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Con cargos atenuados, Rivera allanó al cura pederasta su traslado a EU
Pendientes, interrogatorios a sacerdotes del DF y Tehuacán vinculados al caso
Alma E. Muñoz
El cardenal Norberto Rivera Carrera, el 15 de agosto pasado en la Catedral Metropolitana Foto: José Carlo GonzálezAunque sabía que sobre Nicolás Aguilar Rivera pesaban sospechas de homosexualismo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, como obispo de la diócesis de Tehuacán, Puebla, permitió el traslado del sacerdote a la arquidiócesis de Los Ángeles, California, donde el presbítero cometió por lo menos 26 abusos sexuales contra menores. De acuerdo con la carta que su defensa jurídica entregó a la Corte Superior de Los Ángeles, donde radican dos denuncias en su contra –de Joaquín Aguilar y Juan Doe 100, víctimas mexicanas del clérigo– por presunto encubrimiento del cura pederasta, Norberto Rivera advirtió al cardenal Roger Mahony, en su calidad de responsable de la circunscripción eclesiástica adonde fue a parar Nicolás Aguilar, que había sospechas de ese comportamiento, pero que no fueron comprobadas.
La situación del cardenal mexicano, de acuerdo con la información a la cual tuvo acceso La Jornada, no es fácil, pues aún debe enfrentar un segundo interrogatorio judicial –el primero ocurrió el 8 de agosto pasado–, al igual que el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar, por el equipo jurídico de la parte acusadora, representado por el bufete de Jeff Anderson y Asociados. Es decir, la correspondiente a Juan Doe 100, quien se querelló contra el jerarca católico a finales del año pasado. Sin embargo, la fecha aún no se determina. También, deberá esperar el resultado del interrogatorio que Anderson hará el próximo jueves a Mahony, quien hace poco reconoció a Joaquín Aguilar como víctima de su agresor, al ofrecerle una indemnización económica. Aunado a ello, y debido a que el juez Elihu M. Berle, a cargo de los casos, decidió postergar hasta el 13 de octubre próximo la audiencia que tenía programada para este martes, donde se esperaba que resolviera si tiene jurisdicción para iniciar el proceso legal contra Rivera Carrera, falta que se entreviste a los religiosos que tuvieron relación con el caso de Nicolás Aguilar, cuyos nombres aparecen en los documentos que en julio entregaron los abogados del cardenal a la Corte de Los Ángeles.
“Tal vez” Aguilar “se portó un poquito mal”
Los abogados de Anderson y Asociados tienen contemplado interrogar, entre otros, al obispo auxiliar de la ciudad de México, Marcelino Hernández, quien, tras entrevistarse con Joaquín Aguilar en 2002, escribió una carta a Rivera diciendo: “tal vez” el joven fue abusado, y “tal vez” el padre Nicolás Aguilar “se portó un poquito mal, y posiblemente sea culpable de violaciones contra menores, pero no de Joaquín Aguilar”. También está Daniel Nolasco Roa, sacerdote que oficia en una parroquia de la delegación Azcapotzalco, y quien este año entregó al arzobispo primado un informe de lo sucedido en 1994, año del ataque a Joaquín. En ese entonces, la víctima y sus padres se entrevistaron con el religioso, como responsable, entonces, de la segunda vicaría en la ciudad de México. A la lista se sumarán los obispos que después de Rivera Carrera estuvieron como responsables de la diócesis de Tehuacán, a la cual pertenece Nicolás Aguilar, a quien el 12 de enero de 1997 la Secretaría de Gobernación canceló su registro de sacerdote en aquella región, a petición del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, presentada el 18 de diciembre anterior.
