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Raymundo Riva Palacio
El narcopato
Viernes, 29 de Mayo de 2009
Si camina como pato, huele a pato, grazna como pato y tiene el color del pato, ¿es un pato? Si los gobiernos estatales que están siendo exhibidos por la penetración que tienen del narcotráfico son perredistas –Michoacán y Zacatecas-, mientras que a los panistas –Morelos- se les otorga la gracia juarista, ¿es una acción dentro del contexto electoral, a 40 días –el tiempo que puede durar un arraigo- de la fecha del 5 de julio? Nadie va a decir que sí, ni en gobierno ni en el PAN, pero el escenario que tenemos, cuando menos, es narcopatos.
En Morelos, todo el gabinete de seguridad del gobernador Marco Antonio Adame, fue arrestado por la Procuraduría General de la República, por su presunta vinculación en la red de protección del sanguinario cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Adame fue rápidamente cobijado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el dirigente del PAN, Germán Martínez, tendiendo un cordón político sanitario en torno a él. Inclusive, el ex gobernador morelense y ex panista también, Sergio Estrada Cajigal, quien aprovechó la oportunidad para saldar cuentas con su sucesor, comenzó a ser perseguido con acusaciones judiciales que pretenden revivirle viejas irregularidades durante su gestión.
En Zacatecas, la PGR ayudó a la gobernadora Amalia García a tender una cortina de humo sobre la fuga de 53 delincuentes –incluida una célula de Los Zetas- al iniciar una averiguación previa por un caso superado de utilización de una bodega por parte del narcotráfico en contra de Cándido Monreal, hermano de Ricardo, senador del PT, desviando la atención hacia un conflicto político contra el también ex gobernador. Cuando esta puesta en escena se empezó a caer y la autoridad quedó exhibida, la misma PGR, que había filtrado informaciones parciales a la prensa sobre Cándido Monreal, entregó más información confidencial a los medios donde crucificaba a Amalia García, su aliada de días atrás, al mostrar las penurias de su aparato de seguridad. Martínez, que en el principio de la operación contra Monreal apoyó públicamente a la gobernadora, guardó silencio con la evolución posterior.
Michoacán es el último caso. Este martes, el Ejército, la Policía Federal Preventiva y la PGR, realizaron un operativo quirúrgico donde detuvieron a 10 alcaldes de varios partidos y a 17 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, en el golpe más espectacular contra el cuerpo político de un estado, en la lucha contra el narcotráfico. El vocero de la PGR dijo que todos ellos formaban la red de protección institucional de "La Familia Michoacana", el cártel que nació del Cártel del Golfo y Los Zetas, y que hoy está fragmentada en cuatro divisiones que responden a diferentes organizaciones criminales.
La PGR dijo que se trataba de una investigación de "seis meses". Pero el cimiento de esa investigación es en un informe confidencial del CISEN de junio de 2007. Desde hace casi dos años se tiene documentada la protección institucional no sólo en los 10 municipios donde se tomaron acciones este martes, sino en un total de 37 municipios. Lo único que cambió con la información de hace casi dos años, son los nombres de los ediles, salvo el caso de Uriel Farías Ávila, de Tepalcatepec, quien también aparece en el expediente del empresario sino-mexicano Zhenli Ye Gon. En el informe de inteligencia figuran 19 funcionarios y legisladores del PRD y del PRI, presuntamente involucrados con el narcotráfico, de cuya lista sólo se detuvo a Mario Bautista, director del Instituto de Seguridad Pública Estatal y ex subprocurador, y José Ascensión Orihuela, alcalde de Zitácuaro.
En la lógica del escenario del narcopato, la entidad donde sería la siguiente operación contra la protección institucional al narcotráfico es Nuevo León, donde el PAN libra su principal batalla electoral este 5 de julio, con el propósito de arrebatarle al PRI el gobierno estatal. Tan simbólico como Michoacán, la tierra del presidente Felipe Calderón, el expediente de Nuevo León está integrado en el mismo paquete del de Michoacán de hace dos junios, y toca la protección de las instituciones estatales y locales a los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Hoy en día, debido a la recomposición de las organizaciones delictivas desde diciembre de 2007, sería la protección al Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva, que se encuentran temporalmente en el mismo barco.
La penetración institucional del narcotráfico en Nuevo León se extiende por 12 municipios, de acuerdo con ese informe confidencial, focalizados en la zona metropolitana de Monterrey, la zona que comprende la carretera que va hacia Nuevo Laredo, y el sur del estado. Las autoridades federales tienen puesta la mesa. Como en el caso de Michoacán, el detonante de la operación de este martes fue la detención de Rafael Cedeño Hernández, "El Cede", a mediados de abril, en el caso de Nuevo León hay una analogía: la detención de "El Gori", a fines de abril, aunque hay una discrepancia en el nombre. El documento lo identifica como Silvestre Bocanegra Gómez, que operaba desde Linares, mientras que a quien detuvieron en Monterrey lo identificaron como Raymundo Almazán Morales.
