José Luis Santiago Vasconcelos
Miguel Ángel Granados Chapa
7 Nov. 08
La omisión presidencial al ex subprocurador muerto en el accidente del martes junto al secretario de Gobernación pudo haber sido involuntaria o deberse al temor de que se piense que la tragedia fue provocada, en un atentado como los que amagaron a Santiago Vasconcelos
Aunque desde una perspectiva estrictamente humana no hay rangos en las vidas segadas por la tragedia del martes pasado, las ocupaciones actuales y pasadas de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos hacen que su muerte sea destacable por sobre las demás. En su mensaje luctuoso del propio martes el presidente Calderón se refirió únicamente a su amigo y colaborador y omitió más referencia al ex subprocurador a quien sólo mencionó por su nombre en la lista de quienes viajaban en el avión caído en Las Lomas. Si la omisión fue involuntaria, producida por el pesar personalísimo de quien padece una pérdida que lo toca en el centro de sus emociones e intereses, pudo haber sido remediada incluyendo a Santiago Vasconcelos también como destinatario sobresaliente en el homenaje rendido ayer al secretario de Gobernación, merecedor de algo más que la referencia circunstancial que lo igualó con el resto de los caídos.
Ya que no fue así, queda pensar que se trató de un olvido deliberado, de una suerte de exorcismo primitivo, pueril se diría, para evitar que la valoración de las tareas del perseguidor de la delincuencia organizada convocara la imagen de ese poderoso enemigo y suscitara de inmediato la de un atentado que el gobierno está tratando de alejar con información más insistente que abundante. (Por cierto que el informador escogido, el secretario Luis Téllez no sólo carece de autoridad técnica y jurídica sino que su condición de comunicador también es deficiente: ¡mire usted que decir que en medio de la tragedia es una buena noticia el hallazgo de la caja negra que permitirá investigar el grave suceso! Por supuesto que localizar ese aditamento es útil, pero no requiere ser calificado de buena noticia en el sentido de que en algo alivie el dolor de los deudos de las personas fallecidas).
El funeral de los funcionarios muertos ahondó la diferencia establecida por Calderón en su discurso. Las familias de quienes trabajaban en Gobernación recibieron la visita presidencial, pues el velorio se efectuó en un solo lugar. El Presidente, en cambio, se abstuvo de llegar al Velatorio Militar donde reposaron los restos del funcionario que desde el Ministerio Público federal fue un enlace confiable con las Fuerzas Armadas. De eso se ufanaba Santiago Vasconcelos y así lo confirmó, por si hiciera falta, el alto mando castrense al alojar el velorio en un espacio reservado a miembros del Ejército y sus familiares.
Santiago Vasconcelos trabajó en la Procuraduría General de la República durante década y media, por lo que fue testigo y protagonista de los esfuerzos iniciales por configurar institucionalmente la noción de delincuencia organizada. Fue el segundo de Samuel González, pionero en la gestación de herramientas legales y administrativas en ese terreno, y luego con diversos grados de responsabilidad quedó a la cabeza de esa parcela de trabajo en la PGR, hasta llegar a ser subprocurador de la materia en la administración del presidente Fox. En el relevo de 2006 conservó el rango pero se le responsabilizó de los asuntos jurídicos e internacionales. El hecho central de su desempeño en esa subprocuraduría fueron las extradiciones de delincuentes de variada importancia a Estados Unidos. En esa tarea, por cierto, se confirmó otro de los timbres de orgullo que ostentaba el subprocurador, ser el canal idóneo para la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Un mensaje del embajador Antonio Garza y la presencia de personal de la DEA en el velorio ratificaron esa condición.
Como cabeza de la SIEDO Santiago Vasconcelos logró los aciertos que son de esperar en quien realiza con atingencia sus funciones. Pero también incurrió en errores cuya difusión pública se magnificó en la misma medida en que él notificaba con gran aparato y las presentaba como victorias definitivas contra la delincuencia, acciones que a la postre no eran validadas por la autoridad judicial. Más de una vez entró por ello en pugna con jueces y magistrados que no procesaban a detenidos por la SIEDO por deficiencias graves en la configuración de los expedientes de acusación.
