Como una forma de protesta por el alza desproporcionada del diesel marino, una porción importante del sector pesquero nacional ha paralizado sus actividades, en espera de un cambio de actitud de las autoridades fiscales que decretaron un nuevo incremento

Al paro de pescadores sinaloenses que protestan por el excesivo precio del diesel marino, el gobierno respondió inmediatamente... con un nuevo incremento al precio de ese combustible. Se trata en este momento de un problema localizado, que afecta a un sector del ramo pesquero, pero que puede crecer hasta convertirse no sólo en una porción grave de la crisis económica que se desplegará este año, sino también puede suscitar un conflicto social por desempleo en comunidades donde es imposible hallar alternativas.

La delegación en Sinaloa de la Cámara nacional de la industria pesquera y acuícola convocó a una protesta denominada Cero Pesca 2009, una paralización de labores que se inició el jueves pasado, al comenzar el año. A ese paro se unieron de inmediato pescadores de Salinas Cruz, en Oaxaca; de la capital campechana, de Tampico. Los sonorenses de Guaymas, Puerto Peñasco y Yavaros anunciaron que lo harán la próxima semana. Los iniciadores de esa movilización se dedican a la captura del camarón, que encuentran en el alza inmoderada del diesel un factor contrario a su competitividad, ya lesionada por la pesca ilegal que se practica consuetudinariamente sin que las autoridades la impidan. Por si fuera poco, el precio del crustáceo en el mercado internacional ha venido a la baja, en sentido contrario al costo de las refacciones necesarias para la operación, encarecidas por la devaluación del peso frente al dólar.

La sección de congeladoras de la cámara pesquera se ha unido a la protesta y sólo procesará el camarón que sus afiliados tienen en sus bodegas, suficiente para dos semanas. Su decisión incluye negarse a recibir la carga que pretendan entregar los pescadores que no han parado y que no tendrían modo de conservar su producto. Los trabajadores de las empacadoras, a su vez, que laboran a destajo, y sólo tienen ingresos cuando trabajan, se quedarían sin materia prima para sus faenas. Y disminuiría hasta cesar la provisión de ese marisco a los mercados de consumo, especialmente el de la Ciudad de México, donde si la situación se agravara se produciría también desempleo en el abasto y en la industria gastronómica. No anuncio que esos efectos se producirán inexorablemente, pero sí que son consecuencia lógica de la suspensión de tareas en la pesca y captura de especies marinas.

El diesel marino (como el de uso agropecuario y la gasolina empleada para el transporte ribereño) está subsidiado a partir de marzo de 2005. El presupuesto del sector encabezado por la Sagarpa incluye una partida para que esa Secretaría (a través de la Comisión nacional de pesca y acuacultura) cubra una porción del combustible a que tienen acceso las empresas y los pescadores individuales. El año pasado, 2008, se dedicaron 885 millones de pesos a este rubro. Pero lo que el gobierno da con una mano, lo quita con la otra. En ese mismo año, la política fiscal asestó 33 incrementos al precio de ese combustible, lo que redundó en un aumento de 23.6 por ciento en dicho precio, una tasa considerablemente por encima de la inflación general. Al finalizar 2007, el litro de diesel marino costaba menos de 6 pesos al consumidor y al cerrar 2008 el precio había subido a 7.33 pesos. El sábado 3 de enero, 48 horas después de iniciado el paro motivado por esas alzas, el precio aumentó cinco centavos. Hoy quienes no se han sumado a la protesta pagan 7.38 pesos por litro, más del doble del que se fijó al crearse el subsidio, que fue de 3.50, hace menos de cuatro años.

En septiembre pasado se estableció el mecanismo de incrementos semanales al precio de los combustibles. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicó entonces que los aumentos buscaban reducir el subsidio gubernamental a esos insumos. Dijo que en el curso del año pasado el importe de tal subsidio era de 260 mil millones de pesos, y que se buscaba que en este 2009 la cifra se redujera a la mitad, 138 mil millones de pesos. Se dijo también que los altos precios del petróleo en el mercado internacional encarecían la importación de esos combustibles (aunque después, cuando el precio del barril se ha abatido a un tercio del prevaleciente entonces, no se ha interrumpido el alza continua). El anuncio generó reacciones encontradas, pues un sector de la opinión pública encontró razonable que no se beneficie con dinero público a los consumidores de la gasolina Premium, utilizada generalmente en vehículos de alto precio, al alcance de personas con gran poder adquisitivo que por ello deberían pagar su combustible sin la reducción fiscal. Pero otra porción de la sociedad encontró injusta el alza en la gasolina Magna, con la que se mueven vehículos de uso más generalizado. Pasó casi inadvertida el alza aplicada al diesel, cuyo incremento genera aumentos en los costos de transporte de mercancías en general y en la producción de algunos bienes.

El efecto de esas alzas ha conducido a una situación insoportable a sectores de la actividad pesquera, principalmente el de la captura de camarón pero no sólo. La paralización perjudica inicialmente a sus propios practicantes. Se trata de una forma de protesta, no de un mecanismo de presión. Por ello puede ser de breve duración, salvo que anunciara en realidad el cierre de operaciones de las unidades de producción que no pueden realizar actividades donde invierten y gastan más de lo que obtienen. Si de eso se tratara, de un colapso de las pesquerías, el problema requeriría la pronta atención que ahora se le regatea.

Cajón de Sastre

A los 66 años de edad murió el abogado Felipe Remolina Roqueñí. Formado en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, sirvió con sus conocimientos jurídicos en diversas instancias del Estado mexicano. Fue director de Derechos de Autor en la Secretaría de Educación Pública, y de Asuntos Legales en la de Relaciones Exteriores. A la hora de su muerte era magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya tercera sala presidió y desde cuya responsabilidad preparó una vasta compilación del Derecho burocrático mexicano, en dos volúmenes. Recientemente había preparado también una propuesta de reforma constitucional para dar participación al Senado de la República en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación.