Cuentas sin saldar
Lorenzo Meyer
29 Abr. 10
Las sociedades pueden mantenerse por largos periodos sin ajustar cuentas con los crímenes del pasado, pero ese olvido artificial tiene un precio
Contabilidad
Hoy, Argentina, España y México son ejemplos de cómo se enfrentan o se evaden las cuentas políticas sin saldar con los autoritarismos del pasado. Las cuentas son varias, pero las de mayor peso moral son las que se refieren a las responsabilidades por las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por los regímenes del pasado inmediato.
Desde el principio, los excesos de los antecesores han planteado un dilema ético y político a los sucesores: confrontar el pasado aun a riesgo de reabrir las viejas heridas o seguir posponiendo el día del juicio en espera de que el tiempo termine por desgastar el recuerdo y el olvido se imponga sobre la memoria.
En cualquier situación de tengo y debo, incluidas las políticas, hay dos posibilidades: se hace un esfuerzo y se liquida la deuda o se pospone y se prolonga el problema. En este último caso, se puede negociar con el acreedor pero también, si no se tienen recursos o vergüenza, se puede ignorar el asunto y que el afectado le haga como pueda: que se resigne o que se eche encima el pleito y los problemas, frustraciones y peligros que implica. En estos tiempos disponemos de ejemplos cercanos que ilustran bien la complejidad y naturaleza de las deudas de transiciones políticas donde, inevitablemente, se planteó qué hacer frente a los crímenes del pasado.
Argentina
La semana pasada un tribunal federal dictó sentencia contra el general retirado Reynaldo Benito Bignone, de 82 años, y último Presidente del régimen militar que tomó el poder mediante un golpe en 1976, que luego se asentó en un terrorismo de Estado y que, finalmente, cayó en 1983 a raíz de su rotundo fracaso en su intento de legitimarse por la vía de una guerra: la reconquista de las Islas Malvinas. La derrota de los militares argentinos por los ingleses, y que costó más de 600 vidas, fue el último pago que el país del sur debió hacer para acabar con una dictadura que asesinó al menos a 13 mil personas según las cifras oficiales, en su mayoría obreros y estudiantes.
Bignone, antes de dejar el poder a un mandatario civil democráticamente electo, Raúl Alfonsín, ordenó destruir la documentación sobre la Guerra Sucia contra los opositores y dictó la ley 22.924 que amnistiaba a todos los militares que, como él, hubieran participado en la "guerra contra la subversión". Al final, la autoamnistía no valió, pues ya en la democracia el Congreso la declaró nula y permitió el ajuste de cuentas, cuyo último episodio fue el de Bignone: una sentencia de 25 años de prisión -y no en su domicilio sino en una prisión federal- por crímenes de lesa humanidad mientras fue el encargado de los centros de detención de Campo de Mayo. El general fue encontrado directamente culpable de 11 allanamientos ilegales, seis robos, 15 privaciones ilegales de la libertad, 38 casos de tortura y 29 desapariciones. La democracia argentina tendrá aún muchos problemas a resolver, pero ya no el de saldar sus cuentas con el pasado, cosa que no pueden decir ni España ni México.
España
Hoy, en España, los patos le tiran a las escopetas. Y es que el juez Baltasar Garzón, el mismo que tuvo el arrojo e imaginación suficientes para ordenar el arresto del general Augusto Pinochet, ex dictador militar chileno, por considerarlo responsable de la tortura y muerte de varios ciudadanos españoles en Chile, se encuentra hoy sometido a juicio por intentar investigar en su país las desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.
Si los jueces conservadores, especialmente el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, se salen con la suya y logran que Garzón sea encontrado culpable de excederse en su autoridad al investigar los crímenes franquistas -se le acusa de contravenir a sabiendas la ley de amnistía de 1977-, entonces puede ser suspendido de su cargo hasta por 20 años. Esa suspensión significaría el fin de la carrera del abogado más famoso de España -su biografía subraya que ha recibido ya ¡21 doctorados Honoris Causa!- y un triun- fo innegable de sus acusadores.