Como quiera que sea, el subprocurador quedó en la mira de bandas delincuenciales que lo amenazaron de muerte y al menos una vez intentaron consumar sus amagos. Debido a ello, en su entorno se reprochó al gobierno haberlo hecho dimitir, dejándolo desguarnecido frente al riesgo de la inquina criminal. En tímido intento de remediar ese desliz se le atribuyó una función de carácter pasajero y sustancia indefinida, la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma de justicia penal. Desde esa incómoda posición se sintió maltratado hace dos semanas cuando se anunció la detención de personal de alto nivel de la subprocuraduría que estuvo a su cargo y se asoció con la delincuencia organizada. Deseaba que se subrayara que los hechos denunciados no ocurrieron durante su periodo como subprocurador.
Recordar que Santiago Vasconcelos fue amenazado por la delincuencia organizada no significa sugerir siquiera que sus amenazas se consumaron atentando contra el avión en que viajó con el secretario de Gobernación. Pretender ignorarlo es cerrar los ojos a la realidad y anuncia la realización de una pesquisa incompleta, que no puede limitarse a comprobar que se trató de un accidente. Una indagación sobre la muerte de funcionarios con altos niveles de responsabilidad no puede dejar de incluir la posibilidad de un accidente provocado.
Cajón de Sastre
En los próximos días la Cámara de Diputados se enfrentará a dos tareas de casi imposible realización: por un lado, tendrá que atender pedidos que los legisladores han canalizado a través de las comisiones dictaminadoras y que importan alrededor de 350 mil millones de pesos; pero la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sólo dispone de unos 70 mil millones para satisfacer las necesidades expresadas y que a su importancia intrínseca añaden la de que se trata de partidas a ejercer en año electoral. Y eso que los legisladores parten del supuesto de que será válido el cálculo de la Ley de Ingresos para el precio del petróleo, establecido en 70 dólares cuando ayer quedó por debajo de 45. Si ese nivel prevaleciera habrá que hacer inevitables recortes.
Aunque desde una perspectiva estrictamente humana no hay rangos en las vidas segadas por la tragedia del martes pasado, las ocupaciones actuales y pasadas de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos hacen que su muerte sea destacable por sobre las demás. En su mensaje luctuoso del propio martes el presidente Calderón se refirió únicamente a su amigo y colaborador y omitió más referencia al ex subprocurador a quien sólo mencionó por su nombre en la lista de quienes viajaban en el avión caído en Las Lomas. Si la omisión fue involuntaria, producida por el pesar personalísimo de quien padece una pérdida que lo toca en el centro de sus emociones e intereses, pudo haber sido remediada incluyendo a Santiago Vasconcelos también como destinatario sobresaliente en el homenaje rendido ayer al secretario de Gobernación, merecedor de algo más que la referencia circunstancial que lo igualó con el resto de los caídos.
Ya que no fue así, queda pensar que se trató de un olvido deliberado, de una suerte de exorcismo primitivo, pueril se diría, para evitar que la valoración de las tareas del perseguidor de la delincuencia organizada convocara la imagen de ese poderoso enemigo y suscitara de inmediato la de un atentado que el gobierno está tratando de alejar con información más insistente que abundante. (Por cierto que el informador escogido, el secretario Luis Téllez no sólo carece de autoridad técnica y jurídica sino que su condición de comunicador también es deficiente: ¡mire usted que decir que en medio de la tragedia es una buena noticia el hallazgo de la caja negra que permitirá investigar el grave suceso! Por supuesto que localizar ese aditamento es útil, pero no requiere ser calificado de buena noticia en el sentido de que en algo alivie el dolor de los deudos de las personas fallecidas).
