Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): Carlos Romero Deschamps es “colaboracionista”

• La reforma no será aprobada según los términos de Calderón
• El SME acusa a Carlos Romero Deschamps de “colaboracionista”

Patricia Muñoz Ríos

El sindicato petrolero está siendo “colaboracionista” con el gobierno de Felipe Calderón para que la reforma energética sea aprobada, pero los electricistas y numerosas organizaciones obreras, campesinas y civiles darán la pelea para enfrentar esta embestida. Aun cuando el comité que encabeza Carlos Romero Deschamps “no quiere dar la cara”, lo harán otros trabajadores, que ya preparan demandas en organismos internacionales en contra de esa “iniciativa anticonstitucional”.

El secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, dijo lo anterior y apuntó que en junio se presentarán denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas contra el gobierno mexicano por el “atropello” a los intereses de la nación. Apuntó que han preparado una demanda de amparo que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por el SME, el Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear y diputados contra los contratos de servicios múltiples en Pemex y las licitaciones para el control de operación de ductos de la paraestal.

En entrevista, Esparza dijo que buscó al dirigente de los petroleros para fijar una postura común de las organizaciones sindicales ante la reforma energética, “pero Romero Deschamps ni siquiera quiso sentarse a discutir esta posibilidad. Probablemente la posición del líder petrolero tiene que ver con sus problemas de demandas por desfalcos financieros y por ello no ha querido dar la cara”. El sindicato petrolero, sostuvo, ha permitido la desincorporación de la paraestatal, “ha aceptado los contratos de servicios múltiples, aunque ello signifique pérdida de fuentes de empleo, y también ha permitido el crecimiento sin medida de la terciarización en la empresa y otros atropellos”.

El líder del SME consideró que no es posible que una reforma como la que plantea el Ejecutivo, que viola preceptos constitucionales y afecta la renta petrolera, sea aprobada “sin la opinión de los trabajadores, que han dejado la mayor parte de su vida en la construcción de Pemex”. La dirigencia sindical que encabeza Romero Deschamps, añadió, “debería estar preocupada porque, si pasan estas reformas y le dan participación abierta a las empresas privadas, la fuerza de trabajo la van a ir desplazando y mañana no van a poder sostener las prestaciones que contiene el contrato colectivo de trabajo”

Manifestó que “probablemente” sí habrá reforma energética, pero no será en los términos en los que la está planteando el gobierno federal. Indicó que las fracciones legislativas del PRI están divididas, ya que por un lado está el grupo de Franciso Labastida, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, en favor de la iniciativa, y por otro “se está consolidando un grupo de priístas con visión nacionalista, que no van a dejar al reforma pase como quiere el gobierno calderonista”. Advirtió que Labastida, presidente de la Comisión de Energía del Senado, es de los principales promotores del desmantalamiento de Pemex y del sector eléctrico, y “es él precisamente quien no tiene argumentos para decir que no hay dinero para sacar adelante a la empresa, cuando se conoce de sobra que tiene gran rentabilidad.”

Sangran a Pemex fiestas del 1º de mayo y el 18 de marzo
Patricia Muñoz Ríos
Por concepto de “ayuda para gastos derivados de los festejos relacionados con el desfile del primero de mayo” Pemex ha entregado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que dirige Carlos Romero Deschamps, más de 22 millones de pesos cada año de 2000 a 2008, es decir, más de 176 millones de pesos en ese lapso.

• Pemex se convertiría en mero administrador de contratos, señala
• Carlos Rojas, en contra de las empresas espejos
• Formula severa crítica a las iniciativas de reforma de Felipe Calderón

Andrea Becerril

Las cinco iniciativas de Felipe Calderón pretenden crear una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a Pemex, lo que dejaría a la paraestatal como mera administradora de contratos y la obligaría a compartir las ganancias del mercado interno y la renta petrolera, sostiene el presidente de la Fundación Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez.En un adelanto de la ponencia que presentará mañana en el Senado, durante el quinto foro de discusión de la reforma de Pemex, se manifiesta contra la creación de empresas espejos que impulsan los gobernadores de su partido, el PRI, ya que, alertó, “podrían encubrir otra forma de privatización” y violan diversos artículos de la Carta Magna. Un grupo de gobernadores priístas ha venido pugnando por esta opción y la propia dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, planteó durante el primer foro de análisis la posibilidad de que “los gobiernos de los estados” participen en “paraestatales locales de servicios”. Rojas Gutiérrez, sin embargo, advierte que las denominadas empresas espejos atentan contra la integridad de la industria petrolera nacional, “cuyas actividades deben estar exclusivamente a cargo de organismos descentralizados del sector público”. Las empresas espejos, detalla Rojas, están consideradas en la reforma de Calderón, específicamente en las modificaciones a la Ley Orgánica de Pemex, que la facultan para constituir o desaparecer libremente filiales paraestatales sin seguir los procedimientos marcados en la Ley de Entidades Paraestatales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ese planteamiento constituye “otro inexplicable régimen arbitrario de excepción jurídica” y podría dar lugar a las empresas espejos”, otra forma de privatización “encubierta”, sin sustento económico y orgánico, que deja traslucir incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo, con el sindicato. Tal pretensión, agregó, pasa por encima de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y de otras leyes secundarias.En su ponencia, el ex director de Pemex señala unos 20 “propósitos implícitos” en la reforma de Calderón, mediante los cuales se pretende “dar la vuelta a preceptos de la Carta Magna” para privatizar Pemex y debilitar la industria petrolera.Destaca que hay “un hábil entramado jurídico” que no permite el análisis individual de las cinco iniciativas de Calderón, ya que fueron construidas “de abajo hacia arriba, en función de lo que se requería que fuera o hiciera Pemex”.En ese sentido, tanto en la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo como en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía las modificaciones propuestas van encaminadas a posibilitar contratos de servicios para que empresas privadas puedan refinar crudo, “contraviniendo la integridad de la industria petrolera y cediendo el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”. Se trata de un mercado interno de un millón y medio de barriles diarios de crudo, el cual se pretende entregar a las trasnacionales para que lo refinen y sean propietarias de las instalaciones y equipos, al igual que de los ductos, en el caso de los particulares a los que Pemex cedería el transporte y almacenamiento de crudo.

Rojas Gutiérrez indica, asimismo, que las iniciativas de Calderón abren la puerta a “los conocidos internacionalmente como risk contracts”, es decir, contratos de riesgo para trabajar en cualquier materia o área de Pemex. En la reforma presidencial, detalla, se habla de contratos incentivados que la paraestatal podrá celebrar y en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”. Explica que esos contratos, usualmente aplicados a la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros, permiten que las empresas privadas realicen las actividades que consideran pertinentes y significarían para Pemex ceder la dirección, operación y control de esas áreas, “como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos”. El presidente de la Fundación Colosio resalta otro riesgo de las iniciativas de Calderón, ya que implican abrir unilateralmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo en el que México reservó la exploración, explotación y comercialización del petróleo.De aprobarse las iniciativas del Ejecutivo, “el Estado mexicano estaría eliminado parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de energía y petroquímica básica, y esa apertura ya no podría ser revertida unilateralmente”. Además, subraya, en caso de controversias éstas serían ventiladas ante paneles arbitrales internacionales y no ante los tribunales mexicanos.

