- Posadas: las sospechas de la Iglesia
EditorialA partir de mayo de 1993, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, entonces arzobispo de Guadalajara, fue acribillado en el aeropuerto de esa ciudad por un grupo de sicarios del narcotráfico, la jerarquía eclesiástica ha descalificado de manera sistemática las conclusiones derivadas de la investigación oficial de aquella balacera. La diatriba llegó a tomar tintes personales entre el sucesor del clérigo asesinado, Juan Sandoval Íñiguez, y Jorge Carpizo McGregor, quien se encontraba al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando ocurrió el enfrentamiento.
Ayer, el caso volvió a los medios, a raíz de la detención de Alfredo Araujo, El Popeye, presunto sicario del narcotráfico al que las autoridades involucran en el asesinato de Posadas Ocampo y en un atentado sufrido en Tijuana por el fallecido periodista Jesús Blancornelas. De inmediato, el alto clero católico rechazó las líneas oficiales de investigación, según las cuales el detenido participó en el homicidio del religioso. El vocero de la arquidiócesis capitalina, Hugo Valdemar Romero, volvió a acusar a las instancias de procuración de justicia de no querer investigar a fondo, de encubrir a “personalidades pasadas que no quieren ser tocadas” y de presentar explicaciones “inverosímiles” y “ridículas” sobre lo ocurrido en el aeropuerto tapatío la mañana del 24 de mayo de 1993. Valdemar Romero dijo que la jerarquía eclesiástica tiene “ciertas pruebas”, pero “no las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales” del crimen. En contraste, en agosto del año pasado Sandoval Íñiguez aseguró: “sabemos muchas cosas” sobre “los políticos que estuvieron involucrados en el tráfico de drogas (y que) ordenaron el asesinato”. Sin embargo, se negó a hacer pública su información, alegando que los homicidas de su antecesor seguían siendo “gente poderosa en la política”.
Ciertamente, las conclusiones del caso que en su momento presentó Carpizo y que desde entonces ha dado por ciertas la PGR (Posadas Ocampo habría sido confundido con un capo del narcotráfico, presumiblemente Joaquín El Chapo Guzmán, por pistoleros de una organización delictiva rival) no han sido consideradas convincentes por amplios sectores de la sociedad. De hecho, ese episodio marcó el inicio de un sostenido proceso de descrédito de la PGR, el cual se ahondó por el pésimo manejo del asesinato de Colosio y llegó a niveles fársicos bajo la dirección de Antonio Lozano Gracia, cuando para esclarecer el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, la Procuraduría contrató una vidente que sembró un cadáver en la finca El Encanto para presentarlo como el de un diputado priísta que desapareció tras el crimen mencionado. Luego, en el sexenio de Vicente Fox, la PGR fue usada para fabricar culpables en diversos casos y para perseguir en forma facciosa al entonces jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la ineptitud o el dolo que suelen imperar en las actuaciones de la PGR no justifican que el alto clero católico se empeñe desde hace tres lustros en propalar sospechas y barruntos de misterio sin lograr otra cosa que enturbiar el panorama y sembrar más confusión de la que ya existe. Si Valdemar Romero, Sandoval Íñiguez o algún otro tienen elementos que permitan dar un giro al esclarecimiento del asesinato de Posadas Ocampo, tienen el deber legal de presentarlos ante el Ministerio Público (y no de enviarlos al Vaticano, como dijo haber hecho el segundo), y si sospechan de una desviación irremediable en la institución encargada de procurar justicia, deben denunciarlo así ante la opinión pública. De otra manera, queda la impresión de que la Iglesia católica se reserva indicios con el propósito de chantajear al poder político o –peor aún– para ocultar responsabilidades propias. A este respecto, es indudable que hay cosas extrañas en el contexto del homicidio de Posadas Ocampo: por ejemplo, el asesinato fue perpetrado durante la Presidencia que más favoreció los intereses del clero en la historia reciente, y después tuvo lugar una entrevista insólita –y nunca esclarecida– entre el entonces nuncio apostólico, Girolamo Prigione, y algunos de los hermanos Arellano Félix, quienes comandaban la organización criminal a la que se atribuye el homicidio. ¿Qué sabe la jerarquía eclesiástica, y por qué no lo dice?
