Jesús A. Cervantes y José Gil Olmos. Proceso
La propuesta d e Felipe Calderón de debatir con el Congreso el próximo 1 de septiembre provocó enfrentamientos entre las corrientes internas del PRI y del PRD, los cuales, sin embargo, propiciaron la unidad partidista en ambos casos. Aunque los dos partidos coinciden en que la iniciativa de Calderón es una trampa mediática, el PAN aún no descarta la posibilidad de hacer los cambios en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para que ese debate se realice. No obstante, tanto el PRI como el PRD condicionan estas enmiendas a la realización de una reforma electoral de fondo con vistas a la elección presidencial del 2012. El lunes 6, Calderón ofreció a diputados y senadores “debatir y dialogar” durante la presentación de su primer informe presidencial; dos días después, Héctor Larios, coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para modificar la Ley Orgánica, a fin de que el presidente de la República pueda concretar su proyecto. El planteamiento de Calderón no fue una ocurrencia. En realidad forma parte de una estrategia elaborada desde Los Pinos en la cual participaron los coordinadores parlamentarios Héctor Larios Santillán y Santiago Creel Miranda, quienes se valieron de las mismas demandas de la oposición. Pero fue el propio Calderón quien dio el último jalón ante el fracaso de las negociaciones que encabezó su partido en la Cámara de Diputados para realizar algunos cambios en el protocolo del informe presidencial.
El pasado 29 de mayo, Larios presentó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 69. Con esta modificación, el presidente no sólo asistiría al Congreso para entregar su informe, que se realizaría en febrero de 2008, sino que dos meses después podría establecer un debate con los legisladores de las distintas fuerzas políticas. El coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel Miranda, revela que tanto el PRI como el PRD rechazaron, con diversos argumentos, la propuesta para que Calderón debatiera con los legisladores. El PRD, dice, estuvo de acuerdo en modificar la fecha del informe presidencial, pero “en términos de diálogo y debate no estaba en posición de dar una respuesta”. Por su parte, el PRI condicionó el cambio a su inclusión en el paquete de la reforma del Estado. “Los priistas no estaban interesados en hacer un cambio si éste no se ubicaba en el contexto de la reforma del Estado”. Luego de varias discusiones el PRI cedió: “Si hay un acuerdo entre el PAN y el PRD, nosotros votaríamos en abstención”. Sin embargo, asegura Creel, los panistas nunca aceptaron que los cambios de formato al informe presidencial se incluyeran en la reforma del Estado. En noviembre del año pasado, el priista Manlio Fabio Beltrones propuso ésta última. Luego de varios cambios se aprobó la iniciativa, y se estableció como plazo un año para que se concretara. Durante junio y julio pasados –cuando se discutía el cambio de fecha del informe y el posible debate– se realizaron en los estados foros de consulta acerca de la reforma beltronista, pero el gobierno de Calderón no mostró ningún interés en ésta. “Lo que verdaderamente importa es una reforma del Estado sobre la cual hemos escuchado declaraciones voluntariosas de parte del Ejecutivo, pero no hemos visto decisión política de su parte para avanzar, y eso es lo que queremos ver. En las consultas rumbo a la reforma del Estado, el gobierno estuvo ausente, creo que equivocadamente, pero así sucedieron las cosas”, sostiene Beltrones, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, quien rechazó la propuesta de debate de Calderón.
La iniciativa priista no encontró una respuesta favorable, y la propuesta de reforma constitucional del PAN fracasó. Por ello, Calderón decidió tomar las riendas del proyecto y de manera inesperada, el lunes 6, lanzó su oferta de “dialogar y debatir”. “Calderón no había tomado una posición pública, no se había pronunciado, aunque sí tenía una posición al interior del PAN en el sentido de cambiar el formato del informe y debatir. Cuando llega el momento de definir el 1 de septiembre, recientemente, nosotros pensamos que era una buena idea lanzar su propuesta y entonces hubo la oferta pública de Calderón”, reconoce Creel.