Kikka Roja

México SA: desayunar comer y cenar demagogia Calderón

Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

• Déjà vu
• 30 años en círculo

Quien, con un poco de bicarbonato a la mano, tenga el valor y la paciencia de leer el discurso que ayer pronunció el inquilino de Los Pinos relativo a las “acciones en apoyo a la economía familiar”, irremediablemente experimentará un déjà vu o, lo que es lo mismo, el clásico “eso ya lo escuché, eso ya me lo prometieron, ya pasé por allí”.

Encuentro la siguiente definición: “el término déjà vu (“ya visto”) o paramnesia describe la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Este término fue acuñado por el investigador psíquico francés Émile Boirac (1851-1917) en su libro L’Avenir des sciences psychiques (El futuro de las ciencias psíquicas), basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. La experiencia del déjà vu suele ir acompañada por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza. La experiencia previa es con frecuencia atribuida a un sueño, aunque en algunos casos se da una firme sensación de que la experiencia ocurrió auténticamente en el pasado”.

Y los mexicanos son expertos en déjà vu, pues el país lleva 30 años dándole vueltas a la noria, mordiéndose la cola: la misma clase político-empresarial, las mismas promesas, los mismos discursos, las mismas “acciones de gobierno” y, lo peor de todo, los mismos resultados en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida política, económica y social.

Pues bien, ahora que la supuesta “coyuntura alimentaria” nos alcanzó (una “coyuntura” a punto de cumplir tres décadas), vale la pena el siguiente balance en algo que ni los más duchos propagandistas gubernamentales pueden ocultar: el devastador efecto para el estómago y los bolsillos de los mexicanos. Así, 28 años atrás, el 18 de marzo de 1980, el entonces presidente José López Portillo presentó en sociedad el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que establecía “metas de consumo alimentario y medios para satisfacerlas desde dos vertientes fundamentales: un rápido aumento en la producción de alimentos básicos y apoyos múltiples al consumo de las mayorías empobrecidas de México” y advertía que el país “tiene todas las posibilidades, históricas y materiales, para tomar un rumbo que revierta vigorosamente tendencias que, en estos momentos de graves definiciones internacionales, nos pueden conducir a la desnacionalización por la vía de la dependencia económica y tecnológica... (estamos ante) la quizá irrepetible y única posibilidad de satisfacer sin concesiones innecesarias nuestro gran potencial de crecimiento, ampliando la base productiva y el mercado interno, sentando así bases sólidas de soberanía y de una economía eficiente y poderosa”.

Tres años después, en plena crisis económica y ante la creciente importación de alimentos, el primer déjà vu sectorial: Miguel de la Madrid presenta en sociedad su Programa Nacional de Alimentación (Pronal), que prometía lo mismo que el SAM (“autosuficiencia alimentaria para resguardar la soberanía nacional y elevar el nivel de vida de los campesinos”), con el añadido de reducir “en cuando menos 30 por ciento” la compra de alimentos en el exterior. Llegaron Salinas, Zedillo y Fox, cada cual con su propio déjà vu como oferta de gobierno, y la importación de alimentos llegó a tal grado que por lo menos la mitad de lo que los mexicanos comen (aquellos que todavía lo hacen) proviene del extranjero, principalmente del norte, mientras el campo produce pobres y migrantes al por mayor, que ya no van a las grandes ciudades sino se dirigen al mismo norte que nos abastece.

Y llegó el déjà vu de la “continuidad” calderonista: “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”, asegura, mientras cifras oficiales revelan que “la dependencia de México para satisfacer la demanda de alimentos elevó el costo de importarlos a 5 mil 44.9 millones de dólares (y creciendo) en el primer trimestre de este año, una cantidad superior en mil 205.6 millones de dólares a la requerida en igual lapso de 2007, lo que significó un incremento de 31.4 por ciento” (La Jornada, Roberto González Amador), o lo que es lo mismo. una cantidad equivalente a la tercera parte de las divisas petroleras captadas en igual periodo. Como se ha escrito en este espacio, del SAM el estómago de millones de mexicanos pasó a depender del Tío SAM. En el primer trimestre de 2008 más de 55 millones de dólares diarios (2.3 millones por hora) salieron del país para comprar alimentos que no hace mucho se producían en México, con un gobierno que dice que “la seguridad alimentaria es un asunto de Estado”(s Unidos). Lo mejor del caso es que desde el TLCAN México ha erogado más de 120 mil millones de dólares por importación de alimentos.

El SAM proponía estimular la producción interna, como vía no sólo para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, sino para promover el empleo, aumentar el ingreso y el bienestar de los campesinos, y evitar la emigración (en aquel entonces hacia las zonas urbanas, en primer lugar, y a otros países, en última instancia). Veintiocho años después, sin olvidar los discursos de cuatro antecesores, el inquilino de Los Pinos en turno se compromete a “paliar la situación financiera de los mexicanos ante el incremento de los precios de los alimentos a nivel mundial” y “facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional; impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano, y proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres del país”.

Así, hasta el siguiente déjà vu, si es que el hambre lo deja llegar.

Las rebanadas del pastel

Si alguien tiene la paciencia y el estómago (de preferencia lleno, para evitar vahídos) para conocer qué proponía el SAM, favor de consultar la siguiente dirección electrónica: www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/17/doc/doc10.pdf ... Mi profundo agradecimiento al Club de Periodistas de México, a Celeste Sáenz de Miera y a quienes el pasado viernes abarrotaron el magno salón de Filomeno Mata número 8. Besos y apapachos.

Kikka Roja

Alimentos: equivocación trágica

Editorial

Ante la crisis alimentaria mundial, el gobierno federal anunció ayer la eliminación de los aranceles para las importaciones de maíz, trigo, arroz y soya, la reducción impositiva a la leche en polvo procedente del extranjero y una cuota fija para la importación de frijol libre de arancel; asimismo, exime de impuestos las importaciones de fertilizantes y abonos, abre créditos para pequeños productores agrícolas e incrementa el reparto de dinero entre las familias más pobres. Tales medidas generaron el inmediato rechazo de organizaciones sindicales y agrarias, que las calificaron de meros paliativos o incluso de demagogia presidencial de cara a los procesos electorales previstos para el año entrante.

En efecto, las propuestas formuladas ayer por Felipe Calderón Hinojosa eluden el problema principal de la crisis que, en el caso de México, es la pérdida de la autosuficiencia alimentaria debida a la aplicación de las políticas neoliberales aún en vigor. Lejos de ser una solución, la exención o reducción de impuestos favorecerá a los exportadores extranjeros de alimentos, a los grandes distribuidores e intermediarios privados, y ahondará la alarmante postración del agro mexicano.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con especial énfasis a raíz de la entrada en vigor de la cláusula de ese instrumento trilateral que libera de toda limitación el comercio de granos, se ha insistido en la acuciante necesidad de fortalecer la producción mexicana y de protegerla de importaciones baratas que, si bien tienden a frenar los precios a corto plazo, a la larga resultan desastrosas para el abasto popular. Las voces de advertencia correspondientes han resultado, a fin de cuentas, atinadas, y en la actual circunstancia pueden avizorarse en toda su crudeza las trágicas implicaciones de haber permitido la destrucción del campo en aras de un fundamentalismo del libre comercio.

