Después del martes
Miguel Ángel Granados Chapa
9 Nov. 08
Para referirse al acontecimiento que derivó en la muerte de Mouriño el gobierno ha utilizado un doble lenguaje. Mientras por un lado insiste en que se trató de un accidente, distintas acciones parecieran estar investigando un atentado
Dedicado a procesar su duelo personal por la muerte de su amigo Juan Camilo Mouriño, el presidente Calderón ha dejado para después la designación de quien sustituya al secretario de Gobernación muerto el martes pasado cuando el avión en que viajaba vino a tierra inesperadamente. Desde la primera oración fúnebre, la noche de la tragedia, ha puesto el acento en su pesar personal, y en expresar condolencias a las familias Mouriño Terrazo y Mouriño Escalante. Dejó para el último párrafo de su discurso la obligada referencia al futuro: "en su momento haré saber a los mexicanos las decisiones de gobierno correspondientes".
Si no lo ha hecho este fin de semana, tendrá que hacerlo cuanto antes. No es una designación urgente (y además, por disposición reglamentaria y decisión presidencial el subsecretario Abraham González Uyeda se encarga del despacho de los asuntos ordinarios), porque son más acuciantes que la política las crisis económica y de seguridad que afectan al país. Ciertamente hay graves problemas de gobernabilidad o gobernanza: la red de derechos humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" registra más de 600 conflictos locales dispersos en todo el país. Pero el gobierno federal no ha querido asumir el conjunto de esos problemas como un fenómeno político a ser enfrentado mediante una estrategia democrática sino que, cuando más, pretende sofocar los conflictos mediante la represión, cuya práctica corre a cargo de dependencias distintas de Gobernación (Defensa Nacional y Seguridad Pública). Por eso en la perspectiva gubernamental sería necesario sustituir de inmediato al secretario de Hacienda en caso de una falta súbita y no lo es al de Gobernación.
Aunque las circunstancias hayan cambiado abruptamente por la desaparición de Mouriño y el modo en que ocurrió, quizá perdure la decisión sobre quien lo reemplace si se había llegado a la de removerlo. Si se dan por ciertas informaciones difundidas a través de columnas periodísticas que se nutren de confidencias palaciegas, los días de Mouriño en Bucareli estaban contados. Según unas versiones, se le incluiría en un reajuste del gabinete al cumplirse dos años del gobierno, el próximo 1o. de diciembre, con el propósito de emprender una nueva etapa. Según otras sería únicamente el secretario de Gobernación quien abandonaría su cargo. Y hasta se habló de quiénes podrían ocupar su lugar: la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a quien las conjeturas previas al inicio del gobierno en 2006 ubicaban en Bucareli; y Juan Molinar Horcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mención de esos nombres provocó en Gobernación una desdeñosa referencia al "fuego amigo" y a simples buenos deseos. Pero no había allí certidumbre de que la fuente de esas filtraciones no fuera más alta, Los Pinos precisamente.
Tras el fallecimiento de Mouriño, varios panistas han propuesto para reemplazarlo a Diego Fernández de Cevallos, o lo han mencionado como posible secretario. Se citan sus habilidades para la concertación política. Las posee sin duda, y las mostró como consejero de Luis H. Álvarez en la coyuntura de la primera elección de Vicente Fox, en 1991, proceso que él se encargó de llevar adelante y culminó con la designación de un gobernador interino panista. Pero fue más amplio y trascendente su acuerdo con Carlos Salinas, cuya legitimidad había sido puesta en duda por su partido, que se tradujo en reformas constitucionales en materia agraria, educativa y eclesiástica practicadas durante el tiempo en que Fernández de Cevallos encabezó al grupo panista en la LV Legislatura, de 1991 a 1994, año este último en que fue candidato presidencial.
