Miguel Ángel Granados Chapa
17 Nov. 09
A la hora de escribir estas líneas, han transcurrido más de 15 horas de cumplido el término dentro del cual la Cámara de Diputados debía aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En este momento ni siquiera hay certidumbre sobre el recomienzo de la sesión plenaria en que debe discutirse y aprobarse el dictamen respectivo. De esa suerte, no es seguro que cuando los lectores tengan delante de sí esta columna haya sido concluido el procedimiento para aprobar el gasto público, que debió terminar cuando más tarde el domingo 15 por la noche.
No es trivial, aunque parezca no generar adversos efectos prácticos, que los legisladores incumplan los plazos que fijan la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los términos deben ser puntualmente acatados, pues de lo contrario pierden su función ordenadora, y abren al error por improvisación y descuido brechas de anchura impredecible. Al aprobar la Ley de Ingresos, los diputados se excedieron en un día, y los senadores a su vez en otro más, y las normas correspondientes sólo estuvieron listas el 2 de noviembre y no el 31 de octubre. Demora semejante, y aun mayor, se observa en San Lázaro en la aprobación del presupuesto.
En los tiempos del autoritarismo presidencial más acusado se ponía en un brete anual a los legisladores, pues las iniciativas fiscales llegaban al cuarto para las doce, al finalizar el periodo de sesiones ordinarias, que entonces se extendía hasta el 31 de diciembre. Esa falta de respeto del Ejecutivo al Congreso se compensaba ahorrándoles trabajo. Los proyectos presidenciales eran acatados en sus términos, y hasta los dictámenes respectivos eran elaborados fuera de los recintos legislativos. Nunca, en consecuencia, se corrió el riesgo de no contar con el presupuesto de egresos vigente el 1o. de enero, aunque su aplicación, precisamente por esa tardanza en la aprobación, sólo se iniciaba ya entrado el año.
Cuando a partir de 1997 la oposición tuvo en sus manos la posibilidad de modificar las iniciativas presidenciales se introdujo el desorden, especialmente perceptible la última noche de asignación de recursos dentro del plan de gasto. Los diputados chalaneaban partidas para cumplir promesas electorales (en el mejor de los casos) o para obras y servicios que dieran beneficios a sus clientelas o a ellos mismos. Para poner fin a esa feria de intereses descarnadamente ejercidos se reformó la Constitución y se emitió una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que busca poner orden en los debates respectivos. El Ejecutivo quedó obligado a ir dibujando, en trazos parciales (transmitidos al Congreso en abril y junio) su idea del próximo ejercicio presupuestal y a enviar, apenas abiertas las sesiones, el 8 de septiembre, el paquete económico, que incluye los criterios generales y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. Para la primera los diputados disponen de seis semanas y los senadores casi dos más. Y para lo segundo, en San Lázaro se dispone de 15 días.
Al comienzo de cada legislatura, los diputados no pueden abordar de inmediato sus responsabilidades. La ley orgánica del Congreso les otorga un plazo de hasta de 30 días para integrar las comisiones dictaminadoras. De modo que en vez de ocuparse del paquete económico tan pronto como lo reciben el 8 de septiembre, lo hacen apenas tres semanas después, o pasado aún más tiempo. En ese lapso, las fracciones parlamentarias de mayor tamaño convienen cuáles comisiones encabezarán sus integrantes. En las recientes legislaturas el PAN y el PRI se han alternado la presidencia de las dos comisiones torales en esta materia, la de Hacienda (que encabeza el panista Mario A. Becerra) y la de Presupuesto, que preside Luis Videgaray. En su caso, a su novatez en la vida pública y más acusadamente en la legislativa se agregan otros factores contrarios a la eficacia de su tarea: el que representa no a su partido sino a su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto, cuyos intereses vela por encima de todos. Un ejemplo que delinea con claridad tal sesgo es que una ampliación determinante al gasto público para el campo tuvo que negociarlo el presidente de la Comisión de Agricultura y dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar, directamente ante la Secretaría de Hacienda, pues no encontró útil seguir el camino de la ley, que manda que las comisiones hagan llegar los requerimientos de la materia de que se ocupan a la de presupuesto, para que ésta los incorpore al dictamen. Pero tal dictamen apenas fue aprobado en la madrugada del lunes, porque Videgaray trabajó a favor de su propio interés y no en el de su partido, y ya no digamos el de la Cámara como institución responsable de fijar y vigilar el gasto, y mucho menos el de la sociedad.
Esta última, la gente, quedó esperando una respuesta del Congreso al reclamo de austeridad que por doquier se ha esparcido, y que se acendró a la vista del esquilmo a que la ley de ingresos sometió a la mayor parte de los contribuyentes. En vez de programar erogaciones superfluas mucho menores (o suprimirlas), tarea posible ante el cúmulo de dispendios abusivos en que incurren los poderes, la Cámara trasladó esa obligación al Ejecutivo, como si sólo allí hubiera ahorros que practicar. El presupuesto compromete al Ejecutivo a presentar el 15 de marzo un programa de austeridad cuyos lineamientos están lejos de la exigencia ciudadana de que no se derroche el dinero público.
Cajón de Sastre
Con la pretensión de regular la propaganda política personalizada, por la falta de la reglamentación respectiva el artículo 134 de la Constitución, reformado en 2007 abrió la puerta a los excesos publicitarios de gobernantes que aprovechan la licencia que para esos efectos y con motivo de sus informes anuales les permite tal disposición constitucional. Lo hemos comprobado este fin de semana en torno de la presentación de esos documentos en Jalapa y Oaxaca. Fidel Herrera y Ulises Ruiz, gastalones de suyo, multiplican su presencia propagandística. A ese efecto, se prestan -o se alquilan, para mejor decir- comunicadores profesionales que a diario presentan propaganda como si fuera información y en ocasiones como ésta cotizan por lo alto entrevistas hechas a domicilio, para que no quepa duda de su carácter.
