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La Interparlamentaria no logró desatorar la Iniciativa Mérida
Roberto Garduño (Enviado)
Monterrey, NL., 8 de junio. Sin comprometerse a resolver el enredo provocado por las condiciones a la Iniciativa Mérida, la delegación de senadores y representantes estadunidenses participantes en la 47 Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos regresaron a su país y dejaron a sus contrapartes mexicanas un paquete de promesas y buenas intenciones, con objeto de suavizar las exigencias de su Congreso en materia de derechos humanos, así como llevar a los militares ante juzgados civiles y eliminar la tortura.
La Interparlamentaria, revés a Calderón y Bush: ONG y expertos
Gabriel León, Jesús Aranda y Alfredo Méndez
El replanteamiento de la Iniciativa Mérida, por parte de los congresos de México y Estados Unidos, es una “excelente señal de que las iniciativas autoritarias entre los Ejecutivos de ambos países están agonizando, no sólo por el declive de George W. Bush, sino porque hay entre las dos naciones una protesta social que se refleja en la postura de los legisladores”, consideró la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
■ Agonizan iniciativas autoritarias, como el Plan Mérida, señalan
■ La Interparlamentaria, revés a Calderón y Bush: ONG y expertos
■ Critican la falta de consultas de ambos presidentes con sus congresos
Gabriel León, Jesús Aranda y Alfredo Méndez
El replanteamiento de la Iniciativa Mérida, por parte de los congresos de México y Estados Unidos, es una “excelente señal de que las iniciativas autoritarias entre los Ejecutivos de ambos países están agonizando, no sólo por el declive de George W. Bush, sino porque hay entre las dos naciones una protesta social que se refleja en la postura de los legisladores”, consideró la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC). Al respecto, especialistas en política exterior señalaron que luego del encuentro interparlamentario se abren nuevas vías de diálogo entre los firmantes de dicha iniciativa, y se entra en una etapa donde existe la conciencia de que el Congreso estadunidense puede encontrar en su contraparte mexicana “realmente a un interlocutor”, lo que por el lado de México “no se había tomado seriamente en cuenta”. Otras voces opinaron que es la oportunidad para que nuestro país rechace en definitiva tal proyecto de asistencia militar. La dirección de la RMALC indicó que la ausencia de consulta de los presidentes de ambos países con sus respectivos congresos, y los acuerdos asumidos por éstos el fin de semana, son un revés para la administración de Felipe Calderón, porque la Iniciativa Mérida fue claramente rechazada “y la puntilla la dio la reunión Interparlamentaria”.
El texano, de salida
La organización no gubernamental expuso que en estos momentos las autoridades nacionales no tienen posibilidades de negociar con el gobierno de Bush, por lo que debe impulsar una política de responsabilidad mutua en materia de narcotráfico, seguridad y migración. Se trata, detalló, de políticas que están obligando a negociar con el próximo presidente y Congreso estadunidenses. Por otra parte, la especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Laura del Alizal opinó que el gobierno de México “no logra encontrar los canales adecuados para establecer un nuevo trato con Estados Unidos”, luego de la relación bilateral “lastimada” que dejó la administración de Vicente Fox Quesada, a causa de sus “equívocos”.
Dijo que aunque la parte mexicana está intentando corregir el camino “aún hay fallas” que tienen que ver “con una inercia antidemocrática que no los lleva a tomar en cuenta al Congreso”. Para el experto internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Erick Fernández, más que queja de los congresistas estadunidenses, su señalamiento en torno a la ausencia de consulta “obedece a los ritmos legislativos de Estados Unidos”, y por el lado mexicano “es contundente” su posición, porque desconocían el sentido de la iniciativa, toda vez que acudieron al encuentro parlamentario “medianamente informados”. Sobre el mismo tema, pero en otro foro, José Francisco Gallardo, general disidente que pasó ocho años en la cárcel por criticar al Ejército Mexicano, consideró que las condiciones que puso el Congreso del vecino país a la Iniciativa Mérida, y la advertencia del senador Christopher Dodd, de que ninguno de los dos países firmará cheques en blanco, ofrecen una gran oportunidad al gobierno de Felipe Calderón para que rechace en definitiva la aceptación de ese programa de asistencia militar, el cual “viola la soberanía mexicana y pone en entredicho el asunto energético y el tema del petróleo.
“La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que aterrizó en la Iniciativa Mérida, es una maniobra encubierta de Estados Unidos para que a través de la militarización de las estructuras políticas, económicas, y con la anexión del Ejército, se apropie de los recursos energéticos del país”, indicó.
