- La ocupación de LFC fue ilegal y el dictado inconstitucional, sostiene el senador Monreal
- Loas de AN, tibieza del PRI y críticas de PT y Convergencia al decreto de Calderón
- La medida presidencial es valiente, audaz y necesaria, asegura Gustavo Madero
- La Central Campesina Cardenista pide al Congreso intervenir para impedir que se concrete la liquidación
El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, sostuvo ayer que la decisión que tomó el presidente Felipe Calderón de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC) es valiente, audaz y necesaria para modernizar el sector energético.
En conferencia, el senador añadió que es un reconocimiento a la capacidad de Calderón como estadista, como líder de los mexicanos, que lo prestigia; es congruente con su mensaje del pasado 2 de septiembre, cuando nos invitó a pasar de la lógica de los cambios posibles, calculados por el impacto político-electoral, a los cambios necesarios que el país requiere.
El panista insistió en que la decisión se tomó para eliminar privilegios en el uso de recursos públicos de todos los mexicanos hacia sectores reducidos que ostentan privilegios injustificados. Pero evadió responder a los cuestionamientos que se le hicieron de si también deberían eliminarse privilegios y corrupción en otros sindicatos, como el Nacional de Trabajadores de la Educación, el de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otros.
Revisar Desarrollo Social: PRI
También en conferencia, la senadora priísta María de los Ángeles Moreno dijo que la decisión de desaparecer LFC y concluir la relación laboral con sus trabajadores tiene que apegarse estrictamente a la ley. Hay dudas en cuanto al tiempo en que se requisaron las instalaciones, el tiempo en que se publicó el decreto presidencial. Esto es sumamente importante.
Subrayó que hay muchas otras cosas que reordenar y varias entidades de la administración pública, más allá de LFC, donde también hay fallas, despilfarros y excesos. Debe haber una revisión sobre lo que ocurre en diferentes entidades de la administración pública. Se ha hablado mucho de la creación de plazas de alto nivel, pero no sólo eso, hay que hacer una revisión en la operación de la Secretaría de Desarrollo Social.
El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, denunció que el decreto es violatorio de los artículos 14, 16 y 73 de la Constitución. No dio oportunidad de audiencia a los trabajadores y directivos de la empresa. Hubo un acto ilegal de ocupación de las instalaciones que después se quiso validar con un decreto inconstitucional.
Monreal sostuvo que el decreto del Ejecutivo viola el artículo 73 constitucional porque el sector eléctrico es facultad exclusiva del Congreso; por ello, dijo, se debe recurrir a la controversia constitucional o al amparo.
Mientras, el partido Convergencia dijo que los graves problemas económicos, políticos y sociales del país no se van a resolver con decretos autoritarios, como emitido por Felipe Calderón para liquidar a LFC y deshacerse de su sindicato.
En un comunicado, sostuvo que el decreto liquidador genera más preguntas que respuestas claras y, por ende, parece obedecer más a una estrategia política y antisindical del gobierno que a una decisión de Estado en beneficio de la sociedad.
La Central Campesina Cardenista manifestó su rotundo rechazo a la extinción de Luz y Fuerza y llamó al Congreso a intervenir para impedir que el presidente de Felipe Calderón opere la liquidación de empresa.
Al manifestar su total apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, la dirigencia de la agrupación campesina se pronunció contra la privatización de la distribución de energía eléctrica, labor de la empresa paraestatal.
En conferencia, el senador añadió que es un reconocimiento a la capacidad de Calderón como estadista, como líder de los mexicanos, que lo prestigia; es congruente con su mensaje del pasado 2 de septiembre, cuando nos invitó a pasar de la lógica de los cambios posibles, calculados por el impacto político-electoral, a los cambios necesarios que el país requiere.
El panista insistió en que la decisión se tomó para eliminar privilegios en el uso de recursos públicos de todos los mexicanos hacia sectores reducidos que ostentan privilegios injustificados. Pero evadió responder a los cuestionamientos que se le hicieron de si también deberían eliminarse privilegios y corrupción en otros sindicatos, como el Nacional de Trabajadores de la Educación, el de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y otros.
Revisar Desarrollo Social: PRI
También en conferencia, la senadora priísta María de los Ángeles Moreno dijo que la decisión de desaparecer LFC y concluir la relación laboral con sus trabajadores tiene que apegarse estrictamente a la ley. Hay dudas en cuanto al tiempo en que se requisaron las instalaciones, el tiempo en que se publicó el decreto presidencial. Esto es sumamente importante.
Subrayó que hay muchas otras cosas que reordenar y varias entidades de la administración pública, más allá de LFC, donde también hay fallas, despilfarros y excesos. Debe haber una revisión sobre lo que ocurre en diferentes entidades de la administración pública. Se ha hablado mucho de la creación de plazas de alto nivel, pero no sólo eso, hay que hacer una revisión en la operación de la Secretaría de Desarrollo Social.
El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, denunció que el decreto es violatorio de los artículos 14, 16 y 73 de la Constitución. No dio oportunidad de audiencia a los trabajadores y directivos de la empresa. Hubo un acto ilegal de ocupación de las instalaciones que después se quiso validar con un decreto inconstitucional.
Monreal sostuvo que el decreto del Ejecutivo viola el artículo 73 constitucional porque el sector eléctrico es facultad exclusiva del Congreso; por ello, dijo, se debe recurrir a la controversia constitucional o al amparo.
Mientras, el partido Convergencia dijo que los graves problemas económicos, políticos y sociales del país no se van a resolver con decretos autoritarios, como emitido por Felipe Calderón para liquidar a LFC y deshacerse de su sindicato.
En un comunicado, sostuvo que el decreto liquidador genera más preguntas que respuestas claras y, por ende, parece obedecer más a una estrategia política y antisindical del gobierno que a una decisión de Estado en beneficio de la sociedad.
La Central Campesina Cardenista manifestó su rotundo rechazo a la extinción de Luz y Fuerza y llamó al Congreso a intervenir para impedir que el presidente de Felipe Calderón opere la liquidación de empresa.
Al manifestar su total apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, la dirigencia de la agrupación campesina se pronunció contra la privatización de la distribución de energía eléctrica, labor de la empresa paraestatal.
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