Arturo González de Aragón, Gabriel Moctezuma Muñoz, Jorge Romero León, Roberto Zavala Echavarría, Alberto Núñez Esteva, Octavio Romero Oropeza, Alonso Lujambio Irázabal, Mariano Palacios Alcocer.
LA RED DE CORRUPCION AL DESCUBIERTO: se puso de apeso, se caldearon los ánimos y ni así los panistas se avergonzaron. Hay 6 mil indígenas en la carcel por robar un pollo, pero los ricos no van a la carcel por dejar a 60 millones de mexicanos en la miseria y encima pagan 74 pesotes de impuestos, que Hacienda les devuelve. Las empresas extranjeras le cobran a Pemex 3 veces más que a otros paises por la producción y extracción del petroleo, le dan el equipo más viejo y la tarifa más cara. UNA HUMILLACIÓN... los panistas le roban a sus propios votantes.
Destapan en foro senatorial “negocios turbios” de Pemex con extranjeros
Exigen panistas presentar denuncias; existen, pero están congeladas en la PGR, afirma auditor
Andrea Becerril y Enrique Méndez Octavio Romero Oropeza, al presentar datos sobre los contratos que Pemex ha firmado con empresas extranjeras
Los “negocios turbios” de Petróleos Mexicanos (Pemex) con contratistas extranjeros y con empresas creadas fuera del país para evadir toda regulación, fueron exhibidos ayer por ponentes y legisladores durante el foro de análisis sobre las iniciativas de reforma de Felipe Calderón, que trató sobre “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción” en la paraestatal.Fue un alud de denuncias formuladas por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón; Octavio Romero Oropeza, integrante del “gobierno legítimo de México”, y el senador del PRD Graco Ramírez, acerca de contratos que al final triplican su costo, alquiler de equipo viejo y con sobreprecio a trasnacionales, y empresas constituidas en paraísos fiscales que participan en la venta del crudo en el extranjero.
Ante el cúmulo de denuncias los legisladores del PAN perdieron el control, a tal grado que el debate terminó con una confrontación entre el diputado Juan José Rodríguez Prats y Romero Oropeza, toda vez que el legislador panista aprovechó que este último ya no tenía oportunidad de intervenir para cuestionarlo.El propio González de Aragón respondió que la ASF presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República y otras instancias por las irregularidades detectadas en Pemex, pero están ahí, congeladas.Esto, porque el senador panista Rubén Camarillo exigió que todos los casos ahí presentados “se traduzcan en las denuncias correspondientes”.
Ante el cúmulo de denuncias los legisladores del PAN perdieron el control, a tal grado que el debate terminó con una confrontación entre el diputado Juan José Rodríguez Prats y Romero Oropeza, toda vez que el legislador panista aprovechó que este último ya no tenía oportunidad de intervenir para cuestionarlo.El propio González de Aragón respondió que la ASF presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República y otras instancias por las irregularidades detectadas en Pemex, pero están ahí, congeladas.Esto, porque el senador panista Rubén Camarillo exigió que todos los casos ahí presentados “se traduzcan en las denuncias correspondientes”.
Manos libres a la corrupción
Secretario para la honestidad y austeridad republicana del “gobierno legítimo”, el tabasqueño Romero Oropeza advirtió que la reforma petrolera propuesta por Calderón “significa dar manos libres a la corrupción”, que éste propició desde que era secretario de Energía en el sexenio de Fox al privilegiar “los negocios turbios” en Pemex y en todo el sector energético. Presentó ejemplos: la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz, fue otorgada a la empresa española Dragados, tiene un retraso de dos años y los costos pactados originalmente se han duplicado sin que se hayan fincado responsabilidades.Otro negocio: una empresa noruega rentó al mismo tiempo tres plataformas petroleras por cinco años a Petrobras América, Petrobras Brasil y Pemex, sólo que a la empresa mexicana le envió la más pequeña y con un costo 300 millones de dólares más caro.Igualmente, Pemex pagó a la trasnacional estadunidense Noble Corporation una plataforma semisumergible, reconstruida, con sobreprecio de 59 mil dólares diarios. “¿No será que por eso quieren eliminar las licitaciones?”, preguntó.Después se refirió a los contratos de servicios múltiples que Pemex signó con empresas extranjeras para explotar gas en la cuenca de Burgos. Una contratista, expuso, adquirió una planta recuperadora de azufre para la paraestatal con un costo directo de 46.4 millones de dólares, que al final se convirtieron en 102 millones de dólares. En su segunda intervención, Romero Oropeza solicitó permiso para desplegar unas mantas con datos de otros contratos con empresas extranjeras. El diputado Rodríguez Prats protestó, pero el ponente aclaró que no se trataba de nada político, sino técnico, para precisar cómo paga Pemex a las corporaciones extranjeras, entre ellas Repsol, en la cuenca de Burgos, a las que autorizan 125 por ciento de costos indirectos.Posteriormente, el senador perredista Graco Ramírez denunció “el gran hoyo negro de la corrupción” que es Pemex Internacional, fundada en 1988 por Carlos Salinas de Gortari para manejar la exportación de crudo. La empresa, dijo, paga cantidades millonarias a despachos que operan en el extranjero, “pero mantienen nexos relevantes con funcionarios de la paraestatal”.
