Viernes, 03 de Abril de 2009
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
Cada semana de las últimas tres, el líder nacional del PAN, Germán Martínez, ha señalado, de manera ascendente, que los gobiernos del PRI habían protegido a los cárteles de la droga, que como frenaban una iniciativa de ley contra el narcomenudeo no estaban del lado del Presidente en la lucha contra los narcotraficantes, y finalmente acusó al candidato a diputado federal por Ciudad Juárez, Héctor Murguía, de estar vinculado con cárteles de la droga. En las tres ocasiones, el PRI se dobló. Primero le respondieron con insultos, luego no le contestaron a él sino al Presidente, y después Murguía retiró su candidatura al cargo. Tres consecutivas metió Martínez.
Su posición fue minimizada y, sobretodo, descontextualizada. Acusaron que ante la caída de preferencias electorales del PAN, estaba tratando de recuperar terreno entre los votantes. Aunque es cierto que el PAN se encuentra por debajo del PRI de cara a las elecciones federales de julio, la distancia se ha venido acortando inclusive desde antes que comenzara Martínez a golpear a los priistas. La estrategia sí es electoral, pero no es cortoplacista, sino que el golpe, de ser colocado con la fuerza y dirección que está planeando la cúpula panista, puede tener efectos ciertamente devastadores.
El caso de Murguía es el mejor ejemplo de la manera como Martínez está dosificando la información que tiene sobre la oscura faceta de la relación de los políticos con el narcotráfico. Murguía era presidente municipal de Ciudad Juárez cuando contrató a Marco Antonio Torres Moreno como secretario de Seguridad Pública Municipal. Torres Moreno, a su vez, le dio trabajo a Saulo Reyes como director operativo de la policía. En 2008, Reyes fue detenido en El Paso, Texas, con mariguana y dinero, y comenzó a hablar. Entre otras cosas, reveló la relación de los políticos de Juárez con el cártel local y con sus rivales de Sinaloa.
Martínez denunció a Murguía con base en un informe de inteligencia que dijo tener. El líder nacional del PAN ha sido cuestionado en relación a la existencia de ese reporte. Pero documentos de inteligencia, no sólo tiene la DEA, sino existen en el CISEN, con mayor contenido. Reflejan no sólo las redes de corrupción dentro de las instituciones políticas y policiales de Juárez, sino de Chihuahua entera, mencionando la red tejida por los cárteles de la droga en la entidad.
Con esa información, Martínez tendría la posibilidad de hacer estallar varios niveles de gobierno en Chihuahua, pero sería quemar todo en una batalla. Otros documentos del CISEN establecen el pasado del personaje que parece secundario en este drama norteño, Moreno Torres, que lo ubican originalmente dentro de los cuerpos de seguridad de Tamaulipas, hace casi una década, y de ahí viajar al centro del país, donde tuvo varios cargos dentro de la policía municipal mexiquense durante el gobierno de Arturo Montiel.
En caprichosa coincidencia, durante el paso de Moreno Torres por el estado de México, el Cártel del Golfo entró a disputar la plaza con el Cártel de Tijuana, que históricamente tenían presencia en la región a través de sus bodegas de distribución de drogas, y se enfrentó al Cártel de Sinaloa por el control de los mercados. Varios de sus segundos fueron acusados de vender la plaza a más de un cártel, y algunos inclusive aparecieron ejecutados.
Al terminar Montiel su mandato, se fue con Reyes a Ciudad Juárez, donde el último año ha sido el epicentro de la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, contra el Golfo y los hermanos Beltrán Leyva. El episodio de Murguía es un prólogo de lo que viene. Esto es, vincular directamente a priístas con cárteles de la droga. En las manos tiene la llave para vincular la violencia en Chihuahua con el estado de México, y en los archivos del gobierno hay todo un arsenal contra gobernantes del PRI. El más explosivo trata la relación de personas cercanas al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás con narcotraficantes, donde se repitió el esquema del Edomex y Chihuahua: se vendió la plaza a más de un cártel de la droga.
De las seis gubernaturas que se juegan este año, la priista a la cual consideran los estrategas del PAN que podría cambiar de manos es precisamente Nuevo León, por los negativos crecientes de González Parás. El estado de México es otro botín político al que aspiran. Aunque la información sobre las presuntas relaciones de ex funcionarios de Montiel con el narcotráfico no llega al gobernador Enrique Peña Nieto, un escándalo en su entidad podría tener impacto negativo –que pudiera alimentarse con el tiempo- en la principal figura que tiene el PRI hoy en día para la candidatura presidencial de 2012.
