Acentos
Pablo Gómez
2009-10-02•Acentos
La lucha política en Iztapalapa ha generado toda clase de pronunciamientos contra el sufragio. A pesar de que el asunto relevante en esa demarcación ha sido en realidad el voto ciudadano y el respeto al mismo, no ha sido ésta la manera como se le ha abordado por periodistas y políticos. Pareciera que todo se reduce a asuntos menores, pronunciamientos circunstanciales y actuaciones caricaturescas, como si el voto pudiera ser tratado de esa forma sin ofenderlo como valor democrático. Los que esperaban que Acosta renegara de su compromiso en realidad estaban contra el voto mayoritario, querían mancillarlo, burlarlo.
En Iztapalapa, ante el cambio judicial de candidata, se realizó una maniobra política enteramente válida, pues cada cual sabía por quién votaba. Clara Brugada obtuvo la mayoría y eso fue el contenido principal de tal episodio que seguramente formará parte de la historia electoral del país. Nadie fue engañado, no se realizó ninguna trampa en la votación, a pesar de que marcar el nombre de Brugada implicaba votar por otra persona que no se encontraba en la boleta, y de que marcar el nombre de Rafael Acosta quería decir que se le otorgaba el voto a Brugada. Pero ese enredo fue provocado por el más alto tribunal electoral del país, al cual ni siquiera se le critica por parte de quienes han soslayado el sufragio popular.
Es claro que la burla de los desplantes de Acosta es cosa natural de la prensa y los comentaristas, pero ¿dónde quedó el hecho de que la mayoría se expresó en Iztapalapa y le otorgó el triunfo a Clara Brugada?
Lo que ocurre es que en México el sufragio no merece respeto dentro de la vieja cultura política que no ha desaparecido, ni siquiera menguado. Parece que todo en política es maniobra, suciedad y ridiculez, por lo que el voto aparece como producto de fuerzas ocultas.
En contraste, la validación de las elecciones en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa aparece como un acto de justicia, lo cual es un tanto cierto, ya que se ha respetado el voto mayoritario. Pero como en esos dos casos la victoria ha sido de la derecha panista, entonces todo es denostar al tribunal local y ensalzar a la sala regional del llamado Trife. Pero se olvida por conveniencia que lo sancionado por las autoridades electorales locales no era el resultado de las votaciones, sino las trampas de los candidatos panistas. ¿Dónde dice la Constitución que los spots contratados —considerados ilícitos— deben ser pagados por el contratante? Hay muchas formas de contratar, entre ellas las que no implican pago alguno. No era necesario demostrar el pago con tal de que se probara el acuerdo entre Televisa y Sodi para hacer propaganda —cuestión reconocida por el IFE y el Tribunal Electoral de la Federación—, con el propósito, además, de ridiculizar las nuevas normas electorales tan cuestionadas por el duopolio de la televisión. Asimismo, dice la ley que los donativos forman parte de los gastos de campaña, los cuales eran la litis en Miguel Hidalgo, ignorada olímpicamente por el TEPJF.
Cuando se anula una elección debido a que el vencedor violó las normas, no se castiga al sufragio mayoritario sino al candidato tramposo. Aquí ha predominado el valor del voto, lo cual no es condenable, pero se deja a los fulleros en total impunidad. La trampa perdonada no tendrá remedio, la repetición de los comicios, en cambio, sí tendría forma de llevarse a cabo. Se hizo, al parecer, una valoración política entre ambas cosas (voto ya emitido y trampas). Ganó el voto como valor, pero ¿cómo se pueden combatir las trampas? Eso no lo detallan los defensores del tramposo, es decir, de Demetrio Sodi. En realidad, ganó más la trampa que el voto. Parece que en México el problema de las elecciones no tiene fin.
pgomez@milenio.comEn Iztapalapa, ante el cambio judicial de candidata, se realizó una maniobra política enteramente válida, pues cada cual sabía por quién votaba. Clara Brugada obtuvo la mayoría y eso fue el contenido principal de tal episodio que seguramente formará parte de la historia electoral del país. Nadie fue engañado, no se realizó ninguna trampa en la votación, a pesar de que marcar el nombre de Brugada implicaba votar por otra persona que no se encontraba en la boleta, y de que marcar el nombre de Rafael Acosta quería decir que se le otorgaba el voto a Brugada. Pero ese enredo fue provocado por el más alto tribunal electoral del país, al cual ni siquiera se le critica por parte de quienes han soslayado el sufragio popular.
Es claro que la burla de los desplantes de Acosta es cosa natural de la prensa y los comentaristas, pero ¿dónde quedó el hecho de que la mayoría se expresó en Iztapalapa y le otorgó el triunfo a Clara Brugada?
Lo que ocurre es que en México el sufragio no merece respeto dentro de la vieja cultura política que no ha desaparecido, ni siquiera menguado. Parece que todo en política es maniobra, suciedad y ridiculez, por lo que el voto aparece como producto de fuerzas ocultas.
En contraste, la validación de las elecciones en Miguel Hidalgo y Cuajimalpa aparece como un acto de justicia, lo cual es un tanto cierto, ya que se ha respetado el voto mayoritario. Pero como en esos dos casos la victoria ha sido de la derecha panista, entonces todo es denostar al tribunal local y ensalzar a la sala regional del llamado Trife. Pero se olvida por conveniencia que lo sancionado por las autoridades electorales locales no era el resultado de las votaciones, sino las trampas de los candidatos panistas. ¿Dónde dice la Constitución que los spots contratados —considerados ilícitos— deben ser pagados por el contratante? Hay muchas formas de contratar, entre ellas las que no implican pago alguno. No era necesario demostrar el pago con tal de que se probara el acuerdo entre Televisa y Sodi para hacer propaganda —cuestión reconocida por el IFE y el Tribunal Electoral de la Federación—, con el propósito, además, de ridiculizar las nuevas normas electorales tan cuestionadas por el duopolio de la televisión. Asimismo, dice la ley que los donativos forman parte de los gastos de campaña, los cuales eran la litis en Miguel Hidalgo, ignorada olímpicamente por el TEPJF.
Cuando se anula una elección debido a que el vencedor violó las normas, no se castiga al sufragio mayoritario sino al candidato tramposo. Aquí ha predominado el valor del voto, lo cual no es condenable, pero se deja a los fulleros en total impunidad. La trampa perdonada no tendrá remedio, la repetición de los comicios, en cambio, sí tendría forma de llevarse a cabo. Se hizo, al parecer, una valoración política entre ambas cosas (voto ya emitido y trampas). Ganó el voto como valor, pero ¿cómo se pueden combatir las trampas? Eso no lo detallan los defensores del tramposo, es decir, de Demetrio Sodi. En realidad, ganó más la trampa que el voto. Parece que en México el problema de las elecciones no tiene fin.
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