Tras años de evadir la justicia, pederasta y asesino es condenado a 20 años de cárcel
El productor y distribuidor de pornografía infantil tuvo nexos con Succar Kuri
BLANCHE PETRICH
Ocho años después de haber asesinado al niño Carlos Alberto Muñoz Valdez en la ciudad de Torreón, el pederasta Enrique Busquets Casanova fue sentenciado a 20 años de prisión por la juez María Luisa Valencia. La familia de Carlitos reconoció el dictamen de la magistrada, "porque puso fin al círculo de protección que obstaculizó la aplicación de la justicia en este caso durante las administraciones de dos gobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y Enrique Martínez". Pero anunció que apelará la resolución por considerar como "mínima" y "ridícula" la pena de 20 años impuesta, ya que no consideró la alevosía y brutalidad del infanticida ni el contexto delincuencial de Busquets, quien se dedicaba a la producción y distribución de pornografía infantil cibernética."Es apenas el primer paso", expresó en entrevista Carlos Muñoz, padre del niño asesinado el 2 de enero de 1999. "De perdida ya se puso fin a la impunidad. Pero nosotros no vamos a bajar la guardia. En enero vamos a presentar una apelación para ampliar la sentencia. "El abogado Alejandro López Hernández, representante legal de la familia Muñoz Valdez, explicó que la juez Valencia basó su fallo en lo establecido en el Código Penal que estaba vigente en Coahuila cuando ocurrieron los hechos y que fijaba 20 años de prisión como pena máxima. Esta legislación fue endurecida meses después.
La demanda para que se amplíe la sentencia carcelaria de Busquets y se le aplique "una pena ejemplar" buscará que los juzgadores tomen en cuenta todos los agravantes que fueron plenamente probados durante el juicio, explicó el abogado. Hace ocho años, Busquets era propietario de un establecimiento llamado Centro de Inteligencia Artificial, dedicado a la computación, ubicado en la colonia San Isidro, en Torreón. Según los resultados de la investigación, ahí vendía materiales de pornografía infantil y adolescente y, según denuncias que nunca prosperaron ante el Ministerio Público, varios menores fueron acosados sexualmente por el acusado. Carlitos Muñoz, de 11 años, acudió al centro el 2 de enero de 1999 para escoger el videojuego que pensaba pedir como regalo de Día de Reyes. Otro jovencito, Andrés Rodríguez, lo acompañaba. Este muchacho testificó y ratificó en tres declaraciones sucesivas que Carlitos quedó solo con Busquets en su tienda. Fue el último en verlo vivo. En su cuarta declaración, el chico se retractó porque sus padres fueron amenazados de muerte. El Ministerio Público no preguntó siquiera el porqué de la retractación. En noviembre de 2005, ya como mayor de edad, Rodríguez volvió a presentarse ante el juez para ratificar su primera versión. Ese dato resultó clave para las conclusiones posteriores. Según los indicios recabados por el fiscal especial del caso, el comandante Juan Chapa, Busquets habría asesinado al niño durante las primeras horas de la tarde del 2 de enero.
Después fue a comer a su casa y cerca de las cuatro de la tarde, según él mismo declaró, regresó al local. A las ocho de la noche volvió a salir solo. Y Busquets, que no justificó su ausencia durante ese lapso, llegó a su casa sin zapatos y con su vehículo cubierto de tierra. Pocas horas después se reportaba el hallazgo del cuerpo de un niño abandonado cerca de ahí. El testimonio de la ex esposa de Busquets, Angélica María González, resultó clave para el esclarecimiento del asesinato. Ella describe el comportamiento atípico de su ex marido el día del crimen, su llegada sigilosa durante la noche, el mal olor que impregnaba su ropa, el hecho insólito de que él insistiera al día siguiente en lavar su coche y el intento que hizo de venderlo inmediatamente después. Sin embargo, todos estos indicios no fueron investigados en su momento. Por el contrario, durante los gobiernos de Montemayor y Martínez, Busquets fue protegido por las autoridades. Los titulares de la Procuraduría General de Justicia estatal durante esos dos periodos, Ricardo Cisneros y Oscar Calderón, el ex delegado de la procuraduría en Torreón Francisco Woo Favela y Ricardo Sánchez Reyes, jefe de la Policía Ministerial, solaparon numerosas irregularidades en el proceso de investigación, lo que le permitió a Busquets vivir todavía 14 meses en la ciudad donde cometió el infanticidio. Según Juan Chapa, nombrado fiscal especial del caso en 2000 y actualmente director de seguridad pública en Gómez Palacio, la explicación del círculo de protección que encubrió durante estos años a Busquets radica en las ramificaciones que el infantidicio tiene con una red de pederastia y pornografía infantil en Coahuila. Entre algunas de las irregularidades cometidas, las autoridades policiacas de Torreón nunca ordenaron un peritaje en el local de Busquets, intentaron presentar como chivo expiatorio a un joven indigente con retraso mental y omitieron investigar la venta apresurada de su camioneta.