No menos trágico resulta el empecinamiento actual en mantener al Estado fuera de eslabones fundamentales de la producción agraria, como la fabricación de fertilizantes, la fijación de precios de garantía y las cadenas de abasto popular. Por su parte, el asistencialismo –de inequívocos tintes electoreros y de control, para colmo– inaugurado con los programas salinistas y mantenido desde entonces con distintos nombres es un mero atenuante circunstancial de la miseria, pero en nada contribuye a combatir la extendida pobreza que se abate sobre los campesinos sobrevivientes del abandono gubernamental, del entusiasmo privatizador, del desmantelamiento de instituciones, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), y de la destrucción de ejidos propiciada por las reformas al artículo 27 constitucional.

Ante la carestía alimentaria mundial, el país debe fijarse como objetivo necesario, e incluso prioritario, recuperar las capacidades productivas del agro, incluso a costa de subsidios, que son vistos como tabú desde la óptica económica antinacional del grupo en el poder y que, sin embargo, constituyen instrumentos regulares de política agraria en Estados Unidos, en la Unión Europea y en naciones asiáticas como Japón. En tales países y regiones se entiende que la producción alimentaria es un factor de soberanía y hasta de seguridad nacional por el cual debe pagarse un precio. A la larga, dejar las necesidades de abasto de la población a los vaivenes del libre mercado internacional, sobre todo en el caso de países pobres, como el nuestro, acaba siendo mucho más caro y coloca a los gobiernos ante una disyuntiva lamentable: destinar porciones exorbitantes de sus recursos a la adquisición de alimentos foráneos o dejar que segmentos enteros de la población sean víctimas del hambre, como ha ocurrido en África a raíz de la sustitución de cultivos alimenticios básicos por plantaciones orientadas a la agroexportación que, en principio y a corto plazo, parecen más rentables.

En suma, resulta impostergable que la administración calderonista corrija la ausencia de política alimentaria y la desatención a los productores agrícolas nacionales, especialmente los de maíz y frijol, y que, aunque sea en este terreno, sea capaz de formular estrategias dotadas de visión nacional.

Kikka Roja

Paga el Cisen para espiar al Congreso: PAN DF

Contrata Cisen a empresa para espiar Jefa de la consultora elegida es cercana a la líder de AN en DF Jorge Ramos Pérez El Universal Lunes 26 de mayo de 2008 jorge.ramos@eluniversal.com.mx El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pagó un millón de pesos, más 150 mil pesos de impuestos, a una empresa privada, para dar seguimiento al Poder Legislativo en México. El contrato tiene pasajes reservados hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la estructura del Cisen. Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, SC, firmó el contrato CISEN/LIQ/024/07 por cinco meses, del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por mes, antes de IVA, para “consulta de la información sobre el Legislativo (sic) y su actualización continua en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”. El contrato fue entregado a este diario con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y mediante su aplicación el Cisen puede tener acceso a “reportes y cortes estratégicos de información; análisis de contenidos, y perfiles y mapas especializados de actores y temas desde la base”, explica la documentación. La compañía creó el Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL). Es un “sistema creado para condensar, sistematizar y convertir los datos desagregados surgidos del Congreso de la Unión en información agregada útil para la toma de decisiones”, precisa. Sin embargo, la sección del documento entregado donde se establecen las declaraciones del contrato es prácticamente ilegible. En la descripción de las actividades del contrato se añade: “objeto, contrato simplificado de prestación de servicios para acceder en línea al Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico que formará parte del presente instrumento jurídico”. Laura Iraís Ballesteros Mancilla, directora general de Consultores en Diseño de Estrategias Políticas y Legislativas, fue candidata a diputada en 2006, pero perdió las elecciones y es cercana a Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal. El contrato fue firmado por Ballesteros Mancilla y por el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, y dos funcionarios más cuyos nombres fueron clasificados en reserva. A principios de noviembre de 2006, Ballesteros Mancilla creó la empresa y obtuvo un contrato para el entonces equipo de transición del relevo presidencial, que consistía en integrar un perfil de cada uno de los legisladores. El dictamen sobre los estados financieros del fideicomiso para el equipo de transición, elaborado por el despacho Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., SC, no hace referencia alguna a dicha contratación, aunque según sus resultados no hubo irregularidad alguna en el manejo de 130 millones de pesos. Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, ha dado ya cuenta de que dicha empresa continuaba el seguimiento a los diputados y senadores. “El señor Calderón contrató una empresa para investigar a todos los legisladores. Es absurdo. Justo son esas ideas… por eso estamos en contra de las propuestas que hacía de justicia… No tiene ningún sentido que se dediquen recursos públicos a ese tipo de cosas….”, sostuvo González Garza. “Consultoría de Estrategias Político-Legislativas se llama la empresa (y la preside) Laura Ballesteros, y la relación la tiene con Gerardo Ruiz Mateos, que depende directamente de Juan Camilo Mouriño (entonces jefe de la oficina de la Presidencia de la República). Y les puedo dar el número de contrato que tienen”, sostuvo el diputado perredista. Paga el Cisen para espiar al Congreso Firma con empresa ligada a dirigente del PAN-DF contrato por un millón de pesos # Contrata Cisen a empresa para espiar 2008-05-26 # Piden leyes contra el deterioro ecológico 2008-05-26 # Datos del contrato del Cisen (1) # Datos del contrato del Cisen (2) Jorge Ramos Pérez El Universal Lunes 26 de mayo de 2008 jorge.ramos@eluniversal.com.mx Una empresa privada dio seguimiento durante cinco meses a actividades del Poder Legislativo en México, a petición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Mediante el contrato CISEN/LIQ/024/07, por un millón de pesos, la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue ocupada “para consulta de la información sobre el legislativo (sic) y su actualización continúa en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”. En el contrato, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los pasajes acerca de los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como nombres de servidores públicos del Cisen fueron reservados por 12 años. Consultores en Diseño es dirigida por Laura Iraís Ballesteros Mancilla, quien fue candidata a diputada panista en 2006 y es cercana a Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal. El contrato —del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por mes, antes del IVA— fue firmado por Ballesteros Mancilla y por el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, y dos funcionarios más cuyos nombres fueron clasificados en reserva. Los coordinadores parlamentarios Javier González Garza (PRD) y Dante Delgado (Convergencia) juzgaron criticable que el Cisen dé seguimiento a la tarea de los legisladores mediante una empresa privada. “No tiene ningún sentido que se dediquen recursos públicos a ese tipo de cosas”. puntualizó González Garza.

Kikka Roja

Monosapiens : El Oráculo de Golfos

Mono Sapiens : El Oráculo de Golfos

Por Helguera y Hernández: El Oráculo de Golfos .

