En el contexto del foro A tres años de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, que se realizó ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que es necesario despenalizar el aborto en todo el país, y recordó que el tratamiento de este asunto no debe ser visto como un debate moral, sino como "una necesidad en términos de política pública".
Las declaraciones del ombudsman local resultan pertinentes y atendibles, sobre todo en un contexto nacional marcado por la ofensiva de la reacción histórica contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Expresión alarmante de esa ofensiva es la aprobación, en 18 de los congresos locales del país, de reformas legales que, en general, obligan al Estado a "defender la vida humana desde la concepción", y que en algunos casos incluso eliminan causales tan obvias para la interrupción legal del embarazo como la violación o el peligro para la vida de la madre.
La aprobación de tales normativas constituye un atropello al derecho de las mujeres al control sobre su cuerpo, su fecundidad y su maternidad, ámbitos que no debieran depender más que de la capacidad de decisión de las involucradas, y conlleva, además, una irresponsabilidad mayúscula en materia de salud pública por parte de las legislaturas estatales, pues coloca a gran cantidad de mujeres con embarazos no deseados ante la perspectiva de practicarse abortos en condiciones clandestinas e insalubres.
Por añadidura, no son pocas las ocasiones en que la criminalización del aborto ha derivado en actos de crueldad y encarnizamiento institucionales: baste mencionar, como botón de muestra, el caso de la niña de 11 años que resultó embarazada por violación de su padrastro en la comunidad de Rovirosa, en Quintana Roo, y a la que las autoridades sanitarias de esa entidad han impedido abortar toda vez que, sostienen, su vida no corre peligro con el embarazo. El hecho que se comenta no es aislado: según datos de la propia Secretaría de Salud, en ese estado 881 menores de 18 años quedaron embarazadas en 2009 como resultado de violaciones, mientras en lo que va de 2010 se han registrado 458 embarazos producto de abusos sexuales contra adolescentes.
Frente a esta realidad lacerante y exasperante, las autoridades de los distintos niveles de gobierno debieran atender el llamado del titular de la CDHDF y, por consideraciones sociales y humanitarias elementales, adecuar el marco legal para asegurar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan en condiciones de higiene y con atención médica adecuada. En este punto, es pertinente recordar lo que señaló ayer mismo la directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, de que el derecho a la interrupción legal del embarazo no obliga a nadie a abortar, sino "brinda una alternativa a las mujeres". Son significativas al respecto las cifras de abortos legales durante los tres primeros años de despenalización en el Distrito Federal: en este lapso, más de 50 mil mujeres han solicitado información sobre la interrupción legal del embarazo, de las cuales 36 mil 389 han solicitado el procedimiento y únicamente 29 mil 212 lo han llevado a cabo.
La sociedad, por su parte, debe presionar a sus legisladores para que reviertan la oleada de conservadurismo y autoritarismo irracional que se ha reflejado en las reformas comentadas, las cuales no sólo desvirtúan la laicidad del Estado, sino violentan los derechos reproductivos de millones de mujeres en el país. En suma, a un trienio de la legalización del aborto en el Distrito Federal, falta mucho por hacer para desterrar del marco institucional vigente algunas visiones cavernarias y nocivas en torno al aborto, las cuales esconden, detrás de la defensa de un pretendido principio moral, una profunda inmoralidad.
Las declaraciones del ombudsman local resultan pertinentes y atendibles, sobre todo en un contexto nacional marcado por la ofensiva de la reacción histórica contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Expresión alarmante de esa ofensiva es la aprobación, en 18 de los congresos locales del país, de reformas legales que, en general, obligan al Estado a "defender la vida humana desde la concepción", y que en algunos casos incluso eliminan causales tan obvias para la interrupción legal del embarazo como la violación o el peligro para la vida de la madre.
La aprobación de tales normativas constituye un atropello al derecho de las mujeres al control sobre su cuerpo, su fecundidad y su maternidad, ámbitos que no debieran depender más que de la capacidad de decisión de las involucradas, y conlleva, además, una irresponsabilidad mayúscula en materia de salud pública por parte de las legislaturas estatales, pues coloca a gran cantidad de mujeres con embarazos no deseados ante la perspectiva de practicarse abortos en condiciones clandestinas e insalubres.
Por añadidura, no son pocas las ocasiones en que la criminalización del aborto ha derivado en actos de crueldad y encarnizamiento institucionales: baste mencionar, como botón de muestra, el caso de la niña de 11 años que resultó embarazada por violación de su padrastro en la comunidad de Rovirosa, en Quintana Roo, y a la que las autoridades sanitarias de esa entidad han impedido abortar toda vez que, sostienen, su vida no corre peligro con el embarazo. El hecho que se comenta no es aislado: según datos de la propia Secretaría de Salud, en ese estado 881 menores de 18 años quedaron embarazadas en 2009 como resultado de violaciones, mientras en lo que va de 2010 se han registrado 458 embarazos producto de abusos sexuales contra adolescentes.
Frente a esta realidad lacerante y exasperante, las autoridades de los distintos niveles de gobierno debieran atender el llamado del titular de la CDHDF y, por consideraciones sociales y humanitarias elementales, adecuar el marco legal para asegurar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan en condiciones de higiene y con atención médica adecuada. En este punto, es pertinente recordar lo que señaló ayer mismo la directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Martha Lucía Micher, de que el derecho a la interrupción legal del embarazo no obliga a nadie a abortar, sino "brinda una alternativa a las mujeres". Son significativas al respecto las cifras de abortos legales durante los tres primeros años de despenalización en el Distrito Federal: en este lapso, más de 50 mil mujeres han solicitado información sobre la interrupción legal del embarazo, de las cuales 36 mil 389 han solicitado el procedimiento y únicamente 29 mil 212 lo han llevado a cabo.
La sociedad, por su parte, debe presionar a sus legisladores para que reviertan la oleada de conservadurismo y autoritarismo irracional que se ha reflejado en las reformas comentadas, las cuales no sólo desvirtúan la laicidad del Estado, sino violentan los derechos reproductivos de millones de mujeres en el país. En suma, a un trienio de la legalización del aborto en el Distrito Federal, falta mucho por hacer para desterrar del marco institucional vigente algunas visiones cavernarias y nocivas en torno al aborto, las cuales esconden, detrás de la defensa de un pretendido principio moral, una profunda inmoralidad.
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