José A. Crespo
Impunidad partidaria
La tradición política de nuestros partidos ha sido la de encubrir y excusar a sus militantes, hagan lo que hagan. Hay excepciones, pero son eso.
Cuando aflora un caso de corrupción o delito en algún miembro de cualquier partido político, eso no significa que todo el partido —o todo el gobierno al que pertenece— son cómplices o partícipes del ilícito. Pero tampoco se puede excluir en automático esa posibilidad. Es inevitable al menos plantear la interrogante sobre quiénes dirigieron la acción ilegal descubierta, quiénes la ordenaron, quiénes participaron, quiénes supieron de la misma, más allá del directamente involucrado. Y es que la tradición política de nuestros partidos ha sido la de encubrir y excusar a sus militantes, hagan lo que hagan. Hay excepciones, pero son eso.
Eso contrasta con lo que vemos en muchos países democráticos, donde la revelación de un acto de corrupción genera de inmediato el deslinde del partido en cuestión y deja al infractor asumir su responsabilidad. Casos como esos sobran en tales democracias. En México, la racionalidad es otra: si a un militante distinguido de cualquier partido se le sorprende en alguna corruptela, se piensa que, de permitirse que sea sancionado legal o políticamente, su partido quedará manchado. Por lo cual, es ese partido el más interesado en que al infractor se le exonere formalmente, aunque abunden evidencias en su contra. Pero también se pretende enviar a los militantes del partido en cuestión el mensaje de que los protegerá por encima de todo, que sus afiliados están antes que la legalidad o la justicia. Eso se traduce, desde luego, en impunidad y alicientes para seguir delinquiendo, como sucede hasta en las mejores familias. Es una regla forjada durante el régimen priista y aceptada por todos los partidos políticos (en mayor o menor medida, pero en todos se aplica). Casos emblemáticos de ello son los líderes sindicales responsables del Pemexgate, o Mario Marín, o Arturo Montiel, que están libres como pájaros. Del otro lado, ahí están los hermanos Bribiesca, disfrutando de su fortuna recién adquirida al amparo del poder. René Bejarano y Rosario Robles fueron expulsados del PRD, y aunque el primero pasó un tiempo en la cárcel, ahora sigue cercano a su antiguo partido, aún por fuera.
La regla de la impunidad a toda costa encuentra su límite, cuando el caso llega a ser indefendible, o cuando un gobierno (estatal o federal) decide sacrificar a uno de los suyos a partir de una presión incontenible de la oposición o la opinión pública. Fue el caso de varios peces gordos detenidos durante el régimen priista, como ArturoEl NegroDurazo o Joaquín Hernández GaliciaLa Quina. En el caso de Miguel Ángel Almaraz, involucrado en el robo de combustible a Pemex (y protegido por Los Zetas, según dicen), todos en el PRD se deslindan al aducir de manera inverosímil que nadie sabe cómo ni con el respaldo de quién llegó a donde llegó.
En lo que hace al reciente escándalo en la Lotería Nacional, está involucrado su director, Miguel Ángel Jiménez, por intentar el desvío de fondos públicos con fines electorales. Su militancia es panalista (partido del que fue primer presidente), pero ahora intentó jugar a favor del PAN en Campeche, pese a ser su partido aliado del PRI en esa entidad. ¿Lo hizo por instrucción o con la venia de su jefa Elba Esther Gordillo? Sería raro que lo hiciera por iniciativa propia. Pero un probable deslinde de la maestra podría ser su expulsión del PANAL. ¿Lo sabía Felipe Calderón? Es poco probable, pero no debería sorprenderle lo ocurrido, sabiendo como sabe del expertise de su aliada Elba Esther y los suyos en alquimia electoral, gracias a la cual ocupa hoy Los Pinos (lo que explica los importantes cargos públicos puestos a la disposición de la maestra).
Por lo pronto, el director de la Lotería ha presentado una renuncia “provisional” para que se realicen las investigaciones. Lo más probable es que no regrese, pero también, que no haya sanción legal alguna. Esa es una de las nuevas reglas de los gobiernos panistas: cuando es inevitable, procede la renuncia, pero jamás una sanción legal. Ocurrió también con aquella directora de la Lotería, amiga de Marta Sahagún, que operó la triangulación de fondos públicos que fueron a dar a las arcas de Vamos México. Se dijo de aquella directora que era excelente funcionaria, poco antes de dimitir, y se cerró cualquier expediente legal. En el caso de Jiménez, todo indica que hubo tentativa de delito, al menos electoral, por lo que la Fiscalía Especializada para tales casos tiene una nueva oportunidad con el fin de demostrar que sirve de algo. Pero, estando supeditada al Ejecutivo —en lugar de ser autónoma— lo más probable es que decida con criterios políticos en lugar de con criterios jurídicos. Si a Jiménez se le hallara inocente, tendría en justicia que regresar a su puesto. Si no,debería serle aplicada la sanción legal correspondiente. Sin embargo, probablemente, no ocurrirá ninguna de las dos cosas: el caso quedará en la ambigüedad que oculta la impunidad imperante, pues es lo que se estila en México. Como sea, lo de la Lotería es una muestra más de cómo se siguen manejando los comicios en México, pues, ¿cuántos casos como ese habrá, de los cuales no nos hayamos enterado por existir la anuencia de los medios invitados? Carlos Castillo Peraza estaría orgulloso del Diario de Yucatán, del que fue colaborador desde sus mocedades, pero probablemente no lo estaría tanto del PAN (el cual, evidentemente, hace como que le habla la Virgen).