Dolor de cabeza Santiago Creel Miranda, coordinador de los senadores panistas y quien presidirá la mesa directiva del Senado de la República a partir del 1 de septiembre, considera que el ritual del informe presidencial no sólo es caduco, sino un dolor de cabeza: “No es un buen día político para nadie”. –¿Para los panistas no es simbólico el 1 de septiembre, toda vez que por primera ocasión el presidente hablará desde la tribuna en una ceremonia tersa? –se le pregunta. –Yo no creo que esa fecha transmita un simbolismo positivo para nadie, porque es una ceremonia que se vio caduca desde que Porfirio Muñoz Ledo interpeló a Miguel de la Madrid. Desde entonces se veía como una situación obsoleta y lo hemos venido repitiendo en todos los escenarios. “El 1 de septiembre nunca ha salido bien, y tan solo como dato debe recordarse que en la LVII Legislatura Porfirio Muñoz Ledo y Carlos Medina Plascencia dieron ‘un repaso’ al Ejecutivo, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, y la sesión casi termina a golpes. “Se trata de un caos generalizado, se transmite un desacuerdo profundo quizá más del que existe en la realidad. Entonces son señales simbólicas pero no son buenas para nadie, ni para los legisladores, ni para el Ejecutivo. Si yo fuera un ciudadano sin cargo político no prendería la televisión ni la radio, porque es una ceremonia sin sentido”. –A pesar de que consideran que el día el informe no beneficia a nadie en el país y de que sería difícil la aprobación de un cambio en la Ley Orgánica del Congreso, los panistas enviaron su iniciativa –acotan los reporteros. –Esto lo hicimos para dejar constancia formal y no solo discursiva. Porque en política dejar constancia también constituye un hecho político, y eso es exactamente lo que hemos querido hacer.
Creel asegura que fue “recientemente” cuando su partido decidió apoyar a Calderón en su deseo de entablar un debate. A partir del lunes 6, y hasta el martes 14, el PRI se mantuvo en la indefinición con posiciones encontradas entre diputados, senadores y miembros de la dirigencia nacional. El lunes 13, el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa, se trasladó junto con 105 legisladores a la Torre del Caballito para iniciar su plenaria y tomar una decisión. Hasta ese momento los senadores panistas no los habían contactado para negociar y convencerlos. La decisión estaba suelta. Pero quienes sí empezaron a amarrar posiciones con los priistas fueron los del PRD. La mañana del martes 14, a las 10:30, el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, mientras se encontraba en la sesión plenaria de los legisladores se comunicó con Gamboa y le preguntó: “¿Oye, te vas a sostener?” A lo que éste le respondió: “No sé, quién sabe cómo se van a poner las cosas”. Para entonces, Gamboa había recomendado a Felipe Calderón “que pensara muy bien antes de acudir al Congreso”, pues las condiciones no estaban dadas para ello. Desde ese momento, la mayoría de los legisladores perredistas había decidido rechazar un período extraordinario para modificar la Ley Orgánica del Congreso. El objetivo: evitar el debate con Calderón y que éste tomara la palabra desde la máxima tribuna. Sin embargo, ante la indecisión priista, González Garza se afanaba por impedir a toda costa que el tema se votara en su plenaria.
Por su parte, los priistas continuaban con sus discusiones y enfrentamientos. Un día antes, Beltrones declaró que no habría debate el 1 de septiembre, sino durante la glosa que se realiza en días posteriores. A su vez, Jesús Murillo Karam, secretario general del CEN del PRI y cercano a la presidenta nacional de este partido, Beatriz Paredes, aceptaba públicamente el debate para el día del informe. Todavía el martes 14 por la mañana, el vicecoordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Juan Manuel Parás González, dijo que su partido no veía mal la propuesta de Calderón. Estas contradicciones en las filas del PRI provocaron que Gamboa respondiera de manera evasiva cuando González Garza le preguntó cuál sería su decisión. Ese día por la tarde, en la Torre del Caballito, Beatriz Paredes llegó al encuentro de los priistas. Ante la decisión abrumadora de los senadores de no respaldar a los panistas, anunció ante la prensa el rechazo al período extraordinario. El comunicado oficial no salió del CEN del PRI, sino de la fracción en el Senado encabezada por Manlio Fabio Beltrones, salvando así al PRD e incluso retomando el argumento de la falta de legitimidad de Felipe Calderón.
