AGENDA CIUDADANA
Fuera de proporción. El 28 de marzo, Felipe Calderón se presentó en cadena nacional para celebrar que acaban de ser aprobadas en el Congreso las modificaciones a la Ley del ISSSTE -conocidas como la "ley Gordillo" por haber sido negociadas, en lo esencial, entre el gobierno y la líder del SNTE. Según el ocupante de "Los Pinos", los cambios constituían "la reforma más relevante para México en los últimos 10 años" y debían verse como "un triunfo de la democracia". Al día siguiente, en una escuela privada de altos negocios, el IPADE, el mismo personaje hizo una reveladora interpretación del pasado inmediato. Aseguró que en el último tercio del gobierno de Vicente Fox los mexicanos vivimos en peligro extremo: "sin recursos, sin oportunidad, sin trabajo y además con un México que desde entonces ya lucía derrotado, resignado a perder".
Obviamente, el objetivo de pintar de negro ese pasado inmediato fue resaltar la brillantez del presente. Hoy "México es distinto", dijo Calderón, que ya lo ve como un país de certidumbres, ganador de la batalla del ISSSTE una ("reforma, quizá aún más importante que muchas reformas fiscales"), empeñado en lograr la seguridad -física y jurídica- y detonar ese gran futuro que debía de tener pero que no ha tenido por, entre otras cosas, "un enorme vacío de liderazgos". Esta visión implica que el liderazgo que faltaba ya está, por fin, en su sitio y que llegó providencialmente, justo cuando el país estaba al garete y a punto de naufragar. Es así como Felipe Calderón ve a Felipe Calderón. ¿Con el nuevo liderazgo ya nos salvamos? Las eufóricas visiones de Calderón sobre él y su circunstancia se pueden explicar por la necesidad de elaborar un discurso que busque dar y darse ánimo en una situación difícil -desde ya sabemos que en el 2007 la economía va a crecer a un ritmo menor que el año pasado en tanto que los asesinatos del crimen organizado no disminuyen pese a la espectacular movilización policiaco-militar. Sin embargo, el ciudadano común haría bien en examinar el alegato de "Los Pinos" antes de aceptarlo. Contrastarlo con la realidad y luego decidir. La crítica apenas velada que Calderón hizo al primer gobierno panista, al presidido por Fox, tiene razón de ser. No hay duda que "el estilo personal de gobernar" de quien hoy preside la nueva administración panista es distinto y busca proyectar la imagen propia de un líder decidido y fuerte. Ese deseo es comprensible, pero para hacerlo realidad le hace falta dar batallas más importantes que la librada en el campo del ISSSTE. Además, la forma de esa batalla debe ser distinta: abierta y compatible con la democracia.
El ISSSTE reportó el año pasado un déficit de 28 mil millones de pesos. Independientemente de cómo se calculó tan descomunal cifra, no hay duda que es síntoma de un problema muy serio y que debió corregirse de tiempo atrás. Lo inaceptable no es buscar ese cambio, sino que no se hiciera abiertamente y que la supuesta solución haya sido negociada con una de los gremios más identificados con el viejo régimen priísta y autoritario: el SNTE. La reforma se hizo sin advertirnos que en Chile, el país donde se inició el sistema de cuentas individuales para el retiro, la supuesta bondad de ese régimen está hoy claramente cuestionada, pues los trabajadores chilenos que hace más de dos decenios decidieron no moverse del viejo esquema (el llamado solidario) hoy son los que tienen las mejores pensiones, en tanto que una parte sustantiva de quienes optaron por el nuevo sistema individual -el que acaba de adoptar México-, simplemente no se pueden dar el lujo de retirarse porque la pensión que les toca es tan baja que no les alcanza para mantenerse.
La reforma que realmente se necesita. El gasto público actual se está financiando en buena parte con los ingresos de una empresa que técnicamente está quebrada: Pemex. A los gobiernos de Fox y al actual los están salvando los ingresos petroleros, recurso natural no renovable y cuyos reservas van a la baja. Pemex mismo no es capaz de mejorar su situación porque el fisco le arranca casi todo lo que gana y no le permite invertir. Es ya una situación insostenible. La derecha propone como remedio abrir esta industria al capital privado -básicamente externo- cuando el remedio debe de ser permitirle a Pemex usar sus propios recursos para la inversión y que el Gobierno deje de ser adicto a la renta petrolera y busque fuentes más sanas y normales.
