Rayuela:
¿Libertad, igualdad, ‘‘seguridad”?
¿Principios de la Revolución “Mexicana”?
¿Dónde le habrán enseñado historia al licenciado Gómez Mont?
¿Principios de la Revolución “Mexicana”?
¿Dónde le habrán enseñado historia al licenciado Gómez Mont?
Editorial
Gómez Mont: definiciones equívocas
En tanto que ciudadano particular y abogado litigante, Fernando Gómez Mont tiene el derecho irrestricto de sostener las opiniones personales que desee. Sin embargo, en el cargo que ejerce desde la semana pasada, el segundo más importante en el Poder Ejecutivo, debiera expresarse con rigor, precisión y orden en las ideas. Por ello, es lamentable que ayer se haya referido al combate al narcotráfico como una manera de “honrar los ideales revolucionarios”. Cabría esperar que un secretario de Gobernación tuviera claro el significado del conjunto de gestas políticas y sociales que convulsionaron al país a partir de 1910 –y aun desde antes, si se consideran las luchas obreras en Cananea y Río Blanco–, las cuales no tuvieron como propósito perseguir el tráfico de drogas –responsabilidad indeclinable del gobierno, sin duda—, sino construir una nación democrática, equitativa, soberana y con justicia y bienestar sociales.
Una parte de las propuestas de las facciones revolucionarias no se logró nunca, y aquello que llegó a concretarse lo han revertido los gobiernos neoliberales que se han sucedido desde 1988 a la fecha, de los cuales forma parte el que encabeza Felipe Calderón Hinojosa.
El combate a la delincuencia no requiere de justificaciones: es un deber intrínseco del Estado. Vincular el pobrísimo desempeño del presente gobierno en esa materia con los ideales que animaron la Revolución Mexicana parece, en cambio, una salida equívoca y meramente discursiva para cubrir el expediente de una conmemoración oficial que resulta claramente incómoda para esta administración, cuyas raíces históricas no se encuentran en las luchas transformadoras de 1910-1917 sino en el conservadurismo y la reacción, y que ha buscado en forma sistemática disminuir y desvirtuar elementos torales del legado revolucionario como el seguro social, el estatuto público y nacional de la industria petrolera y, con el argumento del combate a la delincuencia, algunas de las garantías individuales consagradas en la Constitución.
Otro pasaje del discurso de Gómez Mont que denota un escaso contacto con la realidad nacional del momento es su reconocimiento tácito de la carencia de “policías de probada honstidad” con las cuales hacer frente a las mafias del crimen organizado.
Tal señalamiento fue formulado por diversos sectores de la sociedad hace casi dos años, cuando la administración calderonista, entonces en su arranque, emprendió una movilización policial y militar, tan aparatosa como improvisada, contra las mafias dedicadas al trasiego de drogas. Se dijo, entonces, que el estado de infiltración y corrupción de las corporaciones de seguridad pública haría improbable –en todo caso muy sangriento– el proclamado empeño gubernamental, y se advirtió que el fenómeno del narcotráfico no podría erradicarse con métodos meramente policiales, pues para ello se requiere, además, de políticas económicas generadoras de bienestar y empleo, estrategias de salud pública, medidas de control financiero y trabajo de inteligencia de los organismos del Estado.
De entonces a la fecha, los errores gubernamentales en este terreno se han traducido en una mortandad mayor que la sufrida por las tropas estadunidenses en toda la guerra de Irak, en un gravísimo deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho, en un severo desgaste de la credibilidad institucional y en una zozobra ciudadana sin precedente en la historia moderna del país. El propósito de limpiar las corporaciones policiales esbozado ayer por el secretario de Gobernación en la primera alocución pública de relevancia desde que asumió el cargo, debió ser una premisa, no una conclusión, de una estrategia de seguridad pública equivocada y de consecuencias trágicas.
Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante su intervención en la ceremonia por el 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana Foto: Cristina Rodríguez
El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aprovechó su primera participación como orador en un acto del calendario cívico mexicano para advertir que en este gobierno no se dará “ni un paso atrás en la lucha por desmantelar las redes de narcotraficantes y secuestradores, destruir sus mecanismos de lavado de dinero y sus casas de seguridad, asegurar sus recursos, sus mercancías, sus armas, y consignar ante el Poder Judicial a todos y cada uno de ellos”, pues sólo así “cumpliremos con los postulados revolucionarios de libertad, igualdad y seguridad, consagrados en la Constitución del 17”.
