Horizonte político José A. Crespo Proceso sancionador y sobreseimiento Algunos de los consejeros electorales del IFE que votaron sobreseer el proceso sancionador la semana pasada, a propósito de las posibles infracciones cometidas por las dos grandes televisoras, señalaron que, de haber aprobado la sanción pretendida por la Secretaría Ejecutiva, entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la habría echado abajo, con costo político para el IFE. En términos estrictamente políticos, me parece que habría sido a la inversa: si el IFE hubiera aprobado la sanción de once millones de pesos a Televisa y TV Azteca y el TEPJF lo hubiera rechazado, entonces el costo político para el IFE hubiera salido bien parado, al mostrar disposición a utilizar sus nuevas tarjetas rojas y firmeza frente a los gigantes mediáticos que lo acosan y le ponen zancadillas. La imagen y la credibilidad del IFE se hubieran fortalecido (sólo algunos consejeros despistados afirman que el sobreseimiento fortalecerá al Instituto, aunque probablemente ni siquiera ellos lo creen así). Y, dependiendo de lo razonable o insensato de las razones esgrimidas por el Tribunal para echar abajo esa sanción, el costo político hubiera sido absorbido esencialmente por el TEPJF. Ahora, las cosas podrían ser a la inversa. El PRD y otros partidos decidieron impugnar el fallo del IFE ante el Tribunal y exigieron que el asunto se discuta a fondo. Si el Tribunal echa abajo el sobreseimiento, podría ganar puntos de credibilidad, en tanto que el Instituto quedará en peor posición. Pero probablemente ese no fue el cálculo de los consejeros, quienes, más que preocupación por el IFE, parecen seguir su respectiva agenda política, vinculada a los partidos y personajes que los respaldaron para ocupar su actual cargo. También se manejó el argumento de que las televisoras no habían incurrido en infracción legal, pero justo eso era lo que requería ser discutido y precisado. La polémica al respecto fue imposible con el sobreseimiento, cuando lo adecuado era ir al fondo del asunto y argumentar con base en qué preceptos habrían cometido o no las televisoras alguna infracción. El fundamento legal para sobreseer la denuncia, en el que se basaron los consejeros que votaron por esa opción, es el artículo 363 del Cofipe, quien señala que una queja puede ser declarada improcedente cuando, entre otras razones, “los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones al presente Código”. Lo extraño de tal interpretación es que, al sobreseerse la denuncia, ya no hay debate sobre si hubo infracciones o no. Primero se determina si hubo violaciones y, de no ser el caso, se desecharía la queja. En otras palabras, el carro por delante de los bueyes. Benito Nacif, consejero de color azul, se adelantó al señalar que no había infracción, pero los demás consejeros que votaron el sobreseimiento recurrieron a un argumento muy peculiar, pero distinto: no había ya materia de la queja, dado que las televisoras habían ofrecido, días antes, “procurar” (pero sin garantizar) no volver a incurrir en las presuntas infracciones. Esa causal de sobreseimiento fue sacada de la manga por el consejero Marco Baños (alfil de Manlio Fabio Beltrones) en su proyecto alterno, pues no está contemplada por el citado capítulo 363 en que se fundó. Además, en ese mismo apartado del Cofipe se lee: “En caso de advertir que se actualiza alguna de (las causas de improcedencia o sobreseimiento), la Secretaría (Ejecutiva) elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el desecamiento o sobreseimiento, según corresponda”. Pero resulta que el dictamen de la Secretaría Ejecutiva iba en sentido contrario. En cambio, el proyecto alterno del consejero Baños no siguió la vía de la Secretaría, según estipula la ley, sino que lo lanzó como espontáneo al ruedo. Lo que implica que no se cumplió con el procedimiento legal. Será, pues, interesante, ver qué dice al respecto el Tribunal. Esperemos que nos aclare este embrollo con auténtico sentido jurídico (y no a partir de sesgos y presiones políticas, de los cuales tampoco está exento ese otro organismo presuntamente autónomo). A ver si no resulta que fue el IFE (o mejor dicho, los cinco consejeros que votaron el sobreseimiento) quien violentó la ley al desechar el caso sin fundamento legal. El día de hoy se discutirá en el IFE un nuevo proceso sancionador, ahora por el rechazo de las televisoras a emitir los mensajes electorales obligados por ley, el 7 y el 8 de febrero (por cierto, reincidiendo en tal infracción). Pero, dado el lamentable precedente de la semana pasada, los abogados de las televisoras solicitan —con estricta lógica formal, aunque no jurídica— que también se sobresea este nuevo caso en virtud del compromiso de los consorcios de no volver a infringir la ley. A ver cómo hacen los consejeros para explicar por qué ese argumento, con el cual justificaron el sobreseimiento de la semana pasad, no es aplicable ahora. Muestrario. El secretario de Economía (no recuerdo su nombre) quiso ser más papista que el Papa y el tiro le salió por la culata. Al afirmar que, de no haber aplicado Felipe Calderón los operativos contra el narcotráfico, el próximo presidente sería un narco, pretendió justificar la guerra frontal de su jefe contra los capos de la droga, pese a los enormes costos humanos, políticos y económicos que genera. Pero involuntariamente sobredimensionó el problema, que es justo lo que el gobierno quiere evitar. Se podría decir que Calderón dio el primer paso en esa dirección al reconocer la avanzada penetración del narcotráfico en el gobierno y en la sociedad. Pero la declaración del secretario refleja, una vez más, la falta de oficio político que distingue al círculo cercano de Calderón. |
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