- Cinco ministros, por investigar; cuatro, en contra
- Se agudiza la pugna en la Corte por el caso Oaxaca
- Las consecuencias siguen presentes: Góngora
- Aguirre critica uso del tribunal para que renuncien gobernadores
JESUS ARANDA
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó. Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención". A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores". Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional". Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión. Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones". No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?" Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano. "Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública". Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución. En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición. Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó. Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención". A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores". Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional". Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión. Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones". No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?" Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano. "Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública". Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución. En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición. Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
El próximo jueves se reanuda la discusión del caso.
- Participan miles en manifestaciones y barricadas
- Recuerdan fallido desalojo de la policía estatal contra la APPO
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Pax., 14 de junio. El humo de las llantas y la madera volvió a surgir desde importantes avenidas de esta ciudad una vez que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), especialmente la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instaló unas 15 barricadas en los sitios donde el año pasado fueron asesinados varios activistas. Aunque se dijo que estas trincheras sólo estarían tres horas, al cierre de esta edición permanecían en un ambiente de fiesta. Así culminó el día en que miles de maestros, integrantes y simpatizantes de la APPO recordaron el aniversario del fallido desalojo que la policía estatal intentó, el 14 de junio de 2006, contra el plantón que los maestros mantenían en el zócalo de esta ciudad, hecho que dio origen al movimiento que aún exige la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, demanda a la que se agregan ahora la libertad de los "presos políticos", la cancelación de órdenes de aprehensión y la atención a sus demandas. La conmemoración empezó a las 4:30 de la mañana con la detonación de cohetes en el zócalo, en colonias y municipios de Oaxaca, así como con tañidos de campanas en distintos templos para recordar el llamado de auxilio de los plantonistas ante el ataque policiaco. Donde estuvo instalada la barricada de Brenamiel, por la salida a la ciudad de México, policías municipales detuvieron a Abraham Ramírez Santiago y Carlos Yahir, simpatizantes de la APPO, quienes más tarde quedaron libres. [leer completo]
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