Uno de ellos, sostuvo, es Sergio Guaso, director de adquisiciones, contratos y obras de Pemex, quien participó en un foro anterior y “tiene íntima relación con despachos que representan a Exxon, Mobil y Texaco”, y a los que “al año se les pagan 200 millones de dólares, hagan o no contratos”.El senador Ramírez Garrido Abreu precisó que existe total opacidad acerca de Pemex Internacional, que inclusive ha emitido deuda sin autorización del Congreso, firma contratos, adquiere equipos y realiza todo tipo de transacciones sin rendir cuentas ni atenerse a ninguna legislación nacional.Pemex Internacional constituyó Pemex Financial Trust en noviembre de 1998, bajo el amparo de leyes de Islas Caimán, no cuenta con empleados y es administrada por un banco en aquella localidad. Como ésa, se han constituido empresas en Dublín, Houston, Aruba, y en otras partes. El consejo de administración de Pemex no recibe información de esas empresas debido a que, “en la perla de la corrupción”, las decisiones de Pemex Internacional pasan por el Comité de Comercio Exterior del Petróleo, que no existe jurídicamente, insistió el legislador. Al final, planteó desaparecer “esa agencia de corrupción internacional” y citar a comparecer a su titular lo antes posible. El senador perredista Arturo Núñez advirtió que ante tales revelaciones aprobar las iniciativas de Calderón sería como aquella novela de Luis Spota: “Casi el paraíso… pero de la corrupción”.La molestia de los legisladores panistas era evidente después de las denuncias presentadas.
El diputado Rodríguez Prats, en su primera intervención, recriminó a Romero Oropeza que en lugar de una ponencia llevó una denuncia al foro y, en su segundo turno, arremetió de nuevo contra el tabasqueño y, con ironía, le dijo que ya “no es una novedad la iniciativa del presidente Calderón” luego del reconocimiento de que empresas extranjeras realizan trabajos en Pemex. Además, casi al final del foro, cuando los ponentes ya no tenían derecho a réplica, Rodríguez Prats se lanzó otra vez contra Romero Oropeza, quien fue oficial mayor en el Gobierno del Distrito Federal, para cuestionar que no hay información acerca de los segundos pisos construidos por Andrés Manuel López Obrador. Romero Oropeza se levantó de su asiento y, ya sin micrófono, le gritó al diputado: “¡Eres un tramposo y un mentiroso!” Mientras, el panista manoteaba desde su lugar y levantaba hacia arriba el puño derecho.
“¡No le llegas ni a la suela de los zapatos a Andrés Manuel!”, le espetó Romero Oropeza a Rodríguez Prats.Uno de ellos, sostuvo, es Sergio Guaso, director de adquisiciones, contratos y obras de Pemex, quien participó en un foro anterior y “tiene íntima relación con despachos que representan a Exxon, Mobil y Texaco”, y a los que “al año se les pagan 200 millones de dólares, hagan o no contratos”.El senador Ramírez Garrido Abreu precisó que existe total opacidad acerca de Pemex Internacional, que inclusive ha emitido deuda sin autorización del Congreso, firma contratos, adquiere equipos y realiza todo tipo de transacciones sin rendir cuentas ni atenerse a ninguna legislación nacional.Pemex Internacional constituyó Pemex Financial Trust en noviembre de 1998, bajo el amparo de leyes de Islas Caimán, no cuenta con empleados y es administrada por un banco en aquella localidad. Como ésa, se han constituido empresas en Dublín, Houston, Aruba, y en otras partes. El consejo de administración de Pemex no recibe información de esas empresas debido a que, “en la perla de la corrupción”, las decisiones de Pemex Internacional pasan por el Comité de Comercio Exterior del Petróleo, que no existe jurídicamente, insistió el legislador. Al final, planteó desaparecer “esa agencia de corrupción internacional” y citar a comparecer a su titular lo antes posible. El senador perredista Arturo Núñez advirtió que ante tales revelaciones aprobar las iniciativas de Calderón sería como aquella novela de Luis Spota: “Casi el paraíso… pero de la corrupción”.La molestia de los legisladores panistas era evidente después de las denuncias presentadas.
