SME: por el camino de la ley
Miguel Ángel Granados Chapa
5 Nov. 09
Si los electricistas intentan tomar las instalaciones de LyF en liquidación, cometerán un error, por más pacífica que fuera la operación, pues su exigencia debe apegarse a la legalidad
En la decisión gubernamental de aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas, la infracción a la ley ha corrido a cargo de los funcionarios que para lograr aquel objetivo ordenaron extinguir Luz y Fuerza del Centro. En cambio la agrupación sindical ha privilegiado el apego a la legalidad. Aunque nadie sincero y sensato puede garantizar la primacía del derecho, en la desigual pugna entre ambas partes del conflicto, conviene a los trabajadores agotar las instancias legales en defensa de sus intereses y sus derechos. Proceder de otra manera, como lo propone la dirección sindical al instar a recuperar pacíficamente las instalaciones del organismo en liquidación, sería un error, útil no a los propósitos del SME sino a los de su enemigo, el gobierno.
En el mitin efectuado anteayer en la Plaza de la República, el secretario general del sindicato, Martín Esparza -título que le viene de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y del que no puede desposeerlo el abuso de la autoridad administrativa ni la abulia de la autoridad jurisdiccional, que no se atreve a emitir el laudo sobre el conflicto interno del sindicato-, anunció que al cumplirse un mes del decreto que puso en liquidación a LyF, el próximo miércoles 11 de noviembre, las movilizaciones sindicales incluirán la toma de las instalaciones del organismo. Si bien recalcó que se trata de una acción pacífica, y salvo que sea también simbólica, es obvio que el intento será resistido por la Policía Federal, que resguarda los predios de la antigua compañía eléctrica.
Si los electricistas lograran su objetivo de volver a sus centros de trabajo podrían ser acusados por varios delitos, y con ellos su secretario general por haberlos instigado a cometerlos. Nada satisfaría tanto al gobierno como tener una causa para aprehender a Esparza, sobre el que pesan amagos de esa naturaleza. El segmento autoritario de la sociedad aplaudiría rabiosamente su encarcelamiento, que sería entendido como la secuela necesaria tras la extinción del organismo cuyo deterioro ha sido atribuido por el gobierno a los abusos del sindicato.
Es mejor que el SME persevere en utilizar los caminos de la ley en su lucha por preservar su fuente de trabajo, la vigencia del contrato colectivo y la existencia misma del sindicato. Aunque mañana viernes 6 puede ser revertida esa decisión por la misma jueza que concedió la suspensión provisional, el primer lance de la vasta panoplia jurídica de que dispone el sindicato se resolvió a su favor. Merced a esa resolución judicial, hasta ahora la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha abstenido de dar por terminada la relación colectiva de trabajo. Si la pulcra actitud de la jueza federal Guillermina Coutiño Mata fuera modificada por presiones sobre la funcionaria, queda abierto el camino de la revisión.
Asimismo, el 28 de octubre el SME presentó una demanda de amparo contra el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. A ella se sumarán decenas de miles de demandas semejantes, suscritas por cada uno de los trabajadores que hayan antepuesto su dignidad a sus necesidades y se mantengan impasibles ante el vulgar señuelo con que el gobierno busca comprar voluntades para minar la resistencia sindical. Se buscará a través de esos juicios que se decrete la inconstitucionalidad de la medida presidencial, ya que se violaron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los trabajadores y su agrupación sindical. Se alega en las demandas, igualmente, la mala aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Otros medios de control constitucional serán desplegados, ya sea por la Cámara de Diputados o por otros cuerpos colegiados. Quizá hoy mismo el pleno en San Lázaro resolverá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad respecto del mismo decreto. Aun si ese órgano legislativo acordara no requerir el parecer de la Suprema Corte de Justicia, ésta será llamada a intervenir porque tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el ayuntamiento de Tetepango iniciarán sendas controversias constitucionales por la acción del gobierno federal que lesiona a los habitantes de la capital de la República y a los de ese municipio hidalguense.
Otras acciones legales, éstas concernientes a los derechos laborales, están igualmente en preparación. Por un lado, los electricistas iniciarán demandas individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. En ese terreno cabe también demandar que la Comisión Federal de Electricidad sea declarada patrón sustituto para hacerse cargo de las obligaciones laborales del organismo público en liquidación.
En un entorno viciado por la frecuente vulneración del orden jurídico (alterado con tal frecuencia y hondura que es más bien un desorden jurídico) es difícil que los electricistas mantengan su esperanza en que la ley revierta la decisión que busca extinguir al SME al mismo tiempo que a LyF. Pero ya que han iniciado ese conjunto de apelaciones a la ley, los trabajadores deben esperar que sigan su curso. Es lícito y necesario, ciertamente, apuntalar la posición sindical mediante movilizaciones propias y de sectores que acudan en su apoyo. Pero instar a la recuperación de las instalaciones se aparta de ese camino y resultará contraproducente. Es un recurso extremo al que cabría considerar como necesario en otro momento de la lucha. El infractor es el gobierno, no el SME.
Cajón de Sastre
Quedó integrada la terna de candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual, probablemente hoy mismo, el Senado escogerá a quien reemplace al doctor José Luis Soberanes. Integran la terceta de finalistas el abogado general de la UNAM con licencia, Luis Raúl González Pérez; el primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia, y Emilio Álvarez Icaza. A diferencia de sus compañeros Mauricio Farah, que renunció a su cargo de quinto visitador, y Javier Moctezuma, que pidió licencia en el suyo, la secretaría ejecutiva, Plascencia se mantuvo trabajando en la administración encabezada por Soberanes. Con ello no sólo aprovechó en su beneficio recursos públicos -por lo menos su tiempo, si no también la influencia del organismo nacional sobre los ombudsman estatales- sino que figuró como autor de recomendaciones en estos mismos días.