Angélica Enciso
y Ciro Pérez
- Sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas, señala Hugo Valdemar
- Nuevo rechazo de la Iglesia a la confusión en el caso Posadas
- Duda también que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del asesinato
- Han pasado tres presidentes y las autoridades no tienen interés en ir al fondo del asunto, dice
Angélica Enciso y Ciro PérezEl extinto cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo El extinto cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo Foto: Foto La Jornada
La Iglesia católica rechazó una vez más que el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, haya sido producto de la confusión y que Alfredo Araujo, El Popeye, sea uno de los autores materiales del crimen. Esto lo señaló Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis Primada de México, quien también sostuvo que el gobierno federal ha mantenido la hipótesis de “la confusión” una y otra vez, “lo cual quiere decir que las autoridades no tienen interés en ir al fondo, porque sin duda hay personalidades pasadas que no quieren ser tocadas”. Declinó decir quiénes son esas “personalidades pasadas” y aseguró que en ningún momento la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se ha dado por satisfecha con la investigación y, “si no aceptamos esa tesis, tampoco creemos que esta persona que detuvieron sea uno de los autores materiales del crimen”.
Fue un “crimen de Estado”
Ayer, Valdemar Romero, en entrevista en la Catedral Metropolitana, dijo que el propio cardenal Juan Sandoval Íñiguez, también arzobispo de Guadalajara, “ha insistido una y otra vez en que se trató de un crimen de Estado”. Y agregó que sobre lo ocurrido hay muchas dudas y preguntas en el aire que no se han podido contestar. “No hemos recibido una respuesta satisfactoria; han pasado tres presidentes, estamos en el cuarto y hasta ahora la Iglesia no se da por satisfecha por las explicaciones, que resultan ridículas, de la confusión del asesinato infame y sacrílego del cardenal Posadas”. Al final de la misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera, Valdemar Romero dijo sobre la detención de Alfredo Araujo: “No sé si sea un chivo expiatorio; es seguir con esa trama inverosímil, ridícula que los obispos no han aceptado”. Precisó que la detención de “este delincuente no resuelve nada”. Insistió en que la Iglesia católica continuará con su exigencia de que “se haga justicia, que salga a la luz la verdad, sea cual sea, caiga quien tenga que caer. Se trató de un asesinato cobarde de un cardenal y de su chofer; entonces, en éste y cualquier otro crimen, la sociedad amerita (sic) saber las causas y que se haga justicia. Cosa que hasta el momento no se ha hecho”.
Dijo que la CEM no ha recibido informes concluyentes y fehacientes sobre el caso y puntualizó que “no sería responsable de parte de la Iglesia señalar a alguien; si bien puede haber ciertas pruebas, no se tienen las suficientes como para señalar con el dedo a los autores intelectuales y materiales”. El vocero de la Arquidiócesis insistió en que “seguimos sin saber por qué este asesinato. No sabemos si los Arellano Félix fueron los responsables, ni podemos decir que en particular sea alguien, pero por supuesto que no es una confusión: iban a matarlo a él (a Posadas), fue a quemarropa, a unos cuantos metros. Esto no puede ser confusión”. Hace casi 15 años, el nuncio Girolamo Prigione llegó al aeropuerto de Guadalajara la tarde del lunes 24 de mayo de 1993, fecha del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, quien acudió a recibirlo a bordo de un auto Grand Marquís. En esa fecha el funcionario del Vaticano declaró que la Iglesia católica estaba dispuesta a “esperar un tiempo prudente” para que se esclarecieran los hechos y rechazó que hubiese sido un atentado o un crimen de Estado.
El entonces procurador general de la República, Jorge Carpizo, aseguró que la muerte del cardenal y de otras seis personas fue una confusión durante el enfrentamiento de los cárteles de Sinaloa y de Tijuana. Inclusive declaró presuntos responsables a El Güero Palma, El Chapo Guzmán y los Arellano Félix. Pero pronto la misma Iglesia católica, en voz del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, calificó de “inaceptable la versión de la confusión”, mientras que el obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, ratificó: “Está descartado que hubo una confusión; ni el fuego cruzado lo admitimos... las conclusiones de la procuraduría son ridículas”, y planteó una serie de interrogantes: “¿Por qué no se investiga la razón por la cual los agentes de la procuraduría, enviados desde (la ciudad de) México a investigar el homicidio, salieron antes de que éste fuera cometido? ¿Por qué no se investiga a los altos funcionarios de la PGR que llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el crimen? ¿Por qué no se indagan las presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas en las oficinas de Los Pinos, los días previos a su muerte?”
