esquelas, notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos. Las publicaciones que realicen las dependencias y entidades con cargo a recursos públicos deberán estar directamente vinculadas con las funciones de las mismas y, en su caso, con sus campañas de difusión o mercadotecnia”, según el acuerdo. (YT) |
Kikka Roja