- * Con la propuesta fiscal del Gobierno Legítimo ingresarían a las arcas 300 mil millones de pesos adicionales, asegura
- *Sin fundamento la iniciativa del gobierno espurio para aplicar IVA a medicinas y alimentos, precisa
- *Informa que 50 grandes contribuyentes pagaron cada uno menos de 74 pesos por concepto de impuestos en 2005 y otro número similar desembolsó sólo 67 pesos
Con la propuesta fiscal del Gobierno Legítimo, se captarían recursos por 300 mil millones de pesos adicionales, que permitirían eliminar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos, subrayó al afirmar que el presidente pelele Felipe Calderón y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así como directivos del Consejo Coordinador Empresarial carecen de argumentos para fundamentar la iniciativa de aplicar IVA a alimentos y medicinas y reducir al mismo tiempo la carga fiscal de las grandes empresas. Recordó que la iniciativa en materia fiscal del Gobierno Legítimo no propone la creación de nuevas contribuciones ni aumentos a las tasas vigentes y subrayó que “gravar el consumo de las personas y de bajar la tasa impositiva a las empresas no constituyen la solución de México, ante la falta de ingresos tributarios”. Hizo énfasis en que los resultados mostrados la semana pasada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la existencia de Regímenes Fiscales Especiales son el “Talón de Aquiles” del sistema tributario en México. La ASF concluye que el SAT no llevó a cabo las acciones de combate a la elusión fiscal ni elaboró un programa para la operación del Servicio Fiscal de Carrera, además en los procesos de planeación y de registro carece de los indicadores asociados a sus metas anuales que corresponden a las actividades sustantivas que realiza ese órgano desconcentrado, lo que no permite evaluar su desempeño, explicó.
El informe del auditor superior establece que el saldo de los créditos fiscales entre 2001 y 2005 pasó de 27 por ciento de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal a 35.1 por ciento, equivalente en términos monetarios a poco más de 495 mil millones de pesos. En el caso –informó– de los créditos controvertidos, es decir aquellos que se encuentran en algún tipo de litigio representaron el 40.3 por ciento de la cartera de créditos fiscales totales, al ascender a casi 200 mil millones de pesos. Le siguieron los denominados irrecuperables, que se ubicaron en 135 mil millones de pesos y la propia ASF señala que la recuperación de créditos fiscales que se obtuvo durante 2005 fue sólo de por 8 mil 522 millones de pesos, que representó el 1.7 por ciento de la cartera total, destacó. Con base en la información obtenida, denunció: “Es importante señalar que en éstos créditos fiscales existe evidencia de corrupción y negligencia de las autoridades hacendarias, ya que se encontró que 298 deudores acumularon 20 mil 717 créditos fiscales, equivalente a 70 créditos en promedio”. También se detectaron 15 contribuyentes con más de 100 créditos fiscales cada uno y seis de ellos registraron más de 300 y uno sólo acumuló un mil 453 créditos, agregó. En consecuencia, di Costanzo Armenta aseguró que no existe un límite para la determinación de créditos fiscales y “ciertos contribuyentes” se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya hecho nada al respecto. “Tres bancos concentraron 780 créditos fiscales por un monto de 28 mil 663 millones de pesos, que además fueron rescatados por Fobaproa, entre ellos HSBC, BBV Bancomer y Banamex”, puntualizó.