Kikka Roja

VIDEO: Ricardo Raphael: LIBRO: Los socios de Elba Esther

http://www.youtube.com/watch?v=iN47FLGq3qU

• From: scharfs2008

video via: sendero del peje


NEFASTO FRAUDE ELECTORAL 2006
FELIPE CALDERON HINOJOSA NO VA A TERMINAR BIEN, SU DESTINO ES SER ALIMENTO PARA LAS BESTIAS. NUNCA UN SER HUMANO HA CAIDO TAN BAJO

FELIPE CALDERÓN NO VA A PARAR HASTA QUE MÉXICO ENTERO ESTÉ DESMANTELADO

TODOS DEBEMOS DEFENDER EL PETROLEO DE LAS GARRAS DE LOS PANISTAS VENDEPATRIAS

RUTH ZAVALETA, JESUS ORTEGA Y LOS CHUCHOS SON VILES PORROS AL SERVICIO DEL GOBIERNO ESPURIO CALDERONISTA.

Kikka Roja

Estrasburgo, Francia: Ruth Zavaleta: INCULTA y Santiago Creel: IMPONER LA REFORMA

RUTH ZAVALETA, (traidora) IGNORANTE Y OPORTUNISTA:
1.) ZAVALETA NO SABE LO QUE ES EL ESTADO LAICO.
2.) ZAVALETA NO ESTIMA O SUBESTIMA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EL IMPULSOR DE LA DEFENSA DE PEMEX Y EL QUE EN ESTE MOMENTO DEFIENDE LA CONSULTA POPULAR.

SANTIAGO CREEL, GOBIERNO ESPURIO MENTIROSO: IMPONEN LA REFORMA ENERGÉTICA DESINFORMANDO AL PUEBLO.

QUE VERGÜENZA, ZAVALETA Y CREEL FUERON A DEMOSTRAR A LOS FRANCESES LA GRAN CORRUPCIÓN DE LA QUE SON CAPACES

• Coinciden Zavaleta y Creel en el reto de la reforma

EFE
(07:15 a.m.)
Los legisladores participan en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento en Europa

Estrasburgo, Francia.- La presidenta de la Cámara de Diputados de México, Ruth Zavaleta, y su homólogo en el Senado, Santiago Creel, coincidieron hoy en que el mayor reto que tienen ante sí las dos cámaras es la reforma energética, cuyo debate ya ha arrancado y enfrenta a Gobierno y oposición.

En declaraciones a Efe que constituyen la primera entrevista conjunta que dan Zavaleta, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Creel, del Partido de Acción Nacional (PAN), la primera aseguró que la energética es la reforma pendiente más importante, después de la aprobación de la reforma del Estado. Ambos participan en la Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento, organizada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que hoy se clausura en Estrasburgo (noreste de Francia). México es uno de los países observadores, y el único de Latinoamérica, ante esta institución paneuropea, con sede en Estrasburgo. Zavaleta destacó cómo la sociedad civil "ha manifestado su forma de pensar" en el polémico debate de la reforma energética y dio también su opinión durante un período de tres meses en la reforma del Estado.

Al tiempo, lamentó que no exista una figura formal que canalice la participación ciudadana en ambas Cámaras. En su intervención ante la Conferencia, Zavaleta abogó por una reforma de la Constitución "para permitir una participación plena y democrática de la sociedad civil". Tras calificar de "indispensables" los plebiscitos y referendos, incidió en "la necesidad de no abusar del uso de estas figuras jurídicas y participativas". La diputada también abogó por "cambiar la imagen" que la sociedad tiene de los parlamentarios, que no es sólo un problema de comunicación, sino, sobre todo, "un problema de cultura". Además añadió otro reto: Que la Cámara de Diputados sirva realmente para controlar al Ejecutivo, como en EEUU y Canadá, y puso como ejemplo los tratados de libre comercio que "suscribe el Gobierno sin consultar a la Cámara".

Creel destacó que la aportación mexicana a esta conferencia está basada en su "reciente transición democrática" en la que "se pasó de un sistema de partido hegemónico al multipartidismo". La presidenta de la Cámara de Diputados señaló al respecto que la consolidación democrática se ha conseguido en México "gracias al diálogo y los acuerdos". "A mayor pluralidad, mayores acuerdos profundos hemos conseguido", frente a los que hablaban de "período de crisis con ochos fuerzas políticas reales en la Cámara", indicó Zavaleta. El presidente del Senado destacó la capacidad de las Cámaras de haber limitado el gasto electoral y de haber sacado a los medios de comunicación del "comercio de las elecciones". De este modo, según Creel, se ha salvaguardado el principio de "un ciudadano, un voto" y evitado que sólo sean candidatos los que disponen de mayores recursos económicos.

Descarta Creel derrota de gobierno en debate energético

Notimex
(12:20 p.m.)
El senador asegura que los mexicanos aprobaron 'ya la reforma energética' al haber votado por Calderón en 2006

Estrasburgo.- El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de México, Santiago Creel, descartó hoy aquí que el debate sobre la reforma energética represente un desgaste para el gobierno o la figura del presidente Felipe Calderón. El legislador aseguró que los mexicanos aprobaron 'ya la reforma energética' al haber votado a favor del proyecto de gobierno de Calderón en 2006. Creel, quien participa de la reunión de presidentes de parlamentos del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia, resaltó que la reforma 'ya fue aprobada por el pueblo mexicano'. 'Ofrecimos la reforma energética cuando fuimos a la campaña (presidencial) y ganamos la elección. Tenemos un mandato que ganamos de las urnas y que ahora se quiere poner en duda', dijo en entrevista con Notimex.

'Un plebiscito podría ser válido en otra circunstancia, pero en esta tiene la intención de anular al Congreso. El pueblo tiene el poder de decisión, porque decide a través de nosotros, el Congreso', argumentó el senador del partido gobernante en México. Creel Miranda acusó a la oposición de tratar de 'anular el trabajo del congreso' mexicano al promover un plebiscito sobre el proyecto de reforma energética enviada por el presidente Felipe Calderón. A pregunta expresa sobre si el debate representa desgaste político para el presidente Felipe Calderón, el senador del PAN respondió: 'no creo que se deba pensar en desgaste o triunfo de ninguna parte. Tenemos que llegar a un acuerdo que sea bueno para todos. Eso no es un juego de vencidos'.

Agregó que la propuesta del gobierno 'no es cerrada e inamovible', sino que está abierta a modificaciones, 'siempre y cuando sean para enriquecer la idea'. Para el senador, la actual coyuntura del petróleo, con alzas récords de precios y el descubrimiento de nuevos yacimientos en Brasil, no han incidido en el debate que se está desarrollando en México. 'La discusión (sobre la reforma energética) es difícil y compleja, por eso es mejor hacerla ahora. Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo y aprobarla aún este año', sostuvo. En abril pasado, el Senado de México aprobó realizar foros a lo largo de 71 días al que han sido convocados legisladores, investigadores, académicos y politólogos para debatir el proyecto de reforma energética enviada por el presidente Calderón.

