Carlos Fernández-Vega
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Desbarató Venezuela el cártel de cementeras; pactaban precios
Ampliar la imagen Protesta frente a la bolsa de valores de Madrid contra el banco Santander, al que acusan de ser el principal garante financiero de una asociación que construirá cuatro represas en el río Madeira, en la región de la Amazonia de Brasil, proyecto para el cual se prevé desalojar a unas 5 mil familias Foto: Ap
El gobierno venezolano no se quedó en el discurso (“sólo amenaza”, dijeron algunos”), y aterrizó el esquema que nacionaliza la industria cementera en aquel país, 50 por ciento de la cual correspondía a Cemex y prácticamente la otra mitad a un consorcio suizo (Holcim) y otro francés (Lafarge). Con todo, dicho esquema deja abierta la puerta para que 40 por ciento de la propiedad quede en manos de los tres consorcios citados, siempre y cuando decidan permanecer en Venezuela con las nuevas reglas del juego. Caso contrario, tendrán que hacer las maletas y picar piedra en otras latitudes.
El pasado 3 de abril el presidente Hugo Chávez anunció la decisión de nacionalizar, “a corto plazo”, toda la industria cementera del país, acaparada por esos consorcios. Dos meses y medio después, su gobierno publicó el respectivo decreto-ley, por medio del cual especifica que no menos de 60 por ciento de tal industria será propiedad del Estado, al tiempo que concede 60 días a la tercia de cementeras extranjeras para que decida si permanecen en Venezuela conservando el porcentaje restante, plazo en el que deberán acordarse “los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”, para lo cual se crea una comisión técnica que determinará el “precio justo de la operación”. De no lograrse acuerdos, Cemex, Holcim y Lafarge deberán hacer maletas y retirarse, en el entendido que el gobierno chavista decretará la expropiación de las acciones. El proceso de transferencia deberá concretarse a más tardar el 31 de diciembre de 2008.
El decreto-ley que nacionaliza la industria cementera en el país sudamericano involucra a las filiales y subsidiarias de los tres consorcios privados, aunque cuando menos uno de ellos, Cemex, se adelantó a los acontecimientos y por la libre vendió (en una transacción tan rápida y sospechosa que todo hace suponer que no fue una venta, sino un mero traspaso de activos a otras empresas del propio Cementos Mexicanos) poco más de 30 por ciento de Cemex-Venezuela, es decir sus filiales y subsidiarias con sede en Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago e Isla Guadalupe.
Lo anterior no fue del agrado del gobierno venezolano que, por medio de la Comisión Nacional de Valores, exigió una detallada explicación a Cemex sobre la referida enajenación de filiales y subsidiarias sin notificación alguna a la autoridad respectiva, la cual debe incluir el porcentaje que tales bienes representaban en sus activos. Cementos Mexicano se limitó a comentar que “la venta se realizó como resultado de la decisión del presidente (Chávez) de nacionalizar la industria” y comentó que esa inversión “no tenía incidencia en el funcionamiento y operatividad en Venezuela”, aunque cotizaran en la Bolsa de Valores de Caracas. De cualquier suerte se concretó (por cerca de 355 millones de dólares) sin la autorización de la asamblea de accionistas, “ya que legalmente no es un requisito”, según la cementera. Sin embargo, en sus informes oficiales Cemex-Venezuela (creada en 1994, tras la compra de la empresa Vencemos) reconoce como parte del grupo, con sede en Caracas, que sus empresas en Panamá y República Dominicana, cuando menos, pertenecen al corporativo, es decir, el que ha quedado nacionalizado por el gobierno chavista.
A su vez, Petróleos de Venezuela, consorcio estatal que coordina la nacionalización de la industria cementera, advirtió que la venta de filiales y subsidiarias de Cementos Mexicanos fue una acción unilateral, sin notificación al gobierno, de tal suerte que el gobierno “nunca ha avalado la decisión de Cemex Venezuela de traspasar las propiedades que poseía en el exterior a su casa matriz, y mucho menos la forma ni el monto en que fue llevada a cabo dicha transacción”, por lo que habría que esperar una acción legal en este sentido por parte de la autoridad chavista.