Es remota la posibilidad de que ingresara al gabinete. Calderón provocaría un conflicto en su propia familia si lo hiciera secretario de Gobernación. Su hermana Luisa María se avino de mal modo, cuando fue senadora entre 2000 y 2006, a que su grupo lo encabezara Diego, cuyas prácticas repudiaba. Llegó al punto de iniciar una ley que por la claridad de su destinatario fue llamada con el nombre del Jefe Diego, destinada a impedir o castigar la mezcla del oficio de legislador con el de litigante privado, en que el queretano es maestro. Sería muy grave para la salud de la República instalar en Bucareli un despacho de gestoría privada, calificado por su aptitud para ganar en tribunales o directamente ante Hacienda la devolución de grandes sumas de impuestos pagados. Sería igualmente grave consagrar de ese modo la práctica de maniobras alevosas como la que correspondió a Fernández de Cevallos en la urdimbre con que el gobierno de Fox, con la complicidad de los Carlos Ahumada y Salinas, pretendió atacar a Andrés Manuel López Obrador en la fase previa a su desafuero, etapa a la que se llegó tras el fracaso de la operación desprestigiante (la de los videos denunciatorios de corrupción en el entorno del jefe de Gobierno) en que Diego fue hombre clave.
Tras la tragedia del martes, amén de seguir la tradición necrofílica mexicana según la cual la muerte embellece a las personas, el gobierno ha empleado un doble lenguaje respecto de la naturaleza de aquel acontecimiento. Con palabras insiste en que se trató de un accidente, y a probarlo se encamina la estrategia de comunicación encabezada por el secretario de Comunicaciones Luis Téllez, a quien traicionan sus deslices verbales. Pero en los hechos actúa como si investigara un atentado, sin detenerse en la estricta legalidad de sus actos. Agentes de la mal llamada Policía Federal, que no tiene formalmente capacidades de investigación, pasaron la noche del jueves al viernes en la Dirección General de Aeronáutica Civil y salieron de ella con documentación probablemente relacionada con la caída del Learjet en que viajaban Mouriño, el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y personal de Gobernación. Sin ambages el flamante comisionado interino de esa corporación (apenas el martes mismo entró en funciones) dijo que "la diligencia que realizaron los agentes federales forma parte de las investigaciones que se desarrollan sobre el desplome de la aeronave" (Reforma, 8 de noviembre). En circunstancias normales bastaría solicitar a Gilberto López Meyer, director de aeronáutica civil (y participante en el grupo de informantes encabezado por su jefe Luis Téllez), la documentación que se estime pertinente, en vez de sacarla de una oficina pública en ausencia y por lo tanto sin control de funcionarios responsables.
Igualmente refuerza la idea, no dicha, silenciada, de que pudo tratarse de un atentado, la inmediata reacción militar. Apenas se supo del desplome del avión, tropas acantonadas en San Luis Potosí cercaron el aeropuerto de esa ciudad, de donde había partido el vuelo menos de una hora antes. Se encargó también a militares reforzar el resguardo de domicilios de la familia Mouriño. Y el hecho de velar a Santiago Vasconcelos en un recinto castrense además de subrayar la identificación del ex subprocurador con el Ejército habría tenido la intención táctica de proteger el velatorio, algo que no hubiera podido hacer directamente el Ejército en una funeraria civil.
La muerte súbita de Mouriño terminó con el sueño de sus allegados, posible sin duda hasta enero pasado, de que en 2012 fuera candidato presidencial panista y acaso hiciera permanecer a su partido en Los Pinos. En la misma noche de su fallecimiento, en cambio, el mundo entero asistió a la consumación de otro sueño, la llegada de un norteamericano que no tiene la tez blanca a la casa presidencial de ese color. No se eligió al senador Barack Obama por ser negro, pero serlo no fue obstáculo para que millones de ciudadanos lo tuvieran como el protagonista de un momento histórico en la vida de Estados Unidos.