Se refirió también a los comicios intermedios de 2009 y pidió hacer de éstos el ámbito para enriquecer la agenda nacional y perseverar en el “ímpetu reformista” que ha caracterizado “el trabajo político de los últimos años”, porque, puntualizó, “el pacto civil emanado de la Revolución es un expediente que se actualiza constantemente”. Pero ante todo, el responsable de la política interior del país fue más explícito en sus referencias hacia quienes hoy “desafían al estado de derecho”. Son delincuentes que “cobardemente corrompen, amenazan y envenenan a nuestra juventud”, y contra los cuales el país libra hoy “una lucha inédita”. Combatirlos y derrotarlos, puntualizó, representa también honrar los ideales revolucionarios. Y el gobierno está determinado a intensificar esa lucha, “pues siguen vigentes las causas por las que se decidió librarla”.
En el aniversario 98 del inicio de la Revolución Mexicana, y teniendo como fondo el monumento que se levanta en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de México, Gómez Mont expresó su convicción sobre el problema que encara el gobierno federal por la febril actividad de las bandas del narcotráfico y, en general, de la delincuencia organizada. La lucha continuará, afirmó, porque es abrumadora la mayoría de mexicanos que quiere vivir en paz en comparación con quienes delinquen. Y aquéllos “nos exigen la aplicación del estado de derecho en todos los espacios amenazados por la criminalidad”.
Ponderó lo logrado gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. Son, señaló, “resultados históricos en aseguramiento de drogas, armas y dinero, así como en la detención de importantes narcotraficantes y bandas de secuestradores”. Pero es justamente el reclamo ciudadano el que exige “ir mucho más allá” de tales alcances, agregó, porque “no podremos sentirnos satisfechos hasta que las familias mexicanas se sientan seguras en cualquier región del país”. Esa insatisfacción se mantendrá, recalcó, hasta que se disponga de policías de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, altamente capacitados y equipados, que combatan con eficacia la criminalidad, que dispongan de mejores instrumentos de información y de inteligencia, y que los respalde un servicio civil profesional de carrera que dignifique su función.
Porque, reiteró Gómez Mont, “no podemos sentirnos satisfechos” hasta actualizar el marco jurídico de seguridad y justicia a la nueva realidad del país, y hasta conseguir que arraigue en la sociedad la cultura de la legalidad y hacer de la denuncia ciudadana y de la prevención del delito “una práctica cotidiana”. Esa lucha sin cuartel debe darse con la articulación de mayores consensos y con el respeto a las diferencias, “para avanzar más aprisa”, manifestó.
En su análisis sobre la gesta revolucionaria, Gómez Mont mencionó que Francisco I. Madero movilizó al país para “remover una estructura basada en la autoridad paternal de una sola persona”, y citó a Jesús Reyes Heroles en su definición de la mexicana como una revolución liberal. Los desafíos del país “no permiten respiro ni dan pie al anquilosamiento de las instituciones”, señaló. Y dijo que decisiones como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, “perfilan el rostro de lo que será México en el siglo XXI”.
kikka-roja.blogspot.com/
Una parte de las propuestas de las facciones revolucionarias no se logró nunca, y aquello que llegó a concretarse lo han revertido los gobiernos neoliberales que se han sucedido desde 1988 a la fecha, de los cuales forma parte el que encabeza Felipe Calderón Hinojosa.
El combate a la delincuencia no requiere de justificaciones: es un deber intrínseco del Estado. Vincular el pobrísimo desempeño del presente gobierno en esa materia con los ideales que animaron la Revolución Mexicana parece, en cambio, una salida equívoca y meramente discursiva para cubrir el expediente de una conmemoración oficial que resulta claramente incómoda para esta administración, cuyas raíces históricas no se encuentran en las luchas transformadoras de 1910-1917 sino en el conservadurismo y la reacción, y que ha buscado en forma sistemática disminuir y desvirtuar elementos torales del legado revolucionario como el seguro social, el estatuto público y nacional de la industria petrolera y, con el argumento del combate a la delincuencia, algunas de las garantías individuales consagradas en la Constitución.
Otro pasaje del discurso de Gómez Mont que denota un escaso contacto con la realidad nacional del momento es su reconocimiento tácito de la carencia de “policías de probada honstidad” con las cuales hacer frente a las mafias del crimen organizado.
Tal señalamiento fue formulado por diversos sectores de la sociedad hace casi dos años, cuando la administración calderonista, entonces en su arranque, emprendió una movilización policial y militar, tan aparatosa como improvisada, contra las mafias dedicadas al trasiego de drogas. Se dijo, entonces, que el estado de infiltración y corrupción de las corporaciones de seguridad pública haría improbable –en todo caso muy sangriento– el proclamado empeño gubernamental, y se advirtió que el fenómeno del narcotráfico no podría erradicarse con métodos meramente policiales, pues para ello se requiere, además, de políticas económicas generadoras de bienestar y empleo, estrategias de salud pública, medidas de control financiero y trabajo de inteligencia de los organismos del Estado.