Y los acusadores de Garzón ¿quiénes son? Pues nada menos que los franquistas: Falange Española de la JONS -única organización política permitida durante la dictadura franquista- y las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad. Detrás de los acusadores de Garzón está el actual partido de oposición en España y aglutinador de las derechas de ese país: el Partido Popular (PP). El fundador del PP, Manuel Fraga, señaló que "algunos compañeros se han cansado de verlo [a Garzón] constantemente en las primeras páginas de los periódicos" y que por eso le están pasando "la factura" (Público, 26 de abril). Pero la explicación completa tiene que ver con algo más que fastidio y que con una revancha porque Garzón abrió una investigación por corrupción contra 43 personajes relacionados con el PP en Madrid, Valencia y Costa del Sol (trama Gürtel). La explicación completa debe, además, incluir el esfuerzo por la reivindicación del franquismo.
Vista desde este lado del Atlántico, la transición política española resultó ejemplar: tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 se llegó a un gran acuerdo entre derechas e izquierdas y se elaboró la nueva Constitución de 1978. Las elecciones posteriores han permitido la alternancia sin problemas entre gobiernos de centro izquierda (PSOE) y de derecha (PP). Sin embargo, la clase política española decidió, literalmente, que no era prudente desenterrar a los muertos que aún están en fosas comunes que datan de la Guerra Civil y que por tanto están en, y son, la raíz misma del antiguo régimen, de la dictadura franquista. No hacer presente un pasado de todos conocido pero cuyos herederos no desean que se vuelva a discutir fue uno de los límites implícitos que la derecha puso como condición del juego democrático español.
Brutalidades y fusilamientos en masa los hubo en los dos bandos que libraron la Guerra Civil española, pero los vencedores tuvieron oportunidad de llevar a sus muertos al sitio que finalmente quisieron -el Valle de los Caídos. Era y es imposible que con el advenimiento de la democracia, los vencidos no quisieran recuperar a los suyos y en buena forma.
Desde fuera, la opinión pública está con Garzón. Como bien lo señalara una editorial del 9 de este mes de The New York Times, ninguna ley de amnistía es superior a la obligación moral y jurídica de investigar un crimen contra la humanidad y eso, precisamente, son las 100 mil desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y el primer decenio del franquismo.
El crimen que ahora está siendo juzgado por la opinión pública mundial es justamente el que se niegan a abordar los tribunales españoles: esa desaparición masiva y el esfuerzo de esos tribunales por impedir la investigación. Desde fuera, el juicio contra Garzón es "una parodia de justicia" pues lo que le urge a España es "saldar cuentas con su problemático pasado".
México
Cuando el PRI fue echado de Los Pinos tras la elección del 2000, una derecha que en numerosas ocasiones se dijo víctima del autoritarismo priista, la panista, se comprometió a confrontar a ese partido con sus múltiples actos de gran corrupción y con sus crímenes políticos, en particular los asesinatos masivos de estudiantes en 1968 y 1971, los desaparecidos durante la Guerra Sucia de los sesenta y setenta y otros similares, todos ellos identificados con causas y movimientos de izquierda. Sin embargo, la obsesión del primer gobierno del supuesto nuevo régimen por detener el avance de la izquierda le llevó a buscar un acuerdo con un PRI que, desprestigiado y todo, mantenía el control de más de la mitad de los gobiernos estatales y una fuerte presencia en el Congreso. De ahí que de muy poco sirviera la creación de la "Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado". La tristemente célebre fiscalía -célebre por lo largo de su título y sus gastos y lo corto de sus logros- recibió más de 300 denuncias de desapariciones forzadas pero, antes de desaparecer, sólo logró que se giraran dos órdenes de aprehensión de personajes secundarios.
Conclusión
A diferencia de Bignone, el ex Presidente Luis Echeverría sigue cómodamente instalado en su casa e incómodamente en la conciencia colectiva. En contraste con España, dentro del nuevo régimen mexicano ni siquiera hubo la sombra de un juez Garzón, pero sí la posibilidad de un retorno de un PRI que nunca rindió cuentas. Como la justicia nunca ha sido justa con México, aumentan los intereses de las cuentas históricas por saldar.