Después que Rivera Carrera dejó en 1995 aquella diócesis para hacerse cargo de la arquidiócesis primada de la ciudad de México, llegó Mario Espinosa Contreras, quien tomó posesión el 11 de mayo de 1996, y antes de que llegara Aguilar Martínez estuvieron como interinos Teodoro Lima y Antonio Pacheco Lomas. También está Gilberto Nájera, presbítero de la parroquia de Santa Clara Huitziltepec, Puebla, quien en 2001 pidió licencia, que le fue otorgada por el arzobispado de aquel estado, para que Nicolás Aguilar oficiara en su templo, cuando ya existían acusaciones en su contra por el abuso sexual de varios menores en aquella entidad, las que arrastraba por los ataques ocurridos en Estados Unidos y los de Joaquín Aguilar y Juan Doe 100. Según la carta fechada el 23 de marzo de 1987, sin membrete y con la firma de Norberto Rivera como obispo de Tehuacán, con copia para Thomas Curry, vicario general del clero de la arquidiócesis de Los Ángeles, Mahony fue notificado del permiso solicitado por el sacerdote pederasta para ausentarse un año de la diócesis mexicana y trabajar en la región eclesiástica estadunidense.
“El padre Nicolás Aguilar Rivera venía desempeñándose muy laudablemente (en) su trabajo en la parroquia de San Sebastián Cuacnopalan. Es estimado por sus compañeros sacerdotes y por el pueblo al cual sirvió”, escribió Rivera.
Lo que causó su salida de la parroquia, continúa la carta, “fue una agresión física muy delicada, se sospecha que detrás de los conflictos que provocaron esa agresión física hay problemas de homosexualidad. Las acusaciones sobre homosexualidad del sacerdote son varias sin que se haya comprobado ninguna, todo ha quedado a nivel de acusaciones y de sospechas”, apuntó. Se refería a la ocasión en que el cura, en 1986 apareció en medio de un charco de sangre, con la cabeza rota, al término de una “orgía” –resaltaron periódicos de la época– con jóvenes de lugares ajenos al poblado de Cuaucnopalan, adonde había sido asignado. En la denuncia penal correspondiente aparecen las declaraciones de dos trabajadores de la parroquia de San Sebastián, –uno de ellos Hipólito Pérez Silva–, quienes declararon sobre el hecho, y también mencionaron que Nicolás Aguilar recibía a “chamacos”, a quienes el presbítero “alojaba” en su recámara. Dos días después de la misiva del prelado mexicano, Aguilar Rivera recibió una carta de Thomas Curry, anunciándole que sus servicios eran aceptados, conforme a lo dispuesto en el canon 271 –relacionado con la autorización de su obispo responsable– para ejercer su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Los Ángeles, California. Entre el cúmulo de documentos entregados al juez Berle, destacan, además, los nombramientos que recibió Nicolás Aguilar Rivera, de parte del Arzobispado de México, en 1993 y 1995, con la anuencia de su obispo en Tehuacán –aún Rivera Carrera– como vicario de las parroquias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Torreblanca, y en la de San Miguel Arcángel, en la colonia San Miguel Chapultepec.
La situación del cardenal mexicano, de acuerdo con la información a la cual tuvo acceso La Jornada, no es fácil, pues aún debe enfrentar un segundo interrogatorio judicial –el primero ocurrió el 8 de agosto pasado–, al igual que el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar, por el equipo jurídico de la parte acusadora, representado por el bufete de Jeff Anderson y Asociados. Es decir, la correspondiente a Juan Doe 100, quien se querelló contra el jerarca católico a finales del año pasado. Sin embargo, la fecha aún no se determina. También, deberá esperar el resultado del interrogatorio que Anderson hará el próximo jueves a Mahony, quien hace poco reconoció a Joaquín Aguilar como víctima de su agresor, al ofrecerle una indemnización económica. Aunado a ello, y debido a que el juez Elihu M. Berle, a cargo de los casos, decidió postergar hasta el 13 de octubre próximo la audiencia que tenía programada para este martes, donde se esperaba que resolviera si tiene jurisdicción para iniciar el proceso legal contra Rivera Carrera, falta que se entreviste a los religiosos que tuvieron relación con el caso de Nicolás Aguilar, cuyos nombres aparecen en los documentos que en julio entregaron los abogados del cardenal a la Corte de Los Ángeles.
