- La banda de Los Aztecas atacó a Los Mexicles y Artistas Asesinos; hay siete lesionados
- Sangrienta riña en el Cereso de Juárez; hay 20 reclusos muertos
- Los agresores forman parte de la organización de los Carrillo Fuentes y sus rivales trabajan para el cártel de Sinaloa
- Armas punzocortantes y de fuego fueron utilizadas en la reyerta
Ciudad Juárez, Chih., 4 de marzo. La guerra entre cárteles del narcotráfico se trasladó al penal estatal de Ciudad Juárez, donde pandilleros del grupo Los Aztecas dieron muerte a 20 integrantes de las bandas rivales Los Mexicles y Artistas Asesinos y dejaron heridos a por lo menos siete internos, tres de ellos de gravedad, informaron Víctor Valencia, representante del gobierno del estado en la localidad fronteriza, y Carlos González, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua. Es la primera riña que ocurre en el Centro de Readaptación Social de Alta Seguridad del gobierno del estado desde hace cuatro años, cuando fue abierto. La mayoría de las víctimas purgaba penas de prisión mayores a 20 años y habían sido trasladadas de prisiones locales a la cárcel estatal –en el kilómetro 33 de la Carretera Panamericana– por participar en reyertas y tener un alto grado de peligrosidad.
Valencia de los Santos dijo que la agresión se inició a las 6:27 de la mañana, al término de la visita conyugal, que permite a familiares pasar la noche junto a sus parientes presos, dijo Marco Antonio Moreno, vocero de la policía estatal en Ciudad Juárez. En ese momento, un grupo identificado con la banda de Los Aztecas amenazó con armas punzocortantes a los custodios del área de alta seguridad, donde se encuentran los miembros de dos bandas rivales identificadas como Artistas Asesinos y Los Mexicles; los agresores penetraron en las celdas y atacaron a sus ocupantes con armas blancas y de fuego hechizas.
Mexicles y Artistas Asesinos presumiblemente apoyan al cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán. Los Aztecas trabajan presuntamente para la organización de los Carrillo Fuentes. Más de 150 reos subieron al techo de los módulos de la prisión mientras arribaban al lugar más de 100 elementos de seguridad, entre efectivos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad estatal y municipal, quienes rodearon las instalaciones para evitar fugas y sofocaron la revuelta aproximadamente a las 10 de la mañana.
Los agentes de la PFP rociaron con gases lacrimógenos a los reos para dispersarlos y entrar hasta el sitio donde encontraron 20 muertos y siete lesionados, mientras decenas de soldados bajaron a rapel desde los helicópteros para contener a los internos. Algunos presos que subieron a las azoteas con el rostro cubierto colocaron mantas en las que estaban escritas amenazas contra las autoridades estatales y del Ejército, aparentemente rechazando que los militares tomen el control de las instalaciones. La agencia alemana de noticias Dpa recordó que recientemente el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, anunció que la dirección del penal municipal y de la policía pasarán a militares designados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos González, vocero de la policía, aclaró que el cambio de mando no se hará en la prisión estatal, donde ocurrió la revuelta.
Apenas la semana pasada, el gobierno federal dispuso el envío de 5 mil militares que comenzaron a llegar el sábado para sumarse a los 2 mil ya desplegados en la ciudad. Fuera del penal se reunieron familiares de los aproximadamente mil reclusos, quienes fueron controlados por personal militar debido a que intentaban ingresar a las instalaciones para pedir información sobre el estado de salud de los internos. Aproximadamente a las 13 horas, personal del Cereso estatal salió a la zona donde se encontraban los familiares de los presos y leyeron los nombres de 19 víctimas mortales. Una más permanece en calidad de desconocida. Tres de los siete heridos se encuentran hospitalizados. Valencia descartó que hayan sido lesionados o muertos dos agentes policiacos, como se informó inicialmente. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, que tiene a su cargo el Cereso, rechazó que se tratara de un motín y aclaró que fue una riña de Los Aztecas contra Mexicles y Artistas Asesinos.
En la capital del país, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal confirmaron que la riña entre pandillas rivales en el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal en Ciudad Juárez, dejó un saldo de 20 internos fallecidos y entre seis y ocho lesionados. Los muertos sufrieron heridas por arma de fuego, por arma blanca y por golpes. Alrededor de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva, apoyados por soldados y elementos de la policía estatal, ingresaron cerca de las 8 horas al Cereso y lograron restablecer el orden sin que ningún elemento policiaco o militar resultara lesionado, según el reporte de funcionarios de la SSP federal.
Violencia y devaluación humana
EDITORIAL LA JORNADA
Ayer, en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió un violento enfrentamiento –originado, al parecer, por una riña entre bandas de reos rivales– que dejó como saldo, según información del gobierno de la entidad, una veintena de muertos y al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad.