Contabilidad
Hoy, Argentina, España y México son ejemplos de cómo se enfrentan o se evaden las cuentas políticas sin saldar con los autoritarismos del pasado. Las cuentas son varias, pero las de mayor peso moral son las que se refieren a las responsabilidades por las violaciones masivas a los derechos humanos cometidos por los regímenes del pasado inmediato.
Desde el principio, los excesos de los antecesores han planteado un dilema ético y político a los sucesores: confrontar el pasado aun a riesgo de reabrir las viejas heridas o seguir posponiendo el día del juicio en espera de que el tiempo termine por desgastar el recuerdo y el olvido se imponga sobre la memoria.
En cualquier situación de tengo y debo, incluidas las políticas, hay dos posibilidades: se hace un esfuerzo y se liquida la deuda o se pospone y se prolonga el problema. En este último caso, se puede negociar con el acreedor pero también, si no se tienen recursos o vergüenza, se puede ignorar el asunto y que el afectado le haga como pueda: que se resigne o que se eche encima el pleito y los problemas, frustraciones y peligros que implica. En estos tiempos disponemos de ejemplos cercanos que ilustran bien la complejidad y naturaleza de las deudas de transiciones políticas donde, inevitablemente, se planteó qué hacer frente a los crímenes del pasado.
Argentina
La semana pasada un tribunal federal dictó sentencia contra el general retirado Reynaldo Benito Bignone, de 82 años, y último Presidente del régimen militar que tomó el poder mediante un golpe en 1976, que luego se asentó en un terrorismo de Estado y que, finalmente, cayó en 1983 a raíz de su rotundo fracaso en su intento de legitimarse por la vía de una guerra: la reconquista de las Islas Malvinas. La derrota de los militares argentinos por los ingleses, y que costó más de 600 vidas, fue el último pago que el país del sur debió hacer para acabar con una dictadura que asesinó al menos a 13 mil personas según las cifras oficiales, en su mayoría obreros y estudiantes.
Bignone, antes de dejar el poder a un mandatario civil democráticamente electo, Raúl Alfonsín, ordenó destruir la documentación sobre la Guerra Sucia contra los opositores y dictó la ley 22.924 que amnistiaba a todos los militares que, como él, hubieran participado en la "guerra contra la subversión". Al final, la autoamnistía no valió, pues ya en la democracia el Congreso la declaró nula y permitió el ajuste de cuentas, cuyo último episodio fue el de Bignone: una sentencia de 25 años de prisión -y no en su domicilio sino en una prisión federal- por crímenes de lesa humanidad mientras fue el encargado de los centros de detención de Campo de Mayo. El general fue encontrado directamente culpable de 11 allanamientos ilegales, seis robos, 15 privaciones ilegales de la libertad, 38 casos de tortura y 29 desapariciones. La democracia argentina tendrá aún muchos problemas a resolver, pero ya no el de saldar sus cuentas con el pasado, cosa que no pueden decir ni España ni México.
España
Hoy, en España, los patos le tiran a las escopetas. Y es que el juez Baltasar Garzón, el mismo que tuvo el arrojo e imaginación suficientes para ordenar el arresto del general Augusto Pinochet, ex dictador militar chileno, por considerarlo responsable de la tortura y muerte de varios ciudadanos españoles en Chile, se encuentra hoy sometido a juicio por intentar investigar en su país las desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.
Si los jueces conservadores, especialmente el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, se salen con la suya y logran que Garzón sea encontrado culpable de excederse en su autoridad al investigar los crímenes franquistas -se le acusa de contravenir a sabiendas la ley de amnistía de 1977-, entonces puede ser suspendido de su cargo hasta por 20 años. Esa suspensión significaría el fin de la carrera del abogado más famoso de España -su biografía subraya que ha recibido ya ¡21 doctorados Honoris Causa!- y un triun- fo innegable de sus acusadores.