Por el contrario, Ricardo Cisneros, procurador durante la administración de Montemayor, destituyó a quienes apuntaron la investigación en dirección a Busquets, Javier Gutiérrez Pesqueira, comandante de la policía ministerial de Torreón en tiempos del asesinato, y el agente del ministerio público Rafael Rosales. Dos años después, el fiscal Juan Chapa localizó en un deshuesadero el asiento original del auto. Ahí los peritos encontraron una fibra que, se pudo determinar, era un hilo de la camiseta que Carlitos vestía el día de su muerte. Además se permitió en otro momento el extravío de expedientes y piezas de la averiguación previa. Y en un intento por cerrar el caso, declararon que el niño había muerto durante un juego de "luchitas". Finalmente Busquets huyó a España y sus abogados lograron que entre 1999 y 2004 se anularan dos órdenes de aprehensión en su contra. Mediante una investigación cibernética, fue localizado en Gerona, por medio de los sitios de pornografía infantil que frecuentaba en la red.
Ante la indiferencia de las autoridades del estado, el padre acudió al consulado de España en Monterrey, que se interesó en el caso por tratarse de un caso de pederastia y pornografía infantil. Finalmente la Interpol intervino, Busquets fue arrestado en septiembre de 2004 cinco años después del asesinato de Carlitos y en 2005 se cumplió su extradición. Apenas entonces empezó una averiguación en forma. El testimonio que rindió la ex esposa Angélica González reveló, además de pruebas claves para el esclarecimiento, la red de relaciones de Busquets con pederastas conocidos de la comarca lagunera, una red de funcionarios y ricos industriales del algodón y los textiles que conduce, inclusive, al nombre de Succar Kuri. Estos son los elementos que constituyen, según el abogado López Hernández, el "factor criminológico" que dará sustento al alegato de la familia Muñoz Valdés, para solicitar la ampliación de la sentencia del homicida y pederasta.
http://kikka-roja.blogspot.com
La demanda para que se amplíe la sentencia carcelaria de Busquets y se le aplique "una pena ejemplar" buscará que los juzgadores tomen en cuenta todos los agravantes que fueron plenamente probados durante el juicio, explicó el abogado. Hace ocho años, Busquets era propietario de un establecimiento llamado Centro de Inteligencia Artificial, dedicado a la computación, ubicado en la colonia San Isidro, en Torreón. Según los resultados de la investigación, ahí vendía materiales de pornografía infantil y adolescente y, según denuncias que nunca prosperaron ante el Ministerio Público, varios menores fueron acosados sexualmente por el acusado. Carlitos Muñoz, de 11 años, acudió al centro el 2 de enero de 1999 para escoger el videojuego que pensaba pedir como regalo de Día de Reyes. Otro jovencito, Andrés Rodríguez, lo acompañaba. Este muchacho testificó y ratificó en tres declaraciones sucesivas que Carlitos quedó solo con Busquets en su tienda. Fue el último en verlo vivo. En su cuarta declaración, el chico se retractó porque sus padres fueron amenazados de muerte. El Ministerio Público no preguntó siquiera el porqué de la retractación. En noviembre de 2005, ya como mayor de edad, Rodríguez volvió a presentarse ante el juez para ratificar su primera versión. Ese dato resultó clave para las conclusiones posteriores. Según los indicios recabados por el fiscal especial del caso, el comandante Juan Chapa, Busquets habría asesinado al niño durante las primeras horas de la tarde del 2 de enero.