La reiteración de estos episodios en varias cárceles del país es indicativa de la exasperante falta de capacidad de las autoridades para poner orden y hacer cumplir la ley en los centros de reclusión, pero también, en un sentido más amplio, de una devaluación de la condición humana en general que es presenciada y padecida por la sociedad en su conjunto, y que se expresa al mismo tiempo en el ámbito económico, en el que la crisis actual ha depreciado los ingresos de los sectores mayoritarios y que cientos de miles de historias de sufrimiento humano son reducidas a simples indicadores estadísticos.
Es por demás alarmante que, en casos como el que se comenta, esta degradación sea permitida e incluso alentada por el propio Estado: las autoridades penitenciarias han permitido que prevalezcan, en la mayoría de los reclusorios, condiciones infrahumanas de subsistencia y, en consecuencia, han propiciado que esos centros se conviertan en espacios de negación rotunda de la legalidad, del estado de derecho y de las condiciones humanitarias más elementales. Los supuestos encargados de llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reinserción social de los reos han demostrado –con episodios como el ocurrido en el penal de La Mesa, en Tijuana, donde se perpetró una masacre a mansalva de presos por agentes de las policías federal y estatal– que las intenciones de venganza y aniquilamiento de delincuentes están por encima de los compromisos de procuración e impartición de justicia. No puede omitirse que estos sucesos tienen como telón de fondo un discurso oficial empeñado por caracterizar a los delincuentes como enemigos y hasta como traidores a la patria, y la obstinación gubernamental en mantener una política de seguridad que se niega sistemáticamente a ver el fenómeno de la criminalidad en su complejidad social y pretende confrontarlo únicamente por medio de una represión policial y militar, cuya legitimidad se ve regularmente sometida a cuestionamiento por las violaciones a los derechos humanos que suele conllevar.
El nivel de civilidad de un país no sólo se mide en el trato a sus ciudadanos comunes, sino también en el que se da a los infractores a la legalidad y en la capacidad del régimen para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin importar su condición legal, social, económica o política. En esa medida, México vive una situación de barbarie por demás alarmante, y una degradación moral que se reproduce, por desgracia, en sectores de la opinión pública que se congratulan con escenas como la de ayer y que claman por la aplicación de la pena de muerte para los delincuentes.
Por último, la evidente pérdida de control oficial en las cárceles del país, además de resultar ilustrativa del grado de corrupción que se ha alcanzado en tales establecimientos, abre la perspectiva de que el control y la seguridad de esos centros sean encomendados a las fuerzas armadas, como ocurre ya con diversas ciudades del país y con casetas de peaje carretero en distintos puntos del territorio nacional. Por esa vía bien podrían seguir, además, las aduanas, los aeropuertos y otras instalaciones estratégicas. Lo grave de esa lógica no es sólo que no haya suficientes uniformados para desempeñar todas las tareas que les son requeridas, sino también que, llevada a sus últimas consecuencias, las autoridades civiles acabarían por abdicar de sus responsabilidades de gobierno en favor de los militares.
Valencia de los Santos dijo que la agresión se inició a las 6:27 de la mañana, al término de la visita conyugal, que permite a familiares pasar la noche junto a sus parientes presos, dijo Marco Antonio Moreno, vocero de la policía estatal en Ciudad Juárez. En ese momento, un grupo identificado con la banda de Los Aztecas amenazó con armas punzocortantes a los custodios del área de alta seguridad, donde se encuentran los miembros de dos bandas rivales identificadas como Artistas Asesinos y Los Mexicles; los agresores penetraron en las celdas y atacaron a sus ocupantes con armas blancas y de fuego hechizas.
Mexicles y Artistas Asesinos presumiblemente apoyan al cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán. Los Aztecas trabajan presuntamente para la organización de los Carrillo Fuentes. Más de 150 reos subieron al techo de los módulos de la prisión mientras arribaban al lugar más de 100 elementos de seguridad, entre efectivos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad estatal y municipal, quienes rodearon las instalaciones para evitar fugas y sofocaron la revuelta aproximadamente a las 10 de la mañana.
Los agentes de la PFP rociaron con gases lacrimógenos a los reos para dispersarlos y entrar hasta el sitio donde encontraron 20 muertos y siete lesionados, mientras decenas de soldados bajaron a rapel desde los helicópteros para contener a los internos. Algunos presos que subieron a las azoteas con el rostro cubierto colocaron mantas en las que estaban escritas amenazas contra las autoridades estatales y del Ejército, aparentemente rechazando que los militares tomen el control de las instalaciones. La agencia alemana de noticias Dpa recordó que recientemente el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, anunció que la dirección del penal municipal y de la policía pasarán a militares designados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos González, vocero de la policía, aclaró que el cambio de mando no se hará en la prisión estatal, donde ocurrió la revuelta.