Kikka Roja

Pablo Gómez: Las privatizaciones NO han hecho mejor a México

Qué feo huele… el petróleo / VII

La inconstitucionalidad del proyecto petrolero de Calderón ha sido puesto de relieve en dos debates llenos de ironías, indirectas, ataques, arengas, malentendidos y hasta buen humor. Pero el asunto más o menos claro es que existe un área exclusiva de operación del Estado llamado petróleo y que no puede ser reducido al objeto, es decir al petróleo mismo que se encuentra en el subsuelo, sino que es un área de la economía, o sea, la industria petrolera. Claro, esto es así siempre que se admita la vigencia del artículo 25 en relación con el 28 de la Constitución.

El planteamiento privatizador es aparentemente pueril pero, en verdad, por completo interesado. Se dice que el artículo 27 habla sólo de explotación de petróleo y no menciona la refinación, por lo que el gobierno podría contratar a transnacionales para que le refinen el crudo dentro del país. ¿Por qué no se contrata a Pemex? Aquí ya no hay respuesta “jurídica”.

El petróleo es la industria petrolera, como lo dijo Sergio García Ramírez y como la generalidad de los mexicanos lo ha considerado desde antes de la expropiación. El debate sobre la palabra explotación (de petróleo) es por completo falso y, por tanto, el postulado de que el gobierno puede hacer contratos de refinación (“interpretando” la Carta Magna) es tan bueno como un billete de dos pesos.

El área estratégica exclusiva llamada petróleo en la Constitución iba a poder abrirse a inversiones privadas con el proyecto de Miguel de la Madrid (3 de diciembre de 1982), pero la Cámara de Diputados cambió el texto. El entonces Presidente había propuesto: “El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas definidas en esta Constitución. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la ley precisará formas de participación social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el control sobre su conducción.” La Cámara aprobó otra cosa: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.”

Así, el Legislativo no sólo rechazó la “participación social” (léase bonos en poder de personas con o sin derechos “corporativos”) en los organismos encargados de áreas estratégicas exclusivas sino que, además, agregó que el gobierno federal será el propietario de tales organismos. El plan de De la Madrid era impulsar las privatizaciones. Las empezó a hacer. Salinas, Zedillo y Fox las continuaron, pero el petróleo quedó formalmente cerrado. Ahora, Calderón lo quiere abrir a las inversiones privadas, es decir, proseguir la obra de sus antecesores.

García Ramírez preguntó ayer en el Senado si las privatizaciones han hecho mejor a México, si ahora hay más justicia y riqueza social que antes. Una pregunta del todo pertinente, sobre todo cuando hablamos del producto más caro del mundo.

pgomez@milenio.com


Kikka Roja

ASTILLERO: "Emilio: ¡chingas a tu madre!" "Góber, puñal, te coge el cardenal" "Etilio: la tuya"

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099
• juliohdz@jornada.com.mx


■ Dinerito manda
■ Patrones norteños
■ Chequera compartida


Manlio Fabio Beltrones escucha la participación de Luis Javier Garrido, durante el debate de la reforma energética en el Senado. Le acompañan Francisco Labastida, Arturo Núñez y Fernando Baeza
Foto: Marco Peláez

Los senadores gringos no quieren entregarle dinero a la administración calderonista si no se aviene ésta a condicionamientos y revisiones varias. Atenidos al sabio dicho de que el que paga manda, una parte legisladora de los donantes de una limosna recortada exigen que el vecino pedigüeño realice reformas legales y judiciales que sean del agrado de los patrones norteños y que las corporaciones policiales y militares que combatan al narcotráfico no cometan violaciones a los derechos humanos ni caigan en la corrupción. Faltan tramos por recorrer en el Congreso estadunidense para saber a final de cuentas en qué quedarán las exigencias relacionadas con la ayuda para el llamado Plan Mérida, pero por lo pronto ya ha quedado claro lo que el calderonismo pretendía hacer como que era un mito genial: que el gobierno gringo no da dinero a cambio de nada y que junto a los dólares vienen presiones y exigencias para satisfacer el gusto del comprador.

En cuestión de dinero hasta los pleitos internos del PRD se someten al pragmatismo. Muy peleados en lo político pero muy entendidos en lo económico: apenas confirmado por el IFE, mediante toma de nota, como presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (AN) abrió caminos de entendimiento subterráneo mercantil con sus opositores que le impugnan en lo general pero le aceptan en particular que en cuestión de billetes no haya pleito. La chequera compartida es un símbolo en efectivo de las reunificaciones alcanzables. Con una dirigencia provisional de menos que medio pelo, y una convocatoria a mediano plazo para nuevas elecciones en las que se cocine un triunfo sin escándalo para alguien que no se apellide Ortega ni Encinas, ya nomás faltará que se repartan por mitad las candidaturas por venir y podría decirse que la crisis del sol azteca fue una anécdota de un portafolio de inversiones a plazo electoral fijo y tasa variable de intereses. En esa línea bursátil, el sustituto AN anunció ayer un instrumento de captación de capitales foráneos (pagables en títulos Mouriño, por ejemplo) que consistirá en la emisión de un plan de reforma energética propio del PRD Chucho, ¡sí señor!, es decir, un proyecto de canjes monetarios, simulación de operaciones opositoras y rendimiento final a favor de lo privado.

La diosa de la fortuna favoreció al predestinado Jorge Alcocer en las rondas de entrevistas que con diputados sostendrán 75 aspirantes a ser consejeros del Instituto Fe de Errar Electoral (IFEE). Desde el 26 del presente comenzarán las sesiones de calculadas auscultaciones con quienes ya podrán anotar en su historial que "pasaron" a la segunda ronda de la selección amañada de tres funcionarios electorales. Pero el desde ahora seleccionado Alcocer se presentará ante esos sinodales arreglados hasta el 2 de junio, un día antes de que cierren los tales "exámenes", así es que el ruido mediático que reactive su participación (ya que la suya es una imposición de Manlio Fabio Beltrones) estará venturosamente pegadito a la toma de decisión.

Al paso que van los tales debates senatoriales sobre el petróleo, debería ser innecesaria la nueva entrada en acción de las brigadas de resistencia civil pacífica. Hasta ahora (como volvió a suceder ayer) han sido apabullantes las razones y el discurso en general de quienes se oponen a la privatización deseada por el calderonismo. Inclusive, en función de nombres y prestigios profesionales, ha sido poco vistosa la defensa del proyecto de Los Pinos (tan demeritada ha estado la plantilla del oficialismo que ahora se anuncia la exhumación del histrionismo de Diego Fernández de Cevallos). Si el resultado de estas discusiones y exposiciones fuera tomado en cuenta por los legisladores, el plan pinolero debía ser desechado sin mayores trámites y entonces sí se podría abrir un proceso amplio y sin prisas para encontrar, mediante consenso, medidas adecuadas, no privatizadoras, para mejorar el funcionamiento de Pemex.