Los jerarcas católicos también cuestionaron que aún no se indague sobre “el vuelo militar que sacó de Guadalajara a El Chapo Guzmán después del asesinato, así como las intervenciones telefónicas a varios representantes de la Iglesia católica”. La averiguación sobre el homicidio está integrada por 25 mil 167 fojas, distribuidas en 61 tomos. La inició el procurador Jorge Carpizo en el sexenio de Carlos Salinas, y la continuó en el sexenio de Ernesto Zedillo el procurador (panista) Antonio Lozano Gracia, quien cerró el caso, no sin antes declarar que “fue una investigación verdaderamente exitosa”, que llevó a la misma conclusión de Carpizo. En julio de 1998 se creó un grupo interinstitucional del que formaron parte el obispo de Cuernavaca, el arzobispo de Chihuahua, José Fernández, funcionarios del gobierno panista de Jalisco y de la PGR. Tiempo después, el cardenal Sandoval Íñiguez volvió a rechazar la postura oficial, descalificó el trabajo de la comisión y, sin proporcionar pruebas contundentes ni establecer móviles precisos, acusó al gobierno federal de encubrimiento y de tener poca voluntad política para esclarecer el asesinato, e insinuó que los responsables están en las entrañas del sistema y ocupan posiciones en sus más altos niveles.
Años después, la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido reabrió la indagatoria, que incluyó diligencias adicionales en los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y la ciudad de México, para determinar qué ocurrió el 24 de mayo de 1993 en la terminal aérea de la capital jalisciense, cuando al filo de las 15:35 fueron asesinados el cardenal Posadas, Pedro Pérez Hérnández, chofer del prelado; Martín Alejandro Aceves Rivas, chofer del alcalde de Arandas; José Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán Medina, escoltas de Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente prófugo; José Manuel Vega Rodríguez y Francisco Rodríguez Cabrera.
En el contexto de la indagatoria se ha investigado a mil 784 personas, 824 números telefónicos, 700 domicilios, 194 armas, 177 vehículos, así como 22 cuentas bancarias.
Advierte Sandoval Íñiguez sobre presiones a El PopeyeConsidera el cardenal de Guadalajara que el gobierno federal podría presionar al presunto narcotraficante para que haga declaraciones falsas sobre el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo hace casi 15 años
El Cardenal afirmó que la detención de Alfredo Araujo es importante, "no por que él haya sido uno de los asesinos, sino porque sabe, porque estuvo ahí"(Foto: Archivo/EL UNIVERSAL) |
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Ulises Zamarroni/ Corresponsal
El Universal
Guadalajara, México
Lunes 28 de enero de 2008
14:00 El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, advirtió que el presunto narcotraficante Alfredo Araujo Ávila, alias El Popeye, será presionado por el gobierno federal, para hacer declaraciones falsas respecto a los hechos en los que murieron Juan Jesús Posadas Ocampo.
“Se pretende orientar la declaración de este señor, al que pueden comprar, al que pueden forzar, para que declare que él fue el que mató al cardenal, porque lo confundió con El Chapo Guzmán, cosa totalmente absurda. Esa tesis de la confusión esta descartada desde hace mucho tiempo, incluso judicialmente”, dijo en conferencia de prensa.
Declaró, sin embargo, que la declaración de Araujo Ávila, presunto integrante del cartel de los Arellano Félix detenido este fin de semana, es importante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. De acuerdo con un reporte oficial, el cardenal, su chofer y otras seis personas murieron asesinadas a balazos durante un fuego cruzado en un enfrentamiento entre sicarios del cártel de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y los Arrellano Félix.
No obstante, Sandoval Iñiguez ha asegurado que se trató de un crimen directo.
Afirmó que la detención de Alfredo Araujo es importante, “no por que él haya sido uno de los asesinos, sino porque sabe, porque estuvo ahí”. “Porque hubo quien, de parte de la Procuraduría General de la Republica, citó a los dos cárteles, al del Chapo y al de los Arellano, al aeropuerto, para hacer la confusión, y este estuvo ahí y seguramente sabe”, concluyó.
COMO SEA... LA COSA ES QUE LA IGLESIA EST'A METIDA EN CORRUPCION AL IGUAL QUE EL GOBIERNO MEXICANO
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