De acuerdo a reportes del auditor superior, mencionó que para diciembre de 2006 los créditos fiscales irrecuperables representaron 161 mil 58 millones de pesos y los controvertidos alcanzaron los 233 mil millones de pesos. “Adicionalmente el informe de la ASF confirma que el SAT gana sólo 4 de cada 10 juicios en los que participa, por ello buena parte de los recursos que involucran los créditos fiscales controvertidos se perderán en detrimento del fisco y del Estado”, señaló. El otro grave problema del sistema tributario mexicano y que es revelado por el Auditor Superior es el que refuerza de manera contundente la propuesta fiscal del Gobierno Legítimo. La ASF concluye: “La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales y omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, propicia la generación de elevados créditos fiscales y explica en alguna medida el bajo coeficiente de recuperación de dichos créditos por parte del SAT. Esta situación incide de manera significativa en la baja eficiencia recaudatoria del país”, informó. La ASF –detalló— señala en su informe que se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos, mientras que otros 50 de éstos sólo pagaron hasta 67 pesos por concepto de IVA. Los grandes contribuyentes son aquellos cuyos ingresos brutos anuales son superiores a 500 millones de pesos. De acuerdo con datos publicados por el Grupo BIMBO, para el año de 2006, a pesar de haber obtenido ventas en México por 44 mil 704 millones de pesos, su previsión para pago de impuestos y participación de utilidades fue de sólo 2 mil 106 millones de pesos, lo que significó una relación de previsión para el pago de impuestos como porcentaje de las ventas totales de sólo 0.04 por ciento, reveló.
Con datos publicados por Grupo ALFA, durante 2005 reportó ventas netas por 69 mil 335 millones de pesos y una utilidad neta consolidada de 9 mil 721 millones de pesos; sin embargo, la firma reportó que el Impuesto sobre la Renta pagado y la Participación de Utilidades fue de un mil 750 millones de pesos, cifra que representó sólo el 0.025 por ciento de sus ventas totales y sólo el 18 por ciento de sus utilidades, porcentaje inferior en 10 puntos porcentuales al 28 por ciento que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta, abundó. Explicó que Grupo ALFA debió pagar por lo menos 2 mil 721 millones de pesos por concepto de impuestos, pero el régimen de Consolidación Fiscal le permitió eludir aproximadamente un mil millones de pesos en impuestos. Aclaró que en el caso de Bachoco –empresa que por cierto fue rescatada por el Fobaproa— y que, a pesar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, sólo tiene publicados sus estados financieros de 2004, se observa que obtuvo ventas por 13 mil 700 millones de pesos en ese año, pero su pago de impuestos fue de sólo 2 millones. El secretario de la Hacienda Pública subrayó que Bachoco obtuvo un beneficio fiscal, porque se acogió al régimen simplificado, cuyo diseño inicial fue concebido para apoyar a pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, agregó.
Para evitar el surgimiento de nuevos casos de elusión fiscal, mencionó que la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo busca la desaparición de los regímenes preferenciales como la Consolidación Fiscal y que propia iniciativa “busca eliminar el tratamientos preferenciales que se le da a la adquisición de activos por parte de las empresas, ya que la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo busca eliminar la deducción, la depreciación acelerada de activos, precisamente para evitar que las empresas utilicen esta práctica para “eludir” impuestos”. La Gobierno Legítimo de México también propone que las operaciones en la bolsa de valores paguen impuestos, ya que en la actualidad están exentas, lo cual constituye otro tratamiento preferencial en el sistema fiscal mexicano, que sólo favorece a un pequeño grupo de empresas y de personas, aseguró. Para Mario Alberto di Costanzo Armenta resulta absurdo que Calderón, Carstens y el Consejo Coordinador Empresarial busquen desesperadamente argumentos para aplicar el IVA en alimentos y medicinas y reducir la carga fiscal de las grandes empresas. En caso de aprobarse la propuesta fiscal del Gobierno Legitimo, garantizó que ni se aumentaría la carga fiscal a los asalariados ni se aplicaría el IVA a los alimentos y medicinas.
Afirmó que la propuesta del Gobierno Legitimo le permitiría al Estado Mexicano contar con un margen adicional en sus finanzas públicas de 300 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones corresponde a reducción del gasto y 200 mil millones de pesos a ingresos adicionales, lo que permitiría reducir la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y expandir la industria petrolera sin necesidad de inversión privada, así como incrementar el gasto en infraestructura social y educativa.
Kikka Roja