El escándalo Téllez, la administración fallida
Miguel Ángel Granados Chapa
22 Feb. 09
Una de las llamadas dadas a conocer hace unos días tiene que ver con un amparo obtenido por Telcel, que la SCT habría violado alegando no haber recibido notificación
El escándalo Téllez revela que, independientemente del estado de salud del Estado mexicano, la administración pública, la rama ejecutiva del gobierno, se aproxima, si no se ha adentrado en ella, a la zona en que puede ser considerada como fallida. Como si fuera un estudio de caso que se analiza en un curso universitario, una lección de política y gobierno, el escándalo Téllez permite descubrir los modos y alcances de disputas internas en el gobierno, así como los intereses imbricados en una gestión pública que se aborda con vulgaridad, irresponsablemente, de modo banal y sin sentido alguno de servicio.
A dos semanas de haber concluido su breve periodo como subsecretaria, Purificación Carpinteyro fue denunciada ante el Ministerio Público, bajo la acusación de interferir llamadas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien en términos prácticos la había despedido (aunque ella presentara su renuncia), incapaz de negarse a aceptar que el presidente de la República la nombra en septiembre pasado. Si fuera verdad lo que en alguna de las conversaciones filtradas ha podido saberse, Téllez hubiera podido oponer a la orden presidencial la prueba de la ineficacia de la funcionaria promovida: cuando faltaba todavía un cuatrimestre para que terminara el año, en el Servicio Postal Mexicano, encabezado por Carpinteyro, había "un hoyo de mil millones de pesos", un sobreejercicio de esa magnitud, que obviamente crecería entre septiembre y diciembre, de continuar el ritmo de gasto ejercido. Si el dato era verdadero, Téllez debió hacerlo conocer a Calderón para evitar que un desempeño ineficaz fuera premiado con un ascenso. Si lo hizo saber al Presidente y éste desestimó la información y se empeñó en que se nombrara a su condiscípula en la Escuela Libre de Derecho, es al Ejecutivo mismo a quien debe imputarse tal irresponsabilidad. Y si el dato no es verdadero, sino inventado para desprestigiar a la ex subsecretaria -como ella asegura, al negar que se hubiera excedido en el gasto-, su difusión muestra los extremos a que se llega en la confusión de los intereses privados y públicos.
Este tramo del conocimiento público de la picaresca gubernamental comenzó el 12 de febrero cuando Carmen Aristegui ofreció en Noticias MVS, que conduce desde hacía exactamente un mes atrás, la grabación de una charla entre personas cercanas al secretario en que éste, creyendo hablar en privado, expresó opiniones desdeñosas sobre los ex presidentes López Portillo y Salinas. De este último, en cuyo gobierno y en cuyo círculo cercano inició Téllez una carrera que lo ha llevado ya a dos carteras ministeriales, el ahora secretario de Comunicaciones, subsecretario de Agricultura en el sexenio salinista, dijo que "se había robado la cuenta secreta", es decir, la partida sin destino fijo que se incluía en el presupuesto para que el Ejecutivo la manejara a su antojo, y que en ese lapso sumó más de 8 mil millones de pesos.
Ese mismo día, Téllez enfrentó el asunto. Admitió ser él quien hablaba en la información difundida por la periodista, y se excusó por haber descalificado a Salinas sin tener, como no tenía, base alguna para sustentar su afirmación. Ese mismo día, la revista informática Reporte Índigo, que desde Monterrey dirige Ramón Alberto Garza, hizo conocer otras llamadas telefónicas sobre asuntos diferentes y luego otros medios añadieron nuevas muestras de la incontrolada locuacidad de Téllez. El secretario ya no reaccio- nó personalmente, como en la víspera. Hizo que su director de comunicación social presentara, el viernes 13, la "postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes" sobre los contenidos de esas llamadas interferidas ilegalmente y anunció que "en breve", la SCT las denunciaría. Eso ocurrió el lunes siguiente, 16 de febrero, cuando el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría acudió a la Procuraduría General de la República. La ratificación correspondiente se hizo el martes 17, con un añadido: la SCT se querelló expresamente contra su ex funcionaria Carpinteyro.
