Jaime Avilés
Pemex: la privatización, lista para la semana próxima
■ Estado de alerta
Ampliar la imagen Ante la oposición del Frente Amplio Progresista, en algunas áreas estratégicas de Pemex no habrá privatización. La imagen corresponde a abril pasado, cuando brigadistas se movilizaron en una campaña en defensa del petróleo Archivo / Carlos Ramos Mamahua Ante la oposición del Frente Amplio Progresista, en algunas áreas estratégicas de Pemex no habrá privatización. La imagen corresponde a abril pasado, cuando brigadistas se movilizaron en una campaña en defensa del petróleo Archivo / Carlos Ramos Mamahua Foto: FotoLa semana que entra la Comisión de Energía del Senado presentará a consideración del pleno siete dictámenes sobre Petróleos Mexicanos. Cinco de ellos desecharán por “notoriamente improcedentes”, es decir, por anticonstitucionales, las iniciativas que envió Felipe Calderón para abrir las puertas de Pemex a los inversionistas privados en cinco áreas estratégicas: exploración, explotación, transporte, almacenamiento y transformación de los hidrocarburos del subsuelo de México.
De acuerdo con fuentes de esta columna, ahí no habrá privatización de la industria petrolera nacional. A ello se opusieron las bancadas del Frente Amplio Progresista y del PRI. Esta última, sin embargo, logró un acuerdo mayoritario con la del PAN para aprobar dos cosas: que Pemex se convierta en una entidad autónoma –esto es, que se maneje sola, como el Banco de México, y no esté sometida al control del Congreso, como ocurre en la actualidad–, y cuente con una nueva ley orgánica, gracias a la cual en el consejo de administración de la paraestatal tendrán voz y voto grandes empresarios locales y los dirigentes del sindicato petrolero, uno de los más corruptos del país.
Mediante esta modalidad privatizadora, funcionarios del gobierno espurio, ligados a empresas extranjeras, como Jesús Reyes Heroles, director de la paraestatal; magnates involucrados en el fraude electoral de 2006 y la mafia sindical de Carlos Romero Deschamps podrán hacer realidad uno de los sueños más ambiciosos de la “reforma” calderónica: otorgar a sus amigos y cómplices contratos sin licitación ni apego a ninguna ley, para favorecer a quienes los miembros del consejo de administración deseen.
Siempre según las fuentes de esta columna –que no se equivocaron al revelar por ejemplo que, a fines del verano pasado, Manlio Fabio Beltrones estuvo dos semanas en Europa descansando a bordo de un crucero de lujo, ni al poner de relieve los enjuagues entre el mismo Beltrones y la corriente de Ruth Zavaleta y Acosta Naranjo–, el pastel de la llamada “reforma energética” se va a repartir del siguiente modo: los contratos relativos al gas natural serán monopolizados por los gallegos de Repsol; los que impliquen renta de tecnología de punta para sacar el tesorito de las aguas profundas quedarán en manos de las petroleras estadunidenses, británicas y del norte de Europa. Y los contratos para volver a explotar los “campos marginales” serán otorgados a empresas canadienses.
Hoy por hoy, todos los mexicanos sabemos –ya que estos meses nos han convertido en un pueblo de 100 millones de especialistas del petróleo– que los campos marginales son pozos que ya cumplieron su vida útil y fueron tapados, aunque abajo, en el fondo, contienen todavía residuos de aceite que, en conjunto, podrían formar un volumen nada despreciable. Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, y cabecilla de la banda que cometió la megaestafa de El señor de los mares, el buquetanque chatarra adquirido en mil 135 millones de dólares aunque valía mucho menos, estima que “en los campos marginales, ubicados en tierra firme y en aguas someras, hay alrededor de 18 mil millones de barriles”, mientras, según él, porque en realidad nadie tiene certeza de ello, en aguas profundas habría 130 mil millones de barriles más.
En declaraciones concedidas el pasado 7 de abril a un diario oficialista, Morales Gil añadió que, sean nacionales o extranjeras, las empresas que participen en campos marginales o en aguas profundas obtendrán una recompensa de “entre 15 y 20 por ciento” sobre el volumen de lo que extraigan, lo que dependerá, precisó, del grado de dificultad del esfuerzo que realicen.