“Tal vez” Aguilar “se portó un poquito mal”
Los abogados de Anderson y Asociados tienen contemplado interrogar, entre otros, al obispo auxiliar de la ciudad de México, Marcelino Hernández, quien, tras entrevistarse con Joaquín Aguilar en 2002, escribió una carta a Rivera diciendo: “tal vez” el joven fue abusado, y “tal vez” el padre Nicolás Aguilar “se portó un poquito mal, y posiblemente sea culpable de violaciones contra menores, pero no de Joaquín Aguilar”. También está Daniel Nolasco Roa, sacerdote que oficia en una parroquia de la delegación Azcapotzalco, y quien este año entregó al arzobispo primado un informe de lo sucedido en 1994, año del ataque a Joaquín. En ese entonces, la víctima y sus padres se entrevistaron con el religioso, como responsable, entonces, de la segunda vicaría en la ciudad de México. A la lista se sumarán los obispos que después de Rivera Carrera estuvieron como responsables de la diócesis de Tehuacán, a la cual pertenece Nicolás Aguilar, a quien el 12 de enero de 1997 la Secretaría de Gobernación canceló su registro de sacerdote en aquella región, a petición del obispo Rodrigo Aguilar Martínez, presentada el 18 de diciembre anterior.
Después que Rivera Carrera dejó en 1995 aquella diócesis para hacerse cargo de la arquidiócesis primada de la ciudad de México, llegó Mario Espinosa Contreras, quien tomó posesión el 11 de mayo de 1996, y antes de que llegara Aguilar Martínez estuvieron como interinos Teodoro Lima y Antonio Pacheco Lomas. También está Gilberto Nájera, presbítero de la parroquia de Santa Clara Huitziltepec, Puebla, quien en 2001 pidió licencia, que le fue otorgada por el arzobispado de aquel estado, para que Nicolás Aguilar oficiara en su templo, cuando ya existían acusaciones en su contra por el abuso sexual de varios menores en aquella entidad, las que arrastraba por los ataques ocurridos en Estados Unidos y los de Joaquín Aguilar y Juan Doe 100. Según la carta fechada el 23 de marzo de 1987, sin membrete y con la firma de Norberto Rivera como obispo de Tehuacán, con copia para Thomas Curry, vicario general del clero de la arquidiócesis de Los Ángeles, Mahony fue notificado del permiso solicitado por el sacerdote pederasta para ausentarse un año de la diócesis mexicana y trabajar en la región eclesiástica estadunidense.
“El padre Nicolás Aguilar Rivera venía desempeñándose muy laudablemente (en) su trabajo en la parroquia de San Sebastián Cuacnopalan. Es estimado por sus compañeros sacerdotes y por el pueblo al cual sirvió”, escribió Rivera.
Lo que causó su salida de la parroquia, continúa la carta, “fue una agresión física muy delicada, se sospecha que detrás de los conflictos que provocaron esa agresión física hay problemas de homosexualidad. Las acusaciones sobre homosexualidad del sacerdote son varias sin que se haya comprobado ninguna, todo ha quedado a nivel de acusaciones y de sospechas”, apuntó. Se refería a la ocasión en que el cura, en 1986 apareció en medio de un charco de sangre, con la cabeza rota, al término de una “orgía” –resaltaron periódicos de la época– con jóvenes de lugares ajenos al poblado de Cuaucnopalan, adonde había sido asignado. En la denuncia penal correspondiente aparecen las declaraciones de dos trabajadores de la parroquia de San Sebastián, –uno de ellos Hipólito Pérez Silva–, quienes declararon sobre el hecho, y también mencionaron que Nicolás Aguilar recibía a “chamacos”, a quienes el presbítero “alojaba” en su recámara. Dos días después de la misiva del prelado mexicano, Aguilar Rivera recibió una carta de Thomas Curry, anunciándole que sus servicios eran aceptados, conforme a lo dispuesto en el canon 271 –relacionado con la autorización de su obispo responsable– para ejercer su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Los Ángeles, California. Entre el cúmulo de documentos entregados al juez Berle, destacan, además, los nombramientos que recibió Nicolás Aguilar Rivera, de parte del Arzobispado de México, en 1993 y 1995, con la anuencia de su obispo en Tehuacán –aún Rivera Carrera– como vicario de las parroquias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia Torreblanca, y en la de San Miguel Arcángel, en la colonia San Miguel Chapultepec.
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