Más allá del aspecto diplomático –ampliamente discutido luego de la intempestiva decisión del gobierno canadiense de imponer visas a los viajeros mexicanos–, la relación entre México y Canadá –miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– acusa profundas desigualdades y exhibe marcadas desventajas para nuestro país en el aspecto económico y, por ende, en el social.
En el tiempo transcurrido entre la suscripción de ese acuerdo de comercio trilateral y la actualidad, los capitales canadienses han recibido un trato privilegiado en México; las empresas de aquel país que operan en el territorio nacional –particularmente en el sector minero– han obtenido cuantiosos beneficios y vastos márgenes de ganancia sin que para ello hayan tenido que realizar grandes inversiones productivas y sin que hayan realizado aportes significativos al bienestar de la población en general.
Por añadidura, el acuerdo ha servido como acicate para un desembarco económico canadiense en el país y, al igual que ocurre con Estados Unidos, la relación comercial se ha vuelto sumamente desventajosa para México: entre enero de 1994 y la actualidad, ese intercambio ha arrojado un saldo deficitario para nuestro país (de más de 12 mil 500 millones de dólares) y el beneficio neto obtenido por cada nación durante los últimos tres lustros es por demás desproporcionado: de 11 dólares a uno, en favor de la economía canadiense, según informes del Banco de México.
El profundo desequilibrio entre lo que Canadá otorga y lo que recibe de nuestro país hace inevitable percibir, como trasfondo de esa relación bilateral, una lógica de tipo colonialista antes que la procuración de beneficios mutuos que supuestamente tendrían que derivar del proceso integracionista a que el país ha sido sometido desde hace tres lustros. A las notables asimetrías que prevalecían hace 15 años entre México y sus vecinos del norte –asimetrías que se reflejaban en dimensión de las economías, niveles de desarrollo industrial y tecnológico, productividad, salarios y, en general, en calidad de vida de las respectivas poblaciones– se ha sumado la aplicación de instrumentos contemplados en el propio TLCAN que resultan inequitativos en prácticamente todos los ámbitos para nuestro país. Al día de hoy, a la par del avance de las empresas foráneas en el territorio nacional, se ha registrado un retroceso incluso en los terrenos en que México solía ser autosuficiente, como el alimentario.
Ante tales elementos de juicio, el gobierno tendría que asumir como una de sus tareas principales el emprendimiento de las gestiones correspondientes ante sus pares canadienses y estadunidenses a efecto de obtener de éstos un compromiso y un aporte al desarrollo nacional que sea mínimamente congruente con el beneficio que esos socios reciben de México. Sería deseable y necesario, por ejemplo, suscribir compromisos que obliguen a las empresas de esos países a incentivar las tareas productivas en el territorio nacional, a minimizar los efectos nocivos en el medio ambiente y a contribuir, en suma, con el desarrollo de las comunidades en que se establezcan.
Por desgracia, episodios como la imposición del visado canadiense a los connacionales han venido a recordar que la dependencia económica redunda en una pérdida de autonomía política y de soberanía por parte de nuestro país y que la diplomacia nacional se encuentra en un marasmo que le impide adoptar acciones que restañen, así sea mínimamente, el peso político de México en el ámbito regional.
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Además del norte y centro del país, mineras canadienses planean operar en el sureste
- Para Canadá, 11 de cada 12 dólares del comercio con México
- En 15 años del Tratado de Libre Comercio sólo en tres el intercambio favoreció a mexicanos
- La presencia de sus compañías no ha beneficiado a las comunidades en que se asientan
Foto
La mina de oro La Ciénega, en el estado de DurangoFoto Fabrizio León
Israel Rodríguez J. y Juan Antonio ZúñigaDesde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha, la relación comercial y de inversiones de México y Canadá ha sido desfavorable para nuestro país, indican informes del gobierno federal.
En este periodo, iniciado el primero de enero de 1994 y el cual se extiende a mayo de 2009, el intercambio de mercancías entre ambos países ha sido deficitario para México en más de 12 mil 500 millones de dólares, en una relación en la que por cada 11 dólares de beneficios netos para Canadá en 15 años, uno ha sido para generar empleos en México, precisan informes del Banco de México.
En 15 años de TLCAN sólo en tres la balanza comercial fue superavitaria para el país en mil 230.5 millones de dólares, mientras que en los 12 restantes el beneficio para Canadá fue de 13 mil 749 millones de dólares.
De esta relación de intercambio comercial tan desigual México se ha beneficiado con apenas 8.9 por ciento mientras que los canadienses han obtenido beneficios equivalentes a 91.1 por ciento.
Por el lado de las inversiones canadienses en México, escasas y muy rentables, éstas fueron de 9 mil 400 millones de dólares en el mismo periodo, una cantidad que representó 75 por ciento de las ganancias obtenidas por Canadá en el terreno del intercambio comercial, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Asimetrías
Recordemos que después de la firma del TLCAN se realizaron cambios fundamentales para la inversión en México. Se estableció la libre circulación de mercancías, servicios e inversiones bajo condiciones preferenciales para los socios firmantes sin crear mecanismos de compensación para las enormes desigualdades entre Canadá, Estados Unidos y México.