Muestrario. Ya van tres secretarios de Educación Pública bajo gobiernos panistas. Hasta ahora hay dos modelos de operación: el de Reyes Tamés, que se puso a las órdenes de la maestra Gordillo, quien incluso le tronaba los dedos y el otro obedecía en un santiamén (de lo cual hay registro telefónico ilícitamente grabado). Y así completó el sexenio. Josefina Vázquez se confrontó con la maestra, y ahora va a San Lázaro a la -mitad de su encargo. ¿Cuál de esos esquemas seguirá Alonso Lujambio, o acaso logrará abrir una “tercera vía”?
Eso contrasta con lo que vemos en muchos países democráticos, donde la revelación de un acto de corrupción genera de inmediato el deslinde del partido en cuestión y deja al infractor asumir su responsabilidad. Casos como esos sobran en tales democracias. En México, la racionalidad es otra: si a un militante distinguido de cualquier partido se le sorprende en alguna corruptela, se piensa que, de permitirse que sea sancionado legal o políticamente, su partido quedará manchado. Por lo cual, es ese partido el más interesado en que al infractor se le exonere formalmente, aunque abunden evidencias en su contra. Pero también se pretende enviar a los militantes del partido en cuestión el mensaje de que los protegerá por encima de todo, que sus afiliados están antes que la legalidad o la justicia. Eso se traduce, desde luego, en impunidad y alicientes para seguir delinquiendo, como sucede hasta en las mejores familias. Es una regla forjada durante el régimen priista y aceptada por todos los partidos políticos (en mayor o menor medida, pero en todos se aplica). Casos emblemáticos de ello son los líderes sindicales responsables del Pemexgate, o Mario Marín, o Arturo Montiel, que están libres como pájaros. Del otro lado, ahí están los hermanos Bribiesca, disfrutando de su fortuna recién adquirida al amparo del poder. René Bejarano y Rosario Robles fueron expulsados del PRD, y aunque el primero pasó un tiempo en la cárcel, ahora sigue cercano a su antiguo partido, aún por fuera.
La regla de la impunidad a toda costa encuentra su límite, cuando el caso llega a ser indefendible, o cuando un gobierno (estatal o federal) decide sacrificar a uno de los suyos a partir de una presión incontenible de la oposición o la opinión pública. Fue el caso de varios peces gordos detenidos durante el régimen priista, como ArturoEl NegroDurazo o Joaquín Hernández GaliciaLa Quina. En el caso de Miguel Ángel Almaraz, involucrado en el robo de combustible a Pemex (y protegido por Los Zetas, según dicen), todos en el PRD se deslindan al aducir de manera inverosímil que nadie sabe cómo ni con el respaldo de quién llegó a donde llegó.
En lo que hace al reciente escándalo en la Lotería Nacional, está involucrado su director, Miguel Ángel Jiménez, por intentar el desvío de fondos públicos con fines electorales. Su militancia es panalista (partido del que fue primer presidente), pero ahora intentó jugar a favor del PAN en Campeche, pese a ser su partido aliado del PRI en esa entidad. ¿Lo hizo por instrucción o con la venia de su jefa Elba Esther Gordillo? Sería raro que lo hiciera por iniciativa propia. Pero un probable deslinde de la maestra podría ser su expulsión del PANAL. ¿Lo sabía Felipe Calderón? Es poco probable, pero no debería sorprenderle lo ocurrido, sabiendo como sabe del expertise de su aliada Elba Esther y los suyos en alquimia electoral, gracias a la cual ocupa hoy Los Pinos (lo que explica los importantes cargos públicos puestos a la disposición de la maestra).
Por lo pronto, el director de la Lotería ha presentado una renuncia “provisional” para que se realicen las investigaciones. Lo más probable es que no regrese, pero también, que no haya sanción legal alguna. Esa es una de las nuevas reglas de los gobiernos panistas: cuando es inevitable, procede la renuncia, pero jamás una sanción legal. Ocurrió también con aquella directora de la Lotería, amiga de Marta Sahagún, que operó la triangulación de fondos públicos que fueron a dar a las arcas de Vamos México. Se dijo de aquella directora que era excelente funcionaria, poco antes de dimitir, y se cerró cualquier expediente legal. En el caso de Jiménez, todo indica que hubo tentativa de delito, al menos electoral, por lo que la Fiscalía Especializada para tales casos tiene una nueva oportunidad con el fin de demostrar que sirve de algo. Pero, estando supeditada al Ejecutivo —en lugar de ser autónoma— lo más probable es que decida con criterios políticos en lugar de con criterios jurídicos. Si a Jiménez se le hallara inocente, tendría en justicia que regresar a su puesto. Si no,debería serle aplicada la sanción legal correspondiente. Sin embargo, probablemente, no ocurrirá ninguna de las dos cosas: el caso quedará en la ambigüedad que oculta la impunidad imperante, pues es lo que se estila en México. Como sea, lo de la Lotería es una muestra más de cómo se siguen manejando los comicios en México, pues, ¿cuántos casos como ese habrá, de los cuales no nos hayamos enterado por existir la anuencia de los medios invitados? Carlos Castillo Peraza estaría orgulloso del Diario de Yucatán, del que fue colaborador desde sus mocedades, pero probablemente no lo estaría tanto del PAN (el cual, evidentemente, hace como que le habla la Virgen).
Muestrario. Ya van tres secretarios de Educación Pública bajo gobiernos panistas. Hasta ahora hay dos modelos de operación: el de Reyes Tamés, que se puso a las órdenes de la maestra Gordillo, quien incluso le tronaba los dedos y el otro obedecía en un santiamén (de lo cual hay registro telefónico ilícitamente grabado). Y así completó el sexenio. Josefina Vázquez se confrontó con la maestra, y ahora va a San Lázaro a la -mitad de su encargo. ¿Cuál de esos esquemas seguirá Alonso Lujambio, o acaso logrará abrir una “tercera vía”?
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