La denuncia no incluyó la primera llamada conocida, la de Téllez sobre Salinas. Y es que no resultó de interferen- cia alguna, ni había en ella ilegalidad ninguna porque fue una suerte de mensaje dejado en el buzón de la destinataria de una llamada hecha por Téllez mismo en noviembre de 2006, época en que, según dijo al abogado Juan Velázquez, "estaba en el sector privado haciendo muy buena lana". La dueña del mensaje lo conservó a partir de entonces y dispuso de él conforme a su leal saber y entender. Carmen Aristegui lo tenía consigo desde el año pasado pero no pudo difundirlo porque durante todo 2008 careció de medio radiofónico en el cual presentarlo, como lo hizo el 12 de febrero en un contexto muy profesionalmente construido.
Ante la incorporación de su nombre a la denuncia de la SCT, la ex subsecretaria Carpinteyro negó haber interferido y divulgado las llamadas de su ex jefe. Pero hizo saber que la interferencia era conocida. Dijo que un disco con las grabaciones respectivas le fue entregado por Héctor Osuna, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), llevado a ese cargo por los beneficiarios de la Ley Televisa que él impulsó en su carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República a que perteneció durante el sexenio pasado. La entonces subsecretaria, ya en ruta de colisión con Téllez, quiso entregar las grabaciones al presidente Calderón quien, como parte del desdén con que rehusó apoyarla en su conflicto con el secretario a quien la había impuesto, ordenó que la entregara a Gobernación. Eso ocurrió hacia el 20 de enero y a partir de entonces, o quizá después del último día de ese mes en que hizo efectiva su renuncia, Carpinteyro la entregó personalmente a Fernando Gómez Mont. En Bucareli se aceptó que ese hecho había ocurrido.
Una de las llamadas cuya interferencia ha sido denunciada se refiere a un tema que resume casi didácticamente el conflicto entre Cofetel y la SCT, que resulta de la tutela de los intereses de los sujetos regulados, ejercida por una u otra. Telcel había obtenido el año pasado amparo contra la emisión de nuevas tarifas de interconexión entre esa empresa telefónica y Axtel. Ello no obstante, el 1o. de septiembre de 2008 el subsecretario Rafael del Villar las estableció, ya de últimas, pues pocos días después renunció a su cargo para ocupar el de comisionado de la Cofetel, que había ganado también en un juicio de garantías. Telcel denunció la violación del amparo y la SCT alegó no haber sido notificada del mismo. Pero la Cofetel probó que sí había corrido trasladado a la Secretaría. El 2 de octubre, esa Comisión respondió así al incidente de violación de amparo promovido por la empresa del grupo de Carlos Slim. Pero sólo firmaron esa respuesta los comisionados Osuna, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta. Se abstuvieron de hacerlo el recién llegado Del Villar y Gonzalo Martínez Pous, que también en las semanas previas había emigrado a la Cofetel desde la SCT, donde era el director de Asuntos Jurídicos, a cuyo despacho seguía asistiendo no obstante su nueva posición, que de ese modo podría ser considerada como la intromisión de Téllez en un órgano que por ser desconcentrado le está sujeto pero que representa posiciones e intereses diversos que los de Téllez.
La firma de ese documento (que implicaba el desacato de Téllez a una resolución de amparo, la misma circunstancia que fue invocada por Fox para el desafuero de López Obrador) obligó al secretario a llamar al consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio Robles, a su consejero legal Juan Velásquez y a otros implicados. Se trataba de impedir el envío de esa comunicación, apelando al nombre de Calderón, cuyo secretario privado entonces, César Nava, habría sido engañado por Osuna. En el chismerío trivial que se evidencia en torno al tema queda planteado por Téllez un dilema que Calderón no ha querido resolver: que escoja entre Osuna y él mismo: "Mira qué bronca, ya estoy hasta la madre. Que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo".
Ligada con estos asuntos, abordados con la elegancia y finura de que da muestra esa última expresión, está la controversia sobre el reglamento interno de la SCT. Requiere tratamiento aparte.