No es trivial, aunque parezca no generar adversos efectos prácticos, que los legisladores incumplan los plazos que fijan la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los términos deben ser puntualmente acatados, pues de lo contrario pierden su función ordenadora, y abren al error por improvisación y descuido brechas de anchura impredecible. Al aprobar la Ley de Ingresos, los diputados se excedieron en un día, y los senadores a su vez en otro más, y las normas correspondientes sólo estuvieron listas el 2 de noviembre y no el 31 de octubre. Demora semejante, y aun mayor, se observa en San Lázaro en la aprobación del presupuesto.
En los tiempos del autoritarismo presidencial más acusado se ponía en un brete anual a los legisladores, pues las iniciativas fiscales llegaban al cuarto para las doce, al finalizar el periodo de sesiones ordinarias, que entonces se extendía hasta el 31 de diciembre. Esa falta de respeto del Ejecutivo al Congreso se compensaba ahorrándoles trabajo. Los proyectos presidenciales eran acatados en sus términos, y hasta los dictámenes respectivos eran elaborados fuera de los recintos legislativos. Nunca, en consecuencia, se corrió el riesgo de no contar con el presupuesto de egresos vigente el 1o. de enero, aunque su aplicación, precisamente por esa tardanza en la aprobación, sólo se iniciaba ya entrado el año.
Cuando a partir de 1997 la oposición tuvo en sus manos la posibilidad de modificar las iniciativas presidenciales se introdujo el desorden, especialmente perceptible la última noche de asignación de recursos dentro del plan de gasto. Los diputados chalaneaban partidas para cumplir promesas electorales (en el mejor de los casos) o para obras y servicios que dieran beneficios a sus clientelas o a ellos mismos. Para poner fin a esa feria de intereses descarnadamente ejercidos se reformó la Constitución y se emitió una Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que busca poner orden en los debates respectivos. El Ejecutivo quedó obligado a ir dibujando, en trazos parciales (transmitidos al Congreso en abril y junio) su idea del próximo ejercicio presupuestal y a enviar, apenas abiertas las sesiones, el 8 de septiembre, el paquete económico, que incluye los criterios generales y los proyectos de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. Para la primera los diputados disponen de seis semanas y los senadores casi dos más. Y para lo segundo, en San Lázaro se dispone de 15 días.
Al comienzo de cada legislatura, los diputados no pueden abordar de inmediato sus responsabilidades. La ley orgánica del Congreso les otorga un plazo de hasta de 30 días para integrar las comisiones dictaminadoras. De modo que en vez de ocuparse del paquete económico tan pronto como lo reciben el 8 de septiembre, lo hacen apenas tres semanas después, o pasado aún más tiempo. En ese lapso, las fracciones parlamentarias de mayor tamaño convienen cuáles comisiones encabezarán sus integrantes. En las recientes legislaturas el PAN y el PRI se han alternado la presidencia de las dos comisiones torales en esta materia, la de Hacienda (que encabeza el panista Mario A. Becerra) y la de Presupuesto, que preside Luis Videgaray. En su caso, a su novatez en la vida pública y más acusadamente en la legislativa se agregan otros factores contrarios a la eficacia de su tarea: el que representa no a su partido sino a su jefe político, el gobernador Enrique Peña Nieto, cuyos intereses vela por encima de todos. Un ejemplo que delinea con claridad tal sesgo es que una ampliación determinante al gasto público para el campo tuvo que negociarlo el presidente de la Comisión de Agricultura y dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar, directamente ante la Secretaría de Hacienda, pues no encontró útil seguir el camino de la ley, que manda que las comisiones hagan llegar los requerimientos de la materia de que se ocupan a la de presupuesto, para que ésta los incorpore al dictamen. Pero tal dictamen apenas fue aprobado en la madrugada del lunes, porque Videgaray trabajó a favor de su propio interés y no en el de su partido, y ya no digamos el de la Cámara como institución responsable de fijar y vigilar el gasto, y mucho menos el de la sociedad.
Esta última, la gente, quedó esperando una respuesta del Congreso al reclamo de austeridad que por doquier se ha esparcido, y que se acendró a la vista del esquilmo a que la ley de ingresos sometió a la mayor parte de los contribuyentes. En vez de programar erogaciones superfluas mucho menores (o suprimirlas), tarea posible ante el cúmulo de dispendios abusivos en que incurren los poderes, la Cámara trasladó esa obligación al Ejecutivo, como si sólo allí hubiera ahorros que practicar. El presupuesto compromete al Ejecutivo a presentar el 15 de marzo un programa de austeridad cuyos lineamientos están lejos de la exigencia ciudadana de que no se derroche el dinero público.
Cajón de Sastre
Con la pretensión de regular la propaganda política personalizada, por la falta de la reglamentación respectiva el artículo 134 de la Constitución, reformado en 2007 abrió la puerta a los excesos publicitarios de gobernantes que aprovechan la licencia que para esos efectos y con motivo de sus informes anuales les permite tal disposición constitucional. Lo hemos comprobado este fin de semana en torno de la presentación de esos documentos en Jalapa y Oaxaca. Fidel Herrera y Ulises Ruiz, gastalones de suyo, multiplican su presencia propagandística. A ese efecto, se prestan -o se alquilan, para mejor decir- comunicadores profesionales que a diario presentan propaganda como si fuera información y en ocasiones como ésta cotizan por lo alto entrevistas hechas a domicilio, para que no quepa duda de su carácter.
miguelangel@granadoschapa.com
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