Estamos, pues, en vísperas de la reforma del sapo y la pedrada: gas para Repsol, crudo de las aguas profundas para Halliburton y British Petroleum y campos marginales para los canadienses, repartido todo mediante contratos que asignarán Reyes Heroles, Morales Gil, Romero Deschamps, Televisa, Jumex, Bimbo y demás empresas vinculadas con el fraude electoral de 2006 que así cobrarán una más de sus múltiples recompensas. Frente al engaño que está a punto de consumarse –los levantacejas se aprestan a subrayar el carácter “nacionalista y patriótico” de la reforma—, la resistencia civil pacífica permanece en estado de alerta en todo el país, esperando instrucciones para volver a las calles.
Su máximo dirigente acaba de obtener la victoria política más importante del breve sexenio. Ante la debacle mundial del capitalismo y la parálisis cerebral del “gobierno”, López Obrador propuso en tres ocasiones un plan anticrisis. La primera, el 15 de septiembre, nadie lo escuchó. La segunda, el 28 de septiembre, cuando además ofreció un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para poner las medidas en marcha, Calderón y Carstens respondieron que el plan era innecesario, mientras se descapitalizaban Wall Street y todas las bolsas del mundo.
La tercera y última vez que López Obrador insistió en su plan anticrisis, el pasado miércoles 8 de octubre, el gobierno y los levantacejas guardaron silencio: unos, boquiabiertos al ver que el peso caía a 13 por dólar, mientras Calderón, muy aplicado, redactaba su propio plan, que a la postre, en sus aspectos centrales, resultó ser un vulgar plagio del que había expuesto Andrés Manuel: si éste habló de hacer dos refinerías, Calderón anunció que levantará una y añadió entre exclamaciones, “¡que será la primera en 30 años!” (oh, ¡qué estadista!). Y sin pagarle derechos de autor por la idea a su principal adversario, dijo que “detonaremos el empleo mediante la construcción de infraestructura” (cosa que en la tétrica versión del felipato equivale a “más cárceles y más cuarteles, para que haya más trabajo y al mismo tiempo más seguridad y más prosperidad”).
Sin comprender el enfoque esencial del plan de López Obrador (“destinar 200 mil millones de pesos más los excedentes petroleros para reactivar el mercado interno”), Calderón se dispone a movilizar considerables recursos que, en los hechos, serán despilfarrados por el PRIAN en la compra de votos antes de las elecciones de 2009. Mientras tanto, la recesión en Estados Unidos avanza y proyecta una sombra helada sobre México. En tales circunstancias, ¿alguien con un mínimo de prudencia privatizaría, aunque fuera sólo “un poquito”, la mayor fuente de riqueza del país? Para mayores informes sobre las movilizaciones en defensa del petróleo consulte http://patindeldia.blogspot.com y para comunicarse con esta columna, jamastu@gmail.com.
De acuerdo con fuentes de esta columna, ahí no habrá privatización de la industria petrolera nacional. A ello se opusieron las bancadas del Frente Amplio Progresista y del PRI. Esta última, sin embargo, logró un acuerdo mayoritario con la del PAN para aprobar dos cosas: que Pemex se convierta en una entidad autónoma –esto es, que se maneje sola, como el Banco de México, y no esté sometida al control del Congreso, como ocurre en la actualidad–, y cuente con una nueva ley orgánica, gracias a la cual en el consejo de administración de la paraestatal tendrán voz y voto grandes empresarios locales y los dirigentes del sindicato petrolero, uno de los más corruptos del país.
Mediante esta modalidad privatizadora, funcionarios del gobierno espurio, ligados a empresas extranjeras, como Jesús Reyes Heroles, director de la paraestatal; magnates involucrados en el fraude electoral de 2006 y la mafia sindical de Carlos Romero Deschamps podrán hacer realidad uno de los sueños más ambiciosos de la “reforma” calderónica: otorgar a sus amigos y cómplices contratos sin licitación ni apego a ninguna ley, para favorecer a quienes los miembros del consejo de administración deseen.
Siempre según las fuentes de esta columna –que no se equivocaron al revelar por ejemplo que, a fines del verano pasado, Manlio Fabio Beltrones estuvo dos semanas en Europa descansando a bordo de un crucero de lujo, ni al poner de relieve los enjuagues entre el mismo Beltrones y la corriente de Ruth Zavaleta y Acosta Naranjo–, el pastel de la llamada “reforma energética” se va a repartir del siguiente modo: los contratos relativos al gas natural serán monopolizados por los gallegos de Repsol; los que impliquen renta de tecnología de punta para sacar el tesorito de las aguas profundas quedarán en manos de las petroleras estadunidenses, británicas y del norte de Europa. Y los contratos para volver a explotar los “campos marginales” serán otorgados a empresas canadienses.