El escándalo Téllez revela que, independientemente del estado de salud del Estado mexicano, la administración pública, la rama ejecutiva del gobierno, se aproxima, si no se ha adentrado en ella, a la zona en que puede ser considerada como fallida. Como si fuera un estudio de caso que se analiza en un curso universitario, una lección de política y gobierno, el escándalo Téllez permite descubrir los modos y alcances de disputas internas en el gobierno, así como los intereses imbricados en una gestión pública que se aborda con vulgaridad, irresponsablemente, de modo banal y sin sentido alguno de servicio.
A dos semanas de haber concluido su breve periodo como subsecretaria, Purificación Carpinteyro fue denunciada ante el Ministerio Público, bajo la acusación de interferir llamadas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien en términos prácticos la había despedido (aunque ella presentara su renuncia), incapaz de negarse a aceptar que el presidente de la República la nombra en septiembre pasado. Si fuera verdad lo que en alguna de las conversaciones filtradas ha podido saberse, Téllez hubiera podido oponer a la orden presidencial la prueba de la ineficacia de la funcionaria promovida: cuando faltaba todavía un cuatrimestre para que terminara el año, en el Servicio Postal Mexicano, encabezado por Carpinteyro, había "un hoyo de mil millones de pesos", un sobreejercicio de esa magnitud, que obviamente crecería entre septiembre y diciembre, de continuar el ritmo de gasto ejercido. Si el dato era verdadero, Téllez debió hacerlo conocer a Calderón para evitar que un desempeño ineficaz fuera premiado con un ascenso. Si lo hizo saber al Presidente y éste desestimó la información y se empeñó en que se nombrara a su condiscípula en la Escuela Libre de Derecho, es al Ejecutivo mismo a quien debe imputarse tal irresponsabilidad. Y si el dato no es verdadero, sino inventado para desprestigiar a la ex subsecretaria -como ella asegura, al negar que se hubiera excedido en el gasto-, su difusión muestra los extremos a que se llega en la confusión de los intereses privados y públicos.
Este tramo del conocimiento público de la picaresca gubernamental comenzó el 12 de febrero cuando Carmen Aristegui ofreció en Noticias MVS, que conduce desde hacía exactamente un mes atrás, la grabación de una charla entre personas cercanas al secretario en que éste, creyendo hablar en privado, expresó opiniones desdeñosas sobre los ex presidentes López Portillo y Salinas. De este último, en cuyo gobierno y en cuyo círculo cercano inició Téllez una carrera que lo ha llevado ya a dos carteras ministeriales, el ahora secretario de Comunicaciones, subsecretario de Agricultura en el sexenio salinista, dijo que "se había robado la cuenta secreta", es decir, la partida sin destino fijo que se incluía en el presupuesto para que el Ejecutivo la manejara a su antojo, y que en ese lapso sumó más de 8 mil millones de pesos.
Ese mismo día, Téllez enfrentó el asunto. Admitió ser él quien hablaba en la información difundida por la periodista, y se excusó por haber descalificado a Salinas sin tener, como no tenía, base alguna para sustentar su afirmación. Ese mismo día, la revista informática Reporte Índigo, que desde Monterrey dirige Ramón Alberto Garza, hizo conocer otras llamadas telefónicas sobre asuntos diferentes y luego otros medios añadieron nuevas muestras de la incontrolada locuacidad de Téllez. El secretario ya no reaccio- nó personalmente, como en la víspera. Hizo que su director de comunicación social presentara, el viernes 13, la "postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes" sobre los contenidos de esas llamadas interferidas ilegalmente y anunció que "en breve", la SCT las denunciaría. Eso ocurrió el lunes siguiente, 16 de febrero, cuando el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría acudió a la Procuraduría General de la República. La ratificación correspondiente se hizo el martes 17, con un añadido: la SCT se querelló expresamente contra su ex funcionaria Carpinteyro.
