Javier González Garza
21 Feb. 09
En días pasados se hizo patente nuevamente la percepción delirante de un México que sólo se alcanza a ver desde los pasillos de Palacio. Parecen existir Méxicos diferentes: uno, el que la visión oficial trata de imponer con base en declaraciones y repeticiones propagandísticas electorales, y otro, el México realmente existente.
Por un lado quienes ocupan el gobierno se obstinan en declarar que la crisis financiera es un simple catarrito, que no hay que alarmarse, que iremos saliendo de ella para el verano. Mientras en el México real se pierden centenares de miles de empleos, la moneda pierde su valor y el salario se hace cada vez más raquítico. Así, declaran también que vamos ganando la guerra contra el narcotráfico cuando hay alrededor de 8 mil 500 muertos en lo que va del sexenio.
La semana anterior México, al igual que los 192 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se presentó para ser examinado ante el recién creado Consejo de Derechos Humanos a través del nuevo mecanismo denominado Examen Periódico Universal.
La delegación mexicana, encabezada por el secretario de Gobernación, presentó el informe oficial donde se realizó una valoración parcial y subjetiva de lo que sucede en el país en cuanto a derechos humanos. En dicho informe no se hace ninguna referencia a los feminicidios, ni a los presos ni desaparecidos políticos y se afirma que el despliegue de Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad es temporal pero no informa la magnitud de tal temporalidad. Paralelo al oficial, la alta comisionada para los Derechos Humanos presentó un informe propio que incluía una compilación de la información aportada por organizaciones de la sociedad civil.
Al conocer los informes, la comunidad internacional externó diversas preocupaciones, como la urgente necesidad de armonizar la Constitución y las legislaciones estatales con estándares internacionales de protección de los derechos humanos; eliminar el fuero de guerra; eliminar la corrupción y la impunidad del sistema judicial, policial, y sus ramas ejecutivas; erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres; erradicar la tortura; garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas.
De 91 recomendaciones emitidas para México en ese proceso, ocho no han sido aceptadas. Otras naciones tuvieron muchas menos recomendaciones, por ejemplo, Finlandia tuvo sólo ocho, Argentina aceptó la totalidad de sus 21 recomendaciones y también Brasil aceptó las 15 que se le formularon.
De las ocho recomendaciones objetadas cinco tienen que ver con las Fuerzas Armadas. En ellas se pide garantizar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país, incluso cuando se alegue que las violaciones fueron cometidas durante servicio. Tampoco se ha aceptado la abolición de la figura del "arraigo", ni la petición expresa de modificar la definición de "crimen organizado".
Como si el hecho de admitir las recomendaciones implicara su solución, funcionarios de Gobernación expresaban su "satisfacción" al finalizar el examen.
Mientras esto sucedía en Ginebra, en el México real sufrimos otro duro golpe al refrendarse la impunidad que gozan los gobernantes cuando violentan los derechos humanos. En el caso Atenco la mayoría de ministros de la Suprema Corte excusaron al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, sumándolos a una ya larga lista de poderosos intocables, entre los que destacan Mario Marín y Ulises Ruiz.
Recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR, fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría del estado, no obstante hoy continúan desaparecidos.
Asimismo diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la desaparición forzada de los señores Raúl Lucas Lucía, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma, ocurrida en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El gobierno de México violenta los derechos humanos al actuar desde el poder contra individuos, y vuelve a fallar al no impulsar acciones positivas necesarias para que cada persona pueda gozar plenamente de ellos.
La situación de los derechos humanos en México sigue siendo alarmante, persiste la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, el uso excesivo de la fuerza, se limita la libertad de expresión, se carece de un acceso efectivo a la justicia y no se garantizan ni se respetan los derechos económicos, sociales ni culturales.
En felipelandia los problemas se solucionan sólo con declaraciones, pero en el México real subsisten la injusticia y la impunidad. Por lo que debemos dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, armonizar la legislación interna con tales estándares y se debe dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales.
kikka-roja.blogspot.com/
Por un lado quienes ocupan el gobierno se obstinan en declarar que la crisis financiera es un simple catarrito, que no hay que alarmarse, que iremos saliendo de ella para el verano. Mientras en el México real se pierden centenares de miles de empleos, la moneda pierde su valor y el salario se hace cada vez más raquítico. Así, declaran también que vamos ganando la guerra contra el narcotráfico cuando hay alrededor de 8 mil 500 muertos en lo que va del sexenio.
La semana anterior México, al igual que los 192 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se presentó para ser examinado ante el recién creado Consejo de Derechos Humanos a través del nuevo mecanismo denominado Examen Periódico Universal.
La delegación mexicana, encabezada por el secretario de Gobernación, presentó el informe oficial donde se realizó una valoración parcial y subjetiva de lo que sucede en el país en cuanto a derechos humanos. En dicho informe no se hace ninguna referencia a los feminicidios, ni a los presos ni desaparecidos políticos y se afirma que el despliegue de Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad es temporal pero no informa la magnitud de tal temporalidad. Paralelo al oficial, la alta comisionada para los Derechos Humanos presentó un informe propio que incluía una compilación de la información aportada por organizaciones de la sociedad civil.
Al conocer los informes, la comunidad internacional externó diversas preocupaciones, como la urgente necesidad de armonizar la Constitución y las legislaciones estatales con estándares internacionales de protección de los derechos humanos; eliminar el fuero de guerra; eliminar la corrupción y la impunidad del sistema judicial, policial, y sus ramas ejecutivas; erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres; erradicar la tortura; garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas.
De 91 recomendaciones emitidas para México en ese proceso, ocho no han sido aceptadas. Otras naciones tuvieron muchas menos recomendaciones, por ejemplo, Finlandia tuvo sólo ocho, Argentina aceptó la totalidad de sus 21 recomendaciones y también Brasil aceptó las 15 que se le formularon.
De las ocho recomendaciones objetadas cinco tienen que ver con las Fuerzas Armadas. En ellas se pide garantizar la primacía de la jurisdicción civil sobre el sistema de justicia militar en todo el país, incluso cuando se alegue que las violaciones fueron cometidas durante servicio. Tampoco se ha aceptado la abolición de la figura del "arraigo", ni la petición expresa de modificar la definición de "crimen organizado".
Como si el hecho de admitir las recomendaciones implicara su solución, funcionarios de Gobernación expresaban su "satisfacción" al finalizar el examen.
Mientras esto sucedía en Ginebra, en el México real sufrimos otro duro golpe al refrendarse la impunidad que gozan los gobernantes cuando violentan los derechos humanos. En el caso Atenco la mayoría de ministros de la Suprema Corte excusaron al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora Icaza, sumándolos a una ya larga lista de poderosos intocables, entre los que destacan Mario Marín y Ulises Ruiz.
Recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del EPR, fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de 2007 y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría del estado, no obstante hoy continúan desaparecidos.
Asimismo diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre la desaparición forzada de los señores Raúl Lucas Lucía, presidente de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma, ocurrida en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
El gobierno de México violenta los derechos humanos al actuar desde el poder contra individuos, y vuelve a fallar al no impulsar acciones positivas necesarias para que cada persona pueda gozar plenamente de ellos.
La situación de los derechos humanos en México sigue siendo alarmante, persiste la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, el uso excesivo de la fuerza, se limita la libertad de expresión, se carece de un acceso efectivo a la justicia y no se garantizan ni se respetan los derechos económicos, sociales ni culturales.
En felipelandia los problemas se solucionan sólo con declaraciones, pero en el México real subsisten la injusticia y la impunidad. Por lo que debemos dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, armonizar la legislación interna con tales estándares y se debe dar pleno cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales.
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