Astillas
Etilio González Madres regresó a su tierra natal a cosechar parte de lo que ha sembrado: en mantas, carteles y a viva voz, estudiantes de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno le mentaron la progenitora a quien de góber piadoso pasó a autorreconocido góber corriente: "Una vez me equivoqué y me vi corriente. No se equivoquen ustedes, no se vean corrientes (…) Está en ustedes si son tan corrientes como yo, o si no llegan a ese nivel", dijo el mandatario luego que en pleno acto oficial se había escuchado una sonora voz juvenil que concretamente le había dicho: "Emilio: ¡chingas a tu madre!". Hubo, además, expresiones escritas como "Góber, puñal, te coge el cardenal" o "Etilio: la tuya". Lo sucedido en Lagos de Moreno forma parte, desde luego, del persistente enojo de buena parte de la sociedad jalisciense por la macrolimosna de 90 millones de pesos del erario estatal al patronato que construye el santuario de los mártires cristeros en Guadalajara y por la mentada de madre que a sus críticos envió en una noche de copas el susodicho acólito González en presencia del verdadero gobernador religioso, el rupestre Sandoval. Pero también está presente en estas protestas el interés del cacique de la U de G que mantiene un duelo de poder con el actual rector, Carlos Briseño, quien acompañaba a González en la preparatoria laguense de la que un hermano de Briseño es director. Raúl Padilla fue hecho a un lado por el mencionado rector actual que, en lo que fue entendido como una traición al grupo que durante décadas ha controlado esa casa de estudios, hizo alianza explícita con el góber corriente y contra los hermanos Padilla… (A quienes, a pesar de que en la columna de ayer venía el dato, han preguntado por Internet cuándo es la conferencia de Bifo y el tecleador: hoy, viernes, a las 16.30, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco)… Y, mientras en Tijuana continúan impunemente los secuestros específicos de médicos (una forma de extender el miedo en la sociedad, pegando a profesionales de mucho contacto con las comunidades), que según cifras extraoficiales son actualmente veintiséis, ¡feliz fin de semana!

Kikka Roja

Carmen Aristegui Flores : ¿Quo vadis, Felipe?

La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.

Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.

Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

Kikka Roja

EN MEXICO, EL HAMBRE CARESTIA ¿Y LOS POBRES? FECAL ¡HUYE MIENTRAS PUEDAS!

¡¡PINCHES POLITICOS DEL PAN, CHINGUEN A SU INCAUTA MADRE!! LADRONES
...y sálgan a pedir sus pinches votos. el PELELE usurpador vive mejor que nadie
Voraz carestía avanza en el país
En sur, centro y norte modifican dieta; revisa Calderón el tema

• # Continuo ajuste en precios de alimentos
• # Urge revisar la política agrícola: IP
• # Carestía pega a dieta de mexicanos
• # El 28 de mayo, el pacto para el arroz
• # Sobrevivir con ínfimos salarios
• # Se acaban las compras por kilo
• # Peregrinar en busca del precio más bajo
• # La calidad de alimentos pasó a segundo término
• # A la caza de ofertas
• # “Ya no adquiero todo lo necesario”
• # Menos aceite en tiendas
• # Cobertura: Crisis alimentaria
• # Sondeo: ¿Qué tanto te ha impactado?
• # Editorial: Gobierno pasivo ante la carestía

http://www.youtube.com/watch?v=tZQ1w_QG-eE

Kikka Roja

EL PEJE TIENE LA CULPA DE TODO HASTA DE QUE CREEL SEA UN IMBÉCIL LADRON: Acta de hija de Creel abre pleito en el GDF

EL UNIVERSAL ESTÁ CONTRATADO PARA SEGUIR CONTRA EL PEJE

Acta de hija de Creel abre pleito en el GDF
Investiga Contraloría a juez civil, ¿Y LA PRENSA VENDIDA? Tan fácil cómo investigar quién escribió la nota y quién tiene el acta.

MIENTRAS MOURIÑO Y CALDERÓN DESTROZAN EL FUTURO DE MILLONES DE MEXICANOS ENTREGANDO EL PETROLEO A EXTRANJEROS

# Fotogalería: Reconoce Creel a su hija con Edith González
Bajo reserva: Manosean el acta de la hija de Santiago Creel
El caso de paternidad de Creel huele a Pejevenganza 2008-05-22

Alberto Cuenca El Universal Viernes 23 de mayo de 2008 df@eluniversal.com.mx

El caso del acta de la hija del senador Santiago Creel y la actriz Edith González se encuentra actualmente en la Contraloría del gobierno capitalino.

La autoridad investiga a la juez 46 de lo civil, María de los Ángeles Pliego Velasco, por no notificar a tiempo que Creel Miranda había realizado el trámite de reconocimiento de paternidad de la menor Constanza Creel González. La juez tardó más de dos meses en avisar a la Dirección General del Registro Civil el procedimiento hecho por el senador. En una nota informativa del titular del Registro Civil, Hegel Cortés Miranda, se afirma que Pliego Velasco presuntamente incurrió en faltas al Código Civil para el Distrito Federal, y a un oficio de junio de 2006.

Hegel Cortés y el gobierno capitalino manifestaron que no tenían conocimiento del trámite realizado por el panista, y que se enteraron hasta que medios de comunicación lo difundieron. El martes pasado Creel aceptó que Constanza es su hija y confirmó que es auténtica el acta de nacimiento difundida por una revista. La pequeña nació en 2004, pero el acta en el Registro Civil tiene como fecha el 4 de marzo de 2008, cuando la reconoció. En el documento suscrito por Hegel Cortés, del cual ELUNIVERSAL tiene una copia, se señala que la juez remitió indebidamente el trámite al juzgado 15 del Registro Civil, en donde el 13 de septiembre de 2004 la actriz Edith González Fuentes tramitó sola el acta de nacimiento de su hija. La norma establece que los reconocimientos deben ser notificados a la Dirección General con la finalidad de que el acta primigenia de nacimiento sea dada de baja de la base de datos y no se expidan copias de la misma salvo un mandamiento judicial. Cortés explicó que al no realizarse este trámite, la primera acta de nacimiento de la menor Constanza no quedó reservada y se tuvo el riesgo de expedir copias certificadas de la misma.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido: La consulta

Luis Javier Garrido
La consulta

La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México

1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.

Kikka Roja

Día 4 debate nacional petrolero: inconstitucional anticonstitucional: Calderón viola la constitución