Martínez no está buscando sólo que el PAN mantenga una fuerte presencia en el Congreso, sino está creando las condiciones para establecer un nuevo marco de relación con el PRI durante la segunda parte del sexenio del presidente Felipe Calderón, y pavimentando, a través de la destrucción de los caminos de sus adversarios priistas, los puentes que le permitan al partido llegar con mayores posibilidades de triunfo en el 2012. La campaña electoral que se avecina viene muy cargada de lodo. Pero no es institucional, como creen los priístas que será. Es individualizada, que siempre duele más y que, por razones sicológicas, más daño infringe.
Su posición fue minimizada y, sobretodo, descontextualizada. Acusaron que ante la caída de preferencias electorales del PAN, estaba tratando de recuperar terreno entre los votantes. Aunque es cierto que el PAN se encuentra por debajo del PRI de cara a las elecciones federales de julio, la distancia se ha venido acortando inclusive desde antes que comenzara Martínez a golpear a los priistas. La estrategia sí es electoral, pero no es cortoplacista, sino que el golpe, de ser colocado con la fuerza y dirección que está planeando la cúpula panista, puede tener efectos ciertamente devastadores.
El caso de Murguía es el mejor ejemplo de la manera como Martínez está dosificando la información que tiene sobre la oscura faceta de la relación de los políticos con el narcotráfico. Murguía era presidente municipal de Ciudad Juárez cuando contrató a Marco Antonio Torres Moreno como secretario de Seguridad Pública Municipal. Torres Moreno, a su vez, le dio trabajo a Saulo Reyes como director operativo de la policía. En 2008, Reyes fue detenido en El Paso, Texas, con mariguana y dinero, y comenzó a hablar. Entre otras cosas, reveló la relación de los políticos de Juárez con el cártel local y con sus rivales de Sinaloa.
Martínez denunció a Murguía con base en un informe de inteligencia que dijo tener. El líder nacional del PAN ha sido cuestionado en relación a la existencia de ese reporte. Pero documentos de inteligencia, no sólo tiene la DEA, sino existen en el CISEN, con mayor contenido. Reflejan no sólo las redes de corrupción dentro de las instituciones políticas y policiales de Juárez, sino de Chihuahua entera, mencionando la red tejida por los cárteles de la droga en la entidad.
Con esa información, Martínez tendría la posibilidad de hacer estallar varios niveles de gobierno en Chihuahua, pero sería quemar todo en una batalla. Otros documentos del CISEN establecen el pasado del personaje que parece secundario en este drama norteño, Moreno Torres, que lo ubican originalmente dentro de los cuerpos de seguridad de Tamaulipas, hace casi una década, y de ahí viajar al centro del país, donde tuvo varios cargos dentro de la policía municipal mexiquense durante el gobierno de Arturo Montiel.
En caprichosa coincidencia, durante el paso de Moreno Torres por el estado de México, el Cártel del Golfo entró a disputar la plaza con el Cártel de Tijuana, que históricamente tenían presencia en la región a través de sus bodegas de distribución de drogas, y se enfrentó al Cártel de Sinaloa por el control de los mercados. Varios de sus segundos fueron acusados de vender la plaza a más de un cártel, y algunos inclusive aparecieron ejecutados.
Al terminar Montiel su mandato, se fue con Reyes a Ciudad Juárez, donde el último año ha sido el epicentro de la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, contra el Golfo y los hermanos Beltrán Leyva. El episodio de Murguía es un prólogo de lo que viene. Esto es, vincular directamente a priístas con cárteles de la droga. En las manos tiene la llave para vincular la violencia en Chihuahua con el estado de México, y en los archivos del gobierno hay todo un arsenal contra gobernantes del PRI. El más explosivo trata la relación de personas cercanas al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás con narcotraficantes, donde se repitió el esquema del Edomex y Chihuahua: se vendió la plaza a más de un cártel de la droga.
De las seis gubernaturas que se juegan este año, la priista a la cual consideran los estrategas del PAN que podría cambiar de manos es precisamente Nuevo León, por los negativos crecientes de González Parás. El estado de México es otro botín político al que aspiran. Aunque la información sobre las presuntas relaciones de ex funcionarios de Montiel con el narcotráfico no llega al gobernador Enrique Peña Nieto, un escándalo en su entidad podría tener impacto negativo –que pudiera alimentarse con el tiempo- en la principal figura que tiene el PRI hoy en día para la candidatura presidencial de 2012.
Martínez no está buscando sólo que el PAN mantenga una fuerte presencia en el Congreso, sino está creando las condiciones para establecer un nuevo marco de relación con el PRI durante la segunda parte del sexenio del presidente Felipe Calderón, y pavimentando, a través de la destrucción de los caminos de sus adversarios priistas, los puentes que le permitan al partido llegar con mayores posibilidades de triunfo en el 2012. La campaña electoral que se avecina viene muy cargada de lodo. Pero no es institucional, como creen los priístas que será. Es individualizada, que siempre duele más y que, por razones sicológicas, más daño infringe.
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