En la decisión gubernamental de aniquilar al Sindicato Mexicano de Electricistas, la infracción a la ley ha corrido a cargo de los funcionarios que para lograr aquel objetivo ordenaron extinguir Luz y Fuerza del Centro. En cambio la agrupación sindical ha privilegiado el apego a la legalidad. Aunque nadie sincero y sensato puede garantizar la primacía del derecho, en la desigual pugna entre ambas partes del conflicto, conviene a los trabajadores agotar las instancias legales en defensa de sus intereses y sus derechos. Proceder de otra manera, como lo propone la dirección sindical al instar a recuperar pacíficamente las instalaciones del organismo en liquidación, sería un error, útil no a los propósitos del SME sino a los de su enemigo, el gobierno.
En el mitin efectuado anteayer en la Plaza de la República, el secretario general del sindicato, Martín Esparza -título que le viene de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y del que no puede desposeerlo el abuso de la autoridad administrativa ni la abulia de la autoridad jurisdiccional, que no se atreve a emitir el laudo sobre el conflicto interno del sindicato-, anunció que al cumplirse un mes del decreto que puso en liquidación a LyF, el próximo miércoles 11 de noviembre, las movilizaciones sindicales incluirán la toma de las instalaciones del organismo. Si bien recalcó que se trata de una acción pacífica, y salvo que sea también simbólica, es obvio que el intento será resistido por la Policía Federal, que resguarda los predios de la antigua compañía eléctrica.
Si los electricistas lograran su objetivo de volver a sus centros de trabajo podrían ser acusados por varios delitos, y con ellos su secretario general por haberlos instigado a cometerlos. Nada satisfaría tanto al gobierno como tener una causa para aprehender a Esparza, sobre el que pesan amagos de esa naturaleza. El segmento autoritario de la sociedad aplaudiría rabiosamente su encarcelamiento, que sería entendido como la secuela necesaria tras la extinción del organismo cuyo deterioro ha sido atribuido por el gobierno a los abusos del sindicato.
Es mejor que el SME persevere en utilizar los caminos de la ley en su lucha por preservar su fuente de trabajo, la vigencia del contrato colectivo y la existencia misma del sindicato. Aunque mañana viernes 6 puede ser revertida esa decisión por la misma jueza que concedió la suspensión provisional, el primer lance de la vasta panoplia jurídica de que dispone el sindicato se resolvió a su favor. Merced a esa resolución judicial, hasta ahora la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se ha abstenido de dar por terminada la relación colectiva de trabajo. Si la pulcra actitud de la jueza federal Guillermina Coutiño Mata fuera modificada por presiones sobre la funcionaria, queda abierto el camino de la revisión.
Asimismo, el 28 de octubre el SME presentó una demanda de amparo contra el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro. A ella se sumarán decenas de miles de demandas semejantes, suscritas por cada uno de los trabajadores que hayan antepuesto su dignidad a sus necesidades y se mantengan impasibles ante el vulgar señuelo con que el gobierno busca comprar voluntades para minar la resistencia sindical. Se buscará a través de esos juicios que se decrete la inconstitucionalidad de la medida presidencial, ya que se violaron las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de los trabajadores y su agrupación sindical. Se alega en las demandas, igualmente, la mala aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Otros medios de control constitucional serán desplegados, ya sea por la Cámara de Diputados o por otros cuerpos colegiados. Quizá hoy mismo el pleno en San Lázaro resolverá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad respecto del mismo decreto. Aun si ese órgano legislativo acordara no requerir el parecer de la Suprema Corte de Justicia, ésta será llamada a intervenir porque tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el ayuntamiento de Tetepango iniciarán sendas controversias constitucionales por la acción del gobierno federal que lesiona a los habitantes de la capital de la República y a los de ese municipio hidalguense.
Otras acciones legales, éstas concernientes a los derechos laborales, están igualmente en preparación. Por un lado, los electricistas iniciarán demandas individuales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. En ese terreno cabe también demandar que la Comisión Federal de Electricidad sea declarada patrón sustituto para hacerse cargo de las obligaciones laborales del organismo público en liquidación.
En un entorno viciado por la frecuente vulneración del orden jurídico (alterado con tal frecuencia y hondura que es más bien un desorden jurídico) es difícil que los electricistas mantengan su esperanza en que la ley revierta la decisión que busca extinguir al SME al mismo tiempo que a LyF. Pero ya que han iniciado ese conjunto de apelaciones a la ley, los trabajadores deben esperar que sigan su curso. Es lícito y necesario, ciertamente, apuntalar la posición sindical mediante movilizaciones propias y de sectores que acudan en su apoyo. Pero instar a la recuperación de las instalaciones se aparta de ese camino y resultará contraproducente. Es un recurso extremo al que cabría considerar como necesario en otro momento de la lucha. El infractor es el gobierno, no el SME.
Cajón de Sastre
Quedó integrada la terna de candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la cual, probablemente hoy mismo, el Senado escogerá a quien reemplace al doctor José Luis Soberanes. Integran la terceta de finalistas el abogado general de la UNAM con licencia, Luis Raúl González Pérez; el primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia, y Emilio Álvarez Icaza. A diferencia de sus compañeros Mauricio Farah, que renunció a su cargo de quinto visitador, y Javier Moctezuma, que pidió licencia en el suyo, la secretaría ejecutiva, Plascencia se mantuvo trabajando en la administración encabezada por Soberanes. Con ello no sólo aprovechó en su beneficio recursos públicos -por lo menos su tiempo, si no también la influencia del organismo nacional sobre los ombudsman estatales- sino que figuró como autor de recomendaciones en estos mismos días.
miguelangel@granadoschapa.com
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