Polarización irreductible de posturas en el debate sobre Pemex El Senado se vuelve Babel jurídica por la reforma Ningún consenso en torno a la constitucionalidad o no de las iniciativas Arturo Cano Torpe y malvada la oposición: quiere hundir a Petróleos Mexicanos, se envuelve en la bandera para impedir su salvación en nombre de la Soberanía, de la Historia y la Patria. Pero he aquí que los debates del Senado revelan sus verdaderas intenciones: la oposición no quiere que Pemex compre lápices. Para conseguir tan avieso objetivo, la oposición se envuelve en la bandera del general Lázaro Cárdenas y se empeña en convertir el debate sobre teoría constitucional en el carnaval de las ideologías. El regreso de los lápices corre a cargo de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, quien para apuntalar el absurdo de que la oposición rechace todos los contratos cita de memoria al ya ahora clásico senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell: “Serían los legisladores más estúpidos del mundo”. Así se achican los argumentos opositores, para quedar del tamaño de un lápiz. Con otra técnica achica Sergio García Ramírez, ex abogado de la nación, las iniciativas presidenciales: “El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable. Pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo. Los grandes cambios deben llamar a la puerta grande de la reforma constitucional y proclamar su auténtica naturaleza, su origen y su designio. Hecho esto, la nación dirá”. Pero no se hizo. Y por eso, he aquí a los legisladores, entre abogados y tratando de dilucidar, para decirlo en términos no jurídicos, si es factible que un hombre talla 42 se meta en un pantalón con cintura 30. Berenjenal jurídico O como dicen los juristas: si las iniciativas son inconstitucionales, anticonstitucionales o constitucionales. O si la palabra explotación significa lo que dice el diccionario o lo que “esta soberanía” determine en su momento, sobre todo para ahorrarse el paso de un juicio en el “tribunal supremo”. O también si las “áreas estratégicas”, definidas así en el 27 de la Carta Magna, pueden pasar a ser tácticas mediante el voto de un frente PRI-PAN en el Congreso. Hay quienes entran con soltura sosegada al berenjenal de los terminajos y las interpretaciones infinitas. García Ramírez, por ejemplo, pregunta: “¿Hay áreas estratégicas dentro de las áreas estratégicas, en forma que aquellas absorban todo el compromiso del Estado y éste decline en otros aspectos de la actividad del área, que perdería su condición estratégica y, por tanto, de estrictamente pública?” Se pregunta, y se responde, un partidario de las reformas, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE: “¿Por qué considero que es constitucional? Porque lo que está proponiendo la iniciativa es sacar del área estratégica algunas actividades, en concreto, por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, de los productos derivados del gas, de la refinación y de la petroquímica básica”. En el turno de los legisladores, el perredista Pablo Gómez le remite a la lectura del artículo 28 constitucional: “No, doctor, el Congreso puede agregar, no quitar. Propongo que un secretario nos haga el favor de leer a los señores expertos lo que dice la Constitución”. Faltan 19 debates. La semana venidera acuden los gobernadores. Que alguien les recomiende memorizar el texto constitucional. Mientras, García Ramírez recurre a la historia reciente, a 1990, cuando la banca dejó de ser “área estratégica”. Cita en extenso una porción de la exposición de motivos de entonces: “Debemos ser claros: la banca no pierde su arraigo ni su compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos…” No lo dice el ex procurador, pero hoy la banca está mayoritariamente en manos extranjeras y obtiene aquí las ganancias más altas del mundo. La Constitución y el reglamento de tránsito No hay puerta grande sino rendijas. “No se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”, dice García Ramírez. No hace falta, al menos para el jurista Raúl Carrancá: “El autor de la iniciativa (Felipe Calderón) viola la Constitución”. En la misma ruta va Luis Javier Garrido, sólo que con más adjetivos y dardos más duros, cuando dice que el Ejecutivo, simple y llanamente, le está pidiendo al Legislativo que viole la Constitución: “Y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria. Y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito”. Carbonell y otros se dan por aludidos: “Imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria?” Al gruñido contra Garrido se suma Jesús Murillo Karam, en nombre de alguna fracción del PRI. Eso sí, para regocijo de los opositores, adelanta que en las iniciativas “hay algunos visos de inconstitucionalidad”. Y es que el debate camina a ratos por senderos que a los defensores de la reforma no les placen, sobre todo, dicen desde el primero, porque éste es un asunto de leyes que los opositores quieren convertir en una batalla ideológica y en una disputa por la historia. Este día, los debatientes que están con la reforma insisten. A nosotros nos llamaron como técnicos. Las otras discusiones son del Congreso, de los políticos. “Los juicios globales contundentes y omnicomprensivos sobre el apego a la Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento ideológico”, frasea Carbonell, quien aceptó la invitación senatorial para evitar que las “guerrillas ideológicas se apoderen del escenario nuevamente”, si nos atenemos a un reciente artículo suyo. García Ramírez responde a un argumento similar de López Ayllón: “Me temo que cuando alguien dice incluso que es una Constitución democrática o propia de una sociedad democrática, ya está incorporando valoraciones políticas. Esto me pasa siempre con la Constitución, debe ser un achaque; no me pasa nunca con el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en el que jamás involucro cuestiones de carácter político”. Los que impugnan deben probar Las intervenciones de los legisladores son botica. El panista Juan José Rodríguez Prats busca exhibir sus conocimientos históricos y jurídicos. Los del Frente Amplio Progresista insisten en la consulta popular. Alejandro González Alcocer dedica parte de su intervención a un reproche para “aquellos que se envuelven en la bandera del cardenismo” (quizá debería comenzar con el presidente de su partido, Germán Martínez, quien hasta regala citas del general). Y los del FAP insisten en la consulta. Fauzi Hamdan, ex legislador y ahora expositor, prefiere uno de los argumentos centrales del gobierno: “No podemos dejar de sacar a este país de las condiciones en las que está”. Como legislador, recuerda alguien, fue pieza clave en el Fobaproa, asunto que por supuesto nada tiene que ver con las condiciones del país. Por argumentos así la opinión dominante en la prensa es que los defensores de la reforma tienen escasas baterías. Sin conceder, Carbonell tira la pelota: “Quienes impugnan la constitucionalidad son los que deben probarla y no al revés”. Suena como chivo en cristalería, después de los desencuentros, la frase del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, empeñado en citar a Juan Ramón de la Fuente: “Discrepar es un privilegio de la razón, coincidir es un privilegio de la inteligencia”. De otro modo remata su primera intervención García Ramírez: “Un ilustre mexicano advirtió –en una hora infinitamente más oscura que ésta– que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta –la puerta que no abrió el Constituyente en 1959–, quizás no podremos cerrarla mañana”. Pues mañana pondrán al ex procurador en el costal de los que se envuelven en presidentes muertos, porque el mexicano de su cita es Benito Juárez. Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos Andrea Becerril y Víctor Ballinas Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias. García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”. El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”. Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias. ¿Caballo de Troya o iniciativa? Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales. Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”. En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”. Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas. Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”. García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”. Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”. Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”. LOS PANISTAS VENDE PATRIAS TUERCEN LAS PALABRAS Defensores de la reforma calderonista a Pemex buscan sin lograrlo dar solidez a la propuesta Palabras como “explotación”, “uso” y “aprovechamiento” enrarecen el debate Retorcida discusión sobre si la apertura a la iniciativa privada implica violar la Constitución Andrea Becerril y Víctor Ballinas La discusión que ayer libraron ocho juristas sobre la inconstitucionalidad o no del paquete de iniciativas de Felipe Calderón en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció, según expuso crudamente Luis Javier Garrido, cómo se pretende “retorcer” conceptos para hacer prevalecer una interpretación de la Carta Magna que permita la inversión privada, nacional y extranjera, en la paraestatal.Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos. Visiones divergentes Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.

