Raymundo Riva Palacio
Narcoempresarios
Viernes, 20 de Febrero de 2009
Más de 200 inversionistas mexicanos tomaron casi por asalto las oficinas del grupo Stanford, cuya sede central se encuentra en Houston, tras saberse que lo investigan por un fraude multinacional por 8 mil millones de dólares. Sería otro escándalo financiero en Estados Unidos que afecta a mexicanos, salvo que en este caso hay una vertiente inesperada: el grupo estaba bajo la sospecha de la DEA de tener relación con el Cártel del Golfo, presuntamente por lavado de dinero, luego de que en una operación de las autoridades mexicanas detuvieron un avión de esa vieja institución financiera texana donde encontraron los lazos que los conectaban presuntamente a los narcos de Tamaulipas.
Que nadie se sorprenda. La relación entre empresarios y narcotraficantes es añeja en México y ha operado en distintos niveles. Se empezaron a distinguir en la zona del Pacífico norte, y gradualmente se fue extendiendo por el resto del país, tejiendo un enjambre que por extrañas razones permaneció intacto en sus más altas estructuras. Es decir, pese a todas las investigaciones y pruebas que acumularon las autoridades federales contra empresarios de gran renombre, la impunidad fue el común denominador en todos los casos.
Tan sólo en los 20 últimos años, se han dado situaciones que asombran al más escéptico. Uno de los casos más increíbles de impunidad –o de poder que doblegó al gobierno- se dio en la administración de Carlos Salinas. Agentes de la PGR aseguraron un hangar en el aeropuerto internacional de la ciudad de México donde encontraron varias toneladas de cocaína, y descubrieron que el propietario era un empresario de renombre con grandes relaciones a altos mandos de la Secretaría de la Defensa. La decisión ya no fue judicial sino política, y el resultado se lo puede imaginar: no se hizo nada contra el empresario, quien al paso de los años fortaleció su relación con los siguientes gobiernos , acumulando mayor riqueza y ayudado a diversificar su hoy muy importante grupo.
Se han dado casos de empresarios vinculados con cárteles de la droga que llegaron a escalar a los puestos directivos más altos en la Asociación Mexicana de Bancos, sin que nadie se interpusiera en su camino ni tuvieran consecuencias por sus antecedentes. Otros a quienes se les entregaron medios de comunicación a pesar que se tenía la investigación sobre sus nexos con organizaciones criminales. A unos más se les dieron en propiedad equipos de futbol. Hubo, y hay, quienes tienen o tuvieron franquicias de cadenas hoteleras, de corredores industriales, empresas de renta de aviones, conglomerados de cines y distribuidoras de automóviles que, igualmente, tenían abiertas investigaciones por lavado de dinero de los cárteles de la droga.
En esta relación no hay un empate directo del fenómeno con gobiernos del PRI o del PAN, a nivel federal, o con gobiernos del PRD en niveles estatales. La vinculación de los empresarios con el narcotráfico ha trascendido los colores, ideologías y plataformas políticas tanto como rebasa los ciclos sexenales. En este sentido, las afirmaciones repetidas del presidente Felipe Calderón de que el problema que enfrenta hoy en día con el narcotráfico se lo heredaron, es limitada. Sí hay un fenómeno que no inició y que se le ha legado, pero también hay permisividad en esta administración o, cuando menos, negligencia para actuar duramente contra los empresarios con nexos al crimen organizado.
Existen sectores completos en algunos estados, como el agropecuario, que está sirviendo para el transporte de droga a Estados Unidos y el lavado de dinero de uno de los grandes cárteles, que hasta hoy son intocables. Hay familiares de altos funcionarios del gobierno federal que trabajan con narcotraficantes, lo que no ha significado mayor problema en cuanto a un evidente y peligroso conflicto de interés. Hay ganaderos cuyos ranchos son fortalezas, con un largo pasado de vínculos al narcotráfico, que están pasando de la administración pública al legislativo. Hay empresas muy cuestionadas dentro de la industria químico-farmacéutica y relacionadas al tráfico ilegal de pseudoefedrina que siguen operando sin obstáculos. Cuando se le preguntó a un ex alto funcionario del gobierno de Calderón sobre estos vínculos, respondió: "¿Y quién no está relacionado con el narco en México?".
Algo que no sabemos la mayoría de los mexicanos debe saber. De otra manera no se explica el porqué, con casos documentados de los nexos de empresarios con la delincuencia, lejos de actuar contra ellos se les ha protegido. Hablar de impunidad es reducir el tema al marco de la justicia. Sí la hay, pero no alcanza para que durante varias décadas el sector empresarial haya sido mantenido al margen del castigo por los ilícitos de algunos de sus miembros más prominentes. Si la guerra contra el narco va en serio, los frentes de batalla no empiezan y terminan con los cárteles y sus ejércitos, sino debe continuar con aquellos sectores que les sirven de protección y que potencian el negocio. Es decir, la segunda fase de esta guerra debe ir más allá de la lucha en campo y empezar a tocar las fibras de aquellos que mueven los hilos sin pagar, como hasta ahora, ningún costo.