El diputado Rodríguez Prats, en su primera intervención, recriminó a Romero Oropeza que en lugar de una ponencia llevó una denuncia al foro y, en su segundo turno, arremetió de nuevo contra el tabasqueño y, con ironía, le dijo que ya “no es una novedad la iniciativa del presidente Calderón” luego del reconocimiento de que empresas extranjeras realizan trabajos en Pemex. Además, casi al final del foro, cuando los ponentes ya no tenían derecho a réplica, Rodríguez Prats se lanzó otra vez contra Romero Oropeza, quien fue oficial mayor en el Gobierno del Distrito Federal, para cuestionar que no hay información acerca de los segundos pisos construidos por Andrés Manuel López Obrador. Romero Oropeza se levantó de su asiento y, ya sin micrófono, le gritó al diputado: “¡Eres un tramposo y un mentiroso!” Mientras, el panista manoteaba desde su lugar y levantaba hacia arriba el puño derecho.
AUDIOS: ........
Pide Zavaleta sustituir iniciativa de Calderón por una de consenso De llegar a un acuerdo entre PAN, PRD y PRI, el Presidente debe retirar su iniciativa, señaló la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro. Difunde PRD en el Senado video sobre la reforma energética En el material titulado Senadores en defensa del petróleo, califica de inconstitucional la iniciativa del gobierno federal. México, DF. Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciaron este jueves la difusión de un video con su postura sobre la reforma energética, en la que califican de inconstitucional la iniciativa en la materia presentada por el gobierno federal. En el video titulado Senadores en defensa del petróleo se convoca a la ciudadanía a participar en la consulta que sobre la reforma energética se realizará los días 27 de julio, 10 y 24 de agosto próximos. El material -disponible en la página de Internet de la fracción del PRD en el Senado y que contiene posturas juristas, especialistas y técnicos- señala que de aprobarse la iniciativa del presidente Felipe Calderón se entregarían a empresas extranjeras los beneficios que proporcione la industria del petróleo.
México, DF. Ante “la opacidad, corrupción e impunidad existentes” en Petróleos Mexicanos, Arturo González de Aragón, auditor Superior de la Federación (ASF), pidió establecer una "política de tolerancia cero a conductas indebidas". “El poder legislativo tiene como mandato constitucional fiscalizar cualquier peso de la federación se encuentre donde se encuentre”, y si se quiere fortalecer a la paraestatal es necesario que el Estado no renuncie a fiscalizar la actuación de ésta y que aumente facultades y autonomía a la ASF para que pueda imponer sanciones, dijo González de Aragón durante su participación en el Foro de debate del Senado. Asimismo, propuso, se deben promover acciones para atender segmentos que reflejan opacidad y riesgo en Pemex, como el sistema de pensiones y los pasivos por Pidiregas, y convertirlos en oportunidades de mejoría. Ello, sostuvo, sólo sería posible si se mejora sustancialmente el sistema de recaudación a través de una reforma hacendaria, se aumentan recursos a la paraestatal para inversión física directa, se le reduce burocracia y el gobierno acaba con la discrecionalidad en el uso de los recursos provenientes del petróleo, como ocurre con los excedentes. De acuerdo con González, en 2006, los ingresos extraordinarios de crudo ascendieron a 520 mil mdp; de los cuales, el 73% se destinó a gasto corriente; 14% a inversiones financieras y sólo 1% a inversión física directa, por lo que hay una necesidad urgente de reorientar el gasto a una mayor inversion física y proyectos productivos. |
- En el sexenio de Fox se devolvieron $680 mil millones a consorcios, afirma González de Aragón
- Compensa Pemex lo que grandes empresas no pagan al erario
- En el Senado, el auditor superior propone acabar con los regímenes impositivos especiales
- Critica el alto grado de discrecionalidad en inversiones de la paraestatal en 54 de sus filiales
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, cuestionó ayer que la debilidad de recaudación del sistema tributario, que permitió en el sexenio de Vicente Fox devolver 680 mil millones de pesos a grandes empresas, se compensa con la transferencia cada vez mayor de los excedentes petroleros a la hacienda pública.“Petróleos Mexicanos (Pemex) desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal, y entre 1995 y 2004 su carga fiscal tributaria fue de 3.3 billones de pesos”. A esto se añade, explicó, que el pasivo total por los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) es de 1.7 billones.Al participar en el penúltimo de los foros de debate de la reforma petrolera, con el tema Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Pemex, el auditor resaltó que persiste un alto grado de discrecionalidad y opacidad en el manejo de las inversiones de la paraestatal en 54 empresas, cuyo valor ascendía a 6 mil 533.6 millones de pesos, en diciembre de 2004, y de las cuales 21 operan en el extranjero. En el Senado, González de Aragón propuso acabar con los regímenes especiales a favor de las grandes corporaciones que, recordó, en 2004 pagaron sólo 74 pesos de ISR y 69 de IVA, en promedio. Cuestionó que los excedentes y el fondo de estabilización se utilizan con opacidad y discrecionalidad, y consideró inaceptable “que al amparo de la modernización estos factores incrementen su nivel de riesgo, que invita a la corrupción”.
