Alejandro Gertz Manero
El asesinato de dos estudiantes y un trabajador en Chilpancingo ha exhibido en la forma más descarnada al sistema de seguridad y justicia del país, que está estructurado para servir al poder, para encubrirlo y para propiciar la impunidad, que en México llega a más de 98% de los delitos.
El caso que nos ocupa ha demostrado cómo los gobiernos, tanto federal como local, se han dedicado durante más de un mes a eludir sus responsabilidades, a echarse la culpa entre ellos, a esconder pruebas y a “aventarse la pelota” entre procuradurías, ante uno de los casos más evidentes de abuso de autoridad, de negligencia y de responsabilidades delictivas que hayamos podido conocer en los tiempos más recientes.
La primera parte de esa crisis se dio cuando las autoridades locales y federales, sabiendo que estos bloqueos se llevan a cabo año con año, se rehusaron a realizar las funciones policiacas preventivas, para detener a los estudiantes que habían secuestrado ilegalmente camiones de pasajeros y a sus operadores, todo lo cual constituye la comisión de diversos delitos, y si esos ilícitos se hubieran prevenido y solucionado a tiempo los manifestantes, que tienen todo el derecho a protestar y a manifestarse, pero no a delinquir, no hubieran sido víctimas de la tragedia que ahí se escenificó.
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