El koala
La derecha mexicana no ha entendido cuáles son las graves consecuencias institucionales, económicas y sociales de la imposición fraudulenta de Felipe Calderón como gobernante espurio en 2006 en lo que fue un verdadero golpe de Estado, y la crisis nacional, en consecuencia, está ahondándose cada vez más en todos los órdenes.
1. El profundo abismo que se abrió en el país tras la imposición del año pasado, y que ha transformado una crisis económica y social en una crisis política, no se puede restañar con una campaña de propaganda en los medios como pretende el gobierno de facto, con el roce internacional del gobernante ilegítimo, o con cambios cosméticos o medianos a las leyes electorales, y ni siquiera con la remoción de los presuntos y evidentes delincuentes electorales, que son Luis Carlos Ugalde y sus compinches.
2. Los consejeros del Instituto Federal Electoral no fueron simples “cómplices” del fraude, como ahora se pretende (que se limitaron a proteger a los mapaches el día del voto, a tolerar la intervención del gobierno foxista con todos sus recursos en la campaña de Acción Nacional, y a permitir el dinero sucio en la gira de Calderón y la propaganda negra en los medios), sino artífices del mismo (que falsificaron las cifras y revirtieron los resultados), por lo que su remoción no basta para establecer un Estado de derecho. Sería necesario procesarlos, traducir a Vicente Fox ante un juez y destituir y procesar a Calderón y a sus cómplices, para iniciar un proceso que revierta la situación.
3. El pacto “en lo fundamental” que debería sustentar la vida social en México se ha roto definitivamente por las políticas antisociales y antinacionales de los últimos gobiernos y por el fraude de 2006, y el “borrón y cuenta nueva” que se pretende con modificaciones electorales, agravia aún más a los mexicanos, sobre todo cuando se anuncian nuevas medidas antipopulares.
4. El gobierno espurio está llevando a México a ser un país de desigualdades cada vez mayores, que debe habituarse a vivir en la inflación y el desempleo, sin crecimiento económico, y en el que los derechos sociales le están siendo conculcados al pueblo por una minoría, mientras un poder público, integrado por individuos dedicados a negocios ilícitos se limita a servir a los grandes intereses. Un país, donde el gobierno, surgido del fraude, desaparece a opositores sociales, tiene como presos políticos a dirigentes populares, como Flavio Sosa de la Asamblea Popular de Pueblo de Oaxaca (APPO) e Ignacio del Valle de Atenco, no deja a los campesinos más alternativa que la de irse del otro lado de la frontera, y en donde hay movimientos armados.
5. Las fuertes explosiones en ductos de Pemex el lunes 10 de septiembre en Veracruz y Tlaxcala, como las ocurridas entre el 5 y el 10 de julio pasado en Guanajuato y Querétaro, reivindicadas todas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), al margen de su origen, no hacen más que recordar a todos que en México hay desaparecidos y hay movimientos armados.
6. En este contexto, la violenta reacción de oposición de los concesionarios de radio y televisión, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de los representantes del sector empresarial vinculado al gobierno a una reforma electoral, que en el mejor de los casos sólo busca generarle cierta legitimidad a los procesos electorales frenando el uso del dinero, es una evidencia más de que en México no puede haber democracia si subsiste un control monopólico de los medios por empresarios golpistas que se olvidan que no son “dueños” de éstos, sino meros concesionarios, y que quieren utilizarlos para decidir sobre la política nacional.
7. En 2006, Emilito Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y otros concesionarios no fueron tampoco sólo “cómplices” del fraude que violentó la voluntad popular, sino actores fundamentales del mismo, porque además de difundir sin ética la campaña sucia de los panistas y de un sector de traficantes de influencias, ellos mismos hicieron de los programas de noticias espacios de la campaña negra decidida por ellos mismos.
8. Los concesionarios no quieren perder el gran negocio en que se han convertido para ellos las elecciones, pero sobre todo su privilegio de poder imponer gobernantes a través de los medios y por eso se oponen a la reforma. La patética comparecencia de los locutores que enviaron a las oficinas de los senadores en la Torre del Caballito el pasado martes 11, para vociferar lo mismo que se les estaba “expropiando” o que se estaba “coartando la libertad de expresión” y que transmitieron en red nacional, como la vergonzosa reunión, también difundida en directo el miércoles 12, que tuvieron con empresarios del CCE y la Concamin en la que desconociendo al Poder Legislativo exigieron un referendo nacional sobre la materia, no han buscado, sino mostrar su poder.
9. El escenario de la crisis nacional se complementa con un gobernante espurio; Felipe Calderón, que no quiere tener responsabilidad por lo que acontece, y que en momentos críticos, siguiendo los pasos de Fox, decidió hacer una gira turística por Australia y Nueva Zelandia para conocer los koalas y a India para que su esposa viese el Taj Mahal, comportándose como turista yanqui, satisfecho como señala La Nación, el órgano panista, de que ya comienza a tener cierta ascendencia “sobre el gabinete”, como recordaba el columnista Julio Hernández.
