Alud de quejas por cobros exorbitantes; “pagas o pagas”, la respuesta en sucursales
Israel Rodríguez
 La factura por consumo eléctrico de Elvia Muñiz, empleada de una empresa privada en la ciudad de México, pasó de 600 a cinco mil 400 pesos de un bimestre a otro. Guadalupe Martínez, ama de casa, vive una experiencia similar. Por el consumo de energía en su departamento de dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, en el que sólo se usan seis focos, recibió un requerimiento de pago de mil 800 pesos, más de cuatro veces lo que venía gastando en los últimos bimestres. “Pagas o pagas”, fue la respuesta que recibió en una sucursal de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la empresa estatal que presta el servicio en el valle de México, cuando fue a reclamar. No son casos extraordinarios. En los últimos meses, usuarios de la empresa han recibido facturas por consumo de electricidad que multiplican hasta 15 veces el monto de los periodos previos, como pudo constatar La Jornada por decenas de quejas recibidas y en visitas a varias sucursales de la compañía en la ciudad de México. La empresa no admite que incurra en errores con la medición. A su vez, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que representa a los trabajadores de la compañía, rechaza que sus agremiados caigan en actos de corrupción que afecten los procedimientos y mecanismos de medición del consumo en los hogares. Sea como fuere, los consumidores quedan atrapados en los problemas operativos de la empresa y son forzados a aceptar convenios para pagar en parcialidades los disparos en el monto de las facturas. “Pagas o pagas”, como respondieron a Guadalupe Martínez en la sucursal Santa María la Ribera de la capital del país.El SME y la empresa reconocen que las causas de los múltiples aumentos excesivos en el monto a pagar no son imputables a los usuarios. Fernando Amezcua, secretario del exterior del SME, enumera algunos de los factores que inciden en el cobro excesivo: “Falta de presupuesto, carencia de una herramienta informática, no se adquiere equipo necesario, retiro del subsidio a las tarifas domésticas, y casos aislados de corrupción”. Pero aclara: “el sindicato está poniendo la mano en el fuego, porque al que se le comprueba que haya metido la mano al cajón está siendo separado”. Informa que en lo que va del año han sido despedidos unos 50 trabajadores que fueron sorprendidos en actos de corrupción. Por su parte, Mariano García López, responsable en LFC del departamento que atiende las quejas de los usuarios, afirma que a éstos les hace falta información para comprender los elevados montos en el consumo que son cargados a sus recibos. García López señala: “Son varias las situaciones que voy a explicar. La primera es que los usuarios rebasen ciertos escalones tarifarios en los consumos que van de uno a 75 kilovatios/ hora con una tarifa de 67 centavos y posteriormente de 76 a hasta 250 kilovatios, el cobro es de 76 centavos mensuales y desde ahí el cobro es mayor. A partir de 500 kilovatios de consumo bimestral hacia adelante el cobro es de 3.28 pesos”. Estas tarifas fueron publicadas el 7 de febrero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, retiro de subsidio a partir de 2002, como aplicación de la tarifa residencial de alto consumo conocida como DAC. Otro factor que puede explicar las variaciones significativas entre un periodo y el subsiguiente está relacionado con las lecturas del consumo en los hogares, que en pleno siglo XXI se sigue haciendo de modo manual. En ocasiones, dice, cuando el empleado de LFC acude al domicilio, no puede ingresar al sitio en que se encuentra el medidor, por lo que anota en la tarjeta el rango mínimo de consumo. Posteriormente, la empresa realiza un ajuste –puede ser incluso después de varios trimestres– y ordena actualizar el cobro de todo el periodo. También hay errores al momento de tomar la lectura del consumo, pero son mínimos, asegura el funcionario. Fernando Amezcua, representante del SME expone: “Otro gran problema que tenemos es que los medidores que compra LFC no pasan la supervisión de nuestros compañeros”, pero aún así “los estamos colocando. Y nos damos cuenta que ese tipo de medidores nos ha acarreado muchísimos problemas”. –¿De dónde provienen estos medidores? –De Iusa; no hay otro, es Iusa, responde, es decir, a Industrias Unidas, la compañía del empresario Carlos Peralta. Revela que se adquieren entre 10 mil y 50 mil medidores al año. “Y por eso nos están acarreando ese tipo de problemas.” Amezcua advierte que LFC ha sido víctima de una