- En 2006 el INM decidió que no regresarán a México en 5 años
- Amparan a cinco extranjeros expulsados por el caso Atenco
- No hay pruebas de que hayan participado en los hechos, sostiene juez
Rayuela
En Atenco se hizo un poco de justicia. Ya sólo falta liberar a presos y castigar a policías y políticos responsables de asesinatos, violaciones y golpes.
El juez federal Gilberto Romero concedió amparo de primera instancia a dos españolas, dos chilenos y una alemana, quienes fueron expulsados del país en mayo de 2006 por el Instituto Nacional de Migración (INM), con el argumento de que supuestamente realizaron prácticas de protesta indebidas por su calidad de extranjeros, debido a su presunta participación en los enfrentamientos de policías con comerciantes y campesinos de San Salvador Atenco, estado de México, informaron ayer fuentes judiciales.
El juez sostuvo que no existen pruebas que demuestren que los extranjeros hayan participado activamente en esos hechos, por lo que revocó la orden de expulsión dictada por el INM. Sin embargo, falta que el amparo de fondo sea ratificado por un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados federales.
La expulsión ordenada por las autoridades migratorias mexicanas afectó en su momento a las españolas Cristina Valls y María Sostres, a los chilenos Valentina Larisa Palma y Mario Alberto Aguirre, así como a la alemana Samantha Dietmar.
Con la revocación dictada por el juez quedó sin validez el acuerdo emitido por el INM contra los cinco extranjeros que en mayo de 2006 fueron detenidos por policías federales y del estado de México, durante los operativos policiacos realizados en San Salvador Atenco.
El fallo de Gilberto Romero, según consta en registros del juzgado décimo de distrito en materia de amparo penal, restituye a los cinco extranjeros el derecho para que puedan volver a visitar territorio mexicano, ya que en 2006 las autoridades del INM les prohibieron regresar durante cinco años.
No obstante, la sentencia surtirá efectos hasta que sea confirmada por un tribunal colegiado de circuito, lo cual alargará este litigio al menos dos meses.
Paralelamente a este juicio de garantías iniciado en tribunales mexicanos, Cristina Valls presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de España contra las autoridades mexicanas implicadas en el caso, por supuestas torturas sicológicas, físicas y sexuales sufridas durante los disturbios de San Salvador Atenco en mayo de 2006.
El pasado 5 de febrero, el juez Fernando Grande, de la Audiencia Nacional de España, rechazó investigar la denuncia que presentó Valls, con el argumento de que en México existía un proceso abierto para dilucidar esos hechos y sancionar a los responsables.
A principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver sobre la investigación realizada por una comisión designada por ese organismo, que hubo violación a los derechos humanos de cientos de habitantes de Atenco, incluyendo abusos sexuales contra mujeres que fueron detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006.
La Corte deslindó de cualquier responsabilidad por esos hechos al actual gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y a otros funcionarios de primer nivel del gobierno federal.
El juez sostuvo que no existen pruebas que demuestren que los extranjeros hayan participado activamente en esos hechos, por lo que revocó la orden de expulsión dictada por el INM. Sin embargo, falta que el amparo de fondo sea ratificado por un tribunal colegiado, integrado por tres magistrados federales.
La expulsión ordenada por las autoridades migratorias mexicanas afectó en su momento a las españolas Cristina Valls y María Sostres, a los chilenos Valentina Larisa Palma y Mario Alberto Aguirre, así como a la alemana Samantha Dietmar.
Con la revocación dictada por el juez quedó sin validez el acuerdo emitido por el INM contra los cinco extranjeros que en mayo de 2006 fueron detenidos por policías federales y del estado de México, durante los operativos policiacos realizados en San Salvador Atenco.
El fallo de Gilberto Romero, según consta en registros del juzgado décimo de distrito en materia de amparo penal, restituye a los cinco extranjeros el derecho para que puedan volver a visitar territorio mexicano, ya que en 2006 las autoridades del INM les prohibieron regresar durante cinco años.
No obstante, la sentencia surtirá efectos hasta que sea confirmada por un tribunal colegiado de circuito, lo cual alargará este litigio al menos dos meses.
Paralelamente a este juicio de garantías iniciado en tribunales mexicanos, Cristina Valls presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de España contra las autoridades mexicanas implicadas en el caso, por supuestas torturas sicológicas, físicas y sexuales sufridas durante los disturbios de San Salvador Atenco en mayo de 2006.
El pasado 5 de febrero, el juez Fernando Grande, de la Audiencia Nacional de España, rechazó investigar la denuncia que presentó Valls, con el argumento de que en México existía un proceso abierto para dilucidar esos hechos y sancionar a los responsables.
A principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver sobre la investigación realizada por una comisión designada por ese organismo, que hubo violación a los derechos humanos de cientos de habitantes de Atenco, incluyendo abusos sexuales contra mujeres que fueron detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006.
La Corte deslindó de cualquier responsabilidad por esos hechos al actual gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y a otros funcionarios de primer nivel del gobierno federal.
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