10. La pregunta es si México puede seguir así: con este gobierno y estas políticas. En 1910, tras el fraude electoral, Francisco I. Madero convocó a los mexicanos a la insurrección armada; en 2006, luego del fraude, Andrés Manuel López Obrador convocó a la gente a una resistencia pacífica.
2. Los consejeros del Instituto Federal Electoral no fueron simples “cómplices” del fraude, como ahora se pretende (que se limitaron a proteger a los mapaches el día del voto, a tolerar la intervención del gobierno foxista con todos sus recursos en la campaña de Acción Nacional, y a permitir el dinero sucio en la gira de Calderón y la propaganda negra en los medios), sino artífices del mismo (que falsificaron las cifras y revirtieron los resultados), por lo que su remoción no basta para establecer un Estado de derecho. Sería necesario procesarlos, traducir a Vicente Fox ante un juez y destituir y procesar a Calderón y a sus cómplices, para iniciar un proceso que revierta la situación.
3. El pacto “en lo fundamental” que debería sustentar la vida social en México se ha roto definitivamente por las políticas antisociales y antinacionales de los últimos gobiernos y por el fraude de 2006, y el “borrón y cuenta nueva” que se pretende con modificaciones electorales, agravia aún más a los mexicanos, sobre todo cuando se anuncian nuevas medidas antipopulares.
4. El gobierno espurio está llevando a México a ser un país de desigualdades cada vez mayores, que debe habituarse a vivir en la inflación y el desempleo, sin crecimiento económico, y en el que los derechos sociales le están siendo conculcados al pueblo por una minoría, mientras un poder público, integrado por individuos dedicados a negocios ilícitos se limita a servir a los grandes intereses. Un país, donde el gobierno, surgido del fraude, desaparece a opositores sociales, tiene como presos políticos a dirigentes populares, como Flavio Sosa de la Asamblea Popular de Pueblo de Oaxaca (APPO) e Ignacio del Valle de Atenco, no deja a los campesinos más alternativa que la de irse del otro lado de la frontera, y en donde hay movimientos armados.
5. Las fuertes explosiones en ductos de Pemex el lunes 10 de septiembre en Veracruz y Tlaxcala, como las ocurridas entre el 5 y el 10 de julio pasado en Guanajuato y Querétaro, reivindicadas todas por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), al margen de su origen, no hacen más que recordar a todos que en México hay desaparecidos y hay movimientos armados.
6. En este contexto, la violenta reacción de oposición de los concesionarios de radio y televisión, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y de los representantes del sector empresarial vinculado al gobierno a una reforma electoral, que en el mejor de los casos sólo busca generarle cierta legitimidad a los procesos electorales frenando el uso del dinero, es una evidencia más de que en México no puede haber democracia si subsiste un control monopólico de los medios por empresarios golpistas que se olvidan que no son “dueños” de éstos, sino meros concesionarios, y que quieren utilizarlos para decidir sobre la política nacional.
7. En 2006, Emilito Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego y otros concesionarios no fueron tampoco sólo “cómplices” del fraude que violentó la voluntad popular, sino actores fundamentales del mismo, porque además de difundir sin ética la campaña sucia de los panistas y de un sector de traficantes de influencias, ellos mismos hicieron de los programas de noticias espacios de la campaña negra decidida por ellos mismos.
8. Los concesionarios no quieren perder el gran negocio en que se han convertido para ellos las elecciones, pero sobre todo su privilegio de poder imponer gobernantes a través de los medios y por eso se oponen a la reforma. La patética comparecencia de los locutores que enviaron a las oficinas de los senadores en la Torre del Caballito el pasado martes 11, para vociferar lo mismo que se les estaba “expropiando” o que se estaba “coartando la libertad de expresión” y que transmitieron en red nacional, como la vergonzosa reunión, también difundida en directo el miércoles 12, que tuvieron con empresarios del CCE y la Concamin en la que desconociendo al Poder Legislativo exigieron un referendo nacional sobre la materia, no han buscado, sino mostrar su poder.
9. El escenario de la crisis nacional se complementa con un gobernante espurio; Felipe Calderón, que no quiere tener responsabilidad por lo que acontece, y que en momentos críticos, siguiendo los pasos de Fox, decidió hacer una gira turística por Australia y Nueva Zelandia para conocer los koalas y a India para que su esposa viese el Taj Mahal, comportándose como turista yanqui, satisfecho como señala La Nación, el órgano panista, de que ya comienza a tener cierta ascendencia “sobre el gabinete”, como recordaba el columnista Julio Hernández.
10. La pregunta es si México puede seguir así: con este gobierno y estas políticas. En 1910, tras el fraude electoral, Francisco I. Madero convocó a los mexicanos a la insurrección armada; en 2006, luego del fraude, Andrés Manuel López Obrador convocó a la gente a una resistencia pacífica.
Kikka Roja
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