Como ayuda de memoria, a lo largo de los últimos 20 años Lorenzo Zambrano, con su grupo Cementos Mexicanos, se ha dedicado a exportar buena parte de las ganancias obtenidas en México (no menos de 12 mil millones de dólares). Ha comprado cementeras en cuatro de los cinco continentes, hasta posicionar a Cemex como el monopolio del cemento en México, el mayor productor de América Latina y el Caribe, y el tercer consorcio internacional en ese renglón.
En Venezuela utilizó la misma técnica, hasta acaparar más de 50 por ciento de la industria. En este sentido, el sustento del gobierno venezolano para decretar la nacionalización es sencillo: “las cementeras internacionales que operan en el país han creado un cártel de precios y atienden la exportación antes que el suministro local (que reporta desabasto); estas empresas se ponen de acuerdo para fijar el valor del cemento, y muchas veces trabajan por debajo de su capacidad instalada para no impactar hacia abajo los precios; exportan una gran cantidad de las toneladas métricas que producen anualmente, dejando en algunos casos desabastecido el mercado interno; las reuniones con directivos de Lafarge, Holcim y Cemex estarán dirigidas a la evaluación de los activos con miras al pago de su indemnización y concretar el proceso de nacionalización”.
En 1992 Cemex inició su proceso de trasnacionalización mediante la compra de activos en el exterior. Comenzó con las españolas Valenciana y Sansón. Siguió en Colombia (Cementos Diamante y Samper), Panamá (Cemento Bayano), Venezuela (Vencemos) y República Dominicana (Cementos Nacionales), y más adelante aterrizó en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Inglaterra, Estados Unidos, Egipto, Estados Unidos y Australia, en vía de mientras.
Las rebanadas del pastel
Crece el rechazo latinoamericano a la política de expulsión de migrantes en Europa, y en este contexto Hugo Chávez advirtió: “país europeo que aplique la ‘directiva del retorno’ dejará de recibir petróleo venezolano”, y convocó a la unión de América Latina frente a la “directiva del bochorno”.
El gobierno venezolano no se quedó en el discurso (“sólo amenaza”, dijeron algunos”), y aterrizó el esquema que nacionaliza la industria cementera en aquel país, 50 por ciento de la cual correspondía a Cemex y prácticamente la otra mitad a un consorcio suizo (Holcim) y otro francés (Lafarge). Con todo, dicho esquema deja abierta la puerta para que 40 por ciento de la propiedad quede en manos de los tres consorcios citados, siempre y cuando decidan permanecer en Venezuela con las nuevas reglas del juego. Caso contrario, tendrán que hacer las maletas y picar piedra en otras latitudes.
El pasado 3 de abril el presidente Hugo Chávez anunció la decisión de nacionalizar, “a corto plazo”, toda la industria cementera del país, acaparada por esos consorcios. Dos meses y medio después, su gobierno publicó el respectivo decreto-ley, por medio del cual especifica que no menos de 60 por ciento de tal industria será propiedad del Estado, al tiempo que concede 60 días a la tercia de cementeras extranjeras para que decida si permanecen en Venezuela conservando el porcentaje restante, plazo en el que deberán acordarse “los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”, para lo cual se crea una comisión técnica que determinará el “precio justo de la operación”. De no lograrse acuerdos, Cemex, Holcim y Lafarge deberán hacer maletas y retirarse, en el entendido que el gobierno chavista decretará la expropiación de las acciones. El proceso de transferencia deberá concretarse a más tardar el 31 de diciembre de 2008.
El decreto-ley que nacionaliza la industria cementera en el país sudamericano involucra a las filiales y subsidiarias de los tres consorcios privados, aunque cuando menos uno de ellos, Cemex, se adelantó a los acontecimientos y por la libre vendió (en una transacción tan rápida y sospechosa que todo hace suponer que no fue una venta, sino un mero traspaso de activos a otras empresas del propio Cementos Mexicanos) poco más de 30 por ciento de Cemex-Venezuela, es decir sus filiales y subsidiarias con sede en Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago e Isla Guadalupe.