Desde otro punto de vista, Andrew Selee, integrante del Centro Internacional Woodrow Wilson, considera que la Iniciativa Mérida, más que un programa de asistencia es un elemento importante para ampliar la estrategia de cooperación entre Estados Unidos y México, los cuales comparten la amenaza que representa el crimen organizado y el tráfico de drogas. Además, explica, dicha iniciativa puede servir como elemento fundamental para el fortalecimiento de la confianza y la cooperación entre los dos países, si se lleva a cabo correctamente. En un análisis que elaboró acerca de la Iniciativa Mérida, sostiene que los gobiernos de ambos países han incrementado sus esfuerzos conjuntos de manera significativa durante los años recientes, con el objetivo de proteger las comunidades a ambos lados de la frontera.
El especialista señala que si bien el gobierno de Felipe Calderón tiene como prioridad el combate a los cárteles de las drogas, el impulso de una reforma judicial y una restructuración a fondo de la policía federal, también es cierto que hay una preocupación legítma acerca de la participación de los militares en operativos contra el crimen organizado, e incluso respecto de la efectividad de las policías estatales y municipales, además de que no existe una base de datos de una policía nacional.
El texano, de salida
La organización no gubernamental expuso que en estos momentos las autoridades nacionales no tienen posibilidades de negociar con el gobierno de Bush, por lo que debe impulsar una política de responsabilidad mutua en materia de narcotráfico, seguridad y migración. Se trata, detalló, de políticas que están obligando a negociar con el próximo presidente y Congreso estadunidenses. Por otra parte, la especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Laura del Alizal opinó que el gobierno de México “no logra encontrar los canales adecuados para establecer un nuevo trato con Estados Unidos”, luego de la relación bilateral “lastimada” que dejó la administración de Vicente Fox Quesada, a causa de sus “equívocos”.
Dijo que aunque la parte mexicana está intentando corregir el camino “aún hay fallas” que tienen que ver “con una inercia antidemocrática que no los lleva a tomar en cuenta al Congreso”. Para el experto internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Erick Fernández, más que queja de los congresistas estadunidenses, su señalamiento en torno a la ausencia de consulta “obedece a los ritmos legislativos de Estados Unidos”, y por el lado mexicano “es contundente” su posición, porque desconocían el sentido de la iniciativa, toda vez que acudieron al encuentro parlamentario “medianamente informados”. Sobre el mismo tema, pero en otro foro, José Francisco Gallardo, general disidente que pasó ocho años en la cárcel por criticar al Ejército Mexicano, consideró que las condiciones que puso el Congreso del vecino país a la Iniciativa Mérida, y la advertencia del senador Christopher Dodd, de que ninguno de los dos países firmará cheques en blanco, ofrecen una gran oportunidad al gobierno de Felipe Calderón para que rechace en definitiva la aceptación de ese programa de asistencia militar, el cual “viola la soberanía mexicana y pone en entredicho el asunto energético y el tema del petróleo.
“La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que aterrizó en la Iniciativa Mérida, es una maniobra encubierta de Estados Unidos para que a través de la militarización de las estructuras políticas, económicas, y con la anexión del Ejército, se apropie de los recursos energéticos del país”, indicó.
Desde otro punto de vista, Andrew Selee, integrante del Centro Internacional Woodrow Wilson, considera que la Iniciativa Mérida, más que un programa de asistencia es un elemento importante para ampliar la estrategia de cooperación entre Estados Unidos y México, los cuales comparten la amenaza que representa el crimen organizado y el tráfico de drogas. Además, explica, dicha iniciativa puede servir como elemento fundamental para el fortalecimiento de la confianza y la cooperación entre los dos países, si se lleva a cabo correctamente. En un análisis que elaboró acerca de la Iniciativa Mérida, sostiene que los gobiernos de ambos países han incrementado sus esfuerzos conjuntos de manera significativa durante los años recientes, con el objetivo de proteger las comunidades a ambos lados de la frontera.
El especialista señala que si bien el gobierno de Felipe Calderón tiene como prioridad el combate a los cárteles de las drogas, el impulso de una reforma judicial y una restructuración a fondo de la policía federal, también es cierto que hay una preocupación legítma acerca de la participación de los militares en operativos contra el crimen organizado, e incluso respecto de la efectividad de las policías estatales y municipales, además de que no existe una base de datos de una policía nacional.
Kikka Roja
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