¿No que no?
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Las reformas electorales incluidas en la Constitución tuvieron como musas a las irregularidades que mancharon las últimas elecciones presidenciales.En el año 2006 la intolerancia anegó todos los resquicios de la existencia. Quienes condenábamos las intervenciones de Vicente Fox y del Comité Coordinador Empresarial fuimos tachados de censores empeñados en limitar la libertad de expresión. Cuando señalábamos los riesgos de las campañas negativas éramos calificados de retrógradas incapaces de valorar la modernidad de las “campañas de contraste”. A quienes criticamos la pasividad y/o parcialidad de la trinidad de árbitros electorales (IFE-Trife-FEPADE) se nos tachó de saboteadores de unas instituciones con olor a beatitud. Muy poco tiempo después se acepta que teníamos la razón. México tiene una larga tradición de irregularidades electorales. Si se piensa en las competencias por la Presidencia, durante el siglo 20 hubo fraudes en 1929, 1940, 1952 y 1988. ¿Es correcto incluir al año 2006 en tan selecta lista o debemos creerle a Manuel Espino quien calificó a la elección del año 2006 como la “más limpia, transparente e inobjetable de la historia del país”? (La Jornada, 3 de julio del 2007).
Catorce meses y 10 días después del 2 de julio los senadores de las tres principales Fuerzas políticas aprobaron con celeridad unas modificaciones a la Constitución. Dos días después lo hicieron los diputados y los congresos de 30 estados siguieron el ejemplo y en los próximos días el presidente publicará un documento construido sobre los planos estructurales de unos comicios turbios. ¿Avalancha de spots pregonando las mil y una maravillas del gobierno de Vicente Fox? A partir de ahora la Constitución establece que durante las campañas electorales estará prohibida “la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. ¿Medios electrónicos arrogantes imponiendo su voluntad a candidatos y partidos pusilánimes? Los cambios interrumpen las transfusiones masivas de dinero público a los medios electrónicos y el Estado recupera una parte del tiempo regalado por Marta y Vicente en el “Decretazo” de 2002. Y para evitar la costumbre de los concesionarios de radio y televisión de transmitir durante la madrugada la publicidad oficial, el legislador incluyó ¡en la Carta Magna! el horario en que debe transmitirse los spots. ¿Campañas negativas basadas en calumnias? Se enmendó la Constitución pensando en la tesis sostenida por la Suprema Corte: la libertad de expresión sí tiene límites. Por tanto, en la “propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas”.
¿Empresarios que defienden sus intereses pagando la difusión de spots insidiosos o mentirosos? En nuestro máximo ordenamiento jurídico se puso que “ninguna persona pública o privada, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular”. ¿Gastos escandalosos y falta de instrumentos legales para controlar el desorden? Según cálculos de Alfredo Figueroa del Comité Conciudadano, sólo ahorraremos el 11 por ciento del costo de las elecciones. Sin embargo, sí podría mejorarse la fiscalización de las cuentas de los partidos porque la Constitución ordena que el órgano fiscalizador del IFE tenga acceso a “los secretos bancario, fiduciario y fiscal”. ¿Autoridades electorales que tomaron decisiones a favor, sobre todo, de Felipe Calderón? El balance es desigual. Dejaron intacta a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que, bajo la dirección de María de los Ángeles Fromow, se distinguió por su ineficacia y parcialidad. Toda la atención y el debate giraron en torno al Instituto Federal Electoral (IFE) y, sobre todo, en el destino de los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), como si de su permanencia dependiera el dictamen último sobre la legitimidad de la elección.
Al final decidieron correrlos en abonos lo que está provocando un barullo tan fenomenal que merece un análisis separado. Por ahora, queda muy poco, casi nada, de la aureola de beatitud atribuida al actual Consejo; el diagnóstico más benigno le recrimina la tibieza con la cual defendió la calidad democrática. Se reproduce, a un nivel bastante inferior, el drama del Papa Pío XII cuya memoria quedó percudida por su falta de enjundia a la hora de defender a los judíos perseguidos por los nazis. Después de la elección los principales actores se anclaron en tesis inamovibles. Aunque el PRD se ha mantenido firme en la tesis del fraude electoral, en los resolutivos de su Décimo Congreso Nacional Extraordinario (agosto 2007) ya hizo una autocrítica y reconoció algunos de sus errores. El PAN se atrincheró en el silencio o en el mantra de la elección impecable porque si reconocían cualquier irregularidad estarían abonando la versión de un presidente ilegítimo. Sin embargo, los legisladores panistas aceptaron con su voto que sí hubo irregularidades bien graves y cuando Felipe Calderón publique las reformas a la Constitución estará concediendo implícitamente que su bando cometió excesos bien graves durante la campaña.
El destino de la calidad democrática está preñado de incertidumbre. Sería insensato quitarle trascendencia al evento aquí comentado porque impactará para bien la forma cómo se disputa el poder. Pero sería ingenuo suponer que se corregirá el daño causado. Hizo escuela, sentó precedentes, caló fuerte, la tesis del todo se vale con tal de ganar. Tanto así que mientras el PRI y el PAN ponían en la Constitución la prohibición a las campañas negativas, éstas siguieron utilizándola en los comicios de Baja California, Michoacán y Tamaulipas y en el caso del PRD, en su proceso de selección de dirigente. La elección de 2006 está siendo sometida a una revisión académica sin precedentes y se va afianzando como verdad histórica la tesis de que esa elección fue una de las más lodosas, costosas y dudosas de la historia. Ahora puede asegurarse que la cercanía con el abismo llevó a reformas a la Constitución tan importantes que se abre la posibilidad de que las elecciones futuras sean más confiables. Así es la historia.
Kikka Roja
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