De entonces a la fecha, los errores gubernamentales en este terreno se han traducido en una mortandad mayor que la sufrida por las tropas estadunidenses en toda la guerra de Irak, en un gravísimo deterioro de la seguridad pública y del estado de derecho, en un severo desgaste de la credibilidad institucional y en una zozobra ciudadana sin precedente en la historia moderna del país. El propósito de limpiar las corporaciones policiales esbozado ayer por el secretario de Gobernación en la primera alocución pública de relevancia desde que asumió el cargo, debió ser una premisa, no una conclusión, de una estrategia de seguridad pública equivocada y de consecuencias trágicas.
- Cumpliremos con los postulados de la Revolución: Gómez Mont
- Vigentes, las causas de la lucha antinarco
- La población exige aplicar el estado de derecho en los espacios amenazados por el crimen
- Faltan policías de probada honestidad
- Demanda enriquecer la agenda nacional con los comicios de 2009
Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, durante su intervención en la ceremonia por el 98 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana Foto: Cristina Rodríguez
El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aprovechó su primera participación como orador en un acto del calendario cívico mexicano para advertir que en este gobierno no se dará “ni un paso atrás en la lucha por desmantelar las redes de narcotraficantes y secuestradores, destruir sus mecanismos de lavado de dinero y sus casas de seguridad, asegurar sus recursos, sus mercancías, sus armas, y consignar ante el Poder Judicial a todos y cada uno de ellos”, pues sólo así “cumpliremos con los postulados revolucionarios de libertad, igualdad y seguridad, consagrados en la Constitución del 17”.
Se refirió también a los comicios intermedios de 2009 y pidió hacer de éstos el ámbito para enriquecer la agenda nacional y perseverar en el “ímpetu reformista” que ha caracterizado “el trabajo político de los últimos años”, porque, puntualizó, “el pacto civil emanado de la Revolución es un expediente que se actualiza constantemente”. Pero ante todo, el responsable de la política interior del país fue más explícito en sus referencias hacia quienes hoy “desafían al estado de derecho”. Son delincuentes que “cobardemente corrompen, amenazan y envenenan a nuestra juventud”, y contra los cuales el país libra hoy “una lucha inédita”. Combatirlos y derrotarlos, puntualizó, representa también honrar los ideales revolucionarios. Y el gobierno está determinado a intensificar esa lucha, “pues siguen vigentes las causas por las que se decidió librarla”.
En el aniversario 98 del inicio de la Revolución Mexicana, y teniendo como fondo el monumento que se levanta en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad de México, Gómez Mont expresó su convicción sobre el problema que encara el gobierno federal por la febril actividad de las bandas del narcotráfico y, en general, de la delincuencia organizada. La lucha continuará, afirmó, porque es abrumadora la mayoría de mexicanos que quiere vivir en paz en comparación con quienes delinquen. Y aquéllos “nos exigen la aplicación del estado de derecho en todos los espacios amenazados por la criminalidad”.
Ponderó lo logrado gracias al trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales. Son, señaló, “resultados históricos en aseguramiento de drogas, armas y dinero, así como en la detención de importantes narcotraficantes y bandas de secuestradores”. Pero es justamente el reclamo ciudadano el que exige “ir mucho más allá” de tales alcances, agregó, porque “no podremos sentirnos satisfechos hasta que las familias mexicanas se sientan seguras en cualquier región del país”. Esa insatisfacción se mantendrá, recalcó, hasta que se disponga de policías de probada honestidad en los tres órdenes de gobierno, altamente capacitados y equipados, que combatan con eficacia la criminalidad, que dispongan de mejores instrumentos de información y de inteligencia, y que los respalde un servicio civil profesional de carrera que dignifique su función.
Porque, reiteró Gómez Mont, “no podemos sentirnos satisfechos” hasta actualizar el marco jurídico de seguridad y justicia a la nueva realidad del país, y hasta conseguir que arraigue en la sociedad la cultura de la legalidad y hacer de la denuncia ciudadana y de la prevención del delito “una práctica cotidiana”. Esa lucha sin cuartel debe darse con la articulación de mayores consensos y con el respeto a las diferencias, “para avanzar más aprisa”, manifestó.
En su análisis sobre la gesta revolucionaria, Gómez Mont mencionó que Francisco I. Madero movilizó al país para “remover una estructura basada en la autoridad paternal de una sola persona”, y citó a Jesús Reyes Heroles en su definición de la mexicana como una revolución liberal. Los desafíos del país “no permiten respiro ni dan pie al anquilosamiento de las instituciones”, señaló. Y dijo que decisiones como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, así como las reformas estructurales aprobadas por el Congreso, “perfilan el rostro de lo que será México en el siglo XXI”.
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