Juan E. Pardinas
27 Sep. 09
Subir impuestos en plena crisis no es una mala idea. Es pésima. Este atentado contra la lógica económica se puede convertir en realidad, si el Congreso aprueba el proyecto fiscal del presidente Calderón. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el plan de Hacienda costará la pérdida de 200 mil empleos, aumentará la inflación y golpeará el crecimiento. México será un país más pobre y la crisis será más prolongada, si la autoridad logra su objetivo de sacarte más dinero de la bolsa.
En países como China y Brasil, ya se habla de la crisis en tiempo pasado. Los gobiernos de ambos países hicieron inversiones masivas de recursos para reactivar sus economías. China invirtió montañas de dinero para convertirse en la principal potencia en la producción de tecnologías verdes. Brasil redujo impuestos para estimular la demanda del mercado interno. Durante 2009, en promedio, los gobiernos de las 20 economías más grandes del mundo implementaron paquetes de estímulo fiscal del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto. Para 2010, la inyección de recursos será, en promedio, de 1.6 por ciento del PIB entre los países que forman el G-20. Aquí en México, el gobierno hace las cosas al revés de la teoría y la práctica de la economía. Para apagar el incendio de la crisis, Felipe Calderón trajo una pipa de gasolina. En lugar de inyectar recursos públicos en la economía, la autoridad quiere obligar al sector privado a "desinvertir" para entregarle más dinero al erario.
El pacto fiscal mexicano establece que el gobierno federal tiene la responsabilidad de cobrar impuestos, mientras que los estados y municipios tienen la feliz tarea de gastárselos. Cerca de 90 centavos de cada peso que ejercen los estados y ayuntamientos provienen de transferencias federales. Si el gobernador de San Luis Potosí quiere regalarle 115 millones de pesos a un equipo de futbol profesional, no tiene que molestarse en cobrar un impuesto especial para el fomento del balompié. Su generosidad financiera con el equipo de Televisa se sufraga con el dinero ajeno.
La crisis fiscal que vivimos es una oportunidad histórica para obligar a estados y municipios a ser más responsables con sus ingresos y gastos. Sin embargo, la propuesta de Felipe Calderón quiere preservar el actual orden de cosas y rescatar a los gobiernos locales de su propia irresponsabilidad financiera. Durante la crisis de 1995, el presidente Ernesto Zedillo aprovechó la estrechez presupuestal de los gobiernos locales para negociar los primeros avances en la transparencia financiera de estados y municipios. La crisis de 2009 se debería aprovechar para que los gobernadores asuman mayor responsabilidad sobre el financiamiento de sus gastos.
El denominado impuesto contra la pobreza se debería llamar el tributo Peña Nieto. El estado de México será uno de los principales beneficiarios de la rebanada que se llevarán las entidades de la República con la propuesta de nuevos impuestos. Con la carrera presidencial a punto de comenzar, la escasez financiera resulta una coyuntura intolerable para las ambiciones de algunos mandatarios locales. Los legisladores del PAN y PRD que aprueben la iniciativa fiscal, le harán un enorme favor al gobernador mexiquense.
Imagina que tienes un amigo adicto a los juegos de apuestas. Cada mes tu cuate te pide dinero prestado y te jura que con esa lana ganará lo suficiente para pagarte todo lo que te debe. ¿Cuánto duraría tu paciencia y tu quincena? Esta metáfora ilustra la relación de los contribuyentes mexicanos con el fisco. Nos piden más dinero para financiar una apuesta de prosperidad que sólo existe en el espejismo de los discursos.
Si los estados se vieran obligados a recaudar sus propios impuestos, probablemente gastarían el dinero público con más cuidado. El paquete fiscal para el año 2010 será recordado como una de las peores decisiones de política económica en la historia moderna de México. Las consecuencias del error las pagarás tú.
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En países como China y Brasil, ya se habla de la crisis en tiempo pasado. Los gobiernos de ambos países hicieron inversiones masivas de recursos para reactivar sus economías. China invirtió montañas de dinero para convertirse en la principal potencia en la producción de tecnologías verdes. Brasil redujo impuestos para estimular la demanda del mercado interno. Durante 2009, en promedio, los gobiernos de las 20 economías más grandes del mundo implementaron paquetes de estímulo fiscal del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto. Para 2010, la inyección de recursos será, en promedio, de 1.6 por ciento del PIB entre los países que forman el G-20. Aquí en México, el gobierno hace las cosas al revés de la teoría y la práctica de la economía. Para apagar el incendio de la crisis, Felipe Calderón trajo una pipa de gasolina. En lugar de inyectar recursos públicos en la economía, la autoridad quiere obligar al sector privado a "desinvertir" para entregarle más dinero al erario.
El pacto fiscal mexicano establece que el gobierno federal tiene la responsabilidad de cobrar impuestos, mientras que los estados y municipios tienen la feliz tarea de gastárselos. Cerca de 90 centavos de cada peso que ejercen los estados y ayuntamientos provienen de transferencias federales. Si el gobernador de San Luis Potosí quiere regalarle 115 millones de pesos a un equipo de futbol profesional, no tiene que molestarse en cobrar un impuesto especial para el fomento del balompié. Su generosidad financiera con el equipo de Televisa se sufraga con el dinero ajeno.
La crisis fiscal que vivimos es una oportunidad histórica para obligar a estados y municipios a ser más responsables con sus ingresos y gastos. Sin embargo, la propuesta de Felipe Calderón quiere preservar el actual orden de cosas y rescatar a los gobiernos locales de su propia irresponsabilidad financiera. Durante la crisis de 1995, el presidente Ernesto Zedillo aprovechó la estrechez presupuestal de los gobiernos locales para negociar los primeros avances en la transparencia financiera de estados y municipios. La crisis de 2009 se debería aprovechar para que los gobernadores asuman mayor responsabilidad sobre el financiamiento de sus gastos.
El denominado impuesto contra la pobreza se debería llamar el tributo Peña Nieto. El estado de México será uno de los principales beneficiarios de la rebanada que se llevarán las entidades de la República con la propuesta de nuevos impuestos. Con la carrera presidencial a punto de comenzar, la escasez financiera resulta una coyuntura intolerable para las ambiciones de algunos mandatarios locales. Los legisladores del PAN y PRD que aprueben la iniciativa fiscal, le harán un enorme favor al gobernador mexiquense.
Imagina que tienes un amigo adicto a los juegos de apuestas. Cada mes tu cuate te pide dinero prestado y te jura que con esa lana ganará lo suficiente para pagarte todo lo que te debe. ¿Cuánto duraría tu paciencia y tu quincena? Esta metáfora ilustra la relación de los contribuyentes mexicanos con el fisco. Nos piden más dinero para financiar una apuesta de prosperidad que sólo existe en el espejismo de los discursos.
Si los estados se vieran obligados a recaudar sus propios impuestos, probablemente gastarían el dinero público con más cuidado. El paquete fiscal para el año 2010 será recordado como una de las peores decisiones de política económica en la historia moderna de México. Las consecuencias del error las pagarás tú.
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