El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.
1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
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