Que nadie se sorprenda. La relación entre empresarios y narcotraficantes es añeja en México y ha operado en distintos niveles. Se empezaron a distinguir en la zona del Pacífico norte, y gradualmente se fue extendiendo por el resto del país, tejiendo un enjambre que por extrañas razones permaneció intacto en sus más altas estructuras. Es decir, pese a todas las investigaciones y pruebas que acumularon las autoridades federales contra empresarios de gran renombre, la impunidad fue el común denominador en todos los casos.
Tan sólo en los 20 últimos años, se han dado situaciones que asombran al más escéptico. Uno de los casos más increíbles de impunidad –o de poder que doblegó al gobierno- se dio en la administración de Carlos Salinas. Agentes de la PGR aseguraron un hangar en el aeropuerto internacional de la ciudad de México donde encontraron varias toneladas de cocaína, y descubrieron que el propietario era un empresario de renombre con grandes relaciones a altos mandos de la Secretaría de la Defensa. La decisión ya no fue judicial sino política, y el resultado se lo puede imaginar: no se hizo nada contra el empresario, quien al paso de los años fortaleció su relación con los siguientes gobiernos , acumulando mayor riqueza y ayudado a diversificar su hoy muy importante grupo.
Se han dado casos de empresarios vinculados con cárteles de la droga que llegaron a escalar a los puestos directivos más altos en la Asociación Mexicana de Bancos, sin que nadie se interpusiera en su camino ni tuvieran consecuencias por sus antecedentes. Otros a quienes se les entregaron medios de comunicación a pesar que se tenía la investigación sobre sus nexos con organizaciones criminales. A unos más se les dieron en propiedad equipos de futbol. Hubo, y hay, quienes tienen o tuvieron franquicias de cadenas hoteleras, de corredores industriales, empresas de renta de aviones, conglomerados de cines y distribuidoras de automóviles que, igualmente, tenían abiertas investigaciones por lavado de dinero de los cárteles de la droga.
En esta relación no hay un empate directo del fenómeno con gobiernos del PRI o del PAN, a nivel federal, o con gobiernos del PRD en niveles estatales. La vinculación de los empresarios con el narcotráfico ha trascendido los colores, ideologías y plataformas políticas tanto como rebasa los ciclos sexenales. En este sentido, las afirmaciones repetidas del presidente Felipe Calderón de que el problema que enfrenta hoy en día con el narcotráfico se lo heredaron, es limitada. Sí hay un fenómeno que no inició y que se le ha legado, pero también hay permisividad en esta administración o, cuando menos, negligencia para actuar duramente contra los empresarios con nexos al crimen organizado.
Existen sectores completos en algunos estados, como el agropecuario, que está sirviendo para el transporte de droga a Estados Unidos y el lavado de dinero de uno de los grandes cárteles, que hasta hoy son intocables. Hay familiares de altos funcionarios del gobierno federal que trabajan con narcotraficantes, lo que no ha significado mayor problema en cuanto a un evidente y peligroso conflicto de interés. Hay ganaderos cuyos ranchos son fortalezas, con un largo pasado de vínculos al narcotráfico, que están pasando de la administración pública al legislativo. Hay empresas muy cuestionadas dentro de la industria químico-farmacéutica y relacionadas al tráfico ilegal de pseudoefedrina que siguen operando sin obstáculos. Cuando se le preguntó a un ex alto funcionario del gobierno de Calderón sobre estos vínculos, respondió: "¿Y quién no está relacionado con el narco en México?".
Algo que no sabemos la mayoría de los mexicanos debe saber. De otra manera no se explica el porqué, con casos documentados de los nexos de empresarios con la delincuencia, lejos de actuar contra ellos se les ha protegido. Hablar de impunidad es reducir el tema al marco de la justicia. Sí la hay, pero no alcanza para que durante varias décadas el sector empresarial haya sido mantenido al margen del castigo por los ilícitos de algunos de sus miembros más prominentes. Si la guerra contra el narco va en serio, los frentes de batalla no empiezan y terminan con los cárteles y sus ejércitos, sino debe continuar con aquellos sectores que les sirven de protección y que potencian el negocio. Es decir, la segunda fase de esta guerra debe ir más allá de la lucha en campo y empezar a tocar las fibras de aquellos que mueven los hilos sin pagar, como hasta ahora, ningún costo.
r_rivapalacio@yahoo.com
kikka-roja.blogspot.com/
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