Tal discrecionalidad, señaló, permitió un manejo poco transparente de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detalló: 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.Como parte de su exposición, González de Aragón propuso que la reforma combata la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.Porque, refirió, a pesar de las denuncias que ha presentado la ASF ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, -éstas no han prosperado.
Confirmó que el área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.En este caso, refirió que la petrolera no proporcionó, en la cuenta pública de 2004, informe de comisarios de 40 de sus filiales, no contaba con un esquema integral de administración que le permitiera tener el control de sus inversiones y, en el extranjero, no reportó su participación en la aseguradora Kot Insurance Co. González de Aragón presentó otro ejemplo de discrecionalidad en la venta de acciones que Pemex tenía en Repsol, operación para la que utilizó –reveló– a la empresa RepCon Lux, como “vehículo financiero”, que emitió un bono por mil 373.7 millones de dólares con vencimiento a enero de 2011, a una tasa de 4.5 por ciento anual, y mediante la cual la paraestatal cedió a los tenedores la plusvalía. El auditor presentó una serie de propuestas para lograr “una reforma de fondo” que beneficia a la paraestatal, entre ellas mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes a inversión; reducir la burocracia y los trámites, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.Porque, alertó, su pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina.
Tal discrecionalidad, señaló, permitió un manejo poco transparente de los excedentes petroleros en la administración foxista, que ascendieron a 720 mil millones de pesos, y que en su mayoría se utilizaron para el gasto corriente del gobierno del Partido Acción Nacional. Detalló: 73 por ciento se aplicó a gasto corriente, 14 a inversiones financieras y sólo 13 por ciento a inversión física directa.De la misma forma, explicó el auditor, se ha manejado el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, del cual el gobierno federal no ha acreditado debidamente la forma en que se ha aplicado. Más aún, expuso, el exceso de discrecionalidad de funcionarios de Pemex en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos, derivó en la presentación de denuncias penales por un probable daño al erario de 3 mil 400 millones de pesos.Como parte de su exposición, González de Aragón propuso que la reforma combata la opacidad, la corrupción y la impunidad existentes, mediante una cultura de rendición de cuentas y cero tolerancia a conductas indebidas.Porque, refirió, a pesar de las denuncias que ha presentado la ASF ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, -éstas no han prosperado.
Confirmó que el área donde existe mayor opacidad en el manejo de las finanzas es en Pemex Internacional (PMI), que opera empresas en el extranjero “que no son transparentes, no rinden cuentas y sus resultados no son revelados con suficiencia” en las cuentas públicas que entrega el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.En este caso, refirió que la petrolera no proporcionó, en la cuenta pública de 2004, informe de comisarios de 40 de sus filiales, no contaba con un esquema integral de administración que le permitiera tener el control de sus inversiones y, en el extranjero, no reportó su participación en la aseguradora Kot Insurance Co. González de Aragón presentó otro ejemplo de discrecionalidad en la venta de acciones que Pemex tenía en Repsol, operación para la que utilizó –reveló– a la empresa RepCon Lux, como “vehículo financiero”, que emitió un bono por mil 373.7 millones de dólares con vencimiento a enero de 2011, a una tasa de 4.5 por ciento anual, y mediante la cual la paraestatal cedió a los tenedores la plusvalía. El auditor presentó una serie de propuestas para lograr “una reforma de fondo” que beneficia a la paraestatal, entre ellas mejorar la administración y recaudación tributaria; mantener como irrenunciable la facultad del Congreso de revisar y fiscalizar a Pemex; fortalecer la autonomía y ampliar las facultades del órgano fiscalizador para que imponga sanciones administrativas y económicas; destinar los excedentes a inversión; reducir la burocracia y los trámites, así como revisar a fondo el régimen laboral de la empresa.Porque, alertó, su pasivo laboral ascendió, al cierre de 2007, a 528 mil millones de pesos, equivalente a 4.7 por ciento del PIB. En ese mismo año, dijo, se erogaron 24 mil millones, en ese rubro, que representa 45 por ciento de la nómina.
Editorial
Reforma petrolera y corrupción
Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio.
En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país. Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex. En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
Kikka Roja
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio.
En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país. Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex. En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
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