Apenas la semana pasada, el gobierno federal dispuso el envío de 5 mil militares que comenzaron a llegar el sábado para sumarse a los 2 mil ya desplegados en la ciudad. Fuera del penal se reunieron familiares de los aproximadamente mil reclusos, quienes fueron controlados por personal militar debido a que intentaban ingresar a las instalaciones para pedir información sobre el estado de salud de los internos. Aproximadamente a las 13 horas, personal del Cereso estatal salió a la zona donde se encontraban los familiares de los presos y leyeron los nombres de 19 víctimas mortales. Una más permanece en calidad de desconocida. Tres de los siete heridos se encuentran hospitalizados. Valencia descartó que hayan sido lesionados o muertos dos agentes policiacos, como se informó inicialmente. La Secretaría de Seguridad Pública estatal, que tiene a su cargo el Cereso, rechazó que se tratara de un motín y aclaró que fue una riña de Los Aztecas contra Mexicles y Artistas Asesinos.
- Confirma la SSP la cifra de muertos
En la capital del país, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal confirmaron que la riña entre pandillas rivales en el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal en Ciudad Juárez, dejó un saldo de 20 internos fallecidos y entre seis y ocho lesionados. Los muertos sufrieron heridas por arma de fuego, por arma blanca y por golpes. Alrededor de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva, apoyados por soldados y elementos de la policía estatal, ingresaron cerca de las 8 horas al Cereso y lograron restablecer el orden sin que ningún elemento policiaco o militar resultara lesionado, según el reporte de funcionarios de la SSP federal.
Violencia y devaluación humana
EDITORIAL LA JORNADA
Ayer, en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió un violento enfrentamiento –originado, al parecer, por una riña entre bandas de reos rivales– que dejó como saldo, según información del gobierno de la entidad, una veintena de muertos y al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad.
La reiteración de estos episodios en varias cárceles del país es indicativa de la exasperante falta de capacidad de las autoridades para poner orden y hacer cumplir la ley en los centros de reclusión, pero también, en un sentido más amplio, de una devaluación de la condición humana en general que es presenciada y padecida por la sociedad en su conjunto, y que se expresa al mismo tiempo en el ámbito económico, en el que la crisis actual ha depreciado los ingresos de los sectores mayoritarios y que cientos de miles de historias de sufrimiento humano son reducidas a simples indicadores estadísticos.
Es por demás alarmante que, en casos como el que se comenta, esta degradación sea permitida e incluso alentada por el propio Estado: las autoridades penitenciarias han permitido que prevalezcan, en la mayoría de los reclusorios, condiciones infrahumanas de subsistencia y, en consecuencia, han propiciado que esos centros se conviertan en espacios de negación rotunda de la legalidad, del estado de derecho y de las condiciones humanitarias más elementales. Los supuestos encargados de llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reinserción social de los reos han demostrado –con episodios como el ocurrido en el penal de La Mesa, en Tijuana, donde se perpetró una masacre a mansalva de presos por agentes de las policías federal y estatal– que las intenciones de venganza y aniquilamiento de delincuentes están por encima de los compromisos de procuración e impartición de justicia. No puede omitirse que estos sucesos tienen como telón de fondo un discurso oficial empeñado por caracterizar a los delincuentes como enemigos y hasta como traidores a la patria, y la obstinación gubernamental en mantener una política de seguridad que se niega sistemáticamente a ver el fenómeno de la criminalidad en su complejidad social y pretende confrontarlo únicamente por medio de una represión policial y militar, cuya legitimidad se ve regularmente sometida a cuestionamiento por las violaciones a los derechos humanos que suele conllevar.
El nivel de civilidad de un país no sólo se mide en el trato a sus ciudadanos comunes, sino también en el que se da a los infractores a la legalidad y en la capacidad del régimen para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin importar su condición legal, social, económica o política. En esa medida, México vive una situación de barbarie por demás alarmante, y una degradación moral que se reproduce, por desgracia, en sectores de la opinión pública que se congratulan con escenas como la de ayer y que claman por la aplicación de la pena de muerte para los delincuentes.
Por último, la evidente pérdida de control oficial en las cárceles del país, además de resultar ilustrativa del grado de corrupción que se ha alcanzado en tales establecimientos, abre la perspectiva de que el control y la seguridad de esos centros sean encomendados a las fuerzas armadas, como ocurre ya con diversas ciudades del país y con casetas de peaje carretero en distintos puntos del territorio nacional. Por esa vía bien podrían seguir, además, las aduanas, los aeropuertos y otras instalaciones estratégicas. Lo grave de esa lógica no es sólo que no haya suficientes uniformados para desempeñar todas las tareas que les son requeridas, sino también que, llevada a sus últimas consecuencias, las autoridades civiles acabarían por abdicar de sus responsabilidades de gobierno en favor de los militares.
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