Salvador García Soto: CENCA

Serpientes y Escaleras Salvador García Soto Van contra el Presidente La definición y el manejo de la política económica del país dejaría de ser una facultad exclusiva del Ejecutivo; además de la participación del Congreso, especialistas de la sociedad civil tendrían participación Con varias iniciativas que le restan facultades directas y de primer nivel al Poder Ejecutivo, los partidos representados en el Congreso se proponen, en el periodo de sesiones que arranca hoy, acotar las atribuciones del Presidente en temas que hasta ahora son responsabilidades exclusivas de su ámbito y que, de aprobarse, serían cedidas al Poder Legislativo o incluso a organismos ciudadanos autónomos, con los que el jefe del Ejecutivo compartiría funciones. Se trata de reformas legales que fueron elaboradas en el seno de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), y que cuentan ya con el consenso de todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluido el PAN. Este miércoles, los integrantes de la CENCA darán a conocer los dictámenes de algunas de esas iniciativas que serán sometidas al pleno en el periodo ordinario de sesiones que empieza hoy. Una iniciativa, por ejemplo, propone quitarle al Presidente la facultad de veto a las leyes aprobadas por las dos Cámaras federales. Se eliminará el veto de bolsillo establecido en el artículo 72 de la Constitución, para dejar establecido que si el Presidente de la República no decreta alguna ley aprobada por el Congreso dentro de un plazo que todavía está a discusión, la Cámara de origen podrá ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, eliminado así la posibilidad de un veto del Ejecutivo. Otra propuesta que ya tiene el aval de todos los partidos establece que la definición y el manejo de la política económica del país dejaría de ser una facultad exclusiva del Presidente y de su gabinete económico, además de la participación que también tiene el Congreso. La sociedad civil, representada por especialistas y expertos en materia económica, tendría participación en el establecimiento de criterios de política económica. La iniciativa que será dada a conocer el próximo miércoles, en la CENCA, propone la creación de un Consejo Económico y Social de Estado, instancia en la que estarían representados académicos, empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, y en la que se discutiría la política económica del Estado. Junto con el gobierno federal, ese órgano elaboraría las políticas públicas en materia económica. De acuerdo con la Ley para la Reforma del Estado, aprobada el año pasado, el próximo 13 de abril es la fecha fatal para que el Congreso conozca, discuta y apruebe las iniciativas en los temas de régimen de Estado y de gobierno; democracia y sistema electoral; federalismo; reforma del Poder Judicial y garantías sociales. Por eso el apuro de los diputados y senadores que integran la CENCA, presidida por la diputada Ruth Zavaleta; porque el periodo ordinario de sesiones que inició este primero de febrero es, en los hechos, la última oportunidad para que el Poder Legislativo procese las seis mil 188 propuestas emitidas en los foros de consulta pública realizados en 2007. ¿Trabajarán más los congresistas? En la reunión de este miércoles, la CENCA dará a conocer los dictámenes que ya cuentan con el aval de los grupos parlamentarios y que serán sometidos a consideración del pleno. Entre esas iniciativas se encuentran las que elaboró el grupo de trabajo de régimen de Estado y de Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, a fin de ampliar los periodos ordinarios de sesiones. De esta forma, el primer periodo ordinario de sesiones no sufriría modificaciones e iría de septiembre a diciembre. Pero el segundo periodo ordinario, que actualmente va de febrero a abril, se ampliaría dos meses (mayo y junio), por lo que el Poder Legislativo trabajará ocho meses al año. Sus recesos serían del 15 de diciembre al 30 de enero y del primero de julio al 30 de agosto. Al mismo tiempo que le quitan al Presidente la facultad de veto a las leyes aprobadas por ellos, el Congreso también propone que el Ejecutivo tenga la facultad de iniciativa preferente; es decir, dentro del paquete de reformas legales o constitucionales que proponga señalará aquellas que considere prioritarias, por lo que las Cámaras no podrán eludir la obligatoriedad de elaborar los dictámenes respectivos. Derechos humanos constitucionales Por otro lado, en materia de democracia y sistema electoral, la reforma constitucional y la elaboración del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), obligará a la modificación de 18 leyes secundarias. Entre ellas, la Ley Federal de Radio y Televisión para incluir las prohibiciones en materia de campañas y precampañas en medios electrónicos e impresos; así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para poner en marcha los ajustes en la justicia electoral. En el rubro de garantías sociales, los derechos humanos se reconocerán e incorporarán a la Carta Magna, con modificaciones a los artículos 1º, 3º, 5º, 29, 32, 102, 103 y 110. Además, se aprobará el derecho de audiencia a los extranjeros; se dará a los tribunales federales la facultad para la resolución de controversias por violaciones a las garantías individuales y se hará objeto de juicio político al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, se reformará el artículo 3º constitucional para fortalecer la laicidad de la educación; dar carácter de obligatorio al nivel medio superior; poner en marcha y evaluar una educación de calidad y rescatar la multiculturalidad que caracteriza al país. Mientras tanto, en materia de federalismo se modificará al artículo 48 constitucional para transferir a estados y municipios la jurisdicción de las islas, cayos y arrecifes que se encuentren a 12 millas náuticas de su línea de costa. Sin embargo, uno de los grandes pendientes será el cambio de régimen político y la creación de la figura de jefe de gabinete pues, aunque con matices, PRI y PRD están de acuerdo, el PAN ha manifestado reticencias a disminuir las facultades del Poder Ejecutivo. sgarciasoto@hotmail.com salvador.garcia@eluniversal.com.mx

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