El gobierno federal está caminando sobre una línea de fuego. Se puede pensar, con la mejor voluntad del mundo, que los tiempos de la guerra contra el narco no se encuentran en el reloj político-electoral. Pero cuesta trabajo creer que el pato no es un pato, dado el notorio trato diferenciado entre el gobernador del PAN y aquellos de los otros partidos, y la activación judicial de investigaciones previas, sacadas a la luz pública precisamente en estos tiempos de contienda electoral ratonera, donde manchar y desprestigiar a los adversarios por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, ha sido una constante de la batalla política del PAN en los últimos meses.
En Morelos, todo el gabinete de seguridad del gobernador Marco Antonio Adame, fue arrestado por la Procuraduría General de la República, por su presunta vinculación en la red de protección del sanguinario cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Adame fue rápidamente cobijado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el dirigente del PAN, Germán Martínez, tendiendo un cordón político sanitario en torno a él. Inclusive, el ex gobernador morelense y ex panista también, Sergio Estrada Cajigal, quien aprovechó la oportunidad para saldar cuentas con su sucesor, comenzó a ser perseguido con acusaciones judiciales que pretenden revivirle viejas irregularidades durante su gestión.
En Zacatecas, la PGR ayudó a la gobernadora Amalia García a tender una cortina de humo sobre la fuga de 53 delincuentes –incluida una célula de Los Zetas- al iniciar una averiguación previa por un caso superado de utilización de una bodega por parte del narcotráfico en contra de Cándido Monreal, hermano de Ricardo, senador del PT, desviando la atención hacia un conflicto político contra el también ex gobernador. Cuando esta puesta en escena se empezó a caer y la autoridad quedó exhibida, la misma PGR, que había filtrado informaciones parciales a la prensa sobre Cándido Monreal, entregó más información confidencial a los medios donde crucificaba a Amalia García, su aliada de días atrás, al mostrar las penurias de su aparato de seguridad. Martínez, que en el principio de la operación contra Monreal apoyó públicamente a la gobernadora, guardó silencio con la evolución posterior.
Michoacán es el último caso. Este martes, el Ejército, la Policía Federal Preventiva y la PGR, realizaron un operativo quirúrgico donde detuvieron a 10 alcaldes de varios partidos y a 17 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, en el golpe más espectacular contra el cuerpo político de un estado, en la lucha contra el narcotráfico. El vocero de la PGR dijo que todos ellos formaban la red de protección institucional de "La Familia Michoacana", el cártel que nació del Cártel del Golfo y Los Zetas, y que hoy está fragmentada en cuatro divisiones que responden a diferentes organizaciones criminales.
La PGR dijo que se trataba de una investigación de "seis meses". Pero el cimiento de esa investigación es en un informe confidencial del CISEN de junio de 2007. Desde hace casi dos años se tiene documentada la protección institucional no sólo en los 10 municipios donde se tomaron acciones este martes, sino en un total de 37 municipios. Lo único que cambió con la información de hace casi dos años, son los nombres de los ediles, salvo el caso de Uriel Farías Ávila, de Tepalcatepec, quien también aparece en el expediente del empresario sino-mexicano Zhenli Ye Gon. En el informe de inteligencia figuran 19 funcionarios y legisladores del PRD y del PRI, presuntamente involucrados con el narcotráfico, de cuya lista sólo se detuvo a Mario Bautista, director del Instituto de Seguridad Pública Estatal y ex subprocurador, y José Ascensión Orihuela, alcalde de Zitácuaro.
En la lógica del escenario del narcopato, la entidad donde sería la siguiente operación contra la protección institucional al narcotráfico es Nuevo León, donde el PAN libra su principal batalla electoral este 5 de julio, con el propósito de arrebatarle al PRI el gobierno estatal. Tan simbólico como Michoacán, la tierra del presidente Felipe Calderón, el expediente de Nuevo León está integrado en el mismo paquete del de Michoacán de hace dos junios, y toca la protección de las instituciones estatales y locales a los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Hoy en día, debido a la recomposición de las organizaciones delictivas desde diciembre de 2007, sería la protección al Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva, que se encuentran temporalmente en el mismo barco.
La penetración institucional del narcotráfico en Nuevo León se extiende por 12 municipios, de acuerdo con ese informe confidencial, focalizados en la zona metropolitana de Monterrey, la zona que comprende la carretera que va hacia Nuevo Laredo, y el sur del estado. Las autoridades federales tienen puesta la mesa. Como en el caso de Michoacán, el detonante de la operación de este martes fue la detención de Rafael Cedeño Hernández, "El Cede", a mediados de abril, en el caso de Nuevo León hay una analogía: la detención de "El Gori", a fines de abril, aunque hay una discrepancia en el nombre. El documento lo identifica como Silvestre Bocanegra Gómez, que operaba desde Linares, mientras que a quien detuvieron en Monterrey lo identificaron como Raymundo Almazán Morales.
El gobierno federal está caminando sobre una línea de fuego. Se puede pensar, con la mejor voluntad del mundo, que los tiempos de la guerra contra el narco no se encuentran en el reloj político-electoral. Pero cuesta trabajo creer que el pato no es un pato, dado el notorio trato diferenciado entre el gobernador del PAN y aquellos de los otros partidos, y la activación judicial de investigaciones previas, sacadas a la luz pública precisamente en estos tiempos de contienda electoral ratonera, donde manchar y desprestigiar a los adversarios por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, ha sido una constante de la batalla política del PAN en los últimos meses.
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