JOHN M. ACKERMAN
La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que Felipe Calderón presentó ante el Senado la semana pasada prepara el terreno nada menos que para un eventual golpe de Estado. No contento con haber violado la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas a cargo de labores de seguridad pública e imponer, de facto, un estado de excepción a lo largo del país, hoy el jefe del Ejecutivo busca legalizar estas prácticas y arrogarse poderes discrecionales para, de forma unilateral, suspender a su antojo las garantías básicas de los ciudadanos. La médula de nuestro sistema democrático está en riesgo.
La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional.
En la actualidad, el artículo 29 de la Constitución permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública” y en todo momento con el aval del Poder Legislativo. Al obligar al Ejecutivo a recibir autorización de los senadores y diputados se asegura que el presidente no tome a la ligera la eventual suspensión de nuestros derechos.
Sin embargo, hoy mismo ya existe un estado de excepción de facto en Ciudad Juárez y otros sitios que viola de manera cotidiana los derechos fundamentales de la población sin que el Congreso de la Unión lo haya autorizado en ningún momento. Un ejemplo destacado de esta situación son los retenes establecidos a lo largo y ancho del país, que violan abiertamente los artículos 11 y 16 de la Carta Magna. El artículo 11 protege el derecho al libre tránsito y señala que “todo hombre (sic) tiene derecho para… viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El artículo 16 indica que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
De acuerdo con nuestra ley fundamental, Calderón estaría obligado a regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, o bien a solicitar una autorización formal al Congreso de la Unión para mantener estas ilegales e ilegítimas prácticas. Esto ya ha sido señalado en numerosas ocasiones por juristas de la talla del doctor Diego Valadés. Pero en lugar de escoger una de estas dos opciones, Calderón busca la salida fácil de presentar una iniciativa orientada a “normalizar” tan ominosas prácticas anticonstitucionales sin tener que recurrir al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Carta Magna.
La propuesta también busca legalizar la práctica anticonstitucional de encargar la seguridad pública a las fuerzas militares. El artículo 129 señala tajantemente que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que existen otros artículos de la Constitución (el 89, por ejemplo) que abren la puerta para la eventual participación de las Fuerzas Armadas en actividades de auxilio a las autoridades civiles, por ejemplo en el caso de desastres naturales, actividades de reforestación o el resguardo de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, el artículo 129 prohíbe de manera tajante que las Fuerzas Armadas suplan o tomen el lugar de las autoridades civiles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido muy clara al respecto y con mucha razón. De lo contrario, se empezarían a desmoronar los pilares mismos de nuestro sistema democrático al permitir que una autoridad civil pueda ser desplazada por una autoridad castrense.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Calderón cita de manera engañosa una jurisprudencia de la SCJN en la materia (Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional –interpretación del artículo 129 de la Constitución– Tesis de Jurisprudencia 38/2000). De acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta tesis permitiría que las fuerzas militares se encargaran de labores de seguridad pública. Sin embargo, una lectura cuidadosa tanto del texto de la jurisprudencia como de la ejecutoria revela que la Corte únicamente permite el auxilio de las autoridades civiles por los militares, nunca su sustitución.
La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de Felipe Calderón es a todas luces desproporcionada y emula de forma lamentable a George W. Bush en su “guerra contra el terrorismo”. Con el pretexto de combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad pública, Calderón busca adjudicarse cada día mayores facultades unilaterales y discrecionales, así como debilitar al Congreso de la Unión para coronar su sueño de una presidencia dictatorial. Habría que hacer un enérgico llamado a nuestros representantes populares para que detengan a tiempo este torpe intento de minar los cimientos del estado de derecho y el sistema democrático en el país.
kikka-roja.blogspot.com/
La iniciativa busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia conformada exclusivamente por subordinados de Calderón, con la facultad de declarar formalmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza las Fuerzas Armadas podrían intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública, lo cual también implicaría la suspensión de garantías básicas como la libertad de expresión, de asociación y de libre tránsito, y hasta de nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones a la ley también permitirían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacional.
En la actualidad, el artículo 29 de la Constitución permite la declaración temporal de un estado de excepción únicamente frente a casos de “perturbación grave de la paz pública” y en todo momento con el aval del Poder Legislativo. Al obligar al Ejecutivo a recibir autorización de los senadores y diputados se asegura que el presidente no tome a la ligera la eventual suspensión de nuestros derechos.
Sin embargo, hoy mismo ya existe un estado de excepción de facto en Ciudad Juárez y otros sitios que viola de manera cotidiana los derechos fundamentales de la población sin que el Congreso de la Unión lo haya autorizado en ningún momento. Un ejemplo destacado de esta situación son los retenes establecidos a lo largo y ancho del país, que violan abiertamente los artículos 11 y 16 de la Carta Magna. El artículo 11 protege el derecho al libre tránsito y señala que “todo hombre (sic) tiene derecho para… viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El artículo 16 indica que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
De acuerdo con nuestra ley fundamental, Calderón estaría obligado a regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, o bien a solicitar una autorización formal al Congreso de la Unión para mantener estas ilegales e ilegítimas prácticas. Esto ya ha sido señalado en numerosas ocasiones por juristas de la talla del doctor Diego Valadés. Pero en lugar de escoger una de estas dos opciones, Calderón busca la salida fácil de presentar una iniciativa orientada a “normalizar” tan ominosas prácticas anticonstitucionales sin tener que recurrir al procedimiento establecido en el artículo 29 de la Carta Magna.
La propuesta también busca legalizar la práctica anticonstitucional de encargar la seguridad pública a las fuerzas militares. El artículo 129 señala tajantemente que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que existen otros artículos de la Constitución (el 89, por ejemplo) que abren la puerta para la eventual participación de las Fuerzas Armadas en actividades de auxilio a las autoridades civiles, por ejemplo en el caso de desastres naturales, actividades de reforestación o el resguardo de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Sin embargo, el artículo 129 prohíbe de manera tajante que las Fuerzas Armadas suplan o tomen el lugar de las autoridades civiles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido muy clara al respecto y con mucha razón. De lo contrario, se empezarían a desmoronar los pilares mismos de nuestro sistema democrático al permitir que una autoridad civil pueda ser desplazada por una autoridad castrense.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Calderón cita de manera engañosa una jurisprudencia de la SCJN en la materia (Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional –interpretación del artículo 129 de la Constitución– Tesis de Jurisprudencia 38/2000). De acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta tesis permitiría que las fuerzas militares se encargaran de labores de seguridad pública. Sin embargo, una lectura cuidadosa tanto del texto de la jurisprudencia como de la ejecutoria revela que la Corte únicamente permite el auxilio de las autoridades civiles por los militares, nunca su sustitución.
La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional de Felipe Calderón es a todas luces desproporcionada y emula de forma lamentable a George W. Bush en su “guerra contra el terrorismo”. Con el pretexto de combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad pública, Calderón busca adjudicarse cada día mayores facultades unilaterales y discrecionales, así como debilitar al Congreso de la Unión para coronar su sueño de una presidencia dictatorial. Habría que hacer un enérgico llamado a nuestros representantes populares para que detengan a tiempo este torpe intento de minar los cimientos del estado de derecho y el sistema democrático en el país.
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