Y los acusadores de Garzón ¿quiénes son? Pues nada menos que los franquistas: Falange Española de la JONS -única organización política permitida durante la dictadura franquista- y las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad. Detrás de los acusadores de Garzón está el actual partido de oposición en España y aglutinador de las derechas de ese país: el Partido Popular (PP). El fundador del PP, Manuel Fraga, señaló que "algunos compañeros se han cansado de verlo [a Garzón] constantemente en las primeras páginas de los periódicos" y que por eso le están pasando "la factura" (Público, 26 de abril). Pero la explicación completa tiene que ver con algo más que fastidio y que con una revancha porque Garzón abrió una investigación por corrupción contra 43 personajes relacionados con el PP en Madrid, Valencia y Costa del Sol (trama Gürtel). La explicación completa debe, además, incluir el esfuerzo por la reivindicación del franquismo.
Vista desde este lado del Atlántico, la transición política española resultó ejemplar: tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 se llegó a un gran acuerdo entre derechas e izquierdas y se elaboró la nueva Constitución de 1978. Las elecciones posteriores han permitido la alternancia sin problemas entre gobiernos de centro izquierda (PSOE) y de derecha (PP). Sin embargo, la clase política española decidió, literalmente, que no era prudente desenterrar a los muertos que aún están en fosas comunes que datan de la Guerra Civil y que por tanto están en, y son, la raíz misma del antiguo régimen, de la dictadura franquista. No hacer presente un pasado de todos conocido pero cuyos herederos no desean que se vuelva a discutir fue uno de los límites implícitos que la derecha puso como condición del juego democrático español.
Brutalidades y fusilamientos en masa los hubo en los dos bandos que libraron la Guerra Civil española, pero los vencedores tuvieron oportunidad de llevar a sus muertos al sitio que finalmente quisieron -el Valle de los Caídos. Era y es imposible que con el advenimiento de la democracia, los vencidos no quisieran recuperar a los suyos y en buena forma.
Desde fuera, la opinión pública está con Garzón. Como bien lo señalara una editorial del 9 de este mes de The New York Times, ninguna ley de amnistía es superior a la obligación moral y jurídica de investigar un crimen contra la humanidad y eso, precisamente, son las 100 mil desapariciones de españoles durante la Guerra Civil y el primer decenio del franquismo.
El crimen que ahora está siendo juzgado por la opinión pública mundial es justamente el que se niegan a abordar los tribunales españoles: esa desaparición masiva y el esfuerzo de esos tribunales por impedir la investigación. Desde fuera, el juicio contra Garzón es "una parodia de justicia" pues lo que le urge a España es "saldar cuentas con su problemático pasado".
México
Cuando el PRI fue echado de Los Pinos tras la elección del 2000, una derecha que en numerosas ocasiones se dijo víctima del autoritarismo priista, la panista, se comprometió a confrontar a ese partido con sus múltiples actos de gran corrupción y con sus crímenes políticos, en particular los asesinatos masivos de estudiantes en 1968 y 1971, los desaparecidos durante la Guerra Sucia de los sesenta y setenta y otros similares, todos ellos identificados con causas y movimientos de izquierda. Sin embargo, la obsesión del primer gobierno del supuesto nuevo régimen por detener el avance de la izquierda le llevó a buscar un acuerdo con un PRI que, desprestigiado y todo, mantenía el control de más de la mitad de los gobiernos estatales y una fuerte presencia en el Congreso. De ahí que de muy poco sirviera la creación de la "Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado". La tristemente célebre fiscalía -célebre por lo largo de su título y sus gastos y lo corto de sus logros- recibió más de 300 denuncias de desapariciones forzadas pero, antes de desaparecer, sólo logró que se giraran dos órdenes de aprehensión de personajes secundarios.
Conclusión
A diferencia de Bignone, el ex Presidente Luis Echeverría sigue cómodamente instalado en su casa e incómodamente en la conciencia colectiva. En contraste con España, dentro del nuevo régimen mexicano ni siquiera hubo la sombra de un juez Garzón, pero sí la posibilidad de un retorno de un PRI que nunca rindió cuentas. Como la justicia nunca ha sido justa con México, aumentan los intereses de las cuentas históricas por saldar.
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