HASTA LOS PANISTAS VENDEPATRIAS DICEN:
Como está, la Corte podría echarla para atrás, advierten juristas
Recomiendan limpiar la iniciativa
LEER MÁS... Víctor Ballinas y Andrea Becerril

• En los hechos, el gobierno “deja morir” al IMP, señala el líder del sindicato del organismo
• El plan energético de Calderón agravará dependencia de trasnacionales, vaticinan
• Trabajadores demandan al Senado que les permita participar en los debates sobre el sector

Patricia Muñoz Ríos

La reforma energética que propone el gobierno de Felipe Calderón condenará a México a dependender en materia tecnológica de lo que las trasnacionales petroleras quieran venderle, advirtió ayer el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, Felipe Navarrete, y denunció que aun cuando oficialmente ese organismo no será privatizado, en los hechos “lo están dejando morir”. Resulta extraño, abundó, que en vez de fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el desarrollo científico y tecnológico nacional, “los privatizadores pretendan, mediante esa reforma, fomentar aún más los indebidos, inmorales y onerosos contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) sucribe con trasnacionales en materia de investigación”.

Aseveró que de 2001 a 2006 la empresa paraestatal contrató servicios tecnológicos por 13 mil 360 millones de pesos, de los cuales 11 mil 621 se pagaron a firmas privadas. Es decir, 82 por ciento de los contratos de servicios tecnológicos que pagó Pemex en cinco años fueron en su mayoría para las trasnacionales, y sólo 18 por ciento correspondieron al IMP. Incluso, añadió Felipe Navarrete en conferencia de prensa, “los recursos destinados por Pemex al instituto decrecieron a una tasa anual de 25.3 por ciento en promedio, al pasar de 997 millones de pesos a 232 millones en dicho periodo”. Sostuvo: “queda claro que la verdadera intención de los pontífices de la privatización es entregar nuestro petróleo basándose en la imposición de una perpetua dependencia de nuestro país respecto a otras naciones en materia de conocimiento científico y tecnológico”.

Explicó además que el IMP identificó desde 2003 y 2004 las áreas que requieren el desarrollo de tecnología de aguas profundas y elaboró al respecto diversas propuestas, faltando sólo la aprobación de Pemex. En cambio, a la trasnacional Schlumberger “sí se le dio la oportunidad de experimentar sus innovaciones tecnológicas en el pozo Coapechaca 439 de Chicontepec, y se le entregaron 7 millones de dólares para hacerlo; sin embargo, el proyecto fue fallido, a tal grado que la inversión no se ha recuperado a pesar de los altos precios del petróleo”. Navarrete Plascencia resaltó que se imponen al IMP exigencias que no corresponden a su naturaleza de empresa pública creadora de conocimiento.

Añadió que también se priva al instituto de los recursos necesarios para la investigación científica, se le reduce el nivel de contratación de servicios, se le impide que genere sus propios fondos y se le condena a seguir sujeto a un marco institucional que favorece la nula transparencia. Por si fuera poco, “se le obliga a responder a la inmediatez y la voluntad de un Pemex fragmentado en feudos y exprimido en sus finanzas”. En resumen, acusó, se impide al IMP que cumpla con el objetivo que da razón a su existencia: lograr la independencia científica y tecnológica de Pemex. Por ello, aseguró, los trabajadores exigen al Senado que se les tome en cuenta en los foros de debate sobre reforma energética y demandan al gobierno impulsar cambios legales para terminar con “la perversa e indebida sujeción” del instituto a Pemex. Proponen participar firmemente en el impulso de una política científica y tecnológica “que en materia de energía nos permita avanzar hacia la independencia y situarnos incluso en condiciones de exportar talento y conocimiento, en lugar de barriles de crudo”.


Nadie ha probado que sólo quede petróleo en aguas profundas, apunta; “sólo inventan”
“Miente” el gobierno sobre Pemex ante la falta de argumentos sólidos, acusa AMLO
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Monclova, Coah., 22 de mayo. Con “mentiras”, por falta de argumentos sólidos, el gobierno federal pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y contribuye con 40 por ciento del presupuesto nacional, no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, pero “en realidad realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”, enfatizó aquí Andrés Manuel López Obrador. Al reunirse con comités en defensa del petróleo de este municipio, el tabasqueño retomó la pregunta que en el debate de ayer en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al pueblo de México las privatizaciones?” Y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡ninguno, ninguno! ”En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo mexicano, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de unos 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este año, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y el futuro de las generaciones venideras.

Los excedentes petroleros, destacó, alcanzan para construir las refinerías, impulsar la industria petroquímica e instalar los ductos que el “gobierno espurio” pretende entregar al capital extranjero.“En una política orientada a sacar provecho para unos cuantos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y en contra de la nación, lo hacen hoy de manera descarada, con mucho cinismo y con el apoyo de los grandes capitales, y plantean la disyuntiva de mantener a México como un país o convertirlo en una colonia.”En Saltillo, donde la participación ciudadana en el movimiento rebasó la organización partidista, López Obrador insistió en señalar “las mentiras del gobierno espurio, apoyado con medios de comunicación como Televisa, para convencer a la sociedad de la urgencia de privatizar y dejar a México como abastecedor de materia prima”.Condenó también el argumento de que sólo hay petróleo en aguas profundas: “eso nadie lo ha probado, sólo inventan eso (...) para que las empresas extranjeras vengan a apropiarse del mejor negocio del mundo, a extraer un barril de petróleo por 4 dólares y venderlo a 112, cuando a pesar de lo mal administrado que está Pemex y de la gran corrupción que hay en la paraestatal es posible y necesario convertirla en palanca del desarrollo nacional, con recursos propios”. El tabasqueño reconoció el papel que asumió el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, al oponerse, junto con el Congreso local, “a esta reforma privatizadora y entreguista”, y convocó a otros gobernadores del tricolor a “decidirse por el respeto a la Constitución y la preservación de los bienes nacionales y no caer en la tentación de la privatización”.

Hizo un recuento de los cuatro debates que han tenido lugar en el Senado, gracias a la “decisión de los legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas, para evitar el albazo que pretendía el ‘gobierno espurio’ y aprobar a espaldas del pueblo una reforma anticonstitucional”. Hizo entonces un comparativo de la confrontación de ideas en torno del petróleo entre los analistas, investigadores y especialistas enviados por el gobierno federal y los que aún habiendo pertenecido a administraciones priístas se oponen a la privatización. “Vamos cuatro cero. Les hemos ganado los cuatro debates; ellos (quienes apoyan las reformas de Felipe Calderón) están como el equipo de beisbol de los Yankees de Nueva York, con una nómina de peloteros muy cara, pero en el último lugar de la tabla. Les ganamos los primeros cuatro debates y les vamos a ganar todos los que faltan, porque nos asiste la razón”, sostuvo. López Obrador arribó por la noche a Monterrey, Nuevo León, donde fue entrevistado por una cadena de televisión local. Hoy continuará en esa ciudad las reuniones con los grupos de brigadistas en defensa del petróleo.

Varios ciudadanos que observaron la discusión sobre la reforma petrolera en una pantalla gigante de televisión colocada en la Plaza de la Constitución abuchearon a defensores de la iniciativa del presidente Felipe Calderón, entre ellos el panista Fauzi Hamdan Foto José Carlo González

Kikka Roja

226 millones gasta Calderon en imagen y seguridad

• Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso
• Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón
• En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado

Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007. El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”. Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones. En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”. Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial. En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

Kikka Roja