Después fue a comer a su casa y cerca de las cuatro de la tarde, según él mismo declaró, regresó al local. A las ocho de la noche volvió a salir solo. Y Busquets, que no justificó su ausencia durante ese lapso, llegó a su casa sin zapatos y con su vehículo cubierto de tierra. Pocas horas después se reportaba el hallazgo del cuerpo de un niño abandonado cerca de ahí. El testimonio de la ex esposa de Busquets, Angélica María González, resultó clave para el esclarecimiento del asesinato. Ella describe el comportamiento atípico de su ex marido el día del crimen, su llegada sigilosa durante la noche, el mal olor que impregnaba su ropa, el hecho insólito de que él insistiera al día siguiente en lavar su coche y el intento que hizo de venderlo inmediatamente después. Sin embargo, todos estos indicios no fueron investigados en su momento. Por el contrario, durante los gobiernos de Montemayor y Martínez, Busquets fue protegido por las autoridades. Los titulares de la Procuraduría General de Justicia estatal durante esos dos periodos, Ricardo Cisneros y Oscar Calderón, el ex delegado de la procuraduría en Torreón Francisco Woo Favela y Ricardo Sánchez Reyes, jefe de la Policía Ministerial, solaparon numerosas irregularidades en el proceso de investigación, lo que le permitió a Busquets vivir todavía 14 meses en la ciudad donde cometió el infanticidio. Según Juan Chapa, nombrado fiscal especial del caso en 2000 y actualmente director de seguridad pública en Gómez Palacio, la explicación del círculo de protección que encubrió durante estos años a Busquets radica en las ramificaciones que el infantidicio tiene con una red de pederastia y pornografía infantil en Coahuila. Entre algunas de las irregularidades cometidas, las autoridades policiacas de Torreón nunca ordenaron un peritaje en el local de Busquets, intentaron presentar como chivo expiatorio a un joven indigente con retraso mental y omitieron investigar la venta apresurada de su camioneta.
Por el contrario, Ricardo Cisneros, procurador durante la administración de Montemayor, destituyó a quienes apuntaron la investigación en dirección a Busquets, Javier Gutiérrez Pesqueira, comandante de la policía ministerial de Torreón en tiempos del asesinato, y el agente del ministerio público Rafael Rosales. Dos años después, el fiscal Juan Chapa localizó en un deshuesadero el asiento original del auto. Ahí los peritos encontraron una fibra que, se pudo determinar, era un hilo de la camiseta que Carlitos vestía el día de su muerte. Además se permitió en otro momento el extravío de expedientes y piezas de la averiguación previa. Y en un intento por cerrar el caso, declararon que el niño había muerto durante un juego de "luchitas". Finalmente Busquets huyó a España y sus abogados lograron que entre 1999 y 2004 se anularan dos órdenes de aprehensión en su contra. Mediante una investigación cibernética, fue localizado en Gerona, por medio de los sitios de pornografía infantil que frecuentaba en la red.
Ante la indiferencia de las autoridades del estado, el padre acudió al consulado de España en Monterrey, que se interesó en el caso por tratarse de un caso de pederastia y pornografía infantil. Finalmente la Interpol intervino, Busquets fue arrestado en septiembre de 2004 cinco años después del asesinato de Carlitos y en 2005 se cumplió su extradición. Apenas entonces empezó una averiguación en forma. El testimonio que rindió la ex esposa Angélica González reveló, además de pruebas claves para el esclarecimiento, la red de relaciones de Busquets con pederastas conocidos de la comarca lagunera, una red de funcionarios y ricos industriales del algodón y los textiles que conduce, inclusive, al nombre de Succar Kuri. Estos son los elementos que constituyen, según el abogado López Hernández, el "factor criminológico" que dará sustento al alegato de la familia Muñoz Valdés, para solicitar la ampliación de la sentencia del homicida y pederasta.
Para éstas chingaderas me gustaban los cabrones ricachones, José Luis Barraza CCE, IMEF, industriales y Sa-cerdotes. Todavía hay quién dice que ganó calderón.
Al fin que dios cuida del niño masacrado y violado, el dinero todo lo puede, y FECAL tiene su heroe, admira a Francisco Franco... ¡mal rayo los parta por la mitad!
todo se arreglará mandando al diablo todo ¿verdad?
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