La Ley minera de 1993, que sustituyó a la de 1961, abrió la puerta del sector minero al capital extranjero que previamente eran áreas reservadas a la inversión nacional y eliminó la exigencia de que éste se asociara con inversión mexicana en una proporción de 49-51 por ciento respectivamente.
Posteriormente, la Ley de Inversión Extranjera acentuó la liberalización de la industria minera, proceso que se consolidó con la firma del TLCAN, que eliminó diversos requisitos a la inversión, como el hecho de que la producción se realice con insumos nacionales, la obligación de proporcionar capacitación y transferir tecnología al país en donde se asientan las inversiones o la exigencia de que la mayoría de los miembros de algún consejo de administración de la empresa sea de cierta nacionalidad, así como los aranceles que se aplican al comercio exterior y la importación de equipo y maquinaria.
Pese a la crisis económica internacional que afecta a México, el empleo en el sector minero, caracterizado por una alta explotación y bajos salarios, además de condiciones de inseguridad laboral, ha tenido un importante crecimiento.
Los capitales canadienses se han visto particularmente activos tanto en la extracción de minerales como en la rama minero-metalúrgica. De acuerdo con informes de la Secretaría de Economía (SE) de 224 empresas con inversión extranjera directa en la rama minero-metalúrgica 175 tienen capital de origen canadiense, una de las más elevadas concentraciones de inversionistas externos en una rama de producción industrial.
Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), desde noviembre de 2006 a junio de 2009, en el sector manufacturero se han perdido 533 mil 889 empleos. Sin embargo en este mismo periodo, que comprende el actual sexenio, el empleo en la industria minera o extractiva se ha incrementado en 21 mil 702 nuevos puestos de trabajo, al ascender de 77 mil 84 en noviembre de 2006 a 98 mil 786 a junio de 2009.
Sólo por la explotación de oro y plata, las empresas canadienses asentadas en México obtuvieron utilidades brutas por 593 millones de dólares solamente en 2008, según estimaciones extraoficiales.
Lo anterior pese a que el año pasado el precio del oro tuvo un comportamiento variable. Durante el primer cuatrimestre de 2008 la cotización mantuvo una tendencia ascendente alcanzando un máximo histórico en marzo de mil 23 dólares por onza (28.34 gramos). Sin embargo a partir de agosto inició un comportamiento descendiente hasta caer a un mínimo de 720.5 dólares en octubre. Así, el precio promedio anual de la onza fue de 871.96 dólares que comparado con el precio promedio vigente durante 2007, refleja un incremento de 25 por ciento. Con ello, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 46.7 toneladas de oro, equivalente a un valor de mil 302 millones de dólares, 48 por ciento superior a los 881 millones de dólares logrados en 2007, según informes de la Cámara Minera de México (Camimex).
Para 2009 se prevé que la canadiense Minefinders produzca en su mina Dolores 128 mil onzas de oro (4 toneladas) y 3 millones de onzas de plata (93.3 toneladas). Desde el año pasado la también canadiense Agnico-Eagle tenía programado para mediados de este año iniciar operaciones en Pinos Altos, Chihuahua, donde se espera que esta mina produzca 190 mil onzas de oro por año (5.9 toneladas).
Las empresas mineras canadienses también han mirado hacia el sureste del país en estados que cuentan con abundantes recursos naturales, y donde paradójicamente prevalece un alto índice de pobreza extrema.
En el estado de Oaxaca, por ejemplo, la Continuum Resources de Vancouver tiene, al menos 10 proyectos en distintas etapas de avance, los cuales abarcan más de 70 mil hectáreas y la empresa sigue consolidando su dominio en mayores extensiones de tierra.
A finales de 2006 la empresa
Chesapeake Gold Corp, de Vancouver, anunció que había cedido el 70 por ciento de dos proyectos en Oaxaca a la empresa Pinacle Mines, también canadiense.
La Horseshoe Gold Mining, también de Vancouver, adquirió 60 por ciento de las acciones de Almaden’s Fuego, una explotación minera en Oaxaca. La
Linear Gold Corp, de Halifax, Canadá, también es dueña de un proyecto minero en ese estado.
También las compañías del país de la hoja de maple han mostrado interés por establecerse en el estado de Chiapas, otra de las entidades más empobrecidas de México, donde el gobierno federal ha otorgado por lo menos siete concesiones mineras que abarcan más de 727 mil hectáreas. Poco más de la mitad de esa tierras, es decir, unas 420 mil hectáreas, está en manos de dos empresas canadienses: la Linear Gold y la Frontier Developemt Group.
(Con información de Juan Carlos Miranda).
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