La denuncia no incluyó la primera llamada conocida, la de Téllez sobre Salinas. Y es que no resultó de interferen- cia alguna, ni había en ella ilegalidad ninguna porque fue una suerte de mensaje dejado en el buzón de la destinataria de una llamada hecha por Téllez mismo en noviembre de 2006, época en que, según dijo al abogado Juan Velázquez, "estaba en el sector privado haciendo muy buena lana". La dueña del mensaje lo conservó a partir de entonces y dispuso de él conforme a su leal saber y entender. Carmen Aristegui lo tenía consigo desde el año pasado pero no pudo difundirlo porque durante todo 2008 careció de medio radiofónico en el cual presentarlo, como lo hizo el 12 de febrero en un contexto muy profesionalmente construido.
Ante la incorporación de su nombre a la denuncia de la SCT, la ex subsecretaria Carpinteyro negó haber interferido y divulgado las llamadas de su ex jefe. Pero hizo saber que la interferencia era conocida. Dijo que un disco con las grabaciones respectivas le fue entregado por Héctor Osuna, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), llevado a ese cargo por los beneficiarios de la Ley Televisa que él impulsó en su carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República a que perteneció durante el sexenio pasado. La entonces subsecretaria, ya en ruta de colisión con Téllez, quiso entregar las grabaciones al presidente Calderón quien, como parte del desdén con que rehusó apoyarla en su conflicto con el secretario a quien la había impuesto, ordenó que la entregara a Gobernación. Eso ocurrió hacia el 20 de enero y a partir de entonces, o quizá después del último día de ese mes en que hizo efectiva su renuncia, Carpinteyro la entregó personalmente a Fernando Gómez Mont. En Bucareli se aceptó que ese hecho había ocurrido.
Una de las llamadas cuya interferencia ha sido denunciada se refiere a un tema que resume casi didácticamente el conflicto entre Cofetel y la SCT, que resulta de la tutela de los intereses de los sujetos regulados, ejercida por una u otra. Telcel había obtenido el año pasado amparo contra la emisión de nuevas tarifas de interconexión entre esa empresa telefónica y Axtel. Ello no obstante, el 1o. de septiembre de 2008 el subsecretario Rafael del Villar las estableció, ya de últimas, pues pocos días después renunció a su cargo para ocupar el de comisionado de la Cofetel, que había ganado también en un juicio de garantías. Telcel denunció la violación del amparo y la SCT alegó no haber sido notificada del mismo. Pero la Cofetel probó que sí había corrido trasladado a la Secretaría. El 2 de octubre, esa Comisión respondió así al incidente de violación de amparo promovido por la empresa del grupo de Carlos Slim. Pero sólo firmaron esa respuesta los comisionados Osuna, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta. Se abstuvieron de hacerlo el recién llegado Del Villar y Gonzalo Martínez Pous, que también en las semanas previas había emigrado a la Cofetel desde la SCT, donde era el director de Asuntos Jurídicos, a cuyo despacho seguía asistiendo no obstante su nueva posición, que de ese modo podría ser considerada como la intromisión de Téllez en un órgano que por ser desconcentrado le está sujeto pero que representa posiciones e intereses diversos que los de Téllez.
La firma de ese documento (que implicaba el desacato de Téllez a una resolución de amparo, la misma circunstancia que fue invocada por Fox para el desafuero de López Obrador) obligó al secretario a llamar al consejero jurídico de Los Pinos, Miguel Alessio Robles, a su consejero legal Juan Velásquez y a otros implicados. Se trataba de impedir el envío de esa comunicación, apelando al nombre de Calderón, cuyo secretario privado entonces, César Nava, habría sido engañado por Osuna. En el chismerío trivial que se evidencia en torno al tema queda planteado por Téllez un dilema que Calderón no ha querido resolver: que escoja entre Osuna y él mismo: "Mira qué bronca, ya estoy hasta la madre. Que se queden con Osuna y que se lo metan por el culo".
Ligada con estos asuntos, abordados con la elegancia y finura de que da muestra esa última expresión, está la controversia sobre el reglamento interno de la SCT. Requiere tratamiento aparte.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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