Lo anterior no fue del agrado del gobierno venezolano que, por medio de la Comisión Nacional de Valores, exigió una detallada explicación a Cemex sobre la referida enajenación de filiales y subsidiarias sin notificación alguna a la autoridad respectiva, la cual debe incluir el porcentaje que tales bienes representaban en sus activos. Cementos Mexicano se limitó a comentar que “la venta se realizó como resultado de la decisión del presidente (Chávez) de nacionalizar la industria” y comentó que esa inversión “no tenía incidencia en el funcionamiento y operatividad en Venezuela”, aunque cotizaran en la Bolsa de Valores de Caracas. De cualquier suerte se concretó (por cerca de 355 millones de dólares) sin la autorización de la asamblea de accionistas, “ya que legalmente no es un requisito”, según la cementera. Sin embargo, en sus informes oficiales Cemex-Venezuela (creada en 1994, tras la compra de la empresa Vencemos) reconoce como parte del grupo, con sede en Caracas, que sus empresas en Panamá y República Dominicana, cuando menos, pertenecen al corporativo, es decir, el que ha quedado nacionalizado por el gobierno chavista.
A su vez, Petróleos de Venezuela, consorcio estatal que coordina la nacionalización de la industria cementera, advirtió que la venta de filiales y subsidiarias de Cementos Mexicanos fue una acción unilateral, sin notificación al gobierno, de tal suerte que el gobierno “nunca ha avalado la decisión de Cemex Venezuela de traspasar las propiedades que poseía en el exterior a su casa matriz, y mucho menos la forma ni el monto en que fue llevada a cabo dicha transacción”, por lo que habría que esperar una acción legal en este sentido por parte de la autoridad chavista.
Como ayuda de memoria, a lo largo de los últimos 20 años Lorenzo Zambrano, con su grupo Cementos Mexicanos, se ha dedicado a exportar buena parte de las ganancias obtenidas en México (no menos de 12 mil millones de dólares). Ha comprado cementeras en cuatro de los cinco continentes, hasta posicionar a Cemex como el monopolio del cemento en México, el mayor productor de América Latina y el Caribe, y el tercer consorcio internacional en ese renglón.
En Venezuela utilizó la misma técnica, hasta acaparar más de 50 por ciento de la industria. En este sentido, el sustento del gobierno venezolano para decretar la nacionalización es sencillo: “las cementeras internacionales que operan en el país han creado un cártel de precios y atienden la exportación antes que el suministro local (que reporta desabasto); estas empresas se ponen de acuerdo para fijar el valor del cemento, y muchas veces trabajan por debajo de su capacidad instalada para no impactar hacia abajo los precios; exportan una gran cantidad de las toneladas métricas que producen anualmente, dejando en algunos casos desabastecido el mercado interno; las reuniones con directivos de Lafarge, Holcim y Cemex estarán dirigidas a la evaluación de los activos con miras al pago de su indemnización y concretar el proceso de nacionalización”.
En 1992 Cemex inició su proceso de trasnacionalización mediante la compra de activos en el exterior. Comenzó con las españolas Valenciana y Sansón. Siguió en Colombia (Cementos Diamante y Samper), Panamá (Cemento Bayano), Venezuela (Vencemos) y República Dominicana (Cementos Nacionales), y más adelante aterrizó en Filipinas, Indonesia, Tailandia, Inglaterra, Estados Unidos, Egipto, Estados Unidos y Australia, en vía de mientras.
Las rebanadas del pastel
Crece el rechazo latinoamericano a la política de expulsión de migrantes en Europa, y en este contexto Hugo Chávez advirtió: “país europeo que aplique la ‘directiva del retorno’ dejará de recibir petróleo venezolano”, y convocó a la unión de América Latina frente a la “directiva del bochorno”.
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