El miércoles pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) finalmente decidió multar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su abierta burla a la normatividad electoral durante el proceso electoral federal de 2009. Esta decisión había estado congelada desde el 27 de abril de 2011 por el empate entre los seis consejeros que entonces ocupaban la herradura de Viaducto Tlalpan. Los nuevos consejeros, nombrados el pasado 15 de diciembre, tardaron más de un mes en retomar el caso. Pero el feliz desenlace llegó y, ahora sí, la mayoría votó a favor de multar al partido de Jorge Emilio González con 194 millones de pesos.
La multa fue por la “propaganda integrada” que utilizó el partido en 2009. Todos recordamos, por ejemplo, cómo el actor Raúl Araiza usaba y presumía su camiseta con la leyenda “Soy Verde” en sus telenovelas. También fue evidente la burla a la ley cuando Televisa difundió ampliamente en televisión la portada de la revista Tv y Novelas, que igualmente incluía propaganda a favor del PVEM.
Con esta decisión, el IFE se lava la cara y evita caer en una situación de total desprestigio. Una determinación que auspiciara la impunidad para el PVEM hubiera enviado el clarísimo mensaje a todos los contendientes de que la autoridad electoral no es más que un espantapájaros. También se hubiera consolidado la desconfianza ciudadana en el IFE. El lunes 23 de enero, El Universal dio a conocer datos alarmantes que muestran que casi la mitad de los mexicanos (47%) simplemente no cree que los resultados electorales que proporcione el IFE en las elecciones de 2012 serán confiables.
Pero esta resolución sobre el PVEM también tiene su lado oscuro. En primer lugar, llega tres años tarde. Asimismo, los consejeros utilizaron criterios sumamente cuestionables para reducir la multa drásticamente a última hora. También falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale la resolución del IFE, algo que no es nada seguro dada la tendencia actual del TEPJF a revertir las decisiones de la autoridad administrativa. Y aun si el tribunal ratificara la multa, lo más probable es que ordene que se pague después del 1 de julio y en cómodas mensualidades.
Así, las ilegalidades del PVEM habrán resultado ser un gran negocio para el partido. Ellas le permitieron aumentar su votación en 2009, lo cual se tradujo en mayores prerrogativas en los años subsecuentes y en superior presencia electoral este año. La liquidación a plazos de una multa después de las elecciones será asunto menor y no desalentará futuros atropellos.
En su discusión del caso, los mismos consejeros electorales se preocuparon por evitar que la multa tuviera un efecto desalentador de futuros fraudes a la ley. Uno de los elementos cruciales para fundamentar la multa fue que el PVEM no se deslindó de la propaganda ilegal de manera “eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable”, tal y como señalan los criterios del TEPJF. Es decir, que el PVEM podría haber evitado cualquier responsabilidad si hubiera protestado pública y formalmente en tiempo y forma.
Las autoridades entonces dan un cheque en blanco al libre desarrollo de lo que podríamos llamar “para-campañas”. Esto sería el símil, en un contexto democrático, de las estrategias “para-militares” donde los actores formales fomentan la creación de grupos supuestamente “independientes” para que les hagan el trabajo sucio y después poder deslindarse de cualquier responsabilidad. Aquí, el partido alentaría la creación de grupos de choque integrados por actores, deportistas o cantantes, una especie de “guerrilla” de popstars, para realizar las acciones de propaganda ilegal que tienen prohibidas los mismos partidos.
La decisión del IFE, el 18 de enero, en el caso del boxeador Juan Manuel Márquez camina en el mismo sentido. Es cierto que el IFE emitió una “amonestación pública” y reprobó la inclusión de propaganda en el calzoncillo del deportista como un acto “irregular”. Sin embargo, la ausencia de cualquier sanción monetaria para Márquez, así como la impunidad total tanto para el PRI como para TV Azteca, literalmente dejan la cancha abierta para todo tipo de nuevos actos abusivos de parte de partidos y deportistas durante el proceso electoral en curso.
En la sesión del IFE, Pablo Gómez, representante del PRD del Poder Legislativo en el Consejo General, llamó a la reflexión: “Supongamos que en la víspera de la elección presidencial, en un encuentro de campeonato de futbol –un clásico muy importante, que lo ve todo el país en cuanto a la afición–… los jugadores de las dos escuadras acuerdan sacar el logotipo de un partido político y se ponen a danzar con la publicidad, y la televisora dice: ‘Bueno, fui sorprendida. ¿Qué hago? ¿Suspendo esto o qué?’. El partido político dice: ‘Yo no tuve nada que ver; puede ser que hasta se hayan puesto de acuerdo contra mí’, y se deslinda y dice: ‘Yo no tengo nada que ver’. ¿Eso podría ocurrir?”
La respuesta es, desde luego, un rotundo sí. Y, con el antecedente del caso de Márquez, lo único que podría hacer el IFE sería regañar públicamente a los futbolistas. O quizás llegue una multa simbólica tres años después, como en el caso del PVEM. Mientras tanto, el daño ya se habrá hecho y el nuevo presidente de la República estaría despachando en Los Pinos y regresando generosamente los favores tanto a los jugadores como a las empresas televisivas que hicieron posible su “triunfo”.
Urge que las autoridades electorales desarrollen acciones mucho más contundentes y preventivas para evitar “sorpresas” como estas durante los últimos días de la campaña. No será suficiente reaccionar mal y tarde, sino habría que anticipar los escenarios y adelantarse a los hechos. De lo contrario, fácilmente el proceso se les saldría de las manos y de nuevo estaríamos ante una Presidencia ganada de manera ilegítima, de espaldas a la legalidad.
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JOHN M. ACKERMAN
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