campaña constante de desprestigio “para poner en charola de plata a la empresa y así justificar su privatización”. Los casos de cobros indebidos se multiplican: durante un recorrido por algunas sucursales de LFC, este diario encontró un racimo de ejemplos. En la sucursal 28, Martha Estela González Aragón, con domicilio en Jaime Torres Bodet, refiere: “Pagaba 32 pesos hasta el corte del 19 de mayo de 2008, pero ahora debo pagar 2 mil 744 pesos”, según el recibo fechado el 8 de agosto de este año. En la sucursal Juárez, Selene Mendoza, con domicilio en la calle de Edison, exhibe su recibo correspondiente al periodo marzo-mayo de 2008 con un monto a pagar de 476 pesos, pero para el lapso de mayo a julio se duplicó a 973 pesos. Ahora, dijo, “me pidieron que yo tome la lectura para verificar que sean ciertos los datos que ellos registraron aquí y sí son ciertos me van a bonificar en el próximo recibo, según le prometieron en la sucursal”. Pero ataja: “De todos modos ya pague el recibo, porque siempre que vienes a reclamar te dicen primero pague y luego reclama”. El funcionario Mariano García López, quien concilia las quejas de los usuarios en contra de la compañía, reconoce finalmente: “Luz y Fuerza del Centro atendió, al cierre de 2007, a 5 millones 900 mil usuarios, y si lo multiplicamos de manera bimestral por seis tomas de lectura al año, aproximadamente hacemos 35 millones de lecturas. Y esto se hace con lápiz y papel. Entonces podemos tener errores de lectura por el volumen que tenemos que cubrir”, admitió. |
■ Se quejan de falta de suministro de la energía y de acciones intimidatorias de autoridades
Habitantes de la selva norte de Chiapas, en “resistencia civil” contra altas tarifas eléctricas
Hermann Bellinghausen
Habitantes de la selva norte de Chiapas, en “resistencia civil” contra altas tarifas eléctricas
Hermann Bellinghausen
La representación regional de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), en la región selva norte de Chiapas, así como pobladores de la cabecera municipal de Sabanilla que se mantienen en la “resistencia civil” contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunciaron falta de suministro de energía y acciones intimidatorias de parte de las autoridades priístas, encabezadas por el presidente municipal, Claudio Raquel Vera Morales.El pasado primero de agosto, César Herrera López, electricista del ayuntamiento, “trató” de restablecer el servicio, que se había interrumpido. “Al no lograrlo, se llevó los cables de suministro y una cuchilla”. Los pobladores choles aseguran que “este personal carece de experiencia” y sospechan que los materiales retirados fueron vendidos “en complicidad con el presidente municipal”, como ya ha ocurrido antes.Tres barrios de Sabanilla quedaron sin energía eléctrica. Ahora, los habitantes padecen problemas de inseguridad y otros. Demandan que el servicio sea restablecido “inmediatamente”. Reiteran encontrarse en “resistencia civil” contra las elevadas tarifas. El edil Vera Morales pretende obligarlos a pagar “lo más pronto posible”; de lo contrario, la CFE no efectuará reparación alguna en la localidad. El PUDEE se pregunta: “¿Cómo es posible que a los pobres nos obligan a pagar… (cuando) los propios 118 ayuntamientos de Chiapas deben 88 millones de pesos a la misma CFE?”Las autoridades “amenazan con cortes masivos”. En las oficinas municipales se exhibe una lista de los deudores, y el edil advirtió “que si se organizan los habitantes, va a detener a los representes para encarcelarlos en el penal de El Amate”. Lo mismo dice a los comerciantes y otros sectores de la población.Los indígenas del PUDEE no “se hacen ciegos” y consideran que se trata de una clara manifestación de “lo que nos traen el proyecto neoliberal y los planes y proyectos de los tres niveles de gobierno”.Los operativos y cateos que padecen son “parte de la represión contra las organizaciones que luchan para resistir al monstruo que pretende invadir nuestro país con planes internacionales”. Los indígenas fundamentan su resistencia en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de septiembre de 2007, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el artículo 2 de la Constitución y los convenios firmado por el gobierno federal con gobiernos del mundo “para respetar a los pueblos indígenas”.Exigen alto a las amenazas e intimidaciones: “Queremos paz, y vivir en armonía a pesar de las diferencias ideológicas. Vivimos de nuestro trabajo, merecemos respeto. Condenamos la violencia y nos oponemos a más divisiones en nuestras comunidades”.
Kikka Roja
Entradas