Hoy por hoy, todos los mexicanos sabemos –ya que estos meses nos han convertido en un pueblo de 100 millones de especialistas del petróleo– que los campos marginales son pozos que ya cumplieron su vida útil y fueron tapados, aunque abajo, en el fondo, contienen todavía residuos de aceite que, en conjunto, podrían formar un volumen nada despreciable. Carlos Morales Gil, director de Pemex Exploración y Producción, y cabecilla de la banda que cometió la megaestafa de El señor de los mares, el buquetanque chatarra adquirido en mil 135 millones de dólares aunque valía mucho menos, estima que “en los campos marginales, ubicados en tierra firme y en aguas someras, hay alrededor de 18 mil millones de barriles”, mientras, según él, porque en realidad nadie tiene certeza de ello, en aguas profundas habría 130 mil millones de barriles más.
En declaraciones concedidas el pasado 7 de abril a un diario oficialista, Morales Gil añadió que, sean nacionales o extranjeras, las empresas que participen en campos marginales o en aguas profundas obtendrán una recompensa de “entre 15 y 20 por ciento” sobre el volumen de lo que extraigan, lo que dependerá, precisó, del grado de dificultad del esfuerzo que realicen.
Estamos, pues, en vísperas de la reforma del sapo y la pedrada: gas para Repsol, crudo de las aguas profundas para Halliburton y British Petroleum y campos marginales para los canadienses, repartido todo mediante contratos que asignarán Reyes Heroles, Morales Gil, Romero Deschamps, Televisa, Jumex, Bimbo y demás empresas vinculadas con el fraude electoral de 2006 que así cobrarán una más de sus múltiples recompensas. Frente al engaño que está a punto de consumarse –los levantacejas se aprestan a subrayar el carácter “nacionalista y patriótico” de la reforma—, la resistencia civil pacífica permanece en estado de alerta en todo el país, esperando instrucciones para volver a las calles.
Su máximo dirigente acaba de obtener la victoria política más importante del breve sexenio. Ante la debacle mundial del capitalismo y la parálisis cerebral del “gobierno”, López Obrador propuso en tres ocasiones un plan anticrisis. La primera, el 15 de septiembre, nadie lo escuchó. La segunda, el 28 de septiembre, cuando además ofreció un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para poner las medidas en marcha, Calderón y Carstens respondieron que el plan era innecesario, mientras se descapitalizaban Wall Street y todas las bolsas del mundo.
La tercera y última vez que López Obrador insistió en su plan anticrisis, el pasado miércoles 8 de octubre, el gobierno y los levantacejas guardaron silencio: unos, boquiabiertos al ver que el peso caía a 13 por dólar, mientras Calderón, muy aplicado, redactaba su propio plan, que a la postre, en sus aspectos centrales, resultó ser un vulgar plagio del que había expuesto Andrés Manuel: si éste habló de hacer dos refinerías, Calderón anunció que levantará una y añadió entre exclamaciones, “¡que será la primera en 30 años!” (oh, ¡qué estadista!). Y sin pagarle derechos de autor por la idea a su principal adversario, dijo que “detonaremos el empleo mediante la construcción de infraestructura” (cosa que en la tétrica versión del felipato equivale a “más cárceles y más cuarteles, para que haya más trabajo y al mismo tiempo más seguridad y más prosperidad”).
Sin comprender el enfoque esencial del plan de López Obrador (“destinar 200 mil millones de pesos más los excedentes petroleros para reactivar el mercado interno”), Calderón se dispone a movilizar considerables recursos que, en los hechos, serán despilfarrados por el PRIAN en la compra de votos antes de las elecciones de 2009. Mientras tanto, la recesión en Estados Unidos avanza y proyecta una sombra helada sobre México. En tales circunstancias, ¿alguien con un mínimo de prudencia privatizaría, aunque fuera sólo “un poquito”, la mayor fuente de riqueza del país? Para mayores informes sobre las movilizaciones en defensa del petróleo consulte http://patindeldia.blogspot.com y para comunicarse con esta columna, jamastu@gmail.com.
Kikka Roja
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