Apenas horas después de su victoria, Obama comenzó la ardua tarea de convertir sueños colectivos, y sus propias promesas, en realidades. Con la abrumadora legitimidad de un triunfo que no requiere declaración formal para tener vigencia, luego de integrar un mínimo grupo de trabajo, el futuro presidente de Estados Unidos estableció el primer contraste con la política de su predecesor. En vez de sólo apoyar a los grandes consorcios en apuros, Obama anunció un plan de rescate a la clase media "que está viendo cómo sus salarios se reducen y sus ahorros desaparecen".
Si no lo ha hecho este fin de semana, tendrá que hacerlo cuanto antes. No es una designación urgente (y además, por disposición reglamentaria y decisión presidencial el subsecretario Abraham González Uyeda se encarga del despacho de los asuntos ordinarios), porque son más acuciantes que la política las crisis económica y de seguridad que afectan al país. Ciertamente hay graves problemas de gobernabilidad o gobernanza: la red de derechos humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" registra más de 600 conflictos locales dispersos en todo el país. Pero el gobierno federal no ha querido asumir el conjunto de esos problemas como un fenómeno político a ser enfrentado mediante una estrategia democrática sino que, cuando más, pretende sofocar los conflictos mediante la represión, cuya práctica corre a cargo de dependencias distintas de Gobernación (Defensa Nacional y Seguridad Pública). Por eso en la perspectiva gubernamental sería necesario sustituir de inmediato al secretario de Hacienda en caso de una falta súbita y no lo es al de Gobernación.
Aunque las circunstancias hayan cambiado abruptamente por la desaparición de Mouriño y el modo en que ocurrió, quizá perdure la decisión sobre quien lo reemplace si se había llegado a la de removerlo. Si se dan por ciertas informaciones difundidas a través de columnas periodísticas que se nutren de confidencias palaciegas, los días de Mouriño en Bucareli estaban contados. Según unas versiones, se le incluiría en un reajuste del gabinete al cumplirse dos años del gobierno, el próximo 1o. de diciembre, con el propósito de emprender una nueva etapa. Según otras sería únicamente el secretario de Gobernación quien abandonaría su cargo. Y hasta se habló de quiénes podrían ocupar su lugar: la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, a quien las conjeturas previas al inicio del gobierno en 2006 ubicaban en Bucareli; y Juan Molinar Horcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. La mención de esos nombres provocó en Gobernación una desdeñosa referencia al "fuego amigo" y a simples buenos deseos. Pero no había allí certidumbre de que la fuente de esas filtraciones no fuera más alta, Los Pinos precisamente.
Tras el fallecimiento de Mouriño, varios panistas han propuesto para reemplazarlo a Diego Fernández de Cevallos, o lo han mencionado como posible secretario. Se citan sus habilidades para la concertación política. Las posee sin duda, y las mostró como consejero de Luis H. Álvarez en la coyuntura de la primera elección de Vicente Fox, en 1991, proceso que él se encargó de llevar adelante y culminó con la designación de un gobernador interino panista. Pero fue más amplio y trascendente su acuerdo con Carlos Salinas, cuya legitimidad había sido puesta en duda por su partido, que se tradujo en reformas constitucionales en materia agraria, educativa y eclesiástica practicadas durante el tiempo en que Fernández de Cevallos encabezó al grupo panista en la LV Legislatura, de 1991 a 1994, año este último en que fue candidato presidencial.
