La inteligencia del Cisen, basada en fuentes y dichos del dominio público
Fabiola Martínez
Cisen: todos saben que hay dinero del narco en elecciones
El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sustentó su análisis sobre la eventual existencia de dinero del narcotráfico en las campañas electorales en lo que relatan los periodistas en sus notas y también con base en lo que dicen públicamente otros funcionarios. Las hipótesis que construyó Valdés Castellanos respecto de ese tema –señala el propio organismo– surgieron de dos elementos de dominio público: declaraciones de diversas figuras públicas y lo que establece la normatividad electoral, aspectos que fueron combinados con su experiencia en la creación de posibles escenarios. El Cisen argumenta que el uso de fuentes públicas es una práctica común en servicios que, como este órgano, operan en un Estado democrático, sujeto a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. De esa manera respondió el órgano de inteligencia del gobierno federal a una petición de información hecha por un ciudadano a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), solicitud 0410000023108.
El Cisen tiene un presupuesto para este año cercano a 2 mil 400 millones de pesos –el monto más alto en su historia– así como una plantilla de varios cientos de empleados (el número exacto es un dato confidencial), cuya responsabilidad es generar información que sirva para alertar de la existencia de amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional. El 15 de julio pasado, Valdés Castellanos declaró al Financial Times que no descartaba la posibilidad de que el dinero proveniente de la droga esté involucrado en las campañas de algunos legisladores. “Es un riesgo real… el Congreso no está exento”, indicó.
Tras estos comentarios, el ciudadano solicitó al Cisen la documentación que sustentara los dichos del titular del organismo. Las declaraciones en referencia fueron difundidas apenas días después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitara al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación la remoción de Valdés por carecer de la confianza de ese órgano legislativo. En tal contexto, el Cisen primero solicitó una prórroga para fijar una respuesta a la solicitud de información; luego resolvió que los datos requeridos no existían en los archivos o sistemas de datos personales de la dependencia.
El mismo ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mismo que el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero validó; finalmente, en enero pasado, por unanimidad, los integrantes del pleno del IFAI ordenaron al Cisen elaborar y entregar una versión pública de los documentos solicitados, con base en los cuales el director del organismo emitió sus comentarios en la entrevista con el diario británico.
Sólo declaraciones públicas
Hace algunos días, el Cisen respondió que dispone y cuenta ya con el documento solicitado. Tales textos, sin embargo, resultaron ser declaraciones públicas del ex procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha; de Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, así como de los ex legisladores Eliana García Laguna (PRD) y Julián Angulo Góngora (PAN). Valdés también retomó, para elaborar sus hipótesis, un artículo de la revista Letras libres titulado Narcotráfico y Estado: el discreto encanto de la corrupción (9/05); un texto publicado por la revista Contralínea (10/07) con el título ¿Qué grupos financiaron la campaña, donde –dice el Cisen– se argumenta sobre el financiamiento de la delincuencia organizada a campañas políticas. Además, un artículo publicado en el periódico La Crónica, titulado “Denuncia Peña Nieto que los cárteles del narcotráfico financian campañas”.
Para su análisis, el Cisen asegura que su director general retomó lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) respecto de los diferentes mecanismos para controlar los recursos de los partidos políticos. No obstante lo anterior –señala el organismo de inteligencia civil–, el Cofipe carece de marco jurídico que le permita allegarse de información proveniente de autoridades competentes para conocer su certeza su origen. Respecto de la metodología que utiliza para la construcción de escenarios, el Cisen precisa que utiliza información disponible en el presente para posteriormente sugerir cursos de acción con el objeto de impedir la emergencia de escenarios no deseables y favorecer las probabilidades de ocurrencia de los deseables.
La metodología, añade, se sustenta en “el constante monitoreo de fuentes abiertas y a otras fuentes de información para la identificación de datos concatenados que se traducen en tendencias; la repetición en el tiempo y espacio de una relación –afirma– da origen a un posible escenario.
“A mayor abundamiento, debe decirse que el fundamento de la construcción de escenarios es la observación de la realidad… en la actualidad, la mayor parte de la información que procesan los organismos de inteligencia procede del monitoreo de fuentes de acceso público”, asevera el Cisen.
El Cisen tiene un presupuesto para este año cercano a 2 mil 400 millones de pesos –el monto más alto en su historia– así como una plantilla de varios cientos de empleados (el número exacto es un dato confidencial), cuya responsabilidad es generar información que sirva para alertar de la existencia de amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional. El 15 de julio pasado, Valdés Castellanos declaró al Financial Times que no descartaba la posibilidad de que el dinero proveniente de la droga esté involucrado en las campañas de algunos legisladores. “Es un riesgo real… el Congreso no está exento”, indicó.
Tras estos comentarios, el ciudadano solicitó al Cisen la documentación que sustentara los dichos del titular del organismo. Las declaraciones en referencia fueron difundidas apenas días después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitara al Presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación la remoción de Valdés por carecer de la confianza de ese órgano legislativo. En tal contexto, el Cisen primero solicitó una prórroga para fijar una respuesta a la solicitud de información; luego resolvió que los datos requeridos no existían en los archivos o sistemas de datos personales de la dependencia.
El mismo ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, mismo que el comisionado ponente Juan Pablo Guerrero validó; finalmente, en enero pasado, por unanimidad, los integrantes del pleno del IFAI ordenaron al Cisen elaborar y entregar una versión pública de los documentos solicitados, con base en los cuales el director del organismo emitió sus comentarios en la entrevista con el diario británico.
Sólo declaraciones públicas
Hace algunos días, el Cisen respondió que dispone y cuenta ya con el documento solicitado. Tales textos, sin embargo, resultaron ser declaraciones públicas del ex procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha; de Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, así como de los ex legisladores Eliana García Laguna (PRD) y Julián Angulo Góngora (PAN). Valdés también retomó, para elaborar sus hipótesis, un artículo de la revista Letras libres titulado Narcotráfico y Estado: el discreto encanto de la corrupción (9/05); un texto publicado por la revista Contralínea (10/07) con el título ¿Qué grupos financiaron la campaña, donde –dice el Cisen– se argumenta sobre el financiamiento de la delincuencia organizada a campañas políticas. Además, un artículo publicado en el periódico La Crónica, titulado “Denuncia Peña Nieto que los cárteles del narcotráfico financian campañas”.
Para su análisis, el Cisen asegura que su director general retomó lo que dice el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) respecto de los diferentes mecanismos para controlar los recursos de los partidos políticos. No obstante lo anterior –señala el organismo de inteligencia civil–, el Cofipe carece de marco jurídico que le permita allegarse de información proveniente de autoridades competentes para conocer su certeza su origen. Respecto de la metodología que utiliza para la construcción de escenarios, el Cisen precisa que utiliza información disponible en el presente para posteriormente sugerir cursos de acción con el objeto de impedir la emergencia de escenarios no deseables y favorecer las probabilidades de ocurrencia de los deseables.
La metodología, añade, se sustenta en “el constante monitoreo de fuentes abiertas y a otras fuentes de información para la identificación de datos concatenados que se traducen en tendencias; la repetición en el tiempo y espacio de una relación –afirma– da origen a un posible escenario.
“A mayor abundamiento, debe decirse que el fundamento de la construcción de escenarios es la observación de la realidad… en la actualidad, la mayor parte de la información que procesan los organismos de inteligencia procede del monitoreo de fuentes de acceso público”, asevera el Cisen.
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