Sergio Aguayo Quezada: ¿Y la ciudadanía?

¿Y la ciudadanía?

Para los políticos y las leyes la participación ciudadana es el equivalente laico de la beatitud. Cuando la ciudadanía busca incidir en el poder público quienes gobiernan la ahuyentan con indiferencias y/o malos modos. Cuando formaba parte de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica eran frecuentes las invitaciones de dirigentes del PRD y el PAN para que vigiláramos la limpieza de los comicios. Cuando vino la alternancia y el PAN y el PRD se convirtieron en Gobierno hicieron lo posible por meter a la sociedad civil organizada en el rincón de las irrelevancias. Es cierto que crearon una multitud de Consejos Ciudadanos, pero lo común es que sirvan de adorno. Indudable la inclusión, en leyes y reglamentos, de la obligación de tomar en cuenta los puntos de vista de Doña Sociedad Civil, pero luego ignoran la ley. Si la sociedad insiste en participar es porque, después de todo, el país es de todos. Cuando se discutía la reforma electoral, el Comité Conciudadano presionó para que en la Constitución se incluyera el requisito de hacer una “amplia consulta a la sociedad” cuando se renovara el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). El legislativo escuchó la petición y esa frase aparece en la Carta Magna y tal vez por eso a los diputados les entró tal borrachera cívica que tuvieron un desplante de cantina y prometieron un concurso abierto para cubrir las tres plazas de consejeros. La promesa alborotó y dio inicio la romería de aspirantes. Algunas candidaturas llevaban el respaldo de organismos civiles o un historial de diálogo con ellos. Fue el caso con Mauricio Merino, Irma Eréndira Sandoval y Alfredo Figueroa. Detallaré el caso de este último porque se distinguió por varias razones. Es de un estado del interior, tiene experiencia en organizaciones ciudadanas (uno de los fundadores en Puebla de Alianza Cívica), fue consejero electoral, quedó en segundo lugar en la calificación concedida por los diputados y tuvo una presentación tan afortunada que los diputados, como en el teatro, se pusieron de pie para ovacionarlo. Que no haya sido seleccionado confirma lo irrelevante del proceso anunciado. Si sólo tomáramos en cuenta las calificaciones obtenidas por los 39 finalistas, Leonardo Valdés obtuvo el lugar 21, Marco Antonio Baños el 31 y Benito Nacif el 35. Pero ya habrá tiempo para opinar sobre las virtudes y los lastres de los nuevos consejeros. Por ahora regreso al principal hilo conductor. Después de que eligieron a los tres consejeros pedí la opinión de Clara Jusidman, una experimentada y eficaz defensora del interés común desde las trincheras ciudadanas. Para ella, fue otra “derrota para la ciudadanía organizada” porque los legisladores ignoraron las candidaturas provenientes de la sociedad; porque “van a sacar a los consejeros preocupados por tener relación con este sector (Albo, González Luna y Latapí)”; porque los seleccionados no han mostrado tener un interés en relacionarse con los organismos civiles; y porque ignoraron el criterio del género. En síntesis es un Consejo “de y para los partidos”. No es algo excepcional; están cocinando una farsa parecida. La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impone al Senado la obligación de realizar una “auscultación a los sectores sociales” para integrar al Consejo Consultivo. Año con año el Senado ha sometido ese mandato a los trueques del tianguis político y siempre deja frustrados a los ciudadanos y organizaciones que se aventuran a buscar esos cargos honoríficos. Siempre ha triunfado el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, quien ha sido capaz de armarse un consejo al modo suyo. Salvo contadas excepciones escora hacia la derecha y es sumiso frente a la autoridad. El mérito de Soberanes ha consistido en cultivar a los liderazgos del PRI y el PAN. El año pasado debían cambiar a dos integrantes de ese Consejo y Soberanes hizo campaña para reelegir a las doctoras Paulette Dieterlen Struck y María Patricia Kurczyn Villalobos. Desde un principio tuvo el respaldo total de Manlio Fabio Beltrones y se daba por descontado que el PAN haría lo mismo. En esta ocasión hubo más resistencias de las habituales porque se integró una coalición de organismos civiles que propusieron como candidata a Pilar Noriega una defensora histórica de los derechos humanos. Hubo otras propuestas notables; entre ellas la de Raúl Ramírez Baena ex Ombudsman de Baja California. Como parte del esfuerzo hubo acercamientos y peticiones a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que encabeza Rosario Ibarra. El ejercicio rindió frutos y por primera vez hubo audiencias públicas y se transparentó razonablemente el proceso. Debían haberlos nombrado en octubre pasado, pero no hubo forma de lograr el consenso. Los senadores se dividieron en buena medida porque Soberanes y sus aliados desplegaron un cabildeo dedicado a frenar el paso de los irrespetuosos que desean incidir en la marcha de la CNDH. En el Congreso todo nombramiento, por más insignificante que sea, es utilizado como moneda de cambio en el interminable cambalache de favores que forma parte de la defensa de intereses. Eso pasó en la Cámara con los Consejeros del IFE; eso está pasando en el Senado con la renovación del Consejo de la CNDH en donde han ido perdiendo importancia los méritos de las candidaturas. Al día de hoy, me dicen fuentes bien informadas, los coordinadores del PAN y el PRI en el Senado (Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones) se inclinan por hacer la voluntad de Soberanes y ratificar a las dos consejeras ignorando las otras candidaturas y el lamentable estado de la CNDH. Si la semana pasada los diputados se olvidaron del ingrediente ciudadano en la renovación parcial del Consejo del IFE, es totalmente natural que esté pasando lo mismo en el Senado de donde Soberanes está muy cerca de alzarse con otra victoria sin que a los senadores importe la urgencia de oxigenar una institución estratégica. En el México actual la ciudadanía importa poco. Los monopolios económicos la exprimen, los delincuentes la aterrorizan, los legisladores la ignoran. Ante esa realidad ¿para qué solicitan los gobernantes la participación ciudadana cuando la van a ignorar? Sobre la protección concedida por los senadores del PAN y el PRI al presidente de la CNDH. ¿Qué le deben a Soberanes? O tal vez la pregunta correcta sería ¿qué les sabe, qué les da, Soberanes a Creel y Beltrones? Comentarios: e-mail: saguayo@colmex.mx

¡¡¡POLITICOS DE MIERDA, AHORA SALGAN A PEDIR SUS PINCHES VOTOS!!!
diputados y senadores piden el voto de la gente, para hacerse millonarios, la represión que viene no tiene madre, hacen leyes para chingar al pueblo.

Kikka Roja