El Mandatario mexiquense afirmó que esperará el fallo de la Suprema Corte, que analiza la violación de derechos humanos en los operativos de 2006
Y LA GAVIOTA Y LAS PIRAMIDES DAÑADASFrancisco Ortiz / Corresponsal reforma.com
Nextlalpan, Estado de México (29 de enero de 2009).- El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que las autoridades federales, estatales y municipales ejercieron un uso legítimo de la fuerza durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. De acuerdo al dictamen que analizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto el Mandatario mexiquense como el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de los excesos de autoridad cometidos en aquellos operativos. Al consultar este jueves al Gobernador Peña Nieto al respecto, afirmó que las autoridades mexiquenses esperarán el resolutivo que deberá ser dado los primeros días de febrero. "Estaremos muy atentos para conocer el resolutivo que tenga la Corte el 9 de febrero sobre ese tema (los operativos en San Salvador Atenco) y seremos absolutamente respetuosos de la determinación que tome.
"Nosotros hemos esgrimido algunas consideraciones respecto de lo que fue un uso de la facultad que tiene el Gobierno y las autoridades que participamos, de haber hecho uso legítimo de la fuerza pública para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado", dijo Peña Nieto. El dictamen de la Corte señala al Mandatario mexiquense y al Procurador de la República como responsables de las acciones policiacas ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente" contra ambulantes y activistas en mayo de 2006. En la lista de funcionarios responsables de estos excesos y violaciones a los derechos humanos también aparecen el Secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez, y el ex Procurador estatal, Abel Villicaña.
"Nosotros hemos esgrimido algunas consideraciones respecto de lo que fue un uso de la facultad que tiene el Gobierno y las autoridades que participamos, de haber hecho uso legítimo de la fuerza pública para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado", dijo Peña Nieto. El dictamen de la Corte señala al Mandatario mexiquense y al Procurador de la República como responsables de las acciones policiacas ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente" contra ambulantes y activistas en mayo de 2006. En la lista de funcionarios responsables de estos excesos y violaciones a los derechos humanos también aparecen el Secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez, y el ex Procurador estatal, Abel Villicaña.
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