El funeral de los funcionarios muertos ahondó la diferencia establecida por Calderón en su discurso. Las familias de quienes trabajaban en Gobernación recibieron la visita presidencial, pues el velorio se efectuó en un solo lugar. El Presidente, en cambio, se abstuvo de llegar al Velatorio Militar donde reposaron los restos del funcionario que desde el Ministerio Público federal fue un enlace confiable con las Fuerzas Armadas. De eso se ufanaba Santiago Vasconcelos y así lo confirmó, por si hiciera falta, el alto mando castrense al alojar el velorio en un espacio reservado a miembros del Ejército y sus familiares.
Santiago Vasconcelos trabajó en la Procuraduría General de la República durante década y media, por lo que fue testigo y protagonista de los esfuerzos iniciales por configurar institucionalmente la noción de delincuencia organizada. Fue el segundo de Samuel González, pionero en la gestación de herramientas legales y administrativas en ese terreno, y luego con diversos grados de responsabilidad quedó a la cabeza de esa parcela de trabajo en la PGR, hasta llegar a ser subprocurador de la materia en la administración del presidente Fox. En el relevo de 2006 conservó el rango pero se le responsabilizó de los asuntos jurídicos e internacionales. El hecho central de su desempeño en esa subprocuraduría fueron las extradiciones de delincuentes de variada importancia a Estados Unidos. En esa tarea, por cierto, se confirmó otro de los timbres de orgullo que ostentaba el subprocurador, ser el canal idóneo para la comunicación con el gobierno de Estados Unidos. Un mensaje del embajador Antonio Garza y la presencia de personal de la DEA en el velorio ratificaron esa condición.
Como cabeza de la SIEDO Santiago Vasconcelos logró los aciertos que son de esperar en quien realiza con atingencia sus funciones. Pero también incurrió en errores cuya difusión pública se magnificó en la misma medida en que él notificaba con gran aparato y las presentaba como victorias definitivas contra la delincuencia, acciones que a la postre no eran validadas por la autoridad judicial. Más de una vez entró por ello en pugna con jueces y magistrados que no procesaban a detenidos por la SIEDO por deficiencias graves en la configuración de los expedientes de acusación.
Como quiera que sea, el subprocurador quedó en la mira de bandas delincuenciales que lo amenazaron de muerte y al menos una vez intentaron consumar sus amagos. Debido a ello, en su entorno se reprochó al gobierno haberlo hecho dimitir, dejándolo desguarnecido frente al riesgo de la inquina criminal. En tímido intento de remediar ese desliz se le atribuyó una función de carácter pasajero y sustancia indefinida, la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma de justicia penal. Desde esa incómoda posición se sintió maltratado hace dos semanas cuando se anunció la detención de personal de alto nivel de la subprocuraduría que estuvo a su cargo y se asoció con la delincuencia organizada. Deseaba que se subrayara que los hechos denunciados no ocurrieron durante su periodo como subprocurador.
Recordar que Santiago Vasconcelos fue amenazado por la delincuencia organizada no significa sugerir siquiera que sus amenazas se consumaron atentando contra el avión en que viajó con el secretario de Gobernación. Pretender ignorarlo es cerrar los ojos a la realidad y anuncia la realización de una pesquisa incompleta, que no puede limitarse a comprobar que se trató de un accidente. Una indagación sobre la muerte de funcionarios con altos niveles de responsabilidad no puede dejar de incluir la posibilidad de un accidente provocado.
Cajón de Sastre
En los próximos días la Cámara de Diputados se enfrentará a dos tareas de casi imposible realización: por un lado, tendrá que atender pedidos que los legisladores han canalizado a través de las comisiones dictaminadoras y que importan alrededor de 350 mil millones de pesos; pero la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sólo dispone de unos 70 mil millones para satisfacer las necesidades expresadas y que a su importancia intrínseca añaden la de que se trata de partidas a ejercer en año electoral. Y eso que los legisladores parten del supuesto de que será válido el cálculo de la Ley de Ingresos para el precio del petróleo, establecido en 70 dólares cuando ayer quedó por debajo de 45. Si ese nivel prevaleciera habrá que hacer inevitables recortes.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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