La verdadera reforma: la fiscal. Desde los 1960 la Secretaría de Hacienda y el Banco de México tenían plena conciencia de que México necesitaba una reforma fiscal real. Desde entonces, se han acumulado los estudios al respecto pero todavía no se ha logrado la voluntad política necesaria para llevarla a cabo. En un momento de crisis profunda, en 1982, el Gobierno Federal decidió acabar -temporalmente, desde luego- con toda la burguesía financiera y nacionalizar los bancos. Sin embargo, no hubiera sido necesario llegar a ese punto si unos años antes hubiera hecho la reforma fiscal. Justamente por proponer esa reforma fue que Hugo Margain perdió su puesto como Secretario de Hacienda en los 1970 y su sucesor, José López Portillo, fue elevado a la Presidencia precisamente por no llevarla a cabo. Claro que al final, López Portillo llevó en el pecado la penitencia: le estalló la gran crisis del modelo económico, pero la pagó todo el país -y la sigue pagando, pues las consecuencias aún no han sido superadas. Las cifras actuales nos dicen que en México el fisco tiene una de las recaudaciones más bajas del mundo. Mientras en el promedio en los países de la OCDE -organización de la que somos miembros- el Gobierno recauda por impuestos el 36 por ciento de su PIB, nosotros apenas llegamos al 9.8 por ciento. Se trata de una situación escandalosa también en términos latinoamericanos. En esas condiciones, el Estado mexicano simplemente no está en posibilidad de asumir sus responsabilidades fundamentales y, por eso, le deja a la supuesta mano invisible del mercado la responsabilidad de ser quien lleve la rienda de la marcha del país.
El líder de la oposición política real, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló en la concentración que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México el mes pasado, que los indicadores y una de las causas centrales de la gran injusticia social mexicana se encuentran, entre otros lugares, en la política fiscal. Tomando cifras del 2004 que no han sido desmentidas por el Gobierno, el tabasqueño señaló que mientras los trabajadores contribuyeron ese año con 182 mil millones de pesos en impuestos, las empresas hicieron lo propio con apenas 118 mil millones. Así, los asalariados que recibieron únicamente el equivalente del 30 por ciento del PIB pagaron 64 mil millones de pesos más en tributaciones que el sector empresarial, que recibió exactamente el doble de ingresos.
Pocos indicadores de la injusticia que hay en México son más claros. En efecto, AMLO denunció que Telmex, con margen operativo de utilidades del 50 por ciento, pagó en impuestos apenas el 8.9 por ciento; Kimberley Clark le entregó al fisco el equivalente al 6.3 por ciento de sus utilidades pero hubo otros casos aún más escandalosos: Wal-Mart el 2.4 por ciento, Grupo Alfa el 2.3 por ciento y Maseca apenas el 1.3 por ciento.
Y es que, entre otras cosas, la llamada "consolidación fiscal" permite que las grandes acumulaciones de capital neutralicen sus igualmente grandes ganancias en ciertas empresas con supuestas pérdidas en otras. El gobierno mexicano ha podido darse el lujo de cobrar impuestos de manera nada solidaria -se cobra poco a los que tienen mucho y viceversa- porque ha echado mano de los recursos de la "empresa de todos", de Pemex. Así mientras la economía crece a un ritmo mediocre, mientras se desangra a la industria petrolera nacionalizada y se arruina su futuro y mientras al 47 por ciento de los mexicanos se les clasifica como pobres, la acumulación de recursos en manos de pocos permite que varios empresarios mexicanos aparezcan como miembros del grupo de los hombres más ricos del mundo.
La auténtica gran reforma. No, la gran reforma no consiste en disminuir la contribución del Estado a las pensiones de sus trabajadores. La verdadera gran reforma en la agenda mexicana es la fiscal. Y no cualquier reforma, sino una que toque a los intocables de todas las clases -desde los grandes empresarios hasta la multitud de comerciantes y trabajadores informales que no pagan impuestos-, duplique el monto de la recaudación fiscal y ponga a México a tono con los países realmente modernos. Esa reforma lleva cuatro decenios en espera del político que sea capaz de asumirla. Entonces, y sólo entonces, alguien podrá decir que México tiene liderazgo.
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Kikka Roja