“Planteamos ir más allá de la iniciativa del PAN, superando el problema de fondo: un presidencialismo agotado y un gobierno todavía impugnado por algunas de las fuerzas que en su momento no reconocieron el resultado electoral del pasado 2 de julio de 2006”, se establece en el comunicado. La mañana del martes 14 en el Senado el PRD realizó otro cónclave al que asistieron Manuel Camacho Solís, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador e integrante del Frente Amplio Progesista (FAP), González Garza y Carlos Navarrete, jefe de la bancada de los senadores perredistas. Ahí determinaron no aceptar el período extraordinario y sólo esperarían el respaldo del PRI, el cual se dio a conocer unas horas después.
Trampa mediáticaEl rechazo del PRI y el PRD tuvo, entre otros factores de peso, la consideración de que la propuesta de Calderón buscaba un efecto mediático y que el mandatario se legitimara desde el Congreso al debatir con los diputados de todos los partidos. Incluso, el propio Santiago Creel aceptó que la iniciativa presidencial tuvo “un efecto de opinión pública muy positivo” y “descolocó a los grupos parlamentarios de oposición”. Para el PRI la propuesta del PAN sólo fue una trampa mediática para evitar que salga a flote el problema de fondo: la falta de legitimidad de Calderón. “La trampa fue reducir a un debate mediático que resuelve su problema de coyuntura (de Calderón), a algo que tiene mucho más fondo, que es la discusión de origen sobre las elecciones del 2 de julio de 2006, que dejaron insatisfechos a todos los participantes, incluido al partido que el Tribunal Electoral dijo que ganó. Esto no lo debemos permitir”, sostiene Beltrones. –¿La propuesta de Calderón tenía el propósito de legitimarse? –No sé si estén pensado en legitimarse o no, pero de lo que sí estoy cierto es que así como el 1 de diciembre fue una victoria pírrica para el PAN y el presidente de la República, este 1 de septiembre hubiera pasado lo mismo en caso de que hubiese prosperado esta maniobra mediática. “Con esta maniobra pretendió resolver el problema que mantiene con una de las fuerzas políticas más importantes del país, que no lo acepta como presidente legítimo… No escondamos lo que se encuentra a la vista. El problema está en que Calderón no es reconocido por esta fuerza política, conformada por el FAP, el cual aglutina a tres partidos políticos.
Para Beltrones, el problema sigue siendo entre el PAN y el PRD; “que lo resuelvan entre ellos”. El conflicto, sostiene, está entre López Obrador y Felipe Calderón, no con el PRI. –¿Por qué en diciembre de 2006 lo respaldaron ante el Congreso y hoy no? –En diciembre se trataba de dar certidumbre a los mexicanos y tener un presidente de la República, pero hoy es una trampa. –¿Para los dos partidos? –Posiblemente. Beltrones explica que para ellos un debate se debe enmarcar en la reforma del Estado, y añade que su partido “tiene la vista mucho más allá” del 1 de septiembre. “Este país necesita verdaderas reformas de fondo, política electoral y judicial, rumbo al 2012”. El PRD coincide con el PRI en que la propuesta calderonista es una trampa mediática; incluso ambos partidos tienen un objetivo en común de mayor alcance: la elección presidencial del 2012 y con ello la reforma electoral. Así como la propuesta de Calderón “descolocó” al PRI, al interior del PRD las distintas corrientes también se enfrentaron: por un lado el bloque de Nueva Izquierda, los cívicos y el Movimiento Nacional por la Democracia, donde están el coordinador y el vicecoordinador de los diputados, González Garza y Juan N. Guerra, quienes apoyaban la idea del debate con Calderón “para decirle en su cara que es ilegítimo y centrar el trabajo en una reforma electoral rumbo al 2012”. “Nosotros tenemos más interés en la reforma electoral que en el día primero”, sostiene Juan N. Guerra, para quien la idea de hablar con Calderón no implica legitimarlo, “porque el fraude del 2 de julio es un hecho histórico”. En el otro extremo están los grupos Alternativa Democrática Nacional, Frente Político de Izquierda, Foro Nuevo Sol, Izquierda Social e Izquierda Democrática Nacional, quienes dicen no al debate porque sería reconocer a Calderón de facto.
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