Los “convenios generales de colaboración” científica y tecnológica que ha suscrito recientemente Petróleos Mexicanos (Pemex) con diversas compañías energéticas trasnacionales, que prevén la intervención del arbitraje internacional en caso de surgir controversias entre la paraestatal y alguna de esas empresas, representan un factor de vulnerabilidad para la soberanía energética de nuestro país, como puede aprenderse a raíz del litigio que actualmente enfrenta la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en contra del gigante energético estadunidense ExxonMobil.
En efecto, ese conflicto tiene uno de sus factores originarios en la suscripción de convenios operativos firmados por PDVSA en la década de los 90, en cuyas cláusulas se pacta la intervención del arbitraje internacional en caso de desacuerdo. De ese modo, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez inició, en mayo de 2007, la nacionalización de la franja petrolífera del Orinoco, y la toma de control de por lo menos 60 por ciento de las empresas mixtas constituidas por PDVSA y compañías multinacionales, ExxonMobil pudo recurrir ante instancias internacionales para solicitar el congelamiento de activos de la paraestatal por 12 mil millones de dólares, lo que acabó por desembocar en el cese del suministro de crudo por parte de PDVSA al gigante energético estadunidense.
La ofensiva jurídico-económica que actualmente enfrenta el pueblo venezolano por parte de la mayor empresa petrolera del mundo –una de las tristemente célebres siete hermanas–, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, debiera representar una lección para nuestro país sobre lo que puede ocurrir con la entrada de compañías que obedecen exclusivamente a los intereses económicos de sus accionistas en un sector estratégico y de interés público para el país, como lo es el petrolero. Al parecer, con la firma de esos “convenios de colaboración” las petroleras multinacionales buscan tomar posición a la espera de una reforma constitucional en materia energética, prevista a realizarse este año, que pudiera derivar en la entrega total o parcial de Pemex al capital privado. Por lo demás, no puede entenderse ni aceptarse que un país soberano como el nuestro tenga que someterse a tribunales internacionales para dirimir conflictos en los que estuviese de por medio la riqueza generada por un recurso natural que es propiedad del pueblo.
En lo que toca al tema del petróleo, el discurso oficial se ha caracterizado por un manejo de la información sesgado, impreciso y a conveniencia: el gobierno calderonista se empeña en presentar a Pemex como una empresa inviable en términos económicos –cuando en realidad se trata de un gran negocio que, al día de hoy, genera un amplio margen de ganancias–, y no ha reparado en augurar que, en los próximos años, nuestro país podría enfrentar un alarmante desabasto de crudo si no se invierte en los campos de exploración y explotación –a pesar de que, como lo advierte un estudio elaborado por legisladores perredistas, el jefe del Ejecutivo federal “manipula a su antojo el volumen de las reservas petroleras nacionales” con fines alarmistas–. Es decir, persiste una campaña gubernamental basada en engaños para justificar ante la opinión pública la necesidad de abrir la paraestatal a la inversión privada extranjera.
A la vista de lo que actualmente ocurre en Venezuela, más vale que México asuma las provisiones necesarias para evitar una circunstancia similar en nuestro país. Sobre todo, debe demandarse que los legisladores asuman su papel constitucional de representantes populares y rechacen cualquier intento de entregar al capital privado un recurso natural que es propiedad de todos los mexicanos, y que así debe permanecer.
En efecto, ese conflicto tiene uno de sus factores originarios en la suscripción de convenios operativos firmados por PDVSA en la década de los 90, en cuyas cláusulas se pacta la intervención del arbitraje internacional en caso de desacuerdo. De ese modo, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez inició, en mayo de 2007, la nacionalización de la franja petrolífera del Orinoco, y la toma de control de por lo menos 60 por ciento de las empresas mixtas constituidas por PDVSA y compañías multinacionales, ExxonMobil pudo recurrir ante instancias internacionales para solicitar el congelamiento de activos de la paraestatal por 12 mil millones de dólares, lo que acabó por desembocar en el cese del suministro de crudo por parte de PDVSA al gigante energético estadunidense.
La ofensiva jurídico-económica que actualmente enfrenta el pueblo venezolano por parte de la mayor empresa petrolera del mundo –una de las tristemente célebres siete hermanas–, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, debiera representar una lección para nuestro país sobre lo que puede ocurrir con la entrada de compañías que obedecen exclusivamente a los intereses económicos de sus accionistas en un sector estratégico y de interés público para el país, como lo es el petrolero. Al parecer, con la firma de esos “convenios de colaboración” las petroleras multinacionales buscan tomar posición a la espera de una reforma constitucional en materia energética, prevista a realizarse este año, que pudiera derivar en la entrega total o parcial de Pemex al capital privado. Por lo demás, no puede entenderse ni aceptarse que un país soberano como el nuestro tenga que someterse a tribunales internacionales para dirimir conflictos en los que estuviese de por medio la riqueza generada por un recurso natural que es propiedad del pueblo.
En lo que toca al tema del petróleo, el discurso oficial se ha caracterizado por un manejo de la información sesgado, impreciso y a conveniencia: el gobierno calderonista se empeña en presentar a Pemex como una empresa inviable en términos económicos –cuando en realidad se trata de un gran negocio que, al día de hoy, genera un amplio margen de ganancias–, y no ha reparado en augurar que, en los próximos años, nuestro país podría enfrentar un alarmante desabasto de crudo si no se invierte en los campos de exploración y explotación –a pesar de que, como lo advierte un estudio elaborado por legisladores perredistas, el jefe del Ejecutivo federal “manipula a su antojo el volumen de las reservas petroleras nacionales” con fines alarmistas–. Es decir, persiste una campaña gubernamental basada en engaños para justificar ante la opinión pública la necesidad de abrir la paraestatal a la inversión privada extranjera.
A la vista de lo que actualmente ocurre en Venezuela, más vale que México asuma las provisiones necesarias para evitar una circunstancia similar en nuestro país. Sobre todo, debe demandarse que los legisladores asuman su papel constitucional de representantes populares y rechacen cualquier intento de entregar al capital privado un recurso natural que es propiedad de todos los mexicanos, y que así debe permanecer.
Kikka Roja
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