Es remota la posibilidad de que ingresara al gabinete. Calderón provocaría un conflicto en su propia familia si lo hiciera secretario de Gobernación. Su hermana Luisa María se avino de mal modo, cuando fue senadora entre 2000 y 2006, a que su grupo lo encabezara Diego, cuyas prácticas repudiaba. Llegó al punto de iniciar una ley que por la claridad de su destinatario fue llamada con el nombre del Jefe Diego, destinada a impedir o castigar la mezcla del oficio de legislador con el de litigante privado, en que el queretano es maestro. Sería muy grave para la salud de la República instalar en Bucareli un despacho de gestoría privada, calificado por su aptitud para ganar en tribunales o directamente ante Hacienda la devolución de grandes sumas de impuestos pagados. Sería igualmente grave consagrar de ese modo la práctica de maniobras alevosas como la que correspondió a Fernández de Cevallos en la urdimbre con que el gobierno de Fox, con la complicidad de los Carlos Ahumada y Salinas, pretendió atacar a Andrés Manuel López Obrador en la fase previa a su desafuero, etapa a la que se llegó tras el fracaso de la operación desprestigiante (la de los videos denunciatorios de corrupción en el entorno del jefe de Gobierno) en que Diego fue hombre clave.
Tras la tragedia del martes, amén de seguir la tradición necrofílica mexicana según la cual la muerte embellece a las personas, el gobierno ha empleado un doble lenguaje respecto de la naturaleza de aquel acontecimiento. Con palabras insiste en que se trató de un accidente, y a probarlo se encamina la estrategia de comunicación encabezada por el secretario de Comunicaciones Luis Téllez, a quien traicionan sus deslices verbales. Pero en los hechos actúa como si investigara un atentado, sin detenerse en la estricta legalidad de sus actos. Agentes de la mal llamada Policía Federal, que no tiene formalmente capacidades de investigación, pasaron la noche del jueves al viernes en la Dirección General de Aeronáutica Civil y salieron de ella con documentación probablemente relacionada con la caída del Learjet en que viajaban Mouriño, el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y personal de Gobernación. Sin ambages el flamante comisionado interino de esa corporación (apenas el martes mismo entró en funciones) dijo que "la diligencia que realizaron los agentes federales forma parte de las investigaciones que se desarrollan sobre el desplome de la aeronave" (Reforma, 8 de noviembre). En circunstancias normales bastaría solicitar a Gilberto López Meyer, director de aeronáutica civil (y participante en el grupo de informantes encabezado por su jefe Luis Téllez), la documentación que se estime pertinente, en vez de sacarla de una oficina pública en ausencia y por lo tanto sin control de funcionarios responsables.
Igualmente refuerza la idea, no dicha, silenciada, de que pudo tratarse de un atentado, la inmediata reacción militar. Apenas se supo del desplome del avión, tropas acantonadas en San Luis Potosí cercaron el aeropuerto de esa ciudad, de donde había partido el vuelo menos de una hora antes. Se encargó también a militares reforzar el resguardo de domicilios de la familia Mouriño. Y el hecho de velar a Santiago Vasconcelos en un recinto castrense además de subrayar la identificación del ex subprocurador con el Ejército habría tenido la intención táctica de proteger el velatorio, algo que no hubiera podido hacer directamente el Ejército en una funeraria civil.
La muerte súbita de Mouriño terminó con el sueño de sus allegados, posible sin duda hasta enero pasado, de que en 2012 fuera candidato presidencial panista y acaso hiciera permanecer a su partido en Los Pinos. En la misma noche de su fallecimiento, en cambio, el mundo entero asistió a la consumación de otro sueño, la llegada de un norteamericano que no tiene la tez blanca a la casa presidencial de ese color. No se eligió al senador Barack Obama por ser negro, pero serlo no fue obstáculo para que millones de ciudadanos lo tuvieran como el protagonista de un momento histórico en la vida de Estados Unidos.
Apenas horas después de su victoria, Obama comenzó la ardua tarea de convertir sueños colectivos, y sus propias promesas, en realidades. Con la abrumadora legitimidad de un triunfo que no requiere declaración formal para tener vigencia, luego de integrar un mínimo grupo de trabajo, el futuro presidente de Estados Unidos estableció el primer contraste con la política de su predecesor. En vez de sólo apoyar a los grandes consorcios en apuros, Obama anunció un plan de rescate a la clase media "que está viendo cómo